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Con un sobre de manila en las manos, algunos familiares de Yulixa Toloza estuvieron este miércoles frente a la Fiscalía, a la espera de que terminen los trámites judiciales y administrativos para reclamar su cuerpo y darle un adiós digno en Arauca, su tierra natal. Las diligencias comenzaron en la tarde del martes, tras la noticia del hallazgo del cadáver en zona boscosa de la carretera entre Apulo y Anapoima (Cundinamarca). La identidad la confirmó Medicina Legal, tras las pruebas de lofoscopia. “Las huellas corresponden”, dijo el director, Ariel Emilio Cortés.
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Con el anuncio, Yulixa dejó de ser un registro en la lista de desaparecidos y, pese a que la versión principal es que ella murió a causa de un mal procedimiento quirúrgico en un centro estético ilegal al sur de Bogotá, la institución forense trabaja en establecer con precisión las causas de su fallecimiento y emitir un dictamen que se sumará al expediente contra los cinco sospechosos, que se encuentran tras las rejas.
“No pueden quedar libres”
Los primeros detenidos por la desaparición y muerte de la estilista, de 52 años, fueron Jesús Hernández y Kelvis Sequera. Los atraparon en Cúcuta y se les señala de trasladar el vehículo en el que fue transportado el cuerpo de la víctima con el fin de evadir los rastreos policiales. Ellos responderán ante la justicia colombiana por desaparición forzada y ocultamiento de material probatorio.
En la tarde del martes se conoció de la aprehensión de los otros tres sospechosos: María Fernanda Delgado, dueña del establecimiento; Edison José Torres Sarmiento, el administrador del negocio, y el barbero Eduardo David Ramos, quien presuntamente le realizó el procedimiento a Toloza. A ellos los capturaron en Venezuela, en atención a una circular azul de Interpol en la que se alertaba que los buscaban para responder en Colombia por desaparición forzosa, ocultamiento de pruebas y homicidio.
Este resultado generó una sensación de alivio entre la familia de la víctima. Hendrik Bareño, hermano de Yulixa, se mostró satisfecho y a la espera de justicia: “La idea es que se les haga un juicio. No pueden quedar libres, porque podrían seguir haciendo lo mismo y habrá más víctimas”. En diálogo con El Espectador, agregó que estas personas, al parecer, “ya habían tenido un caso parecido en Venezuela y por eso estaban en Colombia. Esto ya era algo normal para ellos”.
No obstante, hay algo que le imprime un sabor agridulce a su esperanza de justicia: Aunque a dos de los procesados los juzgarán en Colombia, a los principales sospechosos, al parecer, no. Un complejo entramado de normas y trámites permiten anticipar que no los extraditarán a Colombia y terminarán siendo juzgados bajo normas más laxas y que no contemplan todos los delitos que cometieron en este país.
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Un limbo en la extradición
María Fernanda Delgado, Edison Torres y Eduardo Ramos son de origen venezolano. Desde la Fiscalía General, si bien informaron que elevaron la solicitud de extradición, en virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, la Dijín de la Policía Nacional fue clara al señalar que no era posible acceder a este mecanismo judicial, ya que el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo prohíbe. “Si un venezolano comete un delito en el exterior o dentro del país, el Estado no lo entregará a ninguna jurisdicción extranjera”, acotaron.
El Espectador habló con Zair Mundaray, abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público venezolano, para conocer cómo opera el Código Penal en el vecino país. Según su experticia, no solo descarta la extradición, sino que aclara que a los capturados no los procesarán por dos de los tres delitos que les endilgan en Colombia. “Los únicos casos en los cuales se ha aplicado la extradición es con venezolanos de nacionalidad adquirida posterior a la comisión del delito. Pero los venezolanos por nacimiento no pueden ser objeto de extradición. No hay tratado por encima de la Constitución”, dijo. El escenario, agregó, sería distinto si los hubieran capturado en Colombia. “Hubieran sido procesados acá y Venezuela no se hubiera metido. Eso se llama ‘principio de soberanía de la norma penal’”.
¿Qué viene entonces?
El abogado Mundaray explicó que entra a operar un principio de juzgamiento por la jurisdicción local. Es decir, la Fiscalía colombiana debe enviar todas las pruebas al Ministerio Público venezolano para que estas personas sean juzgadas “conforme a esa investigación, siempre y cuando los delitos también lo sean en Venezuela”. Y es que precisamente aquí hay otro dilema. De acuerdo con el exfiscal venezolano, en el vecino país el delito de desaparición forzada no aplicaría en este caso. “Para nosotros, el único que puede cometer desaparición es el Estado o alguien que actúe a nombre del Estado”.
Para completar, tampoco aplicaría el delito de ocultamiento de pruebas. “si lo comete un tercero, es punible, pero si lo comete el mismo imputado, no es punible”. Con todo lo anterior, el delito de homicidio sería el único por el que juzgarían a estas tres personas. “Las penas podrían ir entre 12 a 18 años y máximo 30 años, que es la máxima condena, de acuerdo a nuestra Constitución”, concluyó el abogado.
A partir de ahora empiezan a correr 60 días para que las autoridades colombianas envíen el expediente, tiempo máximo que Delgado, Torres y Ramos podrían permanecer detenidos sin un proceso en marcha. Una vez la Fiscalía de Colombia envíe el material probatorio, se inicia una audiencia donde la defensa explicará por qué no pueden ser extraditados y la Sala Penal emitirá una decisión. Mientras los tribunales lo definen, la familia de Yulixa prepara el viaje de regreso a su tierra natal para despedirla, aferrados a la promesa de que el doloroso camino que recorrieron para encontrarla no sea en vano.
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