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Esta semana, mientras en Bakú, Azerbaiyán, se celebra el Foro Mundial Urbano (WUF 13) —el mayor encuentro global sobre ciudades y asentamientos humanos que organiza ONU-Hábitat cada dos años—, Colombia tiene algo concreto que mostrar: la formalización de “La Pista”, en Maicao, el asentamiento informal de migrantes e indígenas más grande de América Latina, y un cambio de enfoque en la política de vivienda que pone la informalidad en el centro, no como un problema por esconder, sino como un territorio por transformar.
Hablamos con Aydeé Marsiglia Bello, viceministra de Vivienda, quien hace un balance de lo que se construyó, lo que quedó pendiente y de los retos que heredará quien llegue al Palacio de Nariño en agosto. Su diagnóstico es claro: el 50 % de las viviendas en Colombia son autoconstruidas, el Estado no sabía cuántos asentamientos informales existía y cientos de municipios están navegando sin un plan de ordenamiento territorial actualizado.
¿Qué tiene para mostrar Colombia en el WUF 13 ?
Este Ministerio estaba volcado a las leyes del mercado, oferta y demanda de vivienda, pero no debe ser vista como un bien mercantil que se ofrece al que primero se arrodilla. Colombia es tan diversa como los son las necesidades de su población. Todos tenemos una forma de habitar muy diferente y justamente el Ministerio tiene que reconocer esas diferencias, por eso se tiene que ayudar con subsidios del Estado, pero también se necesita generar políticas públicas. Lastimosamente, la única política que existía era la asignación de subsidios, entonces mezclamos las dos cosas.
Empezamos a darle la vuelta a la política de vivienda y a entender que la generación de vivienda no tiene que provenir única y exclusivamente del constructor formal y de la legalización formal de la vivienda. Por eso, nos pusimos como objetivo trabajar con los asentamientos informales para poderles dignificar la vida.
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¿Cómo facilitar la formalización de asentamientos? No solo son los servicios públicos, también la titularidad de la tierra, que muchas veces entra en controversia…
Detrás de la informalidad hay de todo, hay gente que es ilegal, como los tierreros, que se aprovechan de las necesidades de la gente, y eso pasa porque donde yo no llego como Estado sí llega la delincuencia. Expedimos un decreto que se llama “Barrios y Veredas de Paz”, que busca la intervención integral de estos asentamientos informales. Iniciamos el trabajo con las entidades territoriales para poder comenzar la legalización del barrio.
Y no solo es eso, la misma comunidad se organiza a través de unos instrumentos que se llaman planes de gestión del hábitat y hacen como su plan de ordenamiento territorial a mediano plazo, identificando necesidades de provisión de servicio, equipamiento, mejoramiento de vivienda y organiza su territorio.
Nosotros tenemos esquemas para poder titular cuando, por ejemplo, el predio es propiedad del municipio o es baldío. Entonces, nosotros, cuando es urbano, tenemos competencia para hacerle acompañamiento técnico a las entidades territoriales para que cada una de estas familias pueda ser propietaria.
¿Tiene que ver con el decreto 1166 de 2025?
Nos dieron mucho palo en todos lados. Ese decreto habla de actuaciones urbanísticas sin necesidad de expedición de licencias. Nos dijeron: “Quitaron a los curadores, van a promover la ilegalidad”, pero, por ejemplo, en un asentamiento informal al que le estoy haciendo el acompañamiento, tengo que ir a la Curaduría Urbana a que lo revise y adicional le dé visto bueno, pagar ese trámite para luego irlo a construir. Pero, pues, obviamente, esto tiene un proceso de acompañamiento de técnicos y de profesionales. Si viene avalado por la entidad territorial, llámese alcaldía o gobierno nacional, lo que estamos diciendo es ¿usted puede obviar ese paso?
O sea, simplemente evito el trámite de algo que ya hice al interior de la entidad o contraté a alguien, pero ese alguien tiene que responder y con su firma dice: “Yo respondo que eso está bien hecho”.
¿Qué hacer entonces con las personas que no pueden quedarse en asentamientos informales?
En Bogotá hay experiencias muy exitosas en la Caja de la Vivienda Popular. Se han hecho varios procesos de reasentamientos, pero son costosos. No darle la cara a esa realidad puede terminar costándole más al Estado. Es un tema muy complejo que hay que empezar a abordar desde el reconocimiento institucional y para que no se vuelva a dar.
¿Algo similar se está haciendo en “La Pista” en Maicao?
La alcaldía ha sido un aliado fundamental. Dejaron de ver “La Pista” como un problema para verlo como una oportunidad. Entramos con planes de gestión del hábitat que están siendo liderados por mujeres y ellos mismos diseñaron la forma en la que puede quedar su futuro barrio.
Ellos se apropiaron de lotes y dijeron: “Bueno, si eso va a ser un espacio público, yo cedo.” Literalmente tejiendo cómo va a ser su futuro barrio. Uno menosprecia mucho la capacidad de la gente y de la comunidad porque cree que va a haber problemas, pero uno se sienta a hablar y ellos tienen claro qué mejorará sus condiciones.
¿En qué etapa van? ¿Cuánto va a costar?
Estamos en la etapa de diagnóstico. Ya tenemos un diseño del proyecto. Como te digo, existe toda la voluntad del alcalde. El plan de cómo vamos a hacer el asentamiento está alrededor de los COP 3.000 millones, mientras que la intervención está alrededor de los COP 300.000 millones. Ya hay un proceso de trazado que va a ser la ruta del barrio y eso es un adelanto significativo.
¿Hay ejemplos similares en otras partes del país?
Antes hacíamos intervenciones de mejoramiento integral de barrios, pero esto va muchísimo más allá. Por ejemplo, puedo hablar de uno en Buenaventura: en un sitio que la misma comunidad delimitó, una zona de influencia de Los Shota y Los Espartanos y estamos trabajando con la Alta Consejería para la Reconciliación.
Tenemos otros ejemplos que hemos trabajado en Saravena, en un barrio que se llama Hugo Chávez, que es frontera, que está en zona de bandas. En el Amazonas estamos trabajando uno con la comunidad indígena de Santa Sofía.
¿Qué pasó con la construcción de las VIS y VIP en zonas rurales?
Se ha revitalizado, también se ha ayudado a mejorar viviendas. Hay lugares en donde no es atractivo, donde no hay apetito comercial y no llega el constructor tradicional a vender. Por eso empezamos a plantear otro tipo de programas alternativos. De hecho, ahorita tenemos un programa en convocatoria, que se llama Programa de Acceso para la Vivienda de Interés Social (PAVIS), que no es vivienda gratuita, sino autogestionada, pero aquí pedimos a la comunidad que aporte con la organización y el territorio. Ellas mismas se organizan y construyen su programa de vivienda y damos un subsidio de hasta 70 salarios mínimos.
¿Qué ha pasado en Córdoba? Con el frente frío se habló de reasentamientos…
En Montería queremos hacer un plan de gestión para que las personas no sólo sean reasentadas, sino para que en el barrio receptor haya un tejido social entre quienes llegan y quienes lo reciben. El alcalde de Montería estuvo muy abierto y empezaron a hacer esos procesos.
Eso es una tragedia. El 55 % de las familias en Córdoba no viven en condiciones adecuadas y esto era antes del frente frío. Al Ministerio de Hacienda, por el decreto de emergencia, le pedimos alrededor de COP 1,2 billones para temas de vivienda que no van a ser suficientes; adicionalmente, destinamos COP 40.000 millones propios del Ministerio para poder realizar actividades, en especial en Montería, donde se concentra el mayor número de afectados.
A raíz de la emergencia, los mandatarios empezaron a ver la importancia del ordenamiento territorial. El mismo gobernador de Córdoba dijo que iba a disponer de unos recursos para que trabajáramos en conjunto temas de ordenamiento territorial en el departamento.
¿Cómo están apoyando los planes de ordenamiento?
Hasta el momento, son 157 municipios asistidos, lo cual me parece un número muy bajo. La información que había en este Ministerio respecto de los planes de ordenamiento territorial en realidad es muy poca. Nos pusimos en la tarea de hacer un inventario. Hoy sabemos que 746 municipios avanzan en la estructuración del POT, que 413 tienen uno vigente, 218 en proceso de actualización y 115 sin concertar o aprobar.
Nos pusimos en la tarea de obtener la información respecto de las entidades territoriales y cómo están con su planeamiento y estamos creando el observatorio con ONU-Hábitat, que tendremos para junio.
No se sabe nada, no se sabe cuántos asentamientos informales hay. No se sabe, por ejemplo, cuánto se demora una familia en promedio en autoconstruir sus viviendas, cuando el 50 % de las viviendas de este país son autoconstruidas.
Hay muchas deficiencias en la información, lo cual implica que la toma de decisiones no es tan fácil porque se supone que cuando uno en política pública trabaja, uno toma las decisiones basadas en los datos que tiene, pero si no los tenemos, hay que empezarlos a construir. Son muchos los municipios que están trabajando en un decreto que flexibiliza los POT, pero exigimos lo mismo que a Bogotá con mejores recursos. Se dan algunas herramientas, como, por ejemplo, las regalías se pueden usar para eso y los municipios no lo saben.
¿Qué le recomendaría a los candidatos a la presidencia mantener de esta administración?
Pensar en la planificación del territorio, o sea, de cómo vamos a habitar nuestro territorio de manera sostenible, preguntarse: “¿Cómo hacemos para vivir sosteniblemente sin que el uno afecte al otro? Empezar a hablarlo desde política de Estado, no política de Gobierno. Poner el agua como centro, no un bien mercantil. Llegue quien llegue, debe pensar en que es un tema de humanidad y de permanencia en el mundo.
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Por Mónica Rivera Rueda
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