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Las altas expectativas de cambio del gobierno de Gustavo Petro pueden terminar en una frustración que agudice la tensión social que su elección ha disipado de manera transitoria.
Por ello es importante una gestión adecuada de dichas expectativas, entendiendo que no todo lo prometido se podrá realizar, que un cambio social, político, institucional y cultural como el que se anuncia toma más de un período de gobierno, que no todo depende de lo que haga el Estado, por lo cual, será necesario priorizar temas en función del capital político disponible, el tiempo y los escenarios institucionales donde deben realizarse dichos cambios.
El primer escenario es el de las reformas constitucionales. Por lo que se ha anunciado, los cambios a la Procuraduría y la reforma política ameritarían un cambio en la Constitución y agrios debates con los partidos del acuerdo nacional. Por ejemplo, el Partido Conservador no acompañaría la eliminación del voto preferente, y muchos se opondrán a la supresión de la Procuraduría, por lo cual, en la lista de prioridades podría dejarse para una segunda parte del gobierno.
Un segundo escenario es el de las reformas a leyes, bien sea ordinarias o estatutarias. Allí estarían las reformas al sistema de salud, al régimen de pensiones y, posiblemente, a la justicia, pero también el trámite de la reforma tributaria en la que el gobierno tendrá que gastar buena parte de su capital político y caminar con pies de plomo para evitar un nuevo estallido social. Esta reforma es prioritaria y deberá dejar las otras para más adelante, previa socialización y discusión con los diversos actores involucrados.
Otro escenario —quizás el fundamental para entender la orientación del gobierno— será el del Plan de Desarrollo y el presupuesto. Allí se sabrá en realidad cuáles son las prioridades y cómo será la hoja de ruta durante los cuatro años. Se trata de una propuesta técnica que ojalá no encarguen a los mismos de siempre, quienes entienden el desarrollo como una matriz de gasto público. Las restricciones fiscales están a la vuelta de la esquina por el convulsionado escenario económico internacional, y eso hará más difícil una propuesta audaz de mayor gasto público para financiar programas sociales.
Luego estará el escenario de una ley para facultades extraordinarias que permita las reformas institucionales en la rama Ejecutiva, como la creación y supresión de ministerios, departamentos administrativos y distintas agencias estatales. En general, el Congreso tiende a aprobar este tipo de leyes, pero sería necesario conocer desde ya la arquitectura institucional de esas reformas para que no sea un cheque en blanco y un salto al vacío.
Un último escenario será el de las políticas públicas y el de la gestión pública que pone a prueba la capacidad gerencial y de liderazgo del presidente, ministros y ministras, directores y directoras de departamentos administrativos y otras agencias estatales, superintendentes y jefes de organismos descentralizados. Muchos de los cambios se pueden lograr en este escenario, y en la designación de quienes lideren esas entidades, Petro no puede equivocarse. Si reparte mucho entre los partidos que no son del Pacto y aliados esenciales, se le puede desfigurar la agenda progresista.
Si el gobierno entiende bien los tiempos, los ritmos y sabe administrar bien el capital político en cada escenario, priorizando temas en función de hacer prevalecer la agenda progresista para la cual fue elegido, es posible que logre más de lo que se espera y deje abierta la puerta para gobiernos con agendas similares en el futuro. Si se equivoca, le daría un nuevo aire a la derecha y cerraría las posibilidades de la izquierda por mucho tiempo. En suma, no puede equivocarse.
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