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La representante Mafe Carrascal tiene claras dos misiones con la reforma laboral en el Congreso, como la única coordinadora ponente del proyecto: garantizar que el diálogo sea lo más fluido posible entre todos los sectores y proteger a toda costa el corazón de la reforma. Con ese horizonte, la congresista, hija de un reconocido sindicalista de Ocaña (Norte de Santander), se apresta a iniciar el trámite en el Congreso de la que ha sido otra de las principales banderas del presidente Gustavo Petro y su ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
En conversación con El Espectador, defiende el proyecto de las críticas que ha recibido en las últimas semanas y sostiene que debajo de la discusión técnica hay una discusión política en la cual lo que realmente genera malestar en algunos sectores es el reconocimiento de los derechos colectivos para los trabajadores.
¿Cómo se ha vivido el lobby contra la reforma laboral en el Congreso? ¿De dónde vienen los ataques?
Aquí el fondo es el mismo: una amenaza constante y una narrativa de odio entre trabajadores y empleadores. Politiqueros como Vargas Lleras, que se está reencauchando y que hace parte de uno de los partidos de la oposición, diciendo que todos los empleadores lo que van a hacer es echar a la gente. Yo me he sentado con gremios, con empresarios, de todos los tamaños y después de lo que él dijo me han dicho a mi: “nosotros no vamos a echar a la gente; el empleo está por oferta y demanda, si hay demanda y necesito producir, voy a seguir empleando gente”. Y eso es lo que queremos. ¿Cómo aumenta la demanda si la gente no tiene plata en el bolsillo? Queremos que la gente pueda percibir más recursos, en este caso con sus horas nocturnas completas, con los festivos y dominicales no al 75% sino al 100%, que la gente se sienta feliz en el trabajo para que sea más productiva, que tenga salud mental, que no la acosen, que no la abusen. Aquí son politiqueros haciendo campaña con el sustento de la gente. Es muy grave, porque generan pánico con el mínimo vital de la gente.
¿Qué puede decirme sobre la principal crítica que le han hecho a la reforma, que no genera empleo?
Es que la reforma no está hecha para generar empleo por sí sola. Esto es un conjunto de acciones que el Gobierno tiene que implementar para que pueda haber más puestos de trabajo. En Colombia, en los últimos meses la tasa de desocupación disminuyó, la de desempleo también disminuyó, la inversión extranjera está aumentando. Ha habido unas buenas políticas como el subsidio a la nómina, que lo hizo el Gobierno pasado y este Gobierno lo está implementando y está llevando ese decreto hasta 2026. Además de eso, ahí no solamente estamos beneficiando a nuevos empleos de poblaciones como mujeres, jóvenes, sino que lo estamos extendiendo a personas con discapacidad. Por cada persona de estas poblaciones que un empresario emplee se le da un subsidio a la nómina, entre el 10% y el 25%. Eso ha generado más puestos de trabajo. El Gobierno está haciendo una política de reindustrialización, de fortalecimiento del agro y con el Banco Agrario están ofreciendo líneas de crédito para fortalecer a las ‘Mipymes’. Es con estos programas que están en el Plan de Desarrollo con los que creamos empleos.
Con la reforma laboral lo que estamos haciendo es actualizar las relaciones laborales para que no haya precarización laboral, para reducir la brecha de desigualdad entre el trabajador y el empleador. Es decir, por un lado, con esas políticas que menciono, le damos músculo a los empleadores y por el otro, con la reforma laboral, a los trabajadores. Estamos actualizando el Código Sustantivo del Trabajo de 1956, que desde entonces no ha tenido actualizaciones sustanciales, conforme a estándares internacionales de la OIT, recomendaciones de la OCDE. Todos estos que hoy se oponen, tanto que pelearon para que entráramos a la OCDE, y ahora no les gustan esas recomendaciones.
¿Qué sí busca la reforma?
Tiene dos objetivos fundamentales: formalizar sectores ampliamente precarizados y tradicionalmente subalternizados, y generar estabilidad laboral. Por ejemplo, hablamos de sectores como el servicio doméstico, hay todavía 650.000 mujeres que no están cotizando. O en el sector rural, los jornaleros, primer eslabón en la cadena de la agricultura. En ese sector la informalidad es de un 80%, 90%, están completamente desprotegidos. Ahí estamos creando un contrato agropecuario familiar y comunitario, para reconocer la producción que se hace en las comunidades, por ejemplo en las mingas, ahí hay unas relaciones laborales.
Otro punto clave, muchos de los que salieron al estallido salieron porque ni podían estudiar ni trabajar. Los aprendices del SENA hoy no tienen un contrato laboral, lo que queremos es reconocer la laboralidad del contrato de aprendizaje. Esto para que coticen, pero también para que les sea reconocido ese trabajo como su primer empleo, que quede como experiencia laboral. Estamos hablando de casi 200.000 jóvenes que están como aprendices del SENA.
También dicen que la reforma es inoportuna. Que estamos saliendo de pandemia y las empresas no deberían recibir la carga que trae la reforma para contratar…
Aquí el problema no son los costos laborales. El problema real aquí son los derechos colectivos. Eso es a lo que se oponen en realidad. Sobre lo oportuno de la reforma, qué más oportuno ahora saliendo de la pandemia, saliendo de un estallido social que dejó muchas heridas en este país, de lado y lado, y de tantos jóvenes que salieron porque no tenían oportunidades ni de empleo ni de estudio, qué más oportuno que formalizar todos estos sectores, que más oportuno que darles estabilidad laboral. Con estos contratos de dos, tres meses, nadie puede hacer un proyecto de vida si tiene esa preocupación encima. Nadie puede aspirar si quiera a comprar vivienda, ni siquiera a arrendarla, porque no se la arriendan.
Es decir, ¿debajo de la discusión técnica no hay más bien una discusión profundamente política?
Es ideológica, el debate está ideologizado. Yo creo en lo ideológico, la política se ha desideologizado y ahora dicen “ni de derecha, ni de izquierda” para quitarle contenido; yo sí creo en el contenido ideológico, pero creo que en esta conversación en específico, cuando hablamos de hacer este país más productivo, de generar puestos de trabajo, hacer el país competitivo, no podemos estar pensando en seguir ideologizando este debate, en donde seguimos enfrentando los empleadores con los trabajadores.
A veces el argumento de algunos empresarios se lee como ‘si nos toca reconocer derechos, nos queda muy pesado’…
Exacto. Y no es pesado, porque al final la huelga está contenida no solo en la Constitución Política, en las convenciones internacionales ya existe la huelga como un derecho humano. La huelga es la autotutela, es lo que tiene el trabajador para poder defenderse. En la ponencia de la reforma laboral lo que estamos haciendo es dejar muy claras las reglas de juego para que no haya cabida a incertidumbre.
En temas de derecho colectivo hay varios avances interesantes: los huelguistas tienen dos días de preaviso, o sea, tienen que avisar que van a hacer huelga, a no ser que esté en riesgo su seguridad; pueden haber huelgas parciales, eso significa que no se va a ver comprometida la productividad de las empresas. Es decir, ni yo comprometo la productividad de la empresa ni usted puede bajo ninguna circunstancia impedirme mi legítimo derecho. Otra cosa que genera mucha controversia: la huelga en los servicios esenciales. Eso tampoco nos lo estamos nosotros inventando, eso ya existe en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha dicho que los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios esenciales también tienen derecho a la huelga. Lo que queremos es que haya reglas claras. En este tipo de servicios se habla de mínimos: el mínimo pues es que la gente no se muera porque llegó a un servicio de salud y no hay urgencias. Vaya a huelga, pero las urgencias no pueden dejar de funcionar, si llega alguien lo tienen que atender.
Pero hablando de reglas claras, para las plataformas no quedaron así, eso quedó de forma genérica…
Eso quedó muy abierto. Nosotros ya teníamos una proposición bastante interesante, que la vamos a volver a presentar, y tuvimos que cambiarla al final por acuerdos con los conservadores. ¿A qué le apuntamos ahí y en lo que consideramos que no deberíamos ceder? Se deben pagar las cotizaciones de manera proporcional a lo que trabajan las personas en estas plataformas. Es sobre la base del ingreso. Lo que nosotros queremos hacer es el decreto 2616 de trabajo a tiempo parcial, al cual hoy se acogen las trabajadoras domésticas, que se les puede pagar desde un día trabajado, sea el decreto que se lleve para contratos como este, que sería alternativo para plataformas de reparto. Que puedan pagar a tiempo parcial para que ninguna de estas personas sea desprotegida. Sí será un contrato alternativo distinto a los que ya existen, pero con subordinación, que es lo que las plataformas no reconocen. Eso es lo que queremos detallar. Pero a los domiciliarios les han hecho creer que la subordinación atenta contra la flexibilidad horaria; bajo ninguna circunstancia. Por eso les queremos crear un contrato completamente distinto, alternativo.
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