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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Todos los gobiernos proponen y hacen reformas tributarias, unos logran unas más ambiciosas que otras, algunos las socializan y otros las llevan al Congreso sin tanta conversación como el país quisiera y todo termina en protesta social e incluso con la renuncia de ministro de Hacienda. Una cosa es el documento que entra a debate -el proyecto de ley-, y otra cosa lo que se termina aprobando, nos han dicho hasta la saciedad los analistas políticos cada vez que se indaga sobre dichas reformas y, en efecto, suele suceder que lo que se termina aprobando es una colcha de retazos a la que le metieron muchas manos en el legislativo, el mismo lugar a donde llegan todos los lobistas tratando de defender los intereses de quienes los han contratado porque se sabe que los votos en el Congreso son determinantes. Así que esta es, sin muchas vueltas, la realidad. En general, todas estas propuestas buscan perseguir a los evasores, atacar frontalmente a la corrupción. Todas quieren ser una reforma tributaria estructural, pero ninguna lo ha logrado. Y ahora, con la llegada del nuevo presidente, Gustavo Petro, y sus ideas de cambio, el avispero tributario está más agitado que nunca. Así que, como muchos de ustedes nos escribieron y propusieron, este boletín está dedicado a todas las declaraciones que han venido saliendo, con cuentagotas, sobre la que se cree que será la reforma tributaria que se nos viene -porque todavía no hay un documento final- y que, de acuerdo con el que será el nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes, estarán radicando como Gobierno el mismo 7 de agosto, el día en el que inicia el próximo mandato. Comencemos, no sin antes aclarar que la inflación esta disparada, que el dólar llegó a máximos históricos la semana pasada, que hay temores de recesión en Estados Unidos, que los bancos centrales siguen subiendo las tasas, que endeudarse en este momento está por las nubes y que aunque la economía creció 16,5% en mayo de 2022, lo que se ve es que “las empresas en Colombia están produciendo más con menos mano de obra, lo que se traduce en un reto importante para el desempleo”. Ahora sí, comencemos:
Antes de irnos a las declaraciones que han venido saliendo de los funcionarios ya designados por Gustavo Petro, vayamos un poco atrás para revisar, con análisis en mano, de dónde venimos y para dónde vamos. El 20 de julio del año pasado fue radicada la cuarta reforma tributaria de Iván Duque con la que se buscaba obtener $15,2 billones. Una tarea nada fácil después de que el anterior proyecto de ley, la fallida tercera reforma tributaria, liderada por Alberto Carrasquilla, provocara el que ha sido llamado el mayor estallido social en la historia reciente de Colombia y que obligó precisamente a Carrasquilla a entregar su carta de renuncia. Su reemplazo, José Manuel Restrepo, llegaba a calmar las aguas buscando los recursos para atender el déficit fiscal y el gasto social, disparado por la crisis que trajo la pandemia. Cuatro días después, el 24 de julio, Jorge Sáenz, colega de la sección de Negocios, nos invitaba a una reflexión que aunque se leía muy cruda, era realista: “Una vez aprobada esta reforma tributaria, ¿cómo será la siguiente?” Si, la evidencia indicaba que el documento que se acababa de radicar no era suficiente para cubrir las necesidades de largo plazo y por eso era preciso advertir que se vendría una nueva, ya en manos de quien ganara las elecciones. Tan complicada estaba la situación que leíamos a diario sobre el incremento en los indicadores de pobreza, el deterioro del mercado laboral y la caída de la actividad económica que, por eso, como dijo Restrepo, se necesitaba la implementación de “iniciativas fiscales expansionistas en el corto plazo para mejorar las condiciones de vida de la población”.
El martes 7 de septiembre, cuando ya había sido aprobada nos dijeron, en síntesis, que se extendían los programas sociales como Ingreso Solidario, la extensión del subsidio a la nómina (PAEF) para beneficiar a 60.000 micro y pequeñas empresas y 400.000 empleados, se aseguraba el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en educación profesional pública, pero se quedaban por fuera medidas como el impuesto a las bebidas azucaradas. No se tocaba el IVA, ni las pensiones. Así fue cerrando el 2021, dando paso al 2022, el año electoral, el de las campañas, de las promesas políticas, el de las propuestas. Y, bueno, el que nos daría las primeras puntadas de reforma de impuestos que proyectaban los distintos candidatos a la presidencia.
Entonces el 13 de enero de 2022, María Fernanda Valdés, Ph. D. en Economía y coordinadora para la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, confirmó en este texto lo que ya nos había dicho Jorge Sáenz: “Una de las pocas certezas en este año electoral es que, sin importar el resultado de las elecciones, una de las primeras decisiones de la próxima administración es hacer una nueva reforma tributaria. ¿Cómo debería ser? ¿Qué metas debería trazar este proyecto? Un adelanto: “Existe algo de consenso en que debería ser recaudadora, progresiva y enfocada en reducir beneficios tributarios y frenar la evasión y la elusión. También debería gravar de manera más contundente a los sectores más ricos y más contaminantes de la sociedad”, dijo Valdés.
¿En cuánto había cerrado el recaudo tributario en el 2021? ¿Qué respuestas había entregado el candidato Gustavo Petro, en abril de este 2022, al cuestionario creado por El Espectador en alianza con la Red de Trabajo Fiscal, sobre una variedad de temas fiscales? ¿Qué nos decía un grupo de expertos de primer nivel sobre el “enorme déficit fiscal y las necesidades sociales” que tenía en ese instante Colombia? ¿Qué papel jugaban las pensiones y la protección a la vejez en el escenario político?
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“Esta reforma tributaria hace énfasis en los impuestos directos al retomar el impuesto a la riqueza que fue excluido en la última Reforma Tributaria de Duque (Ley 2155 de 2021) y en aplicar la progresividad en el cobro del impuesto de renta. En tanto los impuestos indirectos se orientarán a la aplicación del IVA a los alimentos ultra procesados que tienen poco o nulo contenido nutricional. La carga impositiva que se plantea debe privilegiar la vida; los impuestos se enfocan en enfrentar el cambio climático, las inequidades y privilegios de pocos ricos, así cómo disminuir la evasión y la elusión”: Gustavo Petro
Petro y su equipo de asesores económicos han sido directos en cuanto a la dependencia petrolera de la economía colombiana. La transición hacia las energías renovables no tiene reversa, más allá de quien lidere el país porque este es un asunto de crisis climática, y por eso era preciso este texto de Juan Camilo Vega, el 15 de junio pasado, cuando nos hizo las petrocuentas, pero no las del entonces candidato sino las del petróleo en las finanzas estatales: “Las optimistas proyecciones fiscales de este Gobierno (Duque), en las que se recuperarían los indicadores prepandemia en los siguientes dos años, están soportadas en que se cumplan sus pronósticos sobre el precio del petróleo, variable que ya les ha dado varios “totazos” a las cuentas nacionales por su volatilidad. Analistas advierten el duro panorama para la nueva administración”, nos decía Juan Camilo, quien, citando al director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, nos recalcó que “lo que hizo este Gobierno en dos años en reducción del déficit fiscal, el nuevo tendrá que hacerlo en un año”.
Pasó la segunda vuelta, Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia, y entonces volvimos sobre las propuestas que había dejado sobre la mesa en materia económica durante la campaña. La sección de Negocios de El Espectador nos dejó este primer análisis – recuento: “El presidente electo propone incrementar el recaudo tributario en 5 % del PIB, transformar las pensiones con un sistema de pilares y brindar trabajo de un salario básico a quienes no puedan emplearse de otra manera”, nos dijeron. “Estableceremos políticas efectivas contra la evasión en la vía recomendada por la OCDE, mediante una exacción fiscal más estricta, herramientas de auditoría tributaria mejoradas e incrementando las penalidades, de esta manera el país en el largo plazo podría alcanzar el nivel de tributación de los países OCDE”, decía Gustavo Petro a través de sus asesores. Y sobre el impuesto a la renta, habló de reducir las tasas de impuestos corporativos en sectores que contribuyan a industrializar, al agro y a la transición energética, “a la par que se elevan las tasas para las personas naturales”.
Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña Petro, dejó ver el 21 de junio algunas de las puntadas sobre la que se escribiría la reforma tributaria: se busca hacer modificaciones al impuesto de renta y aumentar el recaudo sobre las personas más ricas del país. “Hoy las personas naturales de medianos y altos ingresos no tienen completamente identificados sus ingresos, muchos están subsumidos en gastos de las empresas y no tienen identificados totalmente sus activos; también están muchos asumidos en las empresas. Eso significa que una de las labores importantes de la DIAN es hacer esa depuración”, advirtió. Nos explican los colegas de Negocios que “durante la campaña se mencionó que el mayor gravamen de renta sería para las 4.000 personas más ricas de Colombia. Pero Bonilla explicó que esa cifra sale de un informe de la misión canadiense. Según el asesor económico de Petro la cifra podría ascender a 40.000 (de las personas más ricas de Colombia) una vez se depuren los activos”.
Para el 25 de junio Juan Camilo Vega nos llevó hacia otra realidad macroeconómica: “La administración Duque radicó un anteproyecto de presupuesto 2023 por $344 billones, $6 billones menos que en 2022, y compromete al nuevo Gobierno con altas metas de reducción de déficit fiscal”. Así las cosas, los “asesores de Petro reconocen que falta plata y explican las alternativas de financiamiento (impuestos, canjes de deuda y unificar subsidios)” en este texto. Sobre ello, fue el mismo Bonilla quien advirtió: “El presupuesto que están preparando se hace con base en las prioridades de la saliente administración, no de la que está entrando. Para nosotros las prioridades son la educación y reducir el hambre, entonces hay que hacer ajustes una vez radiquen. Apenas estamos empezando las reuniones de empalme, entonces no puedo dar cifras concretas. Pero creemos que faltará plata”. Bonilla también ha dicho en otros medios de comunicación que se buscará financiación del Estado elevando el pago que hacen las personas con más altos ingresos, por ejemplo, “aquellos que ganan alrededor de $200 millones al año serían sujetos de mayores gravámenes del impuesto de renta. También está la propuesta de bajar el umbral del impuesto al patrimonio desde los $5.000 millones a los $1.000 millones (y aplica para personas naturales no jurídicas)”, escribía Juan Camilo Vega en su análisis presupuestal.
Los retos económicos que debe asumir el próximo Gobierno
Y al día siguiente, cuando todavía no se sabía que haría parte del nuevo gobierno, José Antonio Ocampo escribió en este texto para los lectores y las lectoras de El Espectador hablando de “Las perspectivas de la economía colombiana bajo la administración Petro”. Varias consideraciones al respecto que nos dejó allí escritas: “Hay que recordar que los recaudos tributarios en el país son inferiores al promedio de América Latina y muy inferiores a los de un país de la OCDE. En muchos casos las tasas son altas, pero los beneficios tributarios también lo son, lo que significa que la carga tributaria está mal distribuida. Los principales problemas están en el impuesto a la renta de las personas naturales, pero también a múltiples beneficios a sectores empresariales y, por supuesto, la elevada evasión tributaria”. Detalló, también, que “en el caso de la renta a las personas jurídicas, será necesario eliminar o reducir beneficios sectoriales, y racionalizar los de las zonas francas para concentrarlos en actividades exportadoras. Y se debe restablecer un impuesto al patrimonio de las personas naturales, elevar los impuestos a las emisiones de carbono y crear otros impuestos ambientales”. En resumidas cuentas, sobre esto y las demás necesidades que tienen que ver con, por ejemplo, un mayor gasto social, implica “una reforma tributaria estructural”.
El 30 de junio Ocampo fue confirmado como ministro de Hacienda para la administración Petro, por eso hicimos un perfil sobre el que será el nuevo funcionario encargado de manejar la chequera, hablamos de las tareas que tiene por delante y también lo entrevistamos precisamente para indagar sobre la reforma tributaria y cómo planea manejar las finanzas del país.
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Rodrigo Pardo, el pasado 9 de julio, escribió un análisis sobre lo que él llamó “Tributaria, el primer obstáculo de Petro”. Y entonces nos habló de lo que se viene: “Se entiende, en consecuencia, el anuncio del nombramiento de José Antonio Ocampo, no solo por su rapidez, sino por tratarse de alguien con credibilidad en todos los escenarios. Su prestigio personal será valioso en la primera hora de Gobierno, cuando se anunciará la forma como buscará credibilidad para la tarea difícil de recuperar la normalidad, poner en marcha un plan ortodoxo y explicar su ideario en momentos críticos. Una tarea difícil para el dúo Petro-Ocampo, cuya primera misión, sin duda, será evitar una crisis de nerviosismo en los mercados. Toda una paradoja: en tiempos de nerviosismo generalizado, Petro recibe el mandato de generar estabilidad”.
Dos días después ya veíamos que Luis Carlos Reyes había sido designado como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por Gustavo Petro. “Reyes es economista e historiador de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. También magister y doctor en economía de la Universidad del Estado de Michigan” y actualmente es “profesor asociado de economía, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y columnista de este diario”, escribieron los colegas de la redacción de Negocios. El mismo Petro ha dicho cuáles son los retos de Reyes: “garantizar al máximo la elusión y evasión de impuestos en el país”, “la evasión fiscal debe considerarse un delito penal no excarcelable” y “las penas deben ser proporcionales al daño al erario público”. Se sabe, de acuerdo con cifras oficiales, que desde agosto de 2018 y con corte a abril de este año, la Dirección ha recaudado $65 billones como parte del plan de choque contra la evasión y el contrabando, que han dejado 150.000 aprehensiones, por valor de $1,2 billones en mercancías. Y con corte a abril, la DIAN aseguró que la meta de recaudo tributario alcanzaba 114,6 %, con $74,53 billones en las arcas del Estado, derivados principalmente de la retención en la renta (33 % del recaudo), escribían en este texto sobre lo que se viene para Reyes.
En el Marco Fiscal que se publicó en junio pasado se espera que el petróleo Brent promedie los US$100 en 2022 y US$94,2 en 2023. Si estas proyecciones no se cumplen, las finanzas estatales se verían golpeadas.
Justo Isabel Cristina Zuleta, senadora electa para el periodo 2022 – 2026, tras confirmarse la noticia del director de la DIAN, publicó un trino en donde, dijo, Ricardo Bonilla y Luis Carlos Reyes hablaban de las “primeras ideas de la reforma tributaria en el encuentro de la bancada del Pacto Histórico”. En tres fotografías se leía lo siguiente: “Impuestos territoriales: Acelerar el proceso del catastro multipropósito y su efecto gradual en el impuesto predial. Incorporar los impuestos saludables a bebidas endulzadas y alimentos ultra procesados, con destinación específica en salud y para desestimular el consumo no sano. Introducir un mecanismo de dar de baja vehículos viejos y organizar su chatarrización”. En la otra, vimos: “Problemas en jurídicas: Importante brecha entre tasa nominal y efectiva. Inclusión costos no relacionados actividad que baja la base gravable. Competencia desleal entre empresas del mismo sector, cancha desnivelada. Beneficios de larga duración: estabilidad jurídica, zonas francas, hoteleras y naranja”. Y en la tercera: “Auditorías cruzadas: Aplicación efectiva de clausula antiabuso, mayor capacidad de fiscalización DIAN. Identificación de activos no ligados al objeto del negocio y usufructo de personas naturales. Identificación de ingresos efectivos de personas naturales, asumidos como gastos en jurídicas. Identificación de gastos deducibles que no tengan que ver con el objeto del negocio”.
Y aunque todavía el país no conoce el borrador de la tan sonada reforma tributaria, la designada ministra de Cultura, Patricia Ariza, habló de su interés por tramitar un impuesto del 4% a los planes de telefonía móvil celular que paguen más de $38.000, con la finalidad de recaudar más recursos para invertir en la cultura del país. Pero ha sido el mismo ministro de Hacienda, Ocampo, quien dijo que esa propuesta no va. Y el director de la DIAN, Reyes, lo confirmó. Lo que sí está en duda es el impuesto a las bebidas azucaradas porque aunque está en la agenda, no se ha decidido si va o no. ¿Por qué? Porque, dijo Ocampo, “tenemos que ver el efecto social que tiene. Si la gaseosa se consume en los sectores más populares, eso tiene un efecto social”. Y claro, hasta esa parte de la discusión es solo el asunto económico y no el de salud pública. En general, se sabe que hoy la evasión de impuestos en Colombia está entre los 50 a los 80 billones de pesos, de ahí la razón por la que el gobierno entrante hable de hacer una reforma estructural realista que tenga como objetivo unos 50 billones de pesos. “Es donde se puede hacer gradualmente para tratar de reducir esa cifra que es monstruosa”, agregaba Ocampo en declaraciones a medios de comunicación. Así que la directriz de Gustavo Petro, recalcó Ocampo, es que “nos concentremos en eliminar beneficios tributarios y que nos concentremos en personas naturales”. Por el momento, sobre las cifras públicas, se sabe que la reactivación ha generado más ingresos tributarios, pero el déficit sigue siendo muy alto. Y todo esto se debe enfrentar en medio de un contexto internacional complejo.
Hasta el momento todos son supuestos, pero lo que sí está claro es que se buscan más recursos que provengan de los bolsillos de las personas con más ingresos en Colombia, que se quiere llevar al país a niveles de tributación que tienen los países de la OCDE y que la inversión social se mantenga e, incluso, se fortalezca para poder enfrentar la desigualdad y la pobreza. Se sabe también que, por voz de Ocampo, se tendrán recursos para crear el ministerio de la Igualdad. Lo que todos queremos, por supuesto, es que la lucha contra la corrupción sea intensa y que los recursos de quienes pagamos y lo hacemos cumplidamente, lleguen a donde se destinan y no queden en la mitad, en manos de los corruptos. Les recomendamos seguir atentos las publicaciones que hacemos en Economía de El Espectador donde nos contarán, en detalle, todo lo relacionado con la nueva reforma tributaria.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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