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La Procuraduría anunció un dato alarmante: en los últimos 10 meses, se han identificado 59 desaparecidos en el archipiélago de San Andrés, buscando el sueño americano a través de una ruta que, por su costo, parecería más segura que el tapón del Darién. En entrevista, el delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, revela el paso a paso de los migrantes, a quienes se les ofrecen recorridos como si se trataran de planes turísticos. Explica cómo las muertes y el tráfico de personas podrían ser responsabilidad de las autoridades migratorias, las cuales, según su investigación, habrían omitido su función de control y vigilancia.
¿Cómo funciona el tráfico ilegal de migrantes?
Hay una inacción del Gobierno Nacional y de las autoridades locales para el control de la migración irregular. Recordemos que la migración es derecho, pero el delito se configura cuando alguien trafica con esos migrantes. Hemos identificado una nueva ruta VIP en San Andrés con destino a Centro y Norteamérica, que es mucho más costosa y asciende hasta US $5.000. Se la venden a las personas como una ruta más segura, sin embargo, salir de Colombia vía marítima es someterse a muchos riesgos. Para nadie es un secreto que los migrantes llegan en avión desde Bogotá, Medellín, Cartagena o Cali.
Ahí empiezan las fallas. No hay controles de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) y mucho menos de las aerolíneas. Yo les pongo un ejemplo. Cuando yo viajé, pedí el tiquete solo de ida. Ni nos preguntaron el porqué, cuando se supone que deben estar alerta por saber qué voy a hacer a San Andrés. Nadie me preguntó si iba a regresar algún día de la vida. Hay una corresponsabilidad también del sector privado. Cuando tú vas a Estados Unidos, te preguntan cuánto te demoras, para donde vas, muéstrame el tiquete de regreso.
¿Cuál sería la responsabilidad disciplinaria de las entidades públicas?
Migración Colombia tiene tres funcionarios ¡Tres funcionarios para atender todo el ingreso de personas en la isla! Las cifras que tenemos de la Occre es que ingresan entre 77.000 a 80.000 personas al año. Dividamos esa cifra en 12, da alrededor de 6.600 mensuales y 222 diarias. Tres personas no van a poder ejercer control. Y eso no es lo único que tiene que hacer Migración, se supone que tiene que hacer controles en diferentes lugares del archipiélago. No hay una capacidad institucional para atender esto.
En la Occre, por otro lado, no trabajan con detección biométrica o reconocimiento facial. Tampoco es obligatorio hacer un registro en el que, por decir, si reciben 200 personas, saben que 50 de ellas van para tal hotel. Allá hay una modalidad que se llaman las posadas, que son como casas de familia raizales, que brindan alojamiento. Esas son las que usan de parapeto mientras los llevan a Nicaragua. Casi todos los venezolanos van para posadas y ellos son más del 95% de los migrantes que llegan diariamente a San Andrés.
El sector hotelero, además, tiene la obligación legal de reportar cuando un extranjero se registra. Y no lo hacen o lo hacen incipientemente. No hay control de la Gobernación, ni de la Ocrre. Yo puedo jurar que le piden ayuda a la cooperación internacional y les regalan el software. Yo estoy casi seguro de que Estados Unidos les ayuda. Con el agravante que todas las personas llegan en avión, es decir, les llega toda la información.
¿Qué pasa con la Armada?
La Armada Nacional es la única que está ejerciendo controles allí. En la medida de sus capacidades porque tiene limitación que no tiene muchas lanchas, que no tiene mucha gasolina. Efectivamente, hay unas capturas a los coyotes o a los traficantes. Pero tenemos una debilidad en el aparato judicial. A muchos de ellos los dejan en libertad, nos informan que no hay medidas de aseguramiento. Se ordena la devolución de las lanchas utilizadas para el tráfico ilegal.
La Armada ha identificado que al parecer existen seis rutas, a la fecha, entre San Andrés y Nicaragua. Llegan a tres puntos en específico. Las varían entre embarcaciones turísticas y pesqueras, para poder tratar de engañar a las autoridades. El paquete completo, que va hasta México, podría costar hasta US $5.000. Por otro lado, algo que nos parece preocupante, es que no hay una línea investigativa de las autoridades. Y estamos hablando de redes internacionales.
¿A qué se refiere con redes internacionales?
Esto es todo un negocio. ¿Cómo darle explicación a la gente que viaje y que es de Bosnia? De Vietnam, Bielorrusia, Bangladesh. Hay redes internacionales dentro de Colombia y dentro de San Andrés. Una conclusión preliminar es que, a estas personas, se les vende San Andrés como una ruta más fácil, más tranquila. La diferencia es que por el tapón de El Darién se les cobra US$ 300 y por San Andrés un promedio de US$ 3.000 dólares. Les ofrecen una ruta VIP, en la que no lo pueden picar insectos, donde no hay malaria, ni lo pueden atracar. Les ofrecen una ruta en la que, supuestamente, no pueden ser objeto de delitos sexuales.
¿Qué fue lo que más le llamó la atención de todo lo que encontró?
Que venden paquetes turísticos. Hay una empresa legalmente constituida en la ciudad de Maicao. Tienen logo y registro nacional de turismo. Dice dizque salida desde Medellín, incluyendo hospedaje y comida. Traslado en lancha de San Andrés hasta Corn Island, en Nicaragua. Averiguamos por ellos y nos dijeron que estaba cerrada la ruta. Pero cuando fuimos a verificar, sí estaba activa.
Llegando a Cayo Pescador divisamos una embarcación que apenas nos vio, empezó a hacer maniobra evasiva y se nos fue. Ustedes nos dirán, pero ¿por qué no los perseguimos? Esa zona tiene muchos arrecifes coralinos y muchas áreas protegidas. No se puede navegar sin cuidado. Sin embargo, encontramos en ese cayo, frente a Cayo Albuquerque, cuatro supuestos pescadores que, eran las 11 de la mañana, y no tenían un solo pescado. Estaban cuidando ocho cambuches.
Había residuos de comida y de bebidas. Suponemos que migrantes se acababan de ir, porque había latas de salchicha sin abrir. Pedialyte. Encontramos ropa de niños de seis meses a dos años. Pañales. Tal cual como en el Darién. Incluso, encontramos dos tarjetas de turismo rotas, las de 130.000 que exigen para entrar a San Andrés. Con esa tarjeta se vuelve a salir. Dos personas de apellido Torres habían ingresado el 8 y 12 de abril. Encontramos un tiquete de Avianca destruido.
¿Y luego qué sigue?
Primero hay que señalar que la Armada ha rescatado 804 personas en los últimos años ¿Qué hace la Armada? La interdicción marítima. Captura al coyote, mal llamado capitán. Ahí se dan cuenta de que son lanchas turísticas o barcos pesqueros. No tienen radio. No tienen GPS. Algunos chalecos salvavidas y sin extintor. Perseguimos una, que estaba vacía, que era para 25, pero nos dicen que meten hasta el doble. Y por eso se han dado cuatro eventos de naufragios, en seis embarcaciones, y hay 59 personas desaparecidas, incluyendo niños, niñas y adolescentes. No aparecen y el que no aparece en el mar, está muerto.
Resulta paradójico que Colombia, con tanta institucionalidad, no realice controles. Usted en el Tapón encuentra a la gente acostada en playa en Necoclí, usted los ubica, ve las empresas supuestamente legales que ofrecen el servicio. Pero en San Andrés no se sabe de donde salen. Están ocultas. Suceden casos como que cuando la Armada se entera por radares, llegan, y la tripulación se bota y se va nadando para algún cayo y dejan a los migrantes tirados. En Semana Santa encontraron 26 personas en Cayo Pescador. Los llevó una embarcación, los dejó y les dijeron que mañana los buscaban de Nicaragua. Pagan US 1.200 y en tres días nadie llegó por ellos.
¿Qué pasa con las personas rescatadas?
La Armada se los entrega a Migración Colombia, que hace un procedimiento administrativo. Pero viene otro problema, ¿quién paga el tiquete San Andrés – Bogotá? Nosotros, con nuestros impuestos. Habría que preguntarle a Migración cuantos recursos destina para la devolución de migrantes irregulares. Esta es una responsabilidad conjunta. Podría caer reproche disciplinario sobre Migración Colombia, la Occre, la Policía Nacional o el Gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins.
¿Va a abrir investigaciones puntuales?
Estamos analizando. Después de recolectar toda esta información, vamos a emitir un informe preventivo. Ahí surgen traslados de todo tipo, incluso la Fiscalía. Sobre ellos debo decir que no tengo conocimiento de actuaciones (procesos penales), seguramente las tengan, pero no nos informan. La responsabilidad disciplinaria se puede dar por omisión de las autoridades en su deber funcional. No ejercen controles para que no exista migración irregular. Si consideramos la necesidad de que se abra, emitimos el informe, que puede pasar a una de las procuradurías para la vigilancia administrativa o de la función pública.
¿Quiénes están detrás de esto? ¿Podríamos hablar de bandas criminales?
Eso es justamente lo que le estamos pidiendo a la Dijín de la Policía, que abra una línea investigativa fuerte sobre San Andrés. ¿Qué es lo que pasa, que no lo hacen? Tenemos que saber cuáles son las redes.
Pasemos al tema de cárceles. Usted abrió investigación disciplinaria contra varios alcaldes del país, incluyendo Claudia López, por hacinamiento carcelario ¿quiere decirnos que por fin caerá responsabilidad sobre las entidades territoriales?
Desde el 2021, iniciamos un trabajo fuerte al sistema penitenciario. El fenómeno mutó y lo encontramos en las estaciones de Policía y URI. Hace 30 años se estableció, por Ley, que las Gobernaciones y alcaldías tienen el deber de responsabilizarse por las personas sindicadas. Priorizan otras cosas. Han incumplido históricamente. Son muy pocas las entidades territoriales que han hecho algo desde 2021. Por tanto, se realizó la apertura de investigación a la señora alcaldesa de Bogotá, al alcalde de Ibagué, al alcalde de Cali y a los alcaldes de Riohacha y Valledupar.
¿Por qué son importante estas aperturas para proteger a los sindicados?
Lo que hay es una flagrante violación a los derechos humanos en las estaciones de Policía y URI’s. Son infraestructuras que no están concebidas como un centro de detención permanente, es decir, allí en teoría deberían pasar hasta 36 horas no más. Hay personas que llevan hasta dos años detenidas. Tenemos a nivel nacional 23.291 personas en estaciones de policía y URI’s, con hacinamiento del 141%, en promedio. En estaciones de Policía hay sobrepoblación de 12.800 personas.
Queremos que los alcaldes investigados cumplan, así sea de manera parcial, con la protección de los derechos humanos de los presos. Garantizarles unas condiciones mínimas de habitabilidad. Siempre se quejan de los recursos, pero los hay. Por ejemplo, del fondo de seguridad territorial o del Ministerio del Interior. También del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno anterior, que está vigente, se habla de fondos de infraestructura carcelaria. El Ministerio de Justicia, a través de una cartilla, les explico de dónde pueden sacar recursos.
No podemos estigmatizarlos. Seguramente habrá mucha gente inocente, también culpable. Pero no han sido vencidos en juicio. Están sindicados, por lo tanto, se debe presumir su inocencia. Y lo que vemos es que están cometiendo delitos al interior de las estaciones de Policía y URI´s. Incluso, el fenómeno que había con los dragoneantes del Inpec en las cárceles, mutó hacia los uniformados de la Policía. La Policía tiene, por ejemplo, investigaciones por tráfico de estupefacientes y corrupción.
Están destinando 1.840 policías cuidando estas personas. Y hay un estándar de Naciones Unidas que dice que 300 policías cuidan a 100.000 habitantes. Entonces, ¿Cuántos estamos descuidando? 600.000 habitantes. Estos policías deberían estar en las calles fortaleciendo la seguridad ciudadana, dados los índices de inseguridad. 600.000 habitantes es lo que tiene una ciudad capital. Hay 450 policías investigados por inspección por fuga de presos. Hay sancionados 184 uniformados por ello.
Ahora bien, pasando a otros temas de graves violaciones de derechos humanos, ¿Cómo va la investigación a los altos mandos militares por la incursión a la vereda Alto Remanso, de Puerto Leguízamo, en la que murieron mas de una decena de personas?
Ya no la tengo yo. Está en la sala disciplinaria de instrucción, porque se estableció de manera preliminar que presuntamente pueden tener responsabilidad disciplinaria los generales que participaron en esa operación. Por ello, será la sala disciplinaria la que determinará si continua con el proceso. Yo investigo hasta coroneles y aquí hablamos de brigadieres y generales.
¿Usted hasta donde llegó con esa investigación?
Yo hice la apertura de la investigación previa. Vinculé a un capitán, un sargento y a unos soldados que participaron en la operación y estaba en práctica de pruebas. Pero al alertar lo anterior, la remití. El proceso ahora sigue en práctica de pruebas.
¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin abrir una investigación formal?
No hay demora. Estamos dentro del término de ley. Cuando se presentan posibles violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se duplican los términos para hacer una investigación profunda y recabar la serie de pruebas. Estamos avanzando en la recolección de pruebas que no es fácil, testimoniales, de peritazgo, de documentos, y demás. Trabajamos en conjunto con la Fiscalía.
Pero, ¿por ahora cree que hay una probabilidad de que hubiese una violación de derechos humanos?
Por lo pronto no lo podemos afirmar. Estamos haciendo la investigación previa. Tratando de identificar quienes podrían haber cometido las conductas disciplinarias. Si me la devuelven, yo continúo practicando las pruebas, analizaré el proceso y tomaré las decisiones que corresponda. Todavía es muy prematuro hablar de eso.
¿En qué estamos fallando como Estado para la protección de los Derechos Humanos?
Es necesario que se fortalezcan las políticas, planes y proyectos y la presencia institucional en los territorios. Si eso no pasa, van a seguir subiendo los índices de violencia, extorsión y homicidio. El año pasado fue uno en el que se recrudeció el tema de las minas antipersonales. Necesitamos inversión social. Hay muchas reclamaciones que las comunidades siguen pidiendo. La insatisfacción de la ciudadanía va a ser mayor, se incrementan los niveles de protesta social y los grupos armados aprovechan todo esto para instrumentalizar estas personas.
¿El cambio de Gobierno mejoró o empeoró la situación?
Cambiaron las políticas. En materia de líderes sociales, se implementaron los puestos de mando unificados por la vida Una estrategia que, en principio, no vemos muy efectiva porque novemos la reducción de asesinatos y afectaciones contra líderes sociales. Trascurridos ocho meses, pues no vemos la efectividad de las estrategias que inicialmente determinó el Gobierno. Estamos a la expectativa y haciendo los llamados de atención. Hay muchos retos. Sentimos que no se está llegando a los territorios de manera suficiente.
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