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Hace un par de semanas, José David Sanabria, PhD en Física y profesor de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander (UIS), recibió una decisión que había estado esperando por un buen tiempo. Un juzgado de Valledupar resolvió una tutela que interpuso contra la Gobernación del Cesar como una última salida para poder obtener una carta que le permitiera a su equipo seguir vivo en una convocatoria del Ministerio de Ciencias. Su propuesta había obtenido el primer lugar, pero estaba varada sin ese certificado. Ya había logrado los de otros nueve departamentos -incluido Bogotá-, pero no había contado con la misma suerte con Cesar. (Lea Esta es la primera casa del mundo hecha con concreto mezclado con pañales)
El fallo, sin embargo, fue un baldado de agua fría para Sanabria. En él, el juez volvía a negarle su pretensión: que la Gobernación le enviara esa carta. Lo único que debía decir, cuenta ahora, es que las actividades de su propuesta “no han sido financiadas ni están siendo financiadas con otras fuentes de recursos”. (Lea Hombre parapléjico vuelve a caminar por “puente digital” entre su médula y cerebro)
Sanabria, que es enfático en aclarar que no habla en nombre de la UIS, aún cuenta la historia con un poco de asombro. Desde que a mediados del 2022 decidió aplicar a esa convocatoria del Minciencias, junto a sus colegas, los físicos Luis Núñez y Yeinzon Rodríguez García, ha tenido que sacarle tiempo extra a sus tareas como investigador para cumplir con los requisitos que le exigía esa cartera. A sus ojos, este caso resume bien la odisea por la que tienen que pasar algunos científicos cuando quieren obtener recursos del Estado para financiar sus proyectos. “Es increíble que terminemos yendo hasta un juzgado”, dice.
La historia es la siguiente: en junio del año pasado el Minciencias publicó una convocatoria (la 28) para “contribuir a la generación de conocimiento y capacidades en ciencias básicas (Biología, Física, Geología, Matemáticas y Química) y ciencias del espacio”. La idea, en síntesis, era que grupos de investigación presentaran propuestas en alguno de estos tres temas: “Segunda revolución cuántica”, “Impacto de las ciencias básicas en el ambiente” y “ciencias espaciales”. Había $30 mil millones disponibles para tres proyectos que saldrían de la bolsa del Sistema General de Regalías.
Al ver que se abría una posibilidad para presentar proyectos en su área, el grupo de la UIS se animó a diseñar uno. Como cuenta Núñez, fueron meses de trabajo en los que lograron una alianza con varias entidades públicas y privadas. Entre ellas, la Universidad Eafit, la U. de Antioquia, la Fuerza Aérea, el Jardín Botánico de Bogotá, el Parque Explora (Medellín) y el Clúster Aeroespacial del Pacífico. También participaron las empresas Structural Synergy SAS y Guane Enterprises SAS, y el International Center for Relativistic Astrophysics.
La idea, de manera muy sintética, era “generar conocimiento y desarrollo científico de impacto en dos observatorios astronómicos en Colombia”. Para ello proponían tres actividades. La primera era procesar imágenes satelitales que fueran útiles a los departamentos para monitorear deforestación, agricultura o el uso del agua. Las otras consistían en hacer actividades educativas de ciencia en varios departamentos y en dotar de infraestructura a los observatorios astronómicos de la Fuerza Aérea Colombiana y de la UIS. También buscaban construir una cámara para satélites, que ayudara, en palabras de Núñez, a disminuir la dependencia tecnológica.
Como la convocatoria estaba financiada con plata del Sistema General de Regalías, el proyecto debía beneficiar a varios departamentos. En el caso del grupo de la UIS, decidieron incluir a diez. Uno de los requisitos que exigía el Minciencias era presentar las cartas de cada uno de los gobernadores. Pero la tarea resultó más compleja de la que todos esperaban.
“Nos convertimos por meses en perseguidores de certificados”, nos contaba Núñez hace un par de meses. “Es increíble que tuviéramos la mejor calificación, hayamos juntado a varias entidades, redactado un proyecto ambicioso para que nos dieran los $10 mil millones de la convocatoria, pero haya sido tan difícil conseguir esas cartas donde solo tenían que decir que no financiaban proyectos similares”, asegura Sanabria.
Su espera los llevó a los juzgados en dos ocasiones. Primero, instauraron una tutela contra la gobernación de Chocó, que falló de manera favorable. Posteriormente, intentaron la misma estrategia con Cesar, pero no obtuvieron los mismos resultados. A medida que el comité evaluador (del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD) les daba algún tiempo extra para presentar ese último requisito, el plazo se acababa.
El 27 de marzo fue el tiempo límite para esta fase (debían superar otras de evaluación para obtener el dinero) y, al parecer, no tendrán más tiempo extra, pues la norma no lo permite. Todo parece indicar que la convocatoria quedó desierta en dos de las áreas temáticas y, de $30 mil millones solo se asignaron $10 mil millones.
Para Violeta Ortiz, Jefe Oficina Asesora de Planeación Departamental de la Gobernación de Cesar, este enredo, que ha causado tantos disgustos en la comunidad científica, tiene una explicación. Según ella, en este caso, el grupo de investigación no socializó en detalle el proyecto y, dice, “no fueron capaces de resolver una duda clave: cómo satisfacía las demandas territoriales que había planteado el departamento en su plan de desarrollo. No definieron cómo un proyecto de Astrofísica y Ciencias espaciales podía impactar el departamento”.
De acuerdo a Ortiz, la Gobernación no veía la pertinencia de un proyecto de ciencias espaciales en un territorio ganadero y agrícola. “Claro que estamos dispuestos a trabajar todos los grupos de investigación y tenemos proyectos en marcha, pero tenemos unas demandas territoriales y en esas nos debemos enfocar. No es un capricho ni un deseo personal”, dice. “Nunca quisimos, de ninguna manera, que esto terminara en un juzgado. Por otro lado, no estoy de acuerdo en que minimicen la importancia de este certificado de la entidad territorial”.
Pero este requisito no disgustó, únicamente, al grupo de la UIS, que siente que invirtió esfuerzos durante meses para nada. En su Twitter, Diego Torres, PhD en Física Nuclear y profesor de la U. Nacional, y quien también había aplicado a esa convocatoria, había detallado una odisea similar semanas atrás.
“El sistema general de regalías nos puso un obstáculo infranqueable que al final fracturó el proyecto, conseguir las cartas de los gobernadores (…) El proyecto fue muy bien evaluado, pero se nos puso un requisito draconiano: buscar una certificación firmada por el gobernador en donde se manifestaba que ‘el proyecto no ha sido ni está siendo financiado’ por el departamento”.
Para él, esto obligó a los científicos a hacer lobby ante las gobernaciones y los obligó a competir entre sí en vez de colaborar. “Las condiciones para financiar a través del Sistema General de Regalías no sirven para la innovación o la creación. Son un espejismo para engañar a la comunidad científica”, había escrito también el profesor Núñez. “Ha sido un desgaste de horas y horas y esfuerzos. No puedo creer que porque un departamento no responda la solicitud, hayamos perdido el trabajo”, añade Sanabria.
Aunque nos contactamos con el ministerio de Ciencias para conocer su explicación, fue imposible obtener una respuesta al cierre de esta edición. Sin embargo, Arturo Luna, antes de dejar su cargo como ministro de esa cartera, había hecho una promesa en su Twitter cuando empezaron a aparecer esos casos, que hoy nadie sabe con certeza si se va a cumplir: “Son precisamente estas situaciones las que estamos tratando de corregir y evitar desde Minciencias. Hay cosas del bienio pasado que mejorar y corregir. Hasta ahora Minciencias ha sido operador de las regalías para ciencia, tecnología e innovación, no un administrador. Mucho va a cambiar este bienio”.
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Por Sergio Silva Numa
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