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Comenzó la etapa final para emitir la primera sanción propia contra el secretariado de las antiguas Farc por la política sistemática de secuestros. Este crimen, que dejó más de 21.000 víctimas directas e indirectas y que marcó un capítulo de terror de la guerra en Colombia. Algunas de ellas se presentaron este 31 de julio en la audiencia de verificación del caso 01, en la Biblioteca Virgilio Barco en Bogotá, en la antesala de la sentencia en contra de los últimos siete excomandantes de la guerrilla. Un proceso que busca sancionarlos por los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante el conflicto armado. La diligencia, que continúa este viernes 1 de agosto, no arrancó bien.
En una sala dividida entre las víctimas y los exjefes de las Farc, los magistrados del Tribunal para la Paz valoraron por última vez las propuestas presentadas por los comparecientes para reparar el daño que causaron. Solo si estas medidas cumplen con los criterios de viabilidad, sostenibilidad y contenido restaurativo, podrán ser aprobadas. El magistrado relator, Camilo Suárez, tomó la palabra para abrir la audiencia con una frase que marcó el tono del encuentro: “La libertad fue lo que más estuvo en juego”. Sus palabras no eran solo introductorias, sino el recordatorio de que lo que estaba en discusión, no era solo una sanción, sino el horror vivido por las víctimas, las cuales son el centro de este el sistema de justicia transicional.
A la derecha de los magistrados, tres víctimas tomaron asiento, como representantes de los más de 4.200 hechos acreditados en el caso. A la izquierda, los hombres que encabezaron el secretariado de las Farc en su última etapa: Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Pastor Alape, presentes físicamente. De forma virtual, alegando razones médicas, intervinieron Milton Toncel, alias Joaquín Gómez, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Rodrigo Granda. En el caso de Pablo Catatumbo, quien tampoco asistió por razones de salud, fue su abogado, Orlando Bernal, quien lo representó. Todos ellos ya reconocieron previamente su responsabilidad en la implementación de una política de secuestros, y aceptaron su compromiso de seguir aportando verdad en este y otros casos de la JEP.
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Ante la ausencia de cuatro comparecientes del secretariado, el magistrado Suárez declaró que “no solo es una responsabilidad jurídica, no solo es el cumplir una orden judicial, es un compromiso ético, es un compromiso moral”, la asistencia presencial a la audiencias. Suárez aclaró que La Sección de Reconocimiento de Verdad conocía de las incapacidades médicas presentadas con anterioridad por alias Timochenko y Rodrigo Granda, pero “no me queda claro particularmente la ausencia de Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo)”. Luego de que el abogado Bernal alegará una condición en la columna de su defendido, el magistrado Suárez dijo en tono firme que esperaba que “el señor Torres Victoria pueda concurrir presencialmente el día de mañana”.
Antes de que tuviera lugar esta audiencia, el magistrado Camilo Suárez respondió a los cuestionamientos del procurador Andrés Rodríguez sobre la presunta falta de articulación y claridad en los proyectos restaurativos que llevarán a cabo los excomandantes. “Ese camino que ha realizado la jurisdicción ha tenido siempre una vocación restaurativa”, respondió Suárez, aclarando que “no es un camino improvisado. Es un camino contra el cual esta sección ha tenido que sortear diferentes momentos de debates jurídicos (…) y seguimos aspirando a que se respete el principio de la lealtad procesal”. Asimismo, el magistrado resaltó que el sistema busca una verdad integral, justicia, reparación y garantías de no repetición.
“Se nos dice, ‘no hay planeación’. Se nos dice, ‘hay desconocimiento’. Se nos dice, ‘falta agenda de territorialidad’. Esta es una audiencia que trasciende, por supuesto, lo jurídico. Sobre lo político, no me expreso, los jueces no somos políticos. El debate político puede estar de la puerta para fuera, pero no en este recinto”, agregó Suárez. Y agregó que esta audiencia como novedosa en el sistema jurídico colombiano, y que no se traducirá a una “sentencia de papel, sino sentencias que tengan un impacto restaurativo, un impacto en las víctimas, una sentencia que transforme. Recuerden, esto es justicia prospectiva. Juzgamos el pasado para tener un mejor futuro”.
Estas palabras fueron apoyadas por el magistrado Juan Ramón Martínez: “Este es el momento de la responsabilidad y la verdad”, expresó, dejando claro que la audiencia no era solo un trámite, sino la culminación de un proceso dialógico y restaurativo de años. Las víctimas intervinientes evaluaron los aportes recibidos por parte de los comparecientes y también los cuestionaron. Una de esas voces fue la de Sigifredo López, exdiputado del Valle y víctima de secuestro por las Farc en 2002, en un caso que terminó en la masacre de 11 de sus colegas. Con tono firme, López interpeló a la magistratura: “Para las víctimas no”. Su frase se refería a si las víctimas han encontrado justicia en este proyecto de sanción para la exguerrilla. Según él, la respuesta es negativa.
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“Con mucha decepción, con mucha tristeza, con mucha impotencia, tengo que registrar hoy que la JEP se está convirtiendo en un tribunal de máxima impunidad. Hay una decepción: aquí no hubo justicia, y lo digo como alguien que salió a caminar en favor del Acuerdo de Paz, alguien que salió a votar en favor del plebiscito, alguien que ha defendido esta institución de la JEP, porque yo creí en esto. Pero estoy completamente decepcionado de todo lo que ha ocurrido acá. En siete años no han producido una sola sentencia de fondo y la primera que van a producir, es una que se caracteriza por la impunidad. Esto no corresponde al inmenso daño que causó la guerrilla”, expresó López para El Espectador.
¿Cuáles son esas líneas que se proponen en el proyecto de sanción para el secretariado de las Farc que han causado tanta controversia? El jefe de la Oficina Asesora de Estructuración de Proyectos de la JEP, Rosemberg Leguizamón, explicó que la sanción se enmarca en cuatro macroproyectos: “impulsar la memoria y la reparación simbólica; la búsqueda de personas dadas por desaparecidas; la acción integral contra minas antipersonales; el medio ambiente, la naturaleza y el territorio, con el desafío que representa tener hechos y actores de manera masiva en 30 departamentos y un gran número de municipios a lo largo y ancho del territorio nacional”.
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Sin embargo, la viabilidad de esas iniciativas depende también del compromiso institucional del Estado. Por eso, a la audiencia acudieron 15 entidades del orden nacional, regional y local, como la Unidad de Búsqueda, el SENA, los ministerios de Justicia, Defensa e Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), entre otros. Durante la jornada, se reiteró que el cumplimiento de las sanciones propias no solo debe ser legal, sino también realista. Deben ser monitoreables, sostenibles y efectivas, advirtió el magistrado Suárez. La magistratura explicó que ya se inició un proceso de articulación con estas entidades para garantizar que Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (Toars) puedan ejecutarse de forma concreta en los territorios.
Luego de que Leguizamón explicará las acciones que se enmarcan en cada proyecto, las entidades estales dieron una breve presentación de la oferta y recursos que se dispondría para cada línea de la sanción. Frente a la primera que busca impulsar el eje de la memoria, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), anunció el desarrollo de un memorial web “sobre paz, reconciliación y memoria histórica que ya se han difundido a nivel nacional e incluso internacional. En este punto pueden converger los relatos de las víctimas”, explicó Raúl Núñez, director jurídico del ministerio. Aunque las víctimas intervendrán este viernes, en el ambiente quedó una sensación de incertidumbre sobre la viabilidad de este tipo de proyectos y su alcance reparador.
En medio de la falta de certezas, llegó el momento más tenso de la audiencia. Ocurrió con la presentación del proyecto de desminado. Ante los cuestionamientos por la falta de financiación estatal al Grupo de Acción contra Minas (OCCP), entidad que hoy depende en un 80 % de la cooperación internacional, el magistrado Camilo Suárez emitió una orden judicial directa: exhortó al presidente Gustavo Petro y ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a que reconfiguren de forma inmediata la estructura operativa del OCCP, que calificó como “desdibujada, sin recursos ni capacidad instalada”. Además, recalcó la urgencia de fortalecer la Dirección de Acción Integral contra Minas. “Es muy poco lo que se está haciendo”, advirtió el propio magistrado.
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Frente al proyecto de restauración ambiental, que comenzará en el páramo de Sumapaz, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, señaló que realizarán un plan de restauración con un equipo técnico con el cual se diseñará el plan, que incluye programas de ecoturismo y pedagogía ambiental. La diligencia continuará este viernes, con la presentación de la última medida sobre búsqueda de desaparecidos y la intervención de las víctimas, que será crucial en esta etapa del proceso. Con tensiones, cuestionamientos y la expectativa de la viabilidad de estas sanciones, así terminó el primer día de audiencias, con el sinsabor de unos proyectos desfinanciados, sin claridades en su ejecución, mientras que la JEP promete que no se quedarán en el papel.
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