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El mismo día en el que fueron negadas las mociones de censura contra los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y con bastante diferencia entre las votaciones registradas en Cámara y Senado, el Gobierno del presidente Gustavo Petro notificó que no está dispuesto a dar el brazo a torcer en la lucha por salvar sus reformas.
La estrategia que ha puesto a andar incluye que un bloque de alfiles en el Ejecutivo y el Congreso divulguen quiénes financiaron las campañas de los congresistas que quieren hundir la reforma a la salud para demostrar que tendrían un posible conflicto de interés. El mismo Petro, quien durante el día estuvo en diversos lugares de Córdoba en el marco de la cuarta edición del “Gobierno con el pueblo”, le ha estado dando bombo desde sus redes a las recusaciones que se han presentado desde el Pacto Histórico a los legisladores de la Comisión Séptima del Senado, donde la semana pasada se supo que, virtualmente, esta iniciativa quedó desahuciada.
Una hora antes de que comenzara la votación en la Cámara que definiría el futuro del ministro de Salud, Wilson Arias, senador del Pacto Histórico, hizo una publicación en X, en la que denunciaba que el financiamiento de Keralty a campañas y partidos políticos en los comicios de hace dos años habría sido inconstitucional: la empresa, a la que pertenece la EPS Sanitas, tiene una junta directiva completamente extranjera y sus donaciones a contiendas políticas, según él, es algo prohibido por la Ley 1475 de 2011. El Partido de la U, el Partido Conservador, el Centro Democrático y el Partido ASI, según el informe de ingresos anuales correspondiente al año 2022, recibieron donaciones de la compañía.
El presidente no tardó en hacer eco de la denuncia. “La Constitución prohíbe que la política se financie con recursos extranjeros. Esta prohibición fue violada, si la empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas. Han roto con la Constitución”, dijo Petro. Poco después, cuando con esta denuncia se recusó a Norma Hurtado, quien tuvo la firma decisoria en la ponencia de archivo de esa reforma, también compartió el mensaje.
Martha Peralta, senadora del Pacto y presidenta de la Comisión Séptima, afirmó que las recusaciones no son una estrategia del Gobierno para demorar las reformas, sino que son un recurso que protege la investidura de los congresistas. “No considero que el espíritu haya sido para perjudicar”, precisó.
En todo caso, tres de los catorce senadores de la Comisión Séptima fueron recusados. La primera fue la presentada por Héctor Fabio Osorio, diputado de la Asamblea Departamental de Valle por el Pacto, contra Josué Alirio Barrera y Honorio Miguel Henríquez, ambos del Centro Democrático, partido que recibió aportes de $312 millones de pesos en el 2022, año de las elecciones generales, por parte del Grupo Bolívar y de Keralty, por $35 millones.
La segunda, que llegó este martes, fue precisamente contra Hurtado, a quien Sergio Mauricio Zamora, concejal de Cali por el Pacto, señaló de tener un conflicto de interés. Además de compartir que su partido recibió aportes de Seguros Bolívar y Keralty, el esposo de la senadora fue secretario de Salud e hizo parte de la EPS Cafesalud y la Empresa Social del Estado Antonio Nariño.
Mientras Petro compartía en sus redes sociales los trinos sobre las recusaciones desde Montería, donde se encuentra con el grueso de sus ministros, en el Capitolio estaban el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y su segundo al mando, el viceministro Diego Cancino, quien se estrenó en el Congreso este martes con líos para su ingreso. Velasco, a quien le cuestionaron su ausencia la semana pasada cuando sus homólogos de las carteras de Salud y Defensa se defendían en sus mociones de censura, estuvo tanto en la Cámara como en el Senado presenciando las votaciones que salieron a favor de Jaramillo y Velásquez.
Sentado junto a los congresistas, Velasco evidenció que la avalancha que se desplomó luego de que el presidente Petro sugiriera hace cinco días una asamblea constituyente no fue suficiente para enterrar a los dos ministros. Con poco más de una hora de diferencia, los dos funcionarios a quienes intentaron mocionar salieron invictos en las plenarias. La moción de del primero, en la Cámara, recibió 55 votos en contra y 28 a favor, y la del segundo, en el Senado, tuvo 36 votos positivos y 96 negativos.
Quienes apoyan al Gobierno han sacado pecho por las votaciones. Sin embargo, el discurso del primer mandatario y la estrategia de las recusaciones caló profundo en el Capitolio y los ánimos en el debate posterior, en el que se discutió la reforma pensional, estuvieron caldeados. El senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, hizo referencia a un trino de la senadora María José Pizarro sobre las movidas que podrían enredar aún más el trámite y aseguró que ella y otros congresistas del Pacto Histórico han propiciado ataques en redes contra quienes se oponen al proyecto de reforma a la salud. “Lo que usted nos está echando encima es a un grupo de desadaptados, de sicarios”, dijo el senador.
Además, como parte de la contraestrategia, horas después de que fuera anunciado el recurso contra Hurtado, las senadoras Sor Berenice Bedoya, del Partido ASI, y la conservadora Nadya Georgette Blel Scaff, así como los uribistas recusados Josué Alirio Barrera y Honorio Miguel Henríquez, presentaron cada uno un impedimento. En ellos mencionan su afiliación a una EPS, lazos de consanguinidad con personas que se pueden ver beneficiadas por la ley y las donaciones que recibieron sus partidos por parte de empresas que están involucradas en la discusión.
Sin embargo, todavía no es claro si la temporalidad en la que se presentó el recurso pueda ser un obstáculo. La senadora Peralta apunta que “la lógica jurídica indicaría que [la presentación de los impedimentos] debió ser antes”, aun así, dijo que los apoyaría en la votación. La respuesta estaría en los mismos textos presentados, de acuerdo con los senadores de la oposición en la Comisión Séptima: según el artículo 219 de la Ley 5 de 1992, la presentación de un impedimento debe ser “antes o durante la sesión en la que discuta el proyecto de ley, o de acto legislativo el congresista manifestará por escrito el conflicto de interés”.
Con estas dos formas de declarar conflicto de interés no es claro si podrá resultar beneficioso para el Gobierno, que quiere demorar el debate, o, por el contrario, ayudar a quienes quieren que se caiga la reforma, lo que ocurrirá si esta no es aprobada en la comisión antes del 16 de junio.
Los impedimentos serán votados en la misma comisión de los congresistas, en la que es poco probable que prosperen. Si se tiene en cuenta que hay una mayoría que quiere archivar la reforma, esos votos serán negativos para aprobar el impedimento y los senadores podrán votar en el debate.
Las recusaciones, en cambio, serán analizadas por la Comisión de Ética del Senado, cuya fecha de reunión todavía no se conoce, y en la que los mismos congresistas recusados señalan que hay una mayoría oficialista que aprobaría los recursos. Entre los 11 senadores que la conforman están Martha Isabel Peralta e Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, el conservador Miguel Ángel Barreto Castillo, el liberal John Jairo Roldán y “Jota Pe” Hernández, de la Alianza Verde.
Así, aunque los tres congresistas logren sortear la votación del impedimento, todavía se enfrentan a la recusación. Mientras tanto, el 20 de junio, la fecha en la que la reforma podría hundirse definitivamente, se acerca. Petro, con la victoria de las mociones de censura, todavía se enfrenta a un apoyo frágil, aunque se mantiene en su pelea.
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