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Más de dos décadas de lucha. La periodista Jineth Bedoya luchó durante 175.200 horas de su vida para que la justicia reivindicara lo que padeció. El 25 de mayo de 2000, como reportera de El Espectador, fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares, con la anuencia de agentes del Estado. Desde entonces, trabajó sin descanso, desde El Tiempo, su casa periodística, pero sobre todo desde su organización “No es hora de callar”, que ayuda a mujeres en todo el país a visibilizar la violencia de género para encontrar justicia. Su caso dio tumbos y permaneció en la impunidad y fue por esa razón que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tomó y se pronunció para darle algo de alivio.
A casi un año de esta histórica decisión, Jineth cuenta en qué van las trece medidas de reparación que ordenó el tribunal internacional (en las que está la construcción de un centro de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, la creación de un fondo de US$500.000 anuales para prevenir y proteger la violencia contra periodistas mujeres y un sistema de recopilación de datos y cifras confiables de estas violencias, entre otros). En esa dirección, también celebra como triunfo propio la decisión del tribunal de justicia transicional colombiano de abrir un caso para sancionar la violencia sexual como uno de los más graves crímenes que padecieron las mujeres, algunos hombres y la población LGBTIQ+ durante el conflicto armado.
Hace una semana se conoció que la JEP sí abrirá un macrocaso sobre violencia sexual en el conflicto armado, ¿cómo tomó la noticia?
Con mucha alegría. Fueron cuatro años de incidencia, de presionar, de recopilar los casos, de alentar a las mujeres y sobrevivientes a que hablaran, de recorrer el país para saber qué estaban pensando las víctimas. Aunque le confieso que en ese camino también desfallecimos un poco cuando nos enteramos que la JEP no tenía entre su agenda abrir este macrocaso, eso fue a finales del año pasado.
(Lea también: Un conflicto que profundizó la violencia contra las mujeres)
Imagino el sentimiento de satisfacción, porque se le vio muy activa, pidiendo en todos los espacios a la JEP que no perdiera de vista estos casos…
Ay, sí. En estos últimos meses hice una tarea de incidencia muy fuerte. En diciembre, cuando fui a entregar la sentencia de la Corte IDH a Estados Unidos, en la Casa Blanca, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Departamento de Estado y con varias organizaciones y con congresistas del Senado de Estados Unidos siempre hice ese llamado, así como en el país. Tenía y tengo clara la importancia de que se abra un macrocaso de violencia sexual. Recibir esta noticia es un aliciente y lo es también para las decenas de organizaciones de mujeres y de víctimas que han hecho igual trabajo, reivindicando y visibilizando. Es un trabajo colectivo grandísimo y por eso yo digo hoy que este logro que la JEP entendiera que debía haber un macro caso de violencia sexual es de las víctimas y sobrevivientes, mujeres, hombres y población LGBTIQ+ que han tenido que afrontar este crimen tan atroz. Esperamos que muy pronto haya una respuesta por parte de la JEP a ese pedido.
Claro, entendiendo, además, que estos delitos son los menos reconocidos en todos los conflictos armados, por las víctimas que enfrentan tangos estigmas y por los actores armados que son capaces de reconocer masacres pero no violaciones…
Sí, era muy importante que la JEP entendiera que la violencia sexual no es un delito conexo, que es un delito autónomo y que fue un delito sistemático utilizado por las guerrillas, por el paramilitarismo, y lamentablemente por algunos agentes del Estado. Todavía faltan muchas víctimas por reconocer, pero sobre todo por registrar. Así que el subregistro sigue siendo inmensamente grande. Estamos hablando de millones de víctimas y eso lo dije el pasado 12 de abril, cuando en la sede de Naciones Unidas en Nueva York recibí la distinción de Campeona en la Lucha Contra la Violencia Sexual en los Conflictos (CRSV). Ese día lo primero que pedí en mi discurso es que la JEP tuviera en cuenta la necesidad de abrir este macrocaso.
En octubre se cumple un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la condena al Estado colombiano por todas las violaciones a los derechos humanos que padeció y ordenó unas medidas de reparación y promoción que en su momento el Gobierno dijo que acogería en su totalidad, ¿cómo va ese proceso?
Efectivamente, ya casi vamos a cumplir un año desde que salió la sentencia. Es justo aclarar que la sentencia es emitida el 26 de noviembre de 2021, pero se da a conocer oficialmente el 18 de octubre. De cualquier forma, esa fecha para mí, como para la Fundación para la Libertad de Prensa y Cejil, es clave porque hay una transición de gobiernos. El gobierno de Iván Duque recibió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano e inició un proceso para empezar a darle cumplimiento a las medias de reparación, pero el gobierno de Gustavo Petro tendrá que concretar esas medidas de reparación.
El camino es largo…
Sí, la gente siempre cree que cuando salen este tipo de fallos judiciales hasta ahí llegó todo, como que todo se arregló porque se hizo justicia, pero realmente no es tan así. Yo creo que el camino de la justicia es mucho más largo de lo que la gente ve públicamente. Y si bien es cierto que la sentencia es una respuesta enorme a una lucha de dos décadas por esa reivindicación, hay una parte que sigue inconclusa y es la de la justicia en Colombia. Los victimarios, autores intelectuales y muchos de los materiales siguen sin ser judicializados. Esa es una pelea que se sigue dando ante el sistema de justicia en Colombia.
Me imagino que hacer cumplir las medidas de reparación también es una epopeya que empieza.
Así es, aunque sin duda es más satisfactorio porque deja algo para el país y para la gente, pero sigue teniendo una carga muy dura.
¿Cómo ha sido ese proceso con el gobierno Duque?
Yo tengo que resaltar y rescatar que el grupo de la Cancillería que fue designado para el cumplimiento de la sentencia ha sido muy juicioso. Afortunadamente, y diría yo que casi por primera vez en todos estos años, me he encontrado con funcionarios comprometidos que entienden el significado y la grandeza de lo que ordenó la Corte Interamericana y han estado con mucha voluntad para adelantar las reuniones. Hemos tenido una infinidad de reuniones. Nos hemos sentado con los ministerios del Interior, de Defensa, de Justicia, con el Ministerio de Hacienda, con la gente del Ministerio de Defensa en cada una de las armas Fuerza Militar, Policía, para entrar a conciliar una cantidad de cosas con función social. Son muchas entidades las que están implicadas, pero que han respondido a esas reuniones. Y es un proceso muy, muy, muy largo. En este momento estamos dejando los cimientos para que se pongan en marcha la materialización de esas medidas.
Sobre esas trece medidas de reparación, ¿qué va avanzando y qué ve muy lejano?
Hemos intentado que todas las medidas avancen paralelamente y por eso ha sido tan dispendioso para mí, porque aparte de estar encima de la sentencia, después de una reunión con la FLIP y con CEJIL, decidimos que yo seguiría liderando todo el tema de la implementación de la sentencia, porque, por lo general, lo que pasa con las víctimas es que cuando ya se logra fallar el caso en la Corte Interamericana hasta ahí llega su tarea.
Y es comprensible, ¿no?
Claro, termina uno tan, tan agotado, tan desgastado, tan golpeado emocionalmente y físicamente y económicamente que ya no quiere saber uno nada más. Pero las medidas de reparación que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos son tan grandes para las víctimas, no son unas medias de reparación exclusivas para mí, sino para todas las víctimas, que sí es necesario seguí ahí, encima.
¿Eso qué implicó para usted?
Decidí que voy a estar al frente de todo, de sacar esas decisiones, pese a mi estado de salud, que está muy complicado en este momento y que se deterioró en los últimos dos años, por cuenta del Covid-19 que me afectó el corazón. Por eso puedo decir que todas las medidas van avanzando en paralelo. No es nada fácil. Por ejemplo, para tener el fondo debe haber una ley. Los fondos en Colombia no funcionan si no hay una ley marco que los regule y, sobre todo, les dé dientes para que puedan actuar. Entonces, en ese sentido, después de muchas reuniones, llegamos a un acuerdo. Este gobierno va a presentar el proyecto de ley para dejar eso andando este 20 de julio y que ese fondo pueda ayudar a dar herramientas económicas a las mujeres víctimas y mujeres periodistas para poder desarrollar proyectos y una política para visibilizar la violencia sexual y de género.
Por Natalia Herrera Durán
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