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A raíz de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021, se generó una corriente en Washington para frenar la avalancha de mentiras que había alimentado el ataque a la transferencia pacífica del poder.
Las empresas de redes sociales suspendieron a Donald Trump, en ese momento presidente, y a muchos de sus aliados, de las plataformas que habían utilizado para difundir información errónea sobre su derrota y avivar el intento para revertirla. El gobierno del presidente Joe Biden, los demócratas en el Congreso e incluso algunos republicanos buscaron redoblar esfuerzos para que las empresas rindieran cuentas. Los investigadores académicos lucharon por encontrar la manera de fortalecer las iniciativas para monitorear las publicaciones falsas.
Por su parte, Trump y sus aliados se embarcaron en una contraofensiva, un esfuerzo coordinado para bloquear lo que consideraban un intento peligroso de censurar a los conservadores.
Sin duda alguna, ellos han prevalecido.
Ese esfuerzo, emprendido en tribunales, en el Congreso y en los furiosos recintos del internet, ha pulverizado los intentos de proteger las elecciones de la desinformación en la era de las redes sociales. Aprovechó (y luego, según los críticos, tergiversó) el feroz debate sobre la libertad de expresión y el papel del gobierno en la vigilancia del contenido.
Proyectos que solían ser bipartidistas, incluido uno iniciado por el gobierno de Trump, han sido replanteados como conspiraciones del Estado profundo para manipular las elecciones. Ante las consecuencias legales y políticas, el gobierno de Biden ha abandonado en gran parte medidas que puedan interpretarse como intentos para asfixiar el discurso político.
Si bien la mayoría de los estadounidenses no lo notaron, el esfuerzo ha ayudado a abrir un camino para el esfuerzo de Trump por recuperar la presidencia. La desinformación sobre las elecciones está una vez más circulando por los canales de noticias, ayudando a Trump a impulsar su regreso con mentiras sobre las elecciones de 2020.
La contraofensiva fue liderada por exasesores y aliados de Trump que también habían presionado para anular las elecciones de 2020. Entre ellos se encuentran Stephen Miller, asesor de políticas públicas de la Casa Blanca; los fiscales generales de Misuri y Luisiana, ambos republicanos; y legisladores en el Congreso como el representante Jim Jordan, republicano por Ohio, quien desde el año pasado ha liderado un subcomité de la Cámara de Representantes para investigar lo que llama “el uso del gobierno como arma”.
Los involucrados obtienen apoyo financiero de donantes conservadores que han respaldado a grupos que promovieron mentiras sobre la votación en 2020. Han trabajado junto a un elenco ecléctico de personajes, incluido Elon Musk, un multimillonario que compró Twitter, ahora llamado X, y prometió convertirlo en un bastión de la libertad de expresión; y Mike Benz, un exfuncionario del gobierno de Trump que anteriormente produjo contenido para una cuenta de redes sociales que traficaba con publicaciones sobre el “desplazamiento étnico blanco”.
Tres años después de que las publicaciones de Trump sobre máquinas de votación manipuladas y votos múltiples se volvieran virales, él y sus aliados han logrado un impactante cambio de suerte en línea. Las plataformas de redes sociales ahora ofrecen menos controles contra la difusión intencional de mentiras sobre las elecciones.
”Las personas que se benefician de la difusión de desinformación han logrado silenciar a muchas de las personas que intentarían denunciarlas”, dijo Kate Starbird, profesora de la Universidad de Washington cuya investigación sobre la desinformación la convirtió en un objetivo de la iniciativa.
Esta atacó a un mosaico de sistemas, iniciados durante el gobierno de Trump, que tenían como objetivo proteger la democracia estadounidense de la interferencia extranjera. A medida que esos sistemas evolucionaron para abordar las fuentes nacionales de desinformación, funcionarios federales e investigadores privados comenzaron a instar a las empresas de redes sociales a hacer más para hacer cumplir sus políticas contra el contenido dañino.
Ese trabajo ha dado lugar a algunos de los casos más importantes en torno a la Primera Enmienda en la era del internet, incluido uno en estudio de la Corte Suprema. Esa demanda, presentada por los fiscales generales de Misuri y Luisiana, acusa a funcionarios federales de confabularse o coaccionar a las plataformas para censurar contenidos que critican al gobierno.
Los argumentos van al centro de una pregunta no resuelta en la vida política estadounidense moderna: en un mundo de comunicaciones en línea ilimitadas, en el que cualquiera puede llegar a un gran número de personas con información falsa y no verificada, ¿dónde está la línea entre proteger la democracia y pisotear el derecho a la libertad de expresión?
Incluso antes de que el tribunal emita su fallo, los aliados de Trump ya han logrado paralizar al gobierno de Biden y a la red de investigadores que monitorean la desinformación.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado continúan monitoreando la desinformación extranjera, pero el gobierno ha suspendido prácticamente toda cooperación con las plataformas de redes sociales para abordar publicaciones que se originan en Estados Unidos.
“Hay un efecto paralizador en todo esto”, afirmó Nina Jankowicz, una investigadora que en 2022 se desempeñó brevemente como directora ejecutiva de una fugaz junta asesora del Departamento de Seguridad Nacional sobre desinformación. “Nadie quiere verse atrapado en esto”.
“Batalla interpretativa”
Para Trump, ser desterrado de las redes sociales fue debilitante. Sus publicaciones habían sido fundamentales para su éxito político, al igual que el ejército de seguidores que aplaudían sus mensajes y respaldaron su iniciativa para mantenerse en el cargo tras su derrota.
Después de la violencia del 6 de enero, los asesores de Trump comenzaron a trabajar en cómo “ganar la batalla interpretativa de la historia de Trump”, como había dicho uno de ellos, Vincent Haley, en un mensaje no divulgado anteriormente que se encuentra en los archivos de la investigación de la Cámara de Representantes sobre el ataque del 6 de enero.
Una vez fuera del cargo, Trump desarrolló su propia plataforma social, Truth Social, y sus asistentes crearon una red de nuevas organizaciones para promover la agenda de Trump.
Miller, el principal asesor de Trump en cuanto a políticas, creó America First Legal, una organización sin fines de lucro, para enfrentar, como lo decía su declaración de misión, “una alianza impía de intereses especiales corruptos, grandes titanes tecnológicos, medios de noticias falsas y políticos liberales de Washington”.
Un enfoque clave terminaría siendo lo que según él era un sesgo contra los conservadores en las redes sociales.
El gobierno de Biden avanzaba en la otra dirección. El actual mandatario asumió su cargo decidido a adoptar medidas más duras contra la desinformación en línea, en gran medida porque era vista como un obstáculo para controlar la pandemia de coronavirus. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional se centraron en reforzar las defensas contra las mentiras electorales, las cuales claramente habían fracasado antes del 6 de enero.
Las redes sociales, que llegan a decenas de millones de votantes, presentaron nuevos y poderosos caminos para las tácticas antidemocráticas, pero con muchos menos límites regulatorios y legales que los que existen para la televisión, la radio y los periódicos.
Los peligros también eran claros: durante la campaña de 2020, las plataformas se apresuraron a sepultar un artículo del New York Post sobre la computadora portátil de Hunter Biden por temor a que pudiera estar vinculada a la interferencia rusa. Los conservadores vieron esto como un intento de inclinar la balanza hacia Joe Biden.
Los funcionarios gubernamentales dijeron que buscaban un delicado equilibrio entre la Primera Enmienda y el creciente poder de las redes sociales sobre la opinión pública.
“Estamos enfocados en la infraestructura crítica, y la infraestructura más crítica es nuestra infraestructura cognitiva”, afirmó Jen Easterly, directora de la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura (CISA, por su sigla en inglés), cuyas responsabilidades incluyen proteger el sistema nacional de votación. “Creo que desarrollar esa resiliencia ante la desinformación y la información errónea es increíblemente importante”.
A principios de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su primera respuesta importante a este enigma: la Junta de Gobernanza de la Desinformación. La junta serviría como órgano asesor y ayudaría a coordinar los esfuerzos contra la desinformación en todos los niveles de la burocracia del departamento, afirmaron los funcionarios. Su directora era Jankowicz, una experta en desinformación rusa.
El anuncio desató una tormenta política que acabó con la junta solo unas semanas después de que comenzara a operar. Liberales y conservadores plantearon dudas sobre su alcance y el potencial de abuso.
Entre los que tomaron nota de esto se encontraba Eric Schmitt, en ese momento fiscal general de Misuri.
Schmitt y otros fiscales generales habían formado parte importante de la campaña legal de Trump para anular su derrota. Ahora aportarían munición legal para bloquear la lucha contra la desinformación.
En mayo de 2022, Schmitt y Jeff Landry, entonces fiscal general de Luisiana y ahora gobernador, demandaron a decenas de funcionarios federales.
La demanda continuó la labor en la que otras habían fracasado. Trump y otros habían demandado a Facebook y Twitter, pero esas impugnaciones se estancaron, ya que los tribunales dictaminaron que las empresas tenían derecho a prohibir el contenido de sus sitios. El nuevo caso, conocido como Misuri contra Biden, argumentó que las empresas no solo estaban prohibiendo acceso a usuarios, sino que funcionarios del gobierno las estaban obligando a hacerlo.
Los fiscales generales presentaron la demanda en el Distrito Oeste de Luisiana, donde recayó en el juez Terry Doughty, un designado por Trump que se había ganado la reputación de bloquear las políticas del gobierno de Biden.
Los expertos consideraron que la demanda era una posibilidad remota, pues señalaron que los funcionarios del gobierno no emitían órdenes, sino que instaban a las plataformas a hacer cumplir sus propias políticas. La decisión de actuar quedaba en manos de las empresas y, en la mayoría de los casos, no hacían nada.
Replanteando el debate
En agosto de 2022, una nueva organización, Foundation for Freedom Online, publicó un informe en su sitio web titulado “Departamento de Censura Nacional: Cómo el Departamento de Seguridad Nacional tomó el poder sobre el discurso en línea”.
El fundador del grupo, Benz, afirmó tener conocimiento de primera mano de cómo los funcionarios federales estaban “coordinando la censura masiva del internet”.
Al centro de la teoría de Benz estaba la Election Integrity Partnership, un grupo creado en el verano de 2020 para complementar los esfuerzos del gobierno para combatir la desinformación sobre las elecciones de ese año.
La idea surgió de un grupo de pasantes universitarios de la CISA. Los estudiantes sugirieron que las instituciones de investigación podrían ayudar a rastrear y marcar publicaciones que podrían violar los estándares de las plataformas, ingresando la información en un portal abierto a la agencia, los gobiernos estatales y locales, y a las plataformas.
En última instancia, el proyecto involucró a la Universidad de Stanford, la Universidad de Washington, la Conferencia Nacional sobre la Ciudadanía, el Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council y Graphika, una firma de análisis de redes sociales. En su apogeo, contaba con 120 analistas, algunos de los cuales eran estudiantes universitarios.
La decisión de actuar aún estaba en manos de las plataformas, las cuales, en casi 2 de cada 3 casos, no hacían nada.
El 4 de julio de 2023, Doughty emitió una amplia orden judicial, en la que afirmó que el gobierno no podía comunicarse con las plataformas ni trabajar con grupos externos que monitoreaban el contenido de las redes sociales para combatir la desinformación, excepto en un conjunto limitado de circunstancias.
El fallo fue más lejos de lo que esperaban algunos de los demandantes en el caso de Misuri.
El gobierno de Biden apeló. Si bien el juez dijo que el gobierno aún podría tomar medidas para detener la interferencia electoral extranjera o las publicaciones engañosas sobre los requisitos de votación, no estaba claro cómo podría hacerlo sin comunicarse “con las empresas de redes sociales sobre iniciativas para evitar daños graves al pueblo estadounidense y a nuestros procesos democráticos”, afirmó el gobierno.
En septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos redujo significativamente la orden, pero aun así concluyó que lo más probable es que el gobierno había sobrepasado los límites de la Primera Enmienda. Eso envió el caso a la Corte Suprema, donde los jueces expresaron hace poco profundas reservas sobre las intrusiones del gobierno en las redes sociales.
Antes de la decisión del tribunal, las agencias de todo el gobierno prácticamente dejaron de comunicarse con las empresas de redes sociales, por temor a las consecuencias legales y políticas a medida que se acercan las elecciones presidenciales, según varios funcionarios gubernamentales.
Al celebrar el final de “ese idílico periodo de la industria de la censura”, Benz ha obtenido un estatus de celebridad, pues ha asistido a entrevistas con Tucker Carlson y Russell Brand. Sus teorías de conspiración se han transmitido en Fox News y se han convertido en temas de conversación para muchos republicanos.
Podría decirse que el mayor ganador ha sido Trump, quien se presenta como víctima y vengador de un vasto complot para silenciar su movimiento.
Biden está “construyendo el aparato de censura y control de la información más sofisticado del mundo”, dijo Trump en un correo electrónico de campaña el 7 de marzo, “para aplastar la libertad de expresión en Estados Unidos”.
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