No olvidemos la historia al pensar en la Procuraduría

Si bien, como dice su editorial, sobre el papel la Procuraduría es un organismo redundante que para adquirir una estructura adecuada necesita reformas tendientes no solamente a ajustarlo para su propósito (por ejemplo, el concepto de detrimento patrimonial que hace que un ciudadano común piense dos veces a la hora de participar en la función pública), sino además para tener un razonable uso de los recursos que proporciona el Estado, también es verdad que la Defensoría del Pueblo no parece tener el suficiente peso político ni jurídico para cumplir el papel que hoy desempeña la Procuraduría.

Además, no debemos dejarnos obnubilar por la reciente experiencia que se menciona en el texto con respecto a las persecuciones políticas de las que fueron objeto algunos servidores públicos en la administración mencionada. Acabarla sería como “vender el sofá”.

Es menester para todos los colombianos aferrarnos a los principios democráticos y confiar en que el nuevo gobierno los respete también, de tal manera que no peligre el equilibrio de poderes.

Afortunadamente para los colombianos y a diferencia de los venezolanos, nosotros tenemos un sistema de gobierno con tres ramas del poder que garantizan una sana (a veces no tanto) revisión de las decisiones del Poder Ejecutivo.

Hay que pensar en las implicaciones políticas y sociales que podrían resultar de la eliminación de este organismo de control.

¿Se tiene de verdad una voluntad política para combatir la corrupción? El hacerlo supondría poner la primera piedra para construir una autocracia que, al menos espero, ninguno de los colombianos desea.

No debemos olvidar que los pesos y contrapesos tradicionales entre las tres ramas del poder fueron considerados insuficientes para la verificación del cumplimiento de la función pública y por ello se hizo necesaria la creación de los órganos encargados de hacer el control sobre todas las actividades, llámense contratos, ejecuciones presupuestales, etc., de tal manera que fuera posible medir, verificar, fiscalizar y controlar tales actividades, sus cumplimientos, ejecuciones y anomalías.

Por eso la Constitución de 1991 dio vida de manera autónoma a todo este esquema de organismos de control, pero también de custodia de los derechos de los servidores públicos en sus sectores.

Todo esto, sin contar con las implicaciones administrativas, de personal y logísticas que representaría esa eliminación en esta situación coyuntural del país, en la que el nuevo Gobierno debe concentrarse en enfrentar situaciones mucho más relevantes y echar a andar los importantes proyectos que tiene en su agenda.

En conclusión, la Procuraduría sí se debe reformar, pero, cuidado, ¡no ser eliminada!