Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Desde que plataformas como Uber llegaron a Colombia, los roces entre taxistas y estos conductores han encabezado con frecuencia los titulares de la prensa. El debate sobre si regularlas o prohibirlas es tan viejo, que los argumentos de parte y parte se han convertido en vox populi; los unos dicen que se les está afectando el trabajo por una competencia que es desleal, mientras que los otros insisten en que ejercen una labor en donde hay clientes para todos.
Lo cierto es que tras más de una década desde el arribo de estas plataformas al país, el Congreso no ha hecho la tarea de regular el asunto, mientras que las problemáticas no solo siguen, sino que se acentúan por las nuevas necesidades de movilidad que se experimentan en ciudades como Bogotá.
También han sido diversos los intentos por impulsar una ley que permita la libre operación de estas herramientas tecnológicas, mismos en los que se ha procurado nivelar la cancha para que la competencia entre los actores sea justa. Uno de los más recientes lo adelantó el entonces representante Mauricio Toro, quien, entre otras cosas, proponía la creación de un fondo de compensación para pagar a los taxistas por el denominado cupo; cumplimientos tributarios por parte de las plataformas y la exigencia de unos mínimos para brindar seguridad a conductores y pasajeros.
La iniciativa no triunfó, señalan Toro y otras fuentes consultadas por este medio, por las presiones que ejercieron algunos sectores de taxistas tanto al Gobierno como al Congreso. Al primero se le dijo que si el proyecto pasaba el primer debate los agremiados se iban a sumar al paro nacional (pues el trámite se estaba dando en pleno estallido social), mientras que a ciertos congresistas se les habría alertado sobre el retiro de financiación y respaldo para las próximas elecciones.
Reciente conocimos que un nuevo proyecto de ley fue radicado ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Esto ya nos da dos noticias. La primera es que la iniciativa buscará pasar como una ley estatutaria (y no ordinaria); la segunda es que no será la Comisión Sexta la que adelantará el debate (que fue por la que pasó la anterior iniciativa y sobre la que se tienden ciertos mantos de duda en torno a esta discusión). De allí que algunos expertos en la materia crean que esta vez sí pueda ser la vencida.
Le puede interesar: ¿Esta vez sí?: Nuevo proyecto de ley busca regular las aplicaciones de transporte
En entrevista con El Espectador, la representante María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), quien fue una de las congresistas de diferentes partidos políticos que estructuró y radicó este proyecto, explicó que lo que se contempla es que sea ilegal prohibir el uso de plataformas de movilidad y otras tecnologías que vayan en pro de los derechos de las personas, siempre y cuando las mismas no atenten contra otros derechos fundamentales.
Lo anterior se apoya en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la SC370 de 2023, que reconoce como derecho fundamental el acceso, la participación, el beneficio y el disfrute del progreso científico y tecnológico. En otras palabras, el proyecto de ley plantea que se reconozca la prohibición de estas plataformas como un obstáculo al desarrollo que ofrecen estas tecnologías, y las que vengan.
A diferencia de otros proyectos de ley, en este no hay un articulado extenso que describa las reglas de juego con las que competirán taxistas y conductores de vehículos particulares que trabajan mediante una plataforma. Eso vendría después de la eventual aprobación de esta iniciativa, y sería algo que estaría a cargo del Estado. Sin embargo, en su artículo 25, establece la implementación de medidas que eliminen y reduzcan los trámites, obligaciones y barreras de acceso para los propietarios y conductores de taxis; es decir, también propende porque las condiciones de competencia sean más justas para ellos.
“Esto podrá incluir, entre otras cosas, eliminación de costos de operación, la supresión y simplificación de trámites y requisitos, la eliminación de regulaciones en materia de capacidad transportadora, la implementación optativa de modelos de tarifa dinámica regidos por la oferta y la demanda, entre otros”, se lee en el documento.
Pizarro asegura que se tienen varias reuniones programadas con taxistas para dialogar con ellos sobre este proyecto, pues considera que el mismo les resulta beneficioso. Aún así, reconoce que a quienes tienen una posición de monopolio en este negocio (empresarios con cientos de taxis), el mencionado proyecto de ley podría resultar nocivo, pero insiste en que se debe priorizar el derecho colectivo por sobre el de unos pocos.
Aunque la Comisión Primera pareciera dar mayores garantías sobre la transparencia y agilidad en el trámite de este proyecto, los tiempos no son tan favorables para el mismo, ya que al ser de naturaleza estatutaria tiene hasta el 20 de julio para que se surtan los cuatro debates (teniendo en cuenta el trancón legislativo que hay en el Congreso, en parte por la ambiciosa agenda de reformas que tiene el Gobierno).
“Estamos en una contrarreloj. Esta es una lucha que queremos sacar adelante en beneficio de los usuarios, conductores de taxis y de plataformas”, concluyó.
Las cifras muestran que el debate no se puede seguir ignorando. En 2023, según las más recientes cifras de Alianza In, 1,2 millones de cuentas de conductores (no conductores, pues uno puede tener diversas cuentas) prestaron al menos un servicio con vehículo particular; mientras que 22,1 millones de cuentas de usuarios (no usuarios porque, de nuevo, un usuario puede tener varias cuentas) tomaron al menos un servicio. Esto se traduce en millones de viajes, así como un mercado donde la oferta y la demanda es latente y exige que las tecnologías faciliten y no entorpezcan el día a día de la población.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más