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En el Palacio de Justicia de Bogotá, la casa de las altas cortes, los ánimos están tensos. La preocupación también llegó a la Procuraduría y todo por una reciente decisión de un magistrado del Consejo de Estado que le puso los puntos a las íes a un tema sensible que parecía saldado: la capacidad que tiene el Ministerio Público de sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Para el consejero Gabriel Valbuena, ponente de la decisión, el Consejo de Estado no puede revisar las sanciones que emita la Procuraduría, una posición que deja en el limbo a todas las decisiones de este tipo y que, de paso, desautoriza de frente a una orden emitida por su vecina, la Corte Constitucional.
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Aunque se trata de un tema complejo, sobre todo porque el trasfondo es jurídico, la situación es de altísima gravedad, pues lo que deja sobre la mesa la decisión de Valbuena es que nadie, al menos no por ahora, podría revisar las sanciones del Ministerio Público y, en consecuencia, no es clara la validez que pueden tener. Con un dato adicional que vuelve más complicado este asunto: en cuatro meses hay elecciones populares, y durante la previa y el remate de estas votaciones, el papel de la Procuraduría ha sido clave para evitar y sancionar, especialmente en casos de corrupción, electoral y de contratación, de participación en política, y también para vigilar las nuevas administraciones regionales y departamentales.
En esencia, lo que sostiene el magistrado Gabriel Valbuena, que estudió el caso de la exalcaldesa de Arjona (Bolívar), es que el Consejo de Estado no puede revisar esas sanciones, así se lo haya ordenado la mismísima Corte Constitucional. El consejero defiende su posición con dos argumentos. El primero, porque su vecina se equivocó al decir que era el Consejo de Estado el encargado de ponerle la lupa a esas decisiones, y a su juicio desconoce abiertamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dos, porque si lo hace, se crearía una violación grave a la separación de poderes, pues, insiste, esa no esa una tarea que tenga el alto tribunal. La decisión del consejero Valbuena tiene su génesis clara: la polémica reforma a la Procuraduría promovida por Margarita Cabello.
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Tan criticado como celebrado resultó ese cambio en la estructura del Ministerio Público que, más allá de sus detalles de filigrana, tenía un único propósito, para muchos, más político que judicial: que la Procuraduría acatara una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero no perdiera, bajo ninguna circunstancia, su capacidad de sancionar disciplinariamente a funcionarios de elección popular. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público pierde esa capacidad, prácticamente queda sin ningún poder judicial y, en consecuencia, lo lógico era recortar su presupuesto y capacidad. En pocas palabras, la Procuraduría perdía sus dientes y su poder. Aquí es donde este debate termina siendo uno más político, atravesado, eso sí, por las togas.
No fue un tema fácil el de resolver la orden de la instancia internacional. En el trasfondo de esa decisión estaba el caso del hoy presidente Gustavo Petro, que logró llevar su caso de destitución al sistema interamericano y salir victorioso. La Corte IDH encontró que la decisión de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez de sacarlo de la Alcaldía de Bogotá, en diciembre de 2013, desconoció sus derechos políticos porque solo un juez penal podía emitir ese tipo de sanciones. Nunca una instancia disciplinaria como la Procuraduría. Con el papel en mano, Margarita Cabello promovió una reforma al sistema de sanciones que, en el fondo, no cumplía con lo ordenado por la Corte IDH.
Esa situación la terminó revisando la Corte Constitucional. En una decisión criticada en el mundo jurídico y político, el alto tribunal dejó con vida esa nueva fórmula de Cabello, pero le puso varias reglas, entre ellas, que sí podía seguir sancionando a alcaldes, gobernadores, diputados, entre otros, pero que su decisión la debía revisar sí o sí un juez. Por esa razón, el Consejo de Estado terminó metido en el baile. Sin embargo, el magistrado Gabriel Valbuena fue claro en decir que, no solo la Corte se equivocó abiertamente al pedirle al Consejo de Estado que estudiar esas sanciones, sino que Colombia sigue incumpliendo el fallo de la Corte IDH que dijo explícitamente que la Procuraduría no podía sancionar con destituciones.
Como si ya el asunto no fuera complicado, la posición de Valbuena tiene otro problema: no es la única. Hace unas semanas, otra sala especial de decisión del Consejo de Estado sí aceptó estudiar una sanción de otro funcionario, acatando la orden de la Corte Constitucional. En palabras más sencillas, hay unos magistrados que están de acuerdo con estudiar los casos, y hay otros que no. El problema no es menor, pues estas diferencias crean vacíos jurídicos que afectan de manera directa y grave el acceso a la justicia de miles de funcionarios públicos que podrían ser sancionados por la Procuraduría. En palabras sencillas, ni los magistrados de las altas cortes están de acuerdo en cómo resolver este asunto.
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¿Y entonces, quién debe sancionar o revisar las decisiones del Ministerio Público? La respuesta no es para nada clara. Primero, porque la Corte IDH ya dijo que quien debe sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular son los jueces, pero la Corte Constitucional, la instancia más alta para la protección de los derechos en Colombia, ya le dio luz verde a la Procuraduría para que siga haciéndolo. Y segundo, porque, como lo expresó el magistrado Valbuena, el sistema judicial colombiano estaría incumpliendo un fallo de la Corte IDH, y el Consejo de Estado no puede hacer tareas que la Constitución no le autoriza a cumplir. En este caso, revisar fallos disciplinarios.
Para quienes conocen los intríngulis políticos de esta situación, y también los líos jurídicos, el llamado a revolver el problema es el Congreso. “Aquí se necesita una ley que esté en armonía con lo ordenado por la Corte IDH, con los derechos humanos, y que deje escrito explícitamente cuáles son los jueces que deben sancionar disciplinariamente a estos funcionarios. Los jueces no pueden seguir definiendo esta situación, apunta de sentencias. El sistema democrático representativo debe funcionar”, expresó el exconsejero de Estado, Jaime Orlando Santofimio. Ahora bien, el problema en esa propuesta es que cualquier cambio en la Procuraduría tiene sus implicaciones políticas.
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“Para nadie es un secreto los favores políticos que se cuadran en el Congreso a cambio de puestos en la Procuraduría. Por eso es muy complejo que se den la pelea de quitarle los dientes al Ministerio Público. Pero esa regulación de las labores de la Procuraduría es urgente y muy necesaria”, expresó una fuente del Consejo de Estado que conoce bien el dilema, pero pidió reservar su identidad. En el fondo, agregó la funcionaria del alto tribunal, “sí hay una difícil posición que pusieron a las altas cortes, en un evidente choque de trenes, en el que debe prevalecer, por encima de cualquier cosa, el respeto a la Constitución Política y la separación de poderes”.
La tensión por los fallos de las altas cortes y sus impactos en la Procuraduría sigue subiendo. La comunidad jurídica ha enviado mensajes urgentes para que la Sala Plena del Consejo de Estado unifique sus posiciones para entender qué debe pasar con las sanciones. Pero esa discusión tampoco es una sencilla, pues ya es evidente que los magistrados están enfrentados en sus argumentos. Ahora bien, todo eso podía evitarse si el Congreso regula las funciones de la Procuraduría y deja claro hasta dónde pueden ir sus decisiones. En todo caso, más allá de los asuntos jurídicos, en el fondo existe una pelea que no solo es de grandes juristas, sino también un debate de tintes políticos a cuatro meses de las elecciones regionales. La polémica está abierta.
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