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El futuro de las reformas de Petro en el Congreso
Ministro, cumple cuatro meses exactos al frente de la cartera y tiene muchos frentes abiertos: reformas a la salud, política, laboral, Jurisdicción Agraria, plan de choque y el acuerdo nacional. ¿Le alcanzará el tiempo para todo?
Alcanza y sobra, si se generan consensos, si se habla, se dialoga y se construye. El país está listo para esas reformas. Aquí hay que insistir en que ese Gobierno fue elegido para avanzar en reformas, este país necesita reformas. Ahora, reformas concertadas, reformas en donde se escucha a todo el mundo, que generen consenso y eso sí es posible; lo estamos viendo con la reforma laboral, con el comienzo del trámite de la reforma de la salud, con la votación del acto legislativo de autonomía territorial, apoyado por las mayorías Pacto Histórico y hasta el Centro Democrático y los partidos independientes.
Pero más allá del Congreso, nos hemos propuesto la tarea del acuerdo nacional, que no tiene que ver con la agenda legislativa solamente, que tiene que ver con la democracia, con enfrentar a los violentos, con la estabilidad institucional del país, con unas reglas de juego claras para el 2026. Y el tema de la implementación del Acuerdo de Paz, relacionado con la ley de Jurisdicción Agraria, que es la más importante. Por fuera del Congreso estamos trabajando en un plan de choque: transformación de los territorios en los 170 municipios PDET. Los temas de ese plan de choque fueron recibidos con bastante agrado y satisfacción en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero eso sí, hay muchos frentes en los que hay que trabajar, no hay derecho ni tiempo a descansar.
Pero la mayoría está pensando en las elecciones del 2026, ¿eso podría distorsionar la agenda?
Siempre el ambiente electoral perturba, sin lugar a dudas, pero hay espacio para el diálogo y el consenso.
Pasemos revista rápidamente. ¿La nueva reforma a la salud está concertada con todos los sectores?
Pues con la oposición no, porque no les gusta nada y quieren mantener el sistema de la Ley 100. Pero con los actores del sistema se hizo un proceso inédito en la historia legislativa de Colombia; antes de presentar esta ponencia se conformó una mesa técnica, participaron todos los actores del sistema, EPS, clínicas y hospitales, pacientes, trabajadores de la salud, la academia, exministros de salud, que hicieron todas sus recomendaciones y los ponentes, durante dos semanas, las concertaron. El fruto de ese trabajo es una ponencia que esos sectores reconocieron como un resumen con buena parte de sus iniciativas. Seguramente hace falta más y para eso es el debate legislativo, pero este proyecto de reforma a la salud arranca con pie derecho y con un clima de concertación muy distinto al anterior.
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Jurisdicción Agraria. La oposición insiste en que es un proyecto que habilitaría la expropiación exprés, ¿cómo van a conciliar?
No se trata de conciliar, el Congreso tiene que definir y estudiar con argumentos. Una cosa es el titular de la expropiación exprés, cuando se lee el texto, eso es ciencia ficción. Lo que hay es una decisión del Gobierno de hacer algo que a uno le parece increíble que la oposición radical se niegue y es tener jueces agrarios en los territorios más abandonados del país, para resolver los conflictos agrarios que son los que han generado la violencia en los últimos 50 años. También se ha concertado, se ha escuchado a los gremios y cuando menciona oposición, son uno o dos los congresistas que quieren hacer show con este tema.
Arrancaron diciendo que este gobierno iba a expropiar, no se ha expropiado un solo metro de tierra a nadie. Acabamos de hacer un acuerdo histórico en el norte del Cauca, el gobierno adquirió casi 1.500 hectáreas, a valor comercial, a los propietarios de predios que tradicionalmente habían sido objeto de confrontación entre los distintos sectores sociales y los gremios de producción. Esa tierra se les entregó a los indígenas, afros, campesinos y, ahora, esos mismos gremios que antes peleaban con ellos hoy están con el Ministerio de Agricultura trabajando, metiendo recursos para hacer que esas 1.500 hectáreas sean productivas y generen bienestar a las comunidades.
En el Congreso dicen que usted está abriendo las puertas de diálogo, pero que el presidente las cierra. ¿Qué responde?
Es un señalamiento injusto porque fue el presidente el que el pasado 20 de julio, cuando la oposición días antes decía que el presidente no iba a instalar el Congreso y que se iba a instalar una Asamblea Constituyente en la nacional, el que habló de acuerdo nacional. Nadie volvió a hablar de la constituyente, la oposición no reconoce ninguno de los avances y el diálogo para generar ese clima de tranquilidad.
Lo que hay es un tema de acción y reacción, yo no niego que a veces hay un lenguaje, unas expresiones duras que generan contradicciones y rechazo de uno y otro lado. Lo que tenemos que hacer es un llamado a disminuir esa confrontación verbal y a privilegiar los hechos sobre las palabras. El país avanza en muchos acuerdos nacionales al tiempo: el pacto por el crédito, el acuerdo del norte del Cauca, la reforma a la salud, la reforma laboral, la COP16, que unió a todos los colombianos. Privilegiemos ese clima de unión, de esperanza y de optimismo y no nos dediquemos a ser agoreros de la catástrofe y el fracaso. Nadie puede decir seriamente hoy que el Gobierno quiere imponer su visión y que no está escuchando y concertando.
En parte porque han tenido que ceder en varios puntos de las reformas…
Sí, la reforma laboral tiene muchos cambios, la reforma a la salud, igualmente; la reforma pensional salió muy distinta a cómo se presentó. Aquí lo que es claro es que hay un espíritu reformista que comparte la inmensa mayoría de los colombianos, pero también hay sectores todavía atados al pasado.
¿El presidente Petro lo escucha, porque la sensación es que en el gabinete la relación es muy vertical?
Escucha mucho, más de lo que la gente piensa, escucha mucho en los temas de paz, seguridad, agrarios. Hay mucho debate en el interior del gabinete y yo creo que esa es una sensación equivocada.
En todos los partidos hay divisiones internas y en el Pacto Histórico algunos no están de acuerdo con su gestión, incluso dicen que tiene una agenda propia. ¿Es así?
Tienen todo el derecho, estamos en democracia, ningún partido tiene unanimismo, yo no soy monedita de oro para todo el mundo. Así vamos avanzando, la inmensa mayoría del Pacto Histórico, y tengo que agradecer profundamente, ha apoyado la agenda legislativa del gobierno, con disciplina en las sesiones de Senado y Cámara; enriquecen el debate, aportan. De la tarea del Pacto Histórico, por lo menos en estos tres meses largos de gestión, no tengo quejas.
Lo propio pasa en el gabinete. Hay un sector petrista, para algunos purasangre, y otro que sería de centro. ¿Cómo se vive esa tensión?
Es divertido el debate público. Hace unos meses decían que el presidente se iba a ir con la primera línea, con los más radicales, es un gobierno que sólo tiene una línea radical. Este es un gobierno diverso, plural, incluyente, que opina, debate, en el cual hay discusiones y diferencias. Yo pertenecí al gabinete del presidente Santos durante tres años y ni le quiero contar, pero eso es democracia y es bueno, es sano para el país y para el Gobierno.
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Ministro Cristo habló de la reforma al SGP
Acaba de lograr la aprobación en Senado de una reforma que aumenta los recursos para las regiones, pero economistas e incluso voces dentro del gobierno dicen que eso va a quebrar el Estado. ¿Qué responde?
Se va a quebrar el Estado si seguimos con el centralismo en el que estamos, que no ha cerrado las brechas territoriales, que no permite un desarrollo económico de las regiones. Parece increíble que haya economistas anclados en el pasado que quieren desconocer los principios de la Constitución del 91. Este proyecto tiene cero costo fiscal. Lo que tenemos que definir los colombianos es a dónde van a ir nuestros recursos. Esa es la discusión sobre la ley de competencias, que además será la oportunidad para un gran acuerdo nacional.
Pareciera que algunos de esos tecnócratas y economistas quieren mantener un Estado glotón, obeso y grasoso en el nivel central y un Estado raquítico y debilucho en el nivel territorial. Si queremos alcanzar la paz alguna vez, transformar los territorios, tenemos que llevar un Estado fuerte a los territorios y disminuir el tamaño del Estado en Bogotá y en las capitales. Esa es la discusión, pero ahora la quieren disfrazar con unas cifras amañadas, amenazas y con pánico fiscal, que realmente me parece irresponsable por parte de quienes en algún momento han estado encargados de las finanzas del Estado.
¿Una de esas personas sería el ministro de Hacienda, su compañero Ricardo Bonilla? Los conceptos de esa entidad contra el proyecto eran muy claros.
No, hemos tenido una discusión interna muy amable desde hace tiempo, y llegamos a un consenso que avaló el presidente, porque además es uno de sus compromisos de la campaña, a la gente se le olvida de eso, y un compromiso que adquirió ante los gobernadores. Eso sí, el presidente dijo, y fue parte del acuerdo con el Ministerio de Hacienda, hay que avanzar en autonomía, pero hay que condicionar el giro de esos recursos a la ley de competencias, como en efecto está escrito en el texto. Sin ley de competencias no habrá aumento de recursos.
El proyecto tiene otros dos asteriscos: el riesgo de que aumenten las desigualdades entre regiones y la corrupción en los territorios que ahora tendrán más plata.
El giro de recursos tiene que cumplir ese propósito fundamental, cerrar las brechas entre los territorios. Si seguimos con esa desigualdad territorial, vamos a seguir los próximos 10, 15 y 20 años en la misma guerra. Y aquí desde Bogotá seguiremos quejándonos de que el Estado no está, pues no está porque los recursos se quedan en Bogotá, en una burocracia inoficiosa.
Con esa bolsa del SGP hoy se atiende la educación básica y secundaria. ¿Qué dice el acto legislativo? Con esa bolsa ahora se va a tener que atender además dos años más de educación, de 0 a 3, y empezar a pensar en sumar los dos primeros años de la educación superior.
O sea, ¿al final el que tuvo que ceder fue el ministro Bonilla?
Cedimos todos, pero sigue el debate, y están cediendo los gobernadores y los alcaldes, que insisten en aumentar del 20 % al 46,5 % y no al 39,5 %. Aquí no hay triunfadores ni vencidos, aquí lo que hay es un acuerdo que tiene que consolidarse en la Cámara en los dos debates finales.
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¿Es partidario de volver al 46,5 % en la Cámara?
No, estoy en el acuerdo que se hizo con Hacienda, pero soy absolutamente consciente de que van a llegar voces a plantear que el compromiso tiene que ser el 46,5 %, que es el espíritu original de la Constitución de 1991. Entonces, volverá el debate y eso es sano.
¿Y el tema de la corrupción? ¿Cómo se van a blindar esos recursos?
Este acto legislativo acaba con la intermediación de los políticos. Al usted fortalecer los departamentos y municipios, al girar los recursos directamente, se acaba esa intermediación que ha generado unos niveles de corrupción, que además tiene que ver con el sistema político en Colombia.
No podemos empezar a ver la calentura en las sábanas, corrupción hay en los municipios, en los departamentos, en la Nación. ¿Dónde surgió el escándalo de Ocad Paz? En Planeación Nacional, en Bogotá. ¿Dónde surgió el escándalo de Centros Poblados? En el Ministerio de las TIC, en Bogotá. Y para que no digan que solo habló del anterior gobierno, ¿dónde surgió el escándalo de la Unidad de Riesgo? Y claro que hay escándalos de corrupción en los departamentos, que hay gobernadores capturados, entonces no desviemos el debate. Miremos cómo vamos a luchar contra la corrupción en lo local y en lo nacional, pero distribuyamos la competencia. Lo primero que tenemos que hacer todos es reconocer que el centralismo fracasó como modelo para resolver los problemas de la gente en los territorios.
Lo que piensa el ministro Cristo de las elecciones del 2026
Usted es un político de centro, ¿qué cree que le conviene más al país en 2026, que llegue al poder esa tercera vía o darle continuidad al proyecto del presidente Petro?
Yo soy básicamente un liberal reformista y creo que este país tiene que seguir avanzando en las reformas. El debate del 2026 no puede ser la oportunidad para que volvamos al statu quo, para que volvamos al pasado. Pero es un debate que todavía no ha comenzado y obviamente no puede intervenir en política. El debate va a ser entre quienes piensan que hay que seguir avanzando en reformas y quienes consideran que el statu quo está bien.
El compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio del Interior es claro y quedó consignado en las bases del acuerdo nacional de mínimos: garantizar unas elecciones seguras y tranquilas; garantizar la estabilidad institucional, respetar el calendario electoral y no cambiar las reglas de juego.
Hay unos sectores radicales de oposición que siguen apostando a generar miedo e incertidumbre. Los invitaría a que hagan la campaña del 2026 sobre la base de propuestas y no sobre el miedo. Los colombianos elegirán libremente. Lo importante para el Gobierno es que podamos hacer un acuerdo nacional para defender la democracia de los violentos, para evitar la interferencia armada, para garantizar unas elecciones tranquilas.
Usted dice que es un hombre liberal. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando en el Partido Liberal, la reelección de César Gaviria?
Soy liberal reformista, pero hace tiempo no pertenezco al Partido Liberal, pertenezco a En Marcha y no quisiera opinar sobre sus asuntos internos. Solo podría decir que las imágenes que vi de la convención, como miembro que fui, ya no lo soy, pero soy un liberal de pensamiento, me llenaron de mucha nostalgia y tristeza de las épocas en las que había discurso, democracia interna, donde se votaba libremente, donde se daban garantías a todos los sectores. El Partido Liberal es un bastión muy importante de la democracia colombiana y ojalá pueda salir adelante de la crisis en la se encuentra.
¿Cómo impacta esa decisión en el Congreso?
Las bancadas liberales de Senado y Cámara han venido acompañando, con pocas excepciones, las reformas del gobierno del presidente Petro y estoy seguro que lo van a seguir haciendo.
¿Hay un golpe de Estado o un golpe blando en marcha, como lo denunció el presidente?
Creo que hay unas decisiones equivocadas del Consejo Nacional Electoral que generan esa sensación, espero que poco a poco, en la medida en que se vayan utilizando los mecanismos jurídicos para tumbar las decisiones equivocadas, la institucionalidad se va a ir deshaciendo de esos temores.
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Es decir, ¿no hay golpe de Estado?
Yo no creo en el golpe de Estado, confío mucho en la fortaleza institucional del país.
¿La reelección está descartada?
Totalmente, desde hace tiempo. No sé por qué siguen en eso. Ese es el compromiso, además expresado no solo por el ministro del Interior, es la voluntad del presidente. Ni siquiera hay en trámite una norma para reformar la Constitución en ese sentido ni la va a haber.
¿Considera que se enredó la paz total? Hoy la mayoría de las mesas tienen problemas.
Hay claros y oscuros. Hay avances en las negociaciones con las disidencias de Calarcá y en Nariño con el Frente Comuneros. Cualquier grupo que quiera realmente reincorporarse y negociar la paz, va a encontrar un gobierno con la mano tendida para facilitar ese proceso. Pero aquellos como Iván Mordisco y el ELN, que persisten en la violencia, tienen que encontrar la mano dura del Estado colombiano, de nuestras fuerzas militares, como lo estamos haciendo en el Cauca.
Espero que el ELN, que es el proceso de paz, en mi concepto con una mesa más sólidamente conformada, recapacite sobre su actitud. Se había avanzado en el cese al fuego, en el punto uno de la participación de la sociedad civil y de buenas a primeras empezaron a retroceder. Sí, tenemos dificultades en seguridad, la política de paz total del presidente fue muy ambiciosa, muy generosa desde el primer día y no ha encontrado una respuesta similar por parte de ciertos grupos a los cuales hay que enfrentar, pero nunca tirar al mar la llave de la paz.
¿Qué van a hacer para mejorar la ejecución?
Hay un problema fiscal evidente, no es solamente la ejecución de los ministerios. Hay un sobreendeudamiento del Estado como consecuencia del COVID. En el presupuesto de este año el pago de la deuda externa era de $92 billones y en el del próximo año está contemplado en $114 billones y eso no es nuevo endeudamiento, es el endeudamiento del gobierno del presidente Duque.
¿Hasta cuándo va a estar en la cartera?
Hasta cuando el presidente resuelva.
Varios dicen que ya está pensando en 2026. En la campaña que empezará el otro año.
Que me dejen, que hasta ahora llevo tres meses, que me dejen siquiera pasar la Navidad. Ahora no tengo tiempo para esos malos pensamientos. Estoy aquí dedicado, concentrado en el acuerdo nacional, en el Acuerdo de Paz y en una agenda legislativa reformista.
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Por David Efrén Ortega
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