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La pregunta que se hacen muchos en Bolivia hoy es, según analistas locales, cuánto tiempo le queda de oxígeno al gobierno de Rodrigo Paz. Tan solo seis meses después de haber asumido el poder, el mandatario enfrenta su primera gran crisis, con una serie de bloqueos en casi todo el país que ya cumplen dos semanas y cuya respuesta ha sido cada vez más cuestionada. Según la prensa regional, la represión ya deja cuatro muertos, y los choques parecen no haber encontrado su punto de inflexión.
“Puede que la apuesta sea aumentar el nivel de presión por parte de los organismos represivos, pero históricamente, a medida que la represión ha aumentado, las movilizaciones más bien se han agudizado generando una crisis política terrible. El problema es que no hay con quién dialogar. Se está persiguiendo a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) para meterlos presos”, declaró Emilio Rodas, analista y exviceministro de Autonomías de Bolivia, a Página 12.
Fernando Torres Gorena, director del Observatorio de Política Exterior Boliviana (Opexbol), coincide con el análisis de Rodas al señalar que hay problemas en la mesa de diálogo, pues los referentes del COB son arrestados por el gobierno y “así no se puede negociar”. Sin embargo, agregó un componente que hace que la crisis boliviana ya no sea solo un problema doméstico: la internacionalización del conflicto.
Según Opexbol, el gobierno de Paz priorizó construir apoyo externo antes que las instancias de negociación interna. A través de un comunicado de la Cancillería, el gobierno buscó “posicionar el conflicto boliviano en la agenda internacional mediante una lógica de denuncia y búsqueda de respaldo político externo”.
“Como resultado de ello, gobiernos como los de Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador y Chile, además del Estado de Israel y otros actores internacionales (como EE. UU.), emitieron pronunciamientos sobre la situación interna boliviana”, señaló Opexbol.
No ha sido el único factor de internacionalización. El expresidente boliviano, Evo Morales, denunció que el presidente argentino Javier Milei envió un avión militar Hércules con material antidisturbios para colaborar con el Ejecutivo boliviano en la represión de las manifestaciones, algo que el canciller argentino, Pablo Quirno, ha rechazado.
Paralelo a esto se presentó lo que el gobierno boliviano calificó de “injerencia externa”. El presidente colombiano, Gustavo Petro, no se limitó a pedir paz en suelo boliviano, sino que se refirió a las protestas abiertamente como una “insurrección popular” y una “respuesta a la soberbia geopolítica”. La Paz reaccionó a esto expulsando a la embajadora colombiana, Elizabeth García, y declarándola como “persona non grata”. Petro, después, dijo que había sido una “extralimitación”.
Esto puede leerse como un error táctico de Colombia. A un gobierno nuevo que lleva solo seis meses en el poder y que está tratando de proyectar fuerza ante el descontrol territorial, que el presidente de Colombia le diga que necesita ayuda externa para gobernar fue leído como una humillación y una intromisión flagrante. Ocurrió lo contrario con México.
A diferencia de la retórica confrontativa de Petro, la delegación mexicana ante la Organización de Estados Americanos, encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez, optó por una estrategia técnica y apegada a las formas de la diplomacia tradicional. En lugar de validar las protestas como una “insurrección”, Encinas hizo un llamado respetuoso a canalizar las demandas a través de los “mecanismos institucionales y democráticos” y en “estricto apego al orden constitucional de Bolivia”.
Al ampararse bajo los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, México logró dos cosas: criticar sutilmente la represión y desmarcarse de la línea dura de Washington, donde el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, ya calificaba las movilizaciones como un “golpe de Estado en marcha” impulsado por el crimen organizado, sin darle a la Cancillería boliviana ninguna excusa jurídica para expulsar a su representante, algo que no sería un mero impulso.
Durante los años de Luis Arce y Evo Morales, el eje Bogotá-La Paz era sumamente cercano. Petro compartía con ellos una agenda común en torno a la protección de la Amazonía, la reforma a la política de drogas y los discursos antiimperialistas. Sin embargo, la llegada de Paz cambió el tablero por completo. Al adoptar una agenda económica de ajuste tradicional, acercarse al FMI y buscar el cobijo político de Washington, la sintonía ideológica con el Palacio de Nariño se rompió de golpe. Pasaron de ser “aliados del proceso de cambio” a vecinos distantes que se miraban con recelo.
A pesar del viraje de Bolivia, la diplomacia colombiana intentó mantener canales abiertos. El nombramiento de García como embajadora en La Paz tenía como objetivo primordial cuidar los intereses de Colombia en la Comunidad Andina (CAN) y evitar que la polarización ideológica congelara el comercio bilateral. Las relaciones operaban bajo una lógica puramente institucional y de bajo perfil, pues se evitaban las declaraciones estridentes y se mantenían las formas diplomáticas tradicionales, aunque el ambiente ya era tenso tras bambalinas debido al cambio de modelo en Bolivia.
Las palabras de Petro, entonces, no hirieron una amistad sólida, sino que más bien, fueron la excusa perfecta que el gobierno de Rodrigo Paz estaba esperando para terminar de romper con un eje regional con el que ya no tenía ninguna afinidad política.
Para Torres Gorena, el caso de la embajadora García “no significa ruptura de relaciones con Colombia, pero lesiona a la bilateralidad y también a la CAN”. Las exportaciones colombianas (valuada en unos USD 80,6 millones, según Procolombia), no deben alarmarse por esto. Pero lo que sí expone es una fractura geopolítica mucho más profunda en América Latina. La crisis ha dividido a la región en dos bloques irreconciliables. Por un lado, un frente mayoritario que incluye a países como Argentina, Paraguay, Chile y Perú, alineados estrechamente con la narrativa de Washington. Por el otro, el eje Colombia-México, que observa con alarma el uso de la fuerza del Estado, pero que hoy paga el costo de la desunión.
De esta manera, los mecanismos de integración difícilmente pueden actuar como mediadores eficaces ante crisis de subsistencia real. Mientras el conflicto supera sus propias fronteras, el oxígeno que recibe Paz de sus aliados no sirve para frenar una inflación que asfixia el bolsillo de los bolivianos. El precio de un pollo ya roza los 130 bolivianos (COP 71.000), una cifra que, por la inflación, pulveriza los bonos estatales con lo que Paz intenta calmar la situación.
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