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El Gobierno de Gustavo Petro está a contrarreloj para cumplir las metas en educación que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Tiene un poco menos de dos años para lograr los 500 mil nuevos cupos en educación superior, garantizar la educación como un derecho fundamental en todos sus niveles o construir o mejorar 26 sedes universitarias. Ahora, esas tareas recaen sobre Daniel Rojas, quien asumió como ministro de educación en julio, en reemplazo de Aurora Vergara. ¿Las logrará?
Desde su oficina, donde tiene cuadros de Marx, Diomedes Díaz y García Márquez cree que “debió haberse estructurado una arquitectura que condujera a su cumplimiento”. También explica las estrategias en las que enfocará los dos años que le quedan al Gobierno. Una de ellas se centra en “tratar de dejar financiadas (o casi listas) la mayor cantidad de sedes universitarias”.
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En entrevista con El Espectador, Rojas, uno de los ministros más jóvenes que han pasado por esa cartera (tiene 37 años), habla sobre la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de educación. Asegura que espera que sea un gran acuerdo nacional y que, además, les servirá como termómetro para ver cómo está el ambiente en el Congreso en materia educativa.
¿En qué se va a enfocar estos dos años que le quedan como ministro de Educación?
En el momento en que nosotros nos posesionamos aquí, que es casi que a mitad de Gobierno, hacemos una evaluación de lo que han sido los primeros dos años para entender cuál debe ser el derrotero en el tiempo que viene. Lo primero que encontramos es que tenemos unas metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que son ambiciosas. Sobre ellas debió haberse estructurado una arquitectura que condujera a su cumplimiento. Por eso, estos dos años los queremos enfocar en dos cosas, una de ellas es tratar de dejar financiadas (o casi listas) la mayor cantidad de sedes universitarias, que nos permita ampliar cobertura, haciendo un especial énfasis en aquellos lugares del país en donde hay mayor déficit. Esto, claramente, nos pone en una conversación directa con los rectores y rectoras de las universidades públicas y las instituciones técnicas, porque son quienes finalmente operan ese deseo.
¿Qué estrategias empleará para alcanzar esta meta?
Tenemos dos retos fundamentales. Primero, constituir un equipo de infraestructura universitaria que en el Ministerio de Educación no existía. Aquí tengo que ser muy honesto, la exministra Aurora Vergara inició la constitución de este equipo y lo estamos fortaleciendo con recursos de la cartera para así lograr llevar estos proyectos a una etapa de maduración, con el objetivo de que lo podamos poner en marcha en 2025. Este año hemos tenido algunos avances, por ejemplo, con la Universidad Pedagógica, donde hicimos entrega de sedes. Quiero resaltar que este propósito no es simplemente que haya edificios, salones o pupitres, sino que implica que exista una oferta de programas, una pertinencia de estos y la garantía de permanencia de los alumnos. Para ello, las universidades necesitan los recursos que hagan base presupuestal. Por eso llevamos al Congreso la reforma a la Ley 30 de los artículos 86 y 87, que garanticen esos recursos de base presupuestal.
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¿Cómo será el proceso de construcción de estas nuevas sedes?
El presidente ha sido muy insistente, desde que se posesionó, en que en el presupuesto de la nación se deje un rubro significativo para la constitución de sedes universitarias. Desde 2023 hay recursos que se han venido destinando para esto. Encontramos recursos de 2023, de esta vigencia 2024 y de la próxima, que empiezan a ejecutarse a través de transferencias directas a las universidades. La otra modalidad es a través de un estructurador, que en este caso es Findeter, y también queremos buscar la oportunidad de poder obtener infraestructura ya construida, para no empezar de cero. Además, se ha creado la Oficina de Infraestructura de Educación Superior, que cuenta con una planta personal de 30 funcionarios y le hemos pedido a Findeter que, dentro del convenio firmado, se haga la contratación de un equipo estructurador que acelere los procesos.
¿Cuánto prevé que cueste la operación de este equipo?
El equipo no tiene un costo relevante. Lo que hemos determinado es que hay unos primeros recursos de la vigencia 2023 que son alrededor de $500 mil millones, sumados a la vigencia 2024 que son alrededor de $800 mil millones y, estamos solicitando para la vigencia 2025, $500 mil millones adicionales. Al final, sería algo así como $1,8 billones, pero como el presupuesto es anualizado y nosotros sabemos que los proyectos de infraestructura no se hacen en un año, lo que hicimos es que el estructurador (Findeter) haga los giros contra avance de obra. Muchos de estos proyectos hasta ahora están en fase de diseños, en fases de estudios y algunos en obra. Por eso, al final la ejecución no es de $1,8 billones en su totalidad, sino que tiene unas temporalidades conforme al avance de la obra.
Habló de dos temas clave para estos dos años. ¿Cuál era el otro?
Está centrado en educación básica y media. Queremos atender con prioridad un indicador, que es el de la tasa de tránsito inmediato de la educación media a la educación superior, porque de 8.831 colegios que existen, 1.477 no llegan a grado 11. Además, tenemos una tasa de tránsito inmediata en Colombia, que la recibimos en 39% y, si bien ya va en el 43%, todavía es un porcentaje muy bajo. Nos preocupa la zona rural, porque allí recibimos la tasa en un 23% y la hemos podido llevar a un 27%, lo que sigue mostrando que persiste una brecha grande entre lo urbano y lo rural. Le hemos apostado a una nueva estrategia que hemos denominado Colegio-Universidad para aumentar la tasa de tránsito inmediata.
¿Qué porcentaje de cobertura espera alcanzar con esta estrategia?
Queremos llegar a una meta del 62% en la tasa de cobertura y para eso estamos haciendo el esfuerzo con sedes universitarias, con la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 y así garantizar base presupuestal. Y, para la tasa de tránsito inmediato, en las zonas rurales queremos llevarla al 30% y, en general, buscamos bordear el 50%. Es decir, que la mitad de los bachilleres en Colombia logren ingresar a la educación superior. Es una meta ambiciosa, pero sé que si hacemos un esfuerzo lo podemos lograr.
Recientemente, hicieron el examen de ascenso y reubicación docente. Pasaron más de 70 mil maestros. ¿De dónde va a salir la plata para reubicarlos y subirles el sueldo? ¿Ya la tienen?
Es un compromiso que tenemos con los maestros. Ahora mismo acabamos de hacer una primera ampliación de la planta docente y de orientadores. Incrementamos la planta docente en 10.709 cargos y tuvo un costo de alrededor de $743 mil millones. Estamos dependiendo mucho de lo que pasa en el Congreso y la aprobación de la ley de financiamiento, no obstante priorizamos municipios PDET. Es decir, esta ampliación se ha determinado para la contratación de orientadores en municipios PDET, para incrementar la cobertura educativa en la primera infancia y para la formación integral y la estrategia de Sistemas de Educación Media y Superior (SIMES). El tema de los ascensos, fueron 70 mil que pasaron el examen y el dinero para estos cupos ya está garantizado en el Sistema General de Participaciones (SGP) y depende operativamente de las secretarías de educación.
Le está apostando a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que reguló la educación superior en Colombia. ¿Qué expectativas tiene de su tránsito por el congreso? ¿Hay plan b si se hunde?
Venimos de una frustración en el Congreso por la no aprobación de la ley estatutaria de educación. Reformulando la táctica para cumplir con este propósito, hemos radicado en el Congreso una reforma mucho más sencilla, que tiene que ver con garantizar la financiación de la educación superior, indexada al índice de costos de la educación superior. Los rectores lo han expresado, los estudiantes también y el mundo político en el Congreso ha tomado conciencia de que en realidad esto es una necesidad que acumula alrededor de 30 años y que es una deuda histórica. Confiamos en que este proyecto de ley pueda tener una muy buena acogida para ser aprobado en el Congreso y estamos muy cerca de que se nombren los ponentes. Esto puede ser un gran acuerdo nacional por la garantía de la educación superior.
Las universidades privadas se han sentido excluidas de estas reformas. ¿Se ha sentado a dialogar con ellas? ¿Qué le han pedido?
El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, ha estado en diálogo con el gremio de rectores de las universidades privadas. En esta estrategia que hemos trazado no hay ningún tipo de exclusión con la universidad privada. Nuestra función determinada por el Plan Nacional de Desarrollo, por las leyes y la constitución, implica hacer un énfasis en la universidad pública, dado que la garantía del derecho debe priorizar a las y los jóvenes que menos recursos tienen para acceder a una universidad. Por antonomasia, la universidad privada aparece como una alternativa para aquellos sectores de la sociedad con capacidad de pago y, además, ofrece una oferta importante. Si le sumamos esta oferta a la que ofrece la universidad pública, podremos, incluso, cumplir con varios de los objetivos, como el de ampliación de cobertura.
Hablando de esas metas que se propuso el Gobierno está la de alcanzar 500 mil nuevos cupos en educación superior. Hasta ahora, con corte a 2023, van 64.000. ¿Qué estrategias empleará para alcanzar este objetivo?
En 2023 logramos aumentar 65.000 estudiantes nuevos y en 2024 vamos a lograr una meta de 94.000. El próximo año nuestra intención es que, a medida que vayamos abriendo sedes universitarias y ampliando base presupuestal, lleguemos alrededor de 140.000 a 150.000 nuevos cupos, para cerrar el Gobierno con cerca de 180.000 o 200.000 cupos. Esta cifra se suma a los 150.000 cupos que hemos acordado con el SENA. Aquí quiero resaltar que más que cupos son jóvenes ingresando a la educación superior. Esto, si lo pensamos ya en términos nominales, nos pone en el orden de 340.000 nuevos estudiantes en la educación superior, muy lejos de la meta de los 500.000. Esto muestra que en cuatro años se va a lograr lo que no se ha conseguido en los últimos 20 años. Hoy, a mitad de Gobierno, tenemos que decir que la meta es muy ambiciosa. Todos nuestros esfuerzos están centrados a conseguir una meta a la que no se ha llegado antes.
También estaba la meta de garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles. Como su antecesora, ¿quiere impulsar una ley estatutaria?
Estaría por verse cuál va a ser la suerte del proyecto de ley de Acuerdo Nacional por la Educación que acabamos de presentar al Congreso. Eso nos va a determinar cuál es el grado de compromiso que un actor fundamental en la aprobación de cualquier proyecto de ley, como lo es el Congreso, tiene con una apuesta tan ambiciosa como esta. Si este proyecto de ley, como intuyo yo, tiene éxito, quiere decir que empezamos a entendernos en un lenguaje común con el Congreso y las diversas fuerzas que allí lo componen. Entonces, podríamos entrar a viabilizar una ley estatutaria para avanzar sobre lo avanzado. De aprobarse, pero con un ambiente que nos indique que una estatutaria puede ser muy difícil, seguiremos avanzando mediante otras vías, por ejemplo, decretos. Ya empezamos a hacerlo. Estamos estudiando la promulgación de dos decretos. Uno de estos tiene que ver con la formalización docente, que es otro de los propósitos de una ley integral.
La deserción en educación media es uno de los graves problemas del sistema. ¿Cómo se le ocurre que se puede evitar ese abandono de clases?
Es una de las apuestas prioritarias del ministerio, no solamente porque se frustra el derecho a la educación, sino además porque en algunas zonas del país tiene una correlación con el conflicto. Nosotros ya veníamos trabajando en la región antes de la intervención en el Plateado. Allí, de la mano al Ministerio de Agricultura, estábamos en un diálogo permanente con las comunidades y encontrábamos que de los 17 colegios que hay en un circuito circundante al Plateado, solo siete de ellos llegaban a grado 11. ¿Qué quiere decir esto en una región tan afectada por el conflicto? Intuitivamente, uno podría decir que son la base fundamental del conflicto. Esto lo que nos dice es que tenemos que tener la garantía de que el colegio oferte hasta grado 11 y esa oferta no puede ser simplemente académica. Venimos en un trabajo articulado con el Ministerio de Cultura para que podamos, en estos casos muy especiales, brindar programas de educación integral, donde les ofertemos también otro tipo de programas que tengan que ver con las artes, con la música, con el teatro, con el deporte, con la programación. Esto creemos que puede ser una estrategia importante para la reducción de la deserción en esta etapa de su vida estudiantil.
¿Le gustaría hacerle ajustes al Programa de Alimentación Escolar (PAE)?
Ya venimos en algunos territorios avanzando en los ajustes que queremos hacer, por ejemplo, que tengan una vinculación con la economía popular, pero particularmente con las asociaciones de padres, para que haya una integración muchísimo más comunitaria y familiar alrededor de los colegios. Si dijimos que los colegios tienen que ser espacios de vida comunitaria, pues el PAE y la alimentación es un eje articulador importantísimo. También queremos que las compras del PAE estén ligadas a la producción agraria campesina territorial, para ligarlo a la cultura culinaria de la región. Y por último, también nos gustaría vincular a las madres comunitarias o a madres cabeza de hogar en estos circuitos de producción y oferta de alimentos.
También habían propuesto la reforma al Icetex. De hecho, Mauricio Toro antes de salir del cargo había asegurado que entregó un borrador. ¿En qué quedó ese tema?
Todavía no conozco el documento. En el momento en el que hice empalme en el Ministerio de Educación Nacional, me dijeron que había un avance de unas mesas de trabajo. He pedido que se reactiven para que, sobre lo que se haya avanzado, empiece a constituirse la reforma. Esas mesas están próximas a citarse. Esta reforma que llevaremos al Congreso, una vez las mesas hayan culminado su proceso, tendrá como prioridad resarcir a las víctimas y deudores del Icetex, lo pongo en estos términos porque es una institución que se ha degradado. Nació como una entidad para impulsar los estudios en el exterior y resultó siendo un banco que cobra tasas abusivas a estudiantes que no logran ingresar a la universidad pública y tienen que acceder a estos créditos para financiar sus estudios.
Antes de asumir como ministro, usted hablaba de querer hacer una transformación al Icetex y, de hecho, hasta hace poco terminó de pagar su crédito. ¿Le seguirá apostando a esa transformación?
Fue una deuda enorme y me retrasé en los pagos. Es una entidad que tiene que volver a su origen y tiene que ayudarnos a que haya cada vez más colombianos profesionales que se formen en esos centros grandes del pensamiento global y traigan al país ese conocimiento para ir cerrando brechas. Tiene que volver a esa naturaleza. Es una tarea paulatina y tiene que pasar por una primera reforma.
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