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¿No es sorprendente que el gobierno Biden, por las deferencias sociales que ha mostrado frente al presidente electo, Gustavo Petro, en su saludo telefónico, la delegación que vendrá antes de la posesión y los personajes que estarían para el 7 de agosto, le esté dando mayor importancia política a la nueva administración que la que nunca le dio a la de Duque?
No, no es sorprendente. Aunque es evidente que hay un nuevo trato de Estados Unidos hacia Colombia, este tiene que ver con la nueva coyuntura internacional, de un lado. Del otro, con la franca animadversión de Duque, de su partido y del uribismo, en general, en la campaña electoral de ese país, en contra de la candidatura demócrata del presidente Biden.
Un primer obstáculo en el futuro inmediato: se sabe que el gobierno Petro no permitirá el uso del glifosato asperjado desde el aire como lo pretendía el gobierno Trump y el de Iván Duque. ¿Será este un problema en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos?
El gobierno de Estados Unidos ha manifestado que ese tipo de decisiones como la que usted menciona, es soberano de Colombia. Algunos funcionarios norteamericanos han opinado que hay mayores cantidades de cocaína porque no se ha fumigado con glifosato. Pero cada vez son más las voces que reconocen que se trata de una estrategia equivocada. Incluso, en Washington, se ha advertido que después de fumigar 1,8 millones de hectáreas en desarrollo del Plan Colombia, el narcotráfico siguió pujante. Este es, sin duda, un tema para la agenda Petro-Biden.
De acuerdo con los hechos con los que se va a encontrar el gobierno que se posesionará el 7 de agosto, ¿cómo debería enfocar el combate a las drogas ilícitas de tal manera que satisfaga las exigencias de Estados Unidos y, simultáneamente, sea más eficaz en erradicación y mejores condiciones de vida para los habitantes de las zonas cocaleras?
La respuesta la dio el Acuerdo de Paz con su proyecto de reforma rural y su política de drogas. Sus definiciones tuvieron el beneplácito del enviado del presidente Obama a La Habana, durante las negociaciones. Y también fueron respaldadas por el entonces vicepresidente Biden que, incluso, estuvo presente en Cartagena para reiterar el apoyo de Estados Unidos al Acuerdo con las Farc. Este es el punto de partida para un diálogo del gobierno Petro con el de Estados Unidos sobre la materia.
Acaba de publicarse un anticipo del Informe Mundial sobre Drogas, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) con las cifras sobre la presencia del narcotráfico en Colombia en 2021. Y reporta datos contradictorios: caída en el número de hectáreas cultivadas, pero aumento en la producción de cocaína. ¿Cómo interpretar esta extraña situación?
Es necesario dar una mirada de contexto: La UNODC muestra que de 169 mil hectáreas contadas en 2018, se llegó a 143 mil en 2020 y que ahora se presenta un rápido aumento que supera las 154 mil hectáreas. El fracaso de la estrategia de erradicación forzada militarizada también se registra en el reciente informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP), que señala que en 2021 sus sistemas de monitoreo contabilizaron 234 mil hectáreas de coca que superan en mucho las 208 mil que registró esa misma entidad en 2018, cuando comenzó el gobierno de Iván Duque Márquez.
Ese informe de la Casa Blanca también reporta una reducción del 4,7 % en las hectáreas cultivadas con coca: de 245 mil en 2020, a 234 mil en 2021. Sin embargo, advierte que tal cifra sigue siendo muy alta, así como la de 972 toneladas de cocaína ya elaborada. ¿Se oponen las conclusiones de ambas agencias o, más bien, reflejan una disminución insignificante en el conjunto del grave problema del narcotráfico?
Refleja una leve disminución con respecto al año 2020, pero, mirándolo en perspectiva, muestran un incremento de alrededor del 12 % con respecto al inicio del gobierno Duque.
En los dos informes se concluye que aunque se registraron menos hectáreas sembradas con coca con respecto solo al año anterior, como usted bien lo indica, la producción potencial de cocaína ha crecido debido a la sofisticación de los sistemas de fabricación del producto y a la creación de laboratorios con alta eficiencia. Entonces, la situación hoy, terminando el gobierno Duque, ¿es peor o mejor que cuando se inició?
Es peor, porque hay más narcotráfico, más mafias y decenas de miles de pequeños productores empobrecidos y sin alternativas económicas. La ineficacia de la política del Gobierno en esta materia ha sido aprovechada por los grupos armados ilegales que se han reorganizado para ejercer control y extender la violencia en los territorios.
De acuerdo con los estudios de Indepaz, los territorios más afectados con estas actividades criminales, ¿son los mismos de años anteriores o la composición geográfica ha variado?
Se ha reproducido el negocio y la vida miserable de los pequeños cultivadores en Catatumbo, el suroccidente del país y el corredor del Magdalena Medio hasta el Bajo Cauca antioqueño, además de Guaviare. Lo más grave es que después de más de 320 mil hectáreas erradicadas por la fuerza, y de decenas de miles de pequeños productores lanzados a la miseria y a la resiembra, no solo existe la misma cantidad de hectáreas con hoja de coca, sino que se presenta un incremento del 22 % en la producción de cocaína. Según la Oficina de Naciones Unidas, la producción de cocaína en 2021 se puede estimar en 1.700 toneladas. Y la tendencia es al incremento, pues la productividad media por hectárea creció en 30 % entre 2018 y 2021. A eso se suma que los precios de la pasta básica y del producto final, la cocaína, aumentaron con la devaluación del peso. En consecuencia, el negocio en Estados Unidos, Europa y otros sitios ha mejorado para los lavadores de activos, los paraísos fiscales y los circuitos financieros.
Es decir, ¿Colombia sigue dando la batalla equivocada contra el comercio de coca?
El Gobierno de Colombia, en alianza con Estados Unidos, especialmente en la administración Trump, reforzó la estrategia de guerra a las drogas dirigiendo la fuerza contra el eslabón más débil: los pequeños cultivadores. La gran equivocación es esa persistencia en el prohibicionismo que, en esencia, es funcional al narcotráfico, al negocio de las multinacionales de la cocaína y al lavado de activos cuyos mayores beneficiarios se encuentran en los países consumidores del norte.
Y, entonces, ¿cuál sería, para usted, el enfoque correcto? ¿La legalización?
Ir hacia la legalización con pasos progresivos en la llamada “regulación”, que consiste en adoptar normas que faciliten los usos sanos de la marihuana y de la coca, y reglamenten el consumo adulto recreativo y la atención a las personas adictas. Se trata de asumir un enfoque de derechos humanos, no militar, del problema.
La actitud de displicencia del gobierno Duque -diferente a la retórica pública que siempre usó-, ante el Acuerdo de Paz y los compromisos adquiridos con los excombatientes y municipios, supuestos beneficiarios de planes de desarrollo especiales, ¿qué relación tiene con el resultado creciente del problema del narcotráfico en el país?
El Acuerdo de Paz estableció medidas de regulación y de tratamiento penal diferenciado para el pequeño cultivador, y una mirada de atención en salud pública ante el abuso del consumo de drogas. Desafortunadamente, el gobierno Duque le dio la espalda al tsunami de los cocaleros que habían acogido el llamado a la legalidad, minimizó la sustitución concertada y se orientó a lo que calificó como una guerra de seguridad nacional ante el crimen transnacional y sus eslabones internos. Con este negacionismo, le dejó el terreno libre al gran negocio del narcotráfico, a las mafias y a sus lobistas de cuello blanco.
Los asesinatos de excombatientes no han cesado. ¿Cuáles son las cifras de Indepaz sobre número de víctimas, frecuencia de crímenes y su ubicación geográfica?
Desde la firma del Acuerdo de Paz, de noviembre de 2016 a julio de 2022 han sido asesinados 324 excombatientes que estaban en proceso de reincorporación: seis asesinatos cada mes. La agresión contra los excombatientes comienza con la estigmatización del Acuerdo por parte de quienes aseguran que fue un pacto de impunidad; sigue con su aislamiento social y político, que se basa en presentarlos como personas peligrosas, y continúa con la negligencia estatal ante los ataques y con la trivialización de las muertes que les parecen pocas y hasta merecidas a destacados funcionarios. Estas situaciones fatales se han registrado en 26 departamentos, el 65 % de ellas en Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Putumayo, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca.
¿Cree que los mensajes políticos adversos al Acuerdo y a los excombatientes, por parte del gobierno Duque y de personajes notorios del uribismo, incentivaron la generación de actos violentos contra los firmantes?
Sí. Cada vez que un vocero del Gobierno o el propio presidente dicen que los acuerdos con las Farc son ilegítimos y que los firmantes deberían estar en la cárcel y no en el Congreso, más otras frases similares, se envían mensajes que facilitan el fanatismo, el sectarismo y la violencia.
¿Los asesinos caracterizan a sus víctimas excombatientes, por ejemplo, convirtiéndolas en blanco de sus balas cuando se convierten en líderes de sus comunidades, dirigen proyectos productivos exitosos o participan en política electoral?
Sí. En 2022 han sido asesinados 25 excombatientes, entre estos personas con responsabilidades de coordinación de proyectos y con participación en iniciativas productivas agropecuarias y microempresas. Esto responde su pregunta.
Es decir, ¿para usted esos asesinatos son selectivos en cuanto a que los victimarios buscan eliminar a loa excombatientes que simultáneamente son líderes comunitarios?
Definitivamente sí: hay un patrón selectivo que tiene por objeto impedir que los excombatientes se conviertan en líderes sociales de proyectos económicos legales o de procesos políticos.
Después de cinco años de funcionamiento de la JEP, para usted, ¿esta Jurisdicción puede presentar un balance positivo, negativo o muy lento y sin prueba de su operatividad y eficiencia?
El balance para la JEP es muy positivo: ha mostrado las potencialidades de la justicia restaurativa. Tiene, en proceso, siete macrocasos con avances notables en el del crimen del secuestro, con más de 50 mil víctimas contabilizadas; en audiencias y documentación de los asesinatos de 6.042 civiles que fueron presentados como muertos en combate por los militares; en el genocidio de la UP, que ya suma más de 5 mil víctimas, y el caso de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Se espera que el próximo año se realicen los primeros juicios y se cuente con las primeras sentencias.
En cuanto a la Comisión de la Verdad, siendo que la derecha política del país rechaza sus informes y conclusiones por presuntamente ser sesgados y carentes de veracidad, ¿se debe concluir que fracasó en su tarea de reconstruir los hechos atroces de la guerra de 50 años en Colombia?
La Comisión ha hecho un trabajo extraordinario, comenzando por escuchar a más de 26 mil víctimas y protagonistas, y por hacer el inventario del horror vivido en décadas de dolor y muerte. Es una recopilación de siete mil folios en sus informes, además de otros miles en la documentación compilada que no se pueden “despachar” por supuestos sesgos sin darse la oportunidad de leerlos, pensar e intentar dialogar. Las recomendaciones y la convocatoria a unir esfuerzos para construir una “paz grande”, tal como fueron entregadas el 28 de junio, constituyen una muestra de la contribución de la Comisión al camino de la verdad para la no repetición y para eliminar, definitivamente, las armas de la política y de la vida social y económica de Colombia.
Pero no se puede ignorar que si la mitad del país político no acata ni reconoce esa verdad del conflicto, el efecto real de los informes de la Comisión puede ser menor al esperado, precisamente porque no se le asume como cierto. ¿Cómo superar esta situación de negación histórica?
Hay que entender que el aporte de la Comisión es un paso hacia el esclarecimiento de la verdad. Y que, al menos durante la próxima década, se seguirán discutiendo informes y recibiendo otras contribuciones y aportes de verdad judicial que se emitan, por ejemplo, desde la Jurisdicción Especial para la Paz. En temas de memoria y verdad históricas, el tiempo de esclarecimiento suele durar décadas. Después de que termine el plazo de existencia de la JEP, que concluirá dentro de 10 años, es probable que se requiera otra comisión de la verdad. Adicionalmente, y según se necesite, pueden también formarse comisiones de la verdad para temas especiales.
A propósito, ¿una reforma radical a la institución policial como la que se ha anunciado no debería ser concertada con la propia Policía Nacional, cuyos miembros -con independencia de sus resultados- han trabajado, por décadas, en las tareas que les han impuesto los civiles de los sucesivos gobiernos?
Por supuesto. Es indispensable tener en cuenta los aportes de la misma institución. En esa dirección se ha venido trabajando. Pero habrá que ampliar el diálogo porque, de otra manera, cualquier reforma sería impracticable.
Después del balance en materia de orden público, una última pregunta: aunque no acepte públicamente este propósito, ¿el gobierno de Iván Duque tuvo éxito “volviendo trizas” el Acuerdo de Paz?
No. La verdad es que el Acuerdo de Paz se refrendó el pasado 19 de junio.
Al elegir a Petro, ¿los colombianos aprobaron un nuevo plebiscito a favor del Acuerdo de Paz?
No lo llamemos plebiscito. Más bien, se refrendó el mandato por la paz, por la implementación de los Acuerdos y por la construcción total e integral del propósito nacional de paz.
“Las ‘primeras líneas’ no dejarán de existir”
Un fenómeno, si no nuevo, sí mucho más notorio, queda como rezago de los cuatro años del gobierno Duque: la confrontación jóvenes manifestantes Vs. ESMAD en las marchas urbanas que se presentaron durante los paros ¿Las denominadas “primeras líneas”, dejarán de existir en la administración Petro?
Las “primeras líneas” no dejaran de existir: son formas de organización juvenil en sectores urbanos, estigmatizadas al identificarlas con violencia y vandalismo. La Fiscalía contestó a un derecho de petición sobre víctimas civiles en el paro nacional del año pasado, indicando que tenía registro de 68 casos de homicidios dolosos por responsabilidad de miembros de la fuerza pública. En buena medida, esta represión fatal se presentó porque, como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se enfrentaron las marchas como si fueran provenientes de la insurgencia o una rebelión contra el Estado. En esta problemática, la política anunciada por el presidente electo, Gustavo Petro, es radicalmente distinta a la actual y se basa en el reconocimiento del derecho a la protesta y en la vía del diálogo como primera opción. En esta dimensión no habría cabida para una fuerza antidisturbios entrenada para atacar manifestantes.
“Política de seguridad (del gobierno Duque) distorsionada por su enfoque de guerra”
Las cifras sobre asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos son frecuentemente controvertidas por las entidades oficiales ¿Cuál es el balance, para usted, sobre lo sucedido al respecto, en este cuatrienio?
En el cuatrienio han sido asesinados 931 líderes y personas defensoras de derechos humanos. De ellos, 279 ocurrieron en 2019; 308, en 2020; 171, en 2021; y 99, en 2022. Hay que advertir que la disminución notable de asesinatos que se registró el año pasado, no implica un cambio de tendencia: desafortunadamente, en 2022 ha vuelto a escalar la violencia contra los líderes y comunidades con casos recurrentes en 150 municipios de los departamentos del Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Norte de Santander y Arauca. La persistencia de los asesinatos y la recomposición de grupos armados y las mafias, en esas mismas regiones, están directamente relacionadas con una política de seguridad distorsionada por el enfoque de guerra, en esta etapa, con fallas en la caracterización de las estructuras macrocriminales, del paramitarismo, de los grupos residuales de las antiguas FARC y de la economía política de los conflictos armados.
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