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Una mujer sostiene un hilo tenso frente a sus ojos. Al fondo, un magistrado relata cómo miembros del Ejército asesinaron a miembros de su comunidad y, con mentiras y documentos falsos, los hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate. La mujer es autoridad espiritual del pueblo kankuamo, de los más afectados por los falsos positivos en Cesar. Y está tejiendo, como es usual en su pueblo, mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) esclarece lo que les ocurrió a los suyos. Este 18 de julio, después de 20 años, una docena de militares aceptaron que hubo una estigmatización y persecución contra campesinos e indígenas del Caribe.
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Ocurrió en Valledupar, donde la JEP celebró la segunda audiencia de reconocimiento del macrocaso 03, en el que se investigan los falsos positivos. En la capital del Cesar tiene sede el batallón La Popa, unidad militar a la que pertenecen los 12 militares que reconocieron haber cometido 127 asesinatos bajo esta práctica, entre 2002 y 2005. Mientras la mujer tejía, tomó la palabra en la audiencia otra autoridad de su pueblo: Jaime Luis Arias. Mirando a los militares, les dijo: “El involucramiento de kankuamos en la guerra no obedece a una decisión colectiva del pueblo, sino a una circunstancia de la guerra misma”.
Una a una, las víctimas que encararon a los militares les pidieron que reconocieran que sus hermanos, primos y padres no eran guerrilleros. “Mi hermano murió por una guerra en la que ni siquiera estaba”, señaló Osmaira Nieves Oñate. “¿Quién se iba a imaginar que me iban a matar a un hermano, si no era paraco, no era guerrillero, no era nada?”, se preguntó Rocío Escorcia, hermana de John Jader Escorcia, quien no ha parado de buscarlo en casi 20 años desde su desaparición. “Carlos Mario no pertenecía a ningún grupo, era un campesino como lo soy yo, pertenecía al pueblo wiwa”, aseveró Franklin Navarro sobre su hijo, Carlos Mario Navarro.
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Los kankuamos y los wiwas, pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada, vivieron durante años acorralados por la guerra, mientras desde el Estado los señalaban de aliados de la guerrilla. La situación era de tal gravedad, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a ambos pueblos. Pero, como aseguró Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo wiwa, esto no detuvo la violencia: “Los encargados de respetar y hacer valer nuestros derechos hicieron todo lo contrario”.
Osmaira Oñate, del pueblo wiwa, encaró a sus victimarios y les contó cómo era para ellos vivir en ese entonces: “Nos enmudecieron. En aquel entonces nos daba miedo hablar porque todo el mundo nos señalaba. Nos restringieron los alimentos para comer. Nos restringieron el agua para beber, porque si bajábamos a un río, a donde éramos tan libres, no regresábamos o, si regresábamos, era dentro de un cajón y vestidos de camuflado, como un guerrillero o como un paraco”. Así le ocurrió a su hermano hace 18 años, y Oñate aún carga el periódico en el que se registró la noticia en la que se le señalaba de ser un guerrillero muerto en combate.
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“Con ese periódico usted honra la memoria de su hermano, reivindica su buen nombre, reitera su inocencia. Esperemos que estar aquí alivie también su dolor”, le dijo la magistrada Julieta Lemaitre a Oñate. Su pedido es el de varias víctimas: que los militares reconozcan que sus familiares no eran guerrilleros, que eran personas humildes. En la mañana, el magistrado Alejandro Ramelli había advertido que, con insistencia, los familiares de víctimas de falsos positivos hacen este llamado y les propuso a los presentes que vieran que esta “también es una audiencia de dignificación de sus nombres”.
Las audiencias de ayer se concentraron en las víctimas que fueron asesinadas en alianza con grupos criminales. La JEP determinó que, en al menos 16 ocasiones, los paramilitares les entregaron víctimas a uniformados del batallón La Popa. Un soldado, un agente de inteligencia, un comandante de grupos especiales y otros uniformados contaron ante las víctimas cómo se tejió la alianza con las autodefensas durante la comandancia del coronel (r) Publio Hernán Mejía. “Tanto el número de las supuestas bajas como el lugar donde se debían presentar eran coordinadas por el coronel Mejía y alias 39”, comentó Héber Hernán Gómez, antiguo jefe de operaciones de La Popa.
“Posteriormente, nos enteramos de que esa persona no era ningún guerrillero, sino que era alguien del pueblo y, aparte de eso, que tenía un problema de salud”, reconoció el sargento retirado José de Jesús Rueda, sobre el asesinato de Wilfrido Chantris, un joven con discapacidad cognitiva que ejecutaron hombres bajo su mando. Los miembros del batallón La Popa, además, asesinaron a una niña indígena de 13 años que estaba en embarazo y la hicieron pasar por una baja. El soldado Yeris Gómez englobó en una frase la actitud que tenían frente a este tipo de bajas: “Siempre seguí órdenes de mis superiores, sin cuestionarlas”.
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Este 19 de julio, la audiencia continuará tejiendo la verdad sobre los daños que sufrieron los pueblos kankuamo y wiwa, así como personas humildes del Cesar y otros lugares del Caribe. Según ha determinado la JEP, los falsos positivos mutaron cuando el coronel (r) Mejía dejó la comandancia de La Popa y, aunque la presión por presentar muertos en combate persistió, ya no se dieron estos crímenes en alianza con paramilitares. Los 12 militares tendrán que reconocer, ahora, cómo perfilaron ellos mismos a inocentes en retenes y en otras ciudades. Y tendrán que contestar los interrogantes de las víctimas, que siguen preguntando: ¿por qué?
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