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A pesar de los retos, los proyectos REDD+ son herramientas fundamentales en la lucha contra la deforestación en Colombia, razón por la cual el nuevo gobierno, el sector privado y el sector ambiental tienen una responsabilidad enorme de apoyar a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas de la forma más inteligente y pragmática posible para que ellos sean los beneficiarios principales de los proyectos. Estas fueron las conclusiones principales de la conservacionista colombiana Natalia Arango, directora ejecutiva de la ONG Fondo Acción y Charles Bedford, conservacionista estadounidense y director de estrategias de la firma internacional Carbon Growth Partners.
REDD+ es un mecanismo creado por las Naciones Unidas para combatir el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de CO2 producidas por la deforestación y degradación de los bosques. El “+” es la conservación y aumento de las reservas de carbono, la conservación de la biodiversidad, manejo sostenible de los bosques y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que habitan el territorio. Los proyectos REDD+ pretenden mitigar el cambio climático y detener la deforestación poniendo recursos financieros generados por la venta de créditos de carbono en manos de las comunidades que dependen de los bosques.
Para ver cómo es esta cooperación entre los gobiernos, el sector empresarial y las comunidades indígenas sobre el terreno, en octubre del año pasado visité al proyecto REDD+ más grande de Colombia, la gran Reserva Indígena Unificada Selva de Matavén, donde evidencié cómo la venta de los créditos de carbono no solamente frena la deforestación sino también financia programas de agua potable, seguridad alimentaria, educación, energía solar y transporte en uno los lugares más remotos del mundo.
Frente a la acusación de que todos estos proyectos son una forma de lavado verde, junto con mis co-autores, insistí en la necesidad de desintoxicar el debate sobre los proyectos REDD+ mediante mejores normas de responsabilidad: será más fácil trabajar de buena fe hacia un objetivo común con normas más claras y aplicables.
En este espíritu conversé con Natalia y Charles acerca del futuro de los proyectos REDD+ en Colombia y la coyuntura política de este momento histórico.
Conozco a Natalia desde el 2003, cuando ella trabajaba en el Instituto Humboldt y yo apenas estaba comenzando mis estudios de posgrado. En el transcurso de los años hemos coincidido en múltiples escenarios, y aunque me intimidó un poco al inicio su seriedad, es sin la menor duda una de las personas más sabias y conocedoras del mecanismo REDD+ en Colombia. A Charles lo conozco desde el año 2008, cuando ambos trabajamos en la ONG The Nature Conservancy. De hecho, entre 2006 y 2010, los tres trabajamos en distintos programas de The Nature Conservancy (y todos, afortunadamente, sobrevivimos).
A través de varias conversaciones telefónicas, reuniones presenciales y virtuales, y uno que otro “butt call” accidental, conversamos sobre los aprendizajes de los proyectos REDD+ en Colombia, las ventanas que tiene el país desde los ojos de los inversionistas internacionales, y especuladores conocidos como “carbon cowboys.” Terminamos la conversada en un ascensor (hipotético) con la recién nombrada ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamed.
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¿Cómo se beneficia Colombia de los proyectos REDD+ y las reducciones de emisiones de carbono?
NA: Los proyectos REDD+ construidos con rigor y cumpliendo al pie de la letra con los estándares internacionales más estrictos y con la regulación colombiana son la mejor manera para canalizar recursos del sector privado e incluso de la cooperación itnernacional a la conservación de bosques, de manera que los recursos fluyan a las comunidades y a los propietarios que han hecho efectivamente conservación en terreno, quienes pueden ser reconocidos monetariamente por ese servicio ambiental en sus territorios legítimos. El mecanismo está basado en lógicas de mercado que, a partir de proyectos rigurosos y auditados permanentemente, pueden dar un flujo permanente de recursos para las comunidades y los propietarios. Adicionalmente, es la mejor manera que tiene Colombia para llegar a sus metas de reducción de emisiones porque es claro que la mayor fuente de emisiones en Colombia es la deforestación. El mecanismo REDD previene la deforestación y la degradación de los bosques contribuyendo significativamente a los compromisos internacionales como país. El mecanismo de compesación de emisiones, estructurado sobre el impuesto al carbono en Colombia, dinamizó el mercado colombiano y lo hace interesante para los ojos de empresas dentro y fuera del país. Además, puso a Colombia en los ojos del mercado mundial. Esto tiene una importancia significativa en las finanzas de las empresas que son sujetas al impuesto al carbono, pero que además quieren contribuir a la protección de los ecosistemas via la compra de certificados de carbono. Considero que es un mecanismo importante para el sector productivo en Colombia, que tiene un interés legítimo en reducir el impacto de su actividad sobre las emisiones de gases efecto invernadero; y además es una buena inversión para esas empresas.
Desde los ojos del mercado internacional, y una inversionista como Carbon Growth Partners, ¿Cómo ves el mercado de carbono y los proyectos de REDD+ de Colombia?
CB: El mercado de carbono de Colombia es un faro de racionalidad y progreso en un mundo que sigue sumido en debates sobre qué acciones deben tomarse para preservar nuestro clima, con qué rapidez y en qué medida. En ese entorno indeciso, Colombia puede atribuirse el mérito de haber creado un sistema íntegro y ambicioso que permite a las comunidades locales actuar y ser compensadas por su papel en el secuestro de carbono.
En diciembre de 2020, Colombia presentó sus objetivos climáticos de la ONU para reducir el 52 % del carbono emitido. Estos objetivos se basan en la ardua labor de muchos grupos inteligentes y trabajadores que se unieron en los últimos 15 años para crear la visión, el marco y el sistema que permitiera el florecimiento de una serie de proyectos de reducción de emisiones y de secuestro de carbono. Gran parte del mérito corresponde a las ONG nacionales e internacionales, que durante décadas han puesto de relieve tanto el impacto del clima en la biodiversidad como la oportunidad de que la naturaleza contribuya a la solución del cambio climático. ONG como Fondo Acción han trabajado en zonas de alta biodiversidad de la mano de comunidades indígenas y afrocolombianas para aportar la necesaria financiación del carbono y proteger estos lugares y a las personas que dependen de ellos. También hay que reconocer el mérito de empresarios como Forestry Consulting Group y la consultoría Mediamos F&M, que han aportado sus conocimientos técnicos para crear una serie de proyectos de secuestro de carbono que son líderes en el mundo por su calidad e integridad y por su reparto transparente y justo de los beneficios con la población local. Se ha creado una sólida infraestructura de registros y organismos de certificación para garantizar la calidad de los proyectos, la transparencia. Una ventana para que las empresas se comprometan a compensar sus emisiones de carbono y evitar el doble cómputo del progreso hacia los objetivos de carbono de Colombia.
Por último, el gobierno colombiano, desde el Congreso que aprobó en la ley 1819 en 2016 la creación del impuesto al carbono, hasta los Ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente que llevaron la legislación de la idea a la realidad práctica, y los funcionarios de distintos niveles que reconocieron que un enfoque descentralizado para la protección del clima era el camino correcto. Colombia debe ser muy aplaudido por su compromiso con el mundo.
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Desde tu perspectiva, Natalia, ¿Cuáles son los beneficios de los proyectos de REDD+ para las comunidades locales y las ONG de conservación?
NA: Una comunidad que ha conservado su bosque por generaciones, con el mecanismo de compensación de gases de efecto invernadero (GEI) del mercado colombiano e internacional puede recibir pagos o recursos financieros que reconocen el valor que ese servicio tiene para la sociedad mundial en su conjunto y para la sociedad colombiana en particular. Es el reconocimiento financiero que les permite dejar actividades de destrucción del bosque, dejar de buscar una base de desarrollo en actividades no sostenibles y poder adelantar actividades de desarrollo social y comunitario con recursos que provienen de la conservación del bosque. Esto les da la oportunidad también de ser consecuentes con sus principios etícos de manejo del territorio y con sus prácticas culturales que indican que esos territorios son más que árboles y que tienen un significado importante cultural, étnico y religioso. Cuidar los bosques y tener los fondos para no tener que recurrir a los recursos naturales que están en los bosques trae entonces un beneficio cultural y ético para estas comunidades.
Las ONG que trabajamos en el ámbito de la conservación y del pago por servicios ambientales encontramos un mecanismos para hacer que iniciativas de conservación tengan la financiación para sostenerse en el tiempo, para estructurar y apoyar esquemas que realmente estén conservando el bosque, llevando beneficios a las comunidades y que la financiación sea sostenible, dado que está asociado a una iniciativa de mercado. Las ONG tenemos la capacidad de llevar experiencias exitosas a otras comunidades, de escalar el mecanismo a otros territorios y llevar estos beneficios a otras comunidades, a otros propietarios que todavía tienen el interés de conservar el bosque.
JEM: Charles, a nivel macro, ¿qué oportunidades ves para Colombia? ¿Cuál es el camino?
CB: Ahora, Colombia tiene que tomar decisiónes importantes. Siendo el país más biodiverso del planeta por kilómetro cuadrado, con una población diversa, con amplios recursos naturales, pero con una economía aún necesitada de desarrollo, ¿qué papel puede desempeñar para salvar el planeta y salvar la atmósfera? Desde mi punto de vista, como conservacionista convertido en inversionista, Colombia debe continuar a toda velocidad por el camino de la descarbonización desplegando su punto más fuerte: su extraordinaria diversidad cultural y natural.
¿Qué significa esto? En primer lugar, la acción climática debe ser justa y equitativa. El sistema de derechos colectivos que ha creado Colombia (como con la Ley 70 de 1993), aunque no es perfecto, sí permite que la tenencia de la tierra se asigne a los pueblos indígenas y afros de forma responsable y transparente, y los pone firmemente a cargo de su destino. Esto también permite por fin compensar a esas mismas personas por los servicios que ellas y la naturaleza han estado prestando al mundo durante tanto tiempo de forma gratuita: la captura y almacenamiento de carbono, biodiversidad, archivos culturales, aguas limpias y suelos estables. En segundo lugar, la acción climática en Colombia tiene ahora la oportunidad de ser compensada por otros países, que se han estado beneficiando de la administración de los bosques, ríos y océanos sin pagar por esos beneficios. En tercer lugar, la eficiencia se ha convertido en la consigna de los proyectos de carbono de Colombia; creada por el impuesto al carbono y alimentado por los grupos mencionados, el mercado de carbono de Colombia es conocido por ello y por su capacidad de hacer que las cosas sucedan sin mucha interferencia burocrática.
Pero más específicamente, Charles, ¿qué hay que hacer? ¿Y quiénes son estos “carbon cowboys”?
CB: Para continuar con su liderazgo climático global, Colombia tendrá que hacer una serie de cosas bien y pronto. Para empezar, tiene que definir la cantidad de deforestación que se produce cada año de forma que satisfaga a la ONU y al mercado mundial de que el crédito que recibe Colombia por evitar esa deforestación es justo y está basado en la ciencia. En segundo lugar, tiene que enviar una señal a la ONU de que sus objetivos nacionales (las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDC, por sus siglas en inglés) requieren e incluyen las inversiones de las corporaciones mundiales que están deseosas de invertir en los proyectos de carbono en Colombia. Por último, tendrá que garantizar que el sistema actual, en el que la población local y los gestores de proyectos pueden acceder directamente al mercado sin interferencias ni tasas indebidas del gobierno, continúe en esa senda de desarrollo.
Un carbon cowboy (vaquero de carbono) normalmente es un desarrollador de proyectos REDD+ (pero podríamos incluir otros actores) que opera sin integridad y que busca oportunidades de explotar vacíos que existen dentro de los mercados de carbono debido a su incipiente naturaleza y floja regulación, especialmente en los territorios, donde hay muy poca presencia estatal y muy poco conocimiento sobre las reglas del juego. No obstante, es importante que no generalicemos ni pensemos que todos los proyectos REDD+ son así. La gran mayoría de los proyectos cumplen con su función de frenar la deforestación y generan importantes beneficios económicos para las comunidades locales.
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Natalia, ¿Qué puede hacer el gobierno colombiano para encaminar este proceso y mejorar la regulación de los proyectos REDD+ en Colombia?
NA: Con el auge del mercado del carbono, y el interés mundial por los proyectos de reducción de emisiones y deforestación en Colombia, hay un aumento significativo en el interés en desarrollar proyectos en territorios étnicos. Es especialmente importante que el Gobierno ponga mucha atención en el cumplimiento de los requisitos de ley que tiene Colombia para proteger los derechos territoriales que tienen estas comunidades. Eso quiere decir que es muy importante tener un equipo fuerte en el Estado que pueda hacer la veeduría de la legitimidad de los proyectos que aspiran registrarse en el registro nacional, no solo desde la cuantificación del potencial de reducción de emisiones sino de los acuerdos que suscriben un desarrollador con ánimo de lucro y una comunidad étnica. Para fortalecer este mercado el Estado tiene un rol importante de asegurar el cumplimiento de las leyes y la regulación ya existente, teniendo equipos capacitados para hacer veeduría en terreno y para hacer revisión exhaustiva de los documentos que se presentan en el registro nacional.
Otro papel importante para el Estado es proteger y salvaguardar el desarollo de proyectos en terreno. Hay una tendencia mundial a hacer acuerdos entre paises que no necesariamente benefician la creación, estructuración y funcionamiento de proyectos de reducción de emisiones en terreno. Sin embargo, los proyectos son los que hacen realidad las reducciones de emisiones. Entonces el Estado colombiano tiene un papel muy importante en proteger el espacio legal y regulatorio para que los proyectos de reducción de emisiones se sigan desarollando en el país, de manera que se garantice el flujo de recursos provenientes del mercado a quienes efectivamente toman las desiciones de deforestación en un terriotrio. Así, con esos recursos pueden garantizar el desarrollo humano de la comunidad sin la destrucción de los ecosistemas naturales, que están en este momento disponibles para hacer reducciones de emisiones.
Es crucial el papel del Estado en proteger el marco regulatorio para la conservación de ecosistemas en Colombia, para que estos sigan entregando las reducciones en emisiones al mercado colombiano, a las empresas en Colombia, al país para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y para el resto del mercado del mundo. Porque el clima es uno solo para todo el planeta. Lo que hace Colombia no es solo clave para el cuplimiento de sus obligaciones sino para la salud de todo el planeta.
Muy bien, última pregunta, Charles, estás compartiendo el ascensor con Susana Muhamad, la recién nombrada ministra de Medio Ambiento, ¿Qué le dices, cuál es tu sucinto discurso de ascensor?
CB: Ministra, felicitaciones por su nombramiento. Gracias por establecer el tema de los mercados de carbono y los proyectos REDD+ como una de las prioridades de su ministerio. Juntos, tenemos una oportunidad histórica para poner el sector privado, los inversionistas y los proyectos al servicio de las comunidades locales.
Natalia, para cerrar, la misma pregunta.
NA: Bueno, después de felicitarla, ministra, usted sabe que en el sector ambiental hemos abordado la tarea enorme de frenar la deforestación durante décadas. Los proyectos REDD+ y su efectiva regulación son una alternativa real de solución. Para la economía nacional, los proyectos REDD+ son una gana-gana. Sirven a las empresas para abordar sus obligaciones tributarias, para reducir su impacto ambiental y les permite proveer recursos que lleguen a las comunidades y propietarios que hacen conservación, reconociendo el papel de estas comunidades en la estabilidad climática mundial.
* John Edward Myers es politólogo ambiental y escritor.
** María Angélica Parra es ingeniera química y emprendedora social de la Universidad de los Andes
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