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Doce años de prisión domiciliaria. Una multa de $3.444 millones. Una inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años. En esas tres frases se puede resumir las órdenes de la sentencia de primera instancia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue hallado responsable el pasado 28 de julio de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión la tomó Sandra Liliana Heredia Aranda, jueza 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, y desde ya se considera como un parteaguas en la historia política y judicial del país, por tratarse del primer caso en el que un expresidente de la República es condenado por ser, en palabras de la justicia, “el arquitecto” de un esquema de manipulación de testigos para engañar a la Corte Suprema de Justicia.
El fallo ya fue apelado por el expresidente, quien durante más de dos horas en una audiencia el pasado viernes, argumentó que la sentencia en su contra es una decisión política, plagada de errores y de violaciones al debido proceso, de interpretaciones sesgadas por parte de la jueza y de errores de la Fiscalía.
La apelación será estudiada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta octubre de este año para definir si confirma la condena contra Uribe o lo absuelve. Al cierre de esta edición, el expresidente seguía argumentando su apelación y, por eso, aún no se había hecho efectiva la orden de detención en prisión domiciliaria que ordenó la jueza Heredia y que ella misma pidió fuera inmediata.
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El corazón de la sentencia
Luego de escuchar a 92 testigos y evaluar cientos de pruebas, en una sentencia de frases contundentes en contra de Uribe y de las demás personas implicadas en el caso, la jueza Heredia resolvió que el expresidente fue el determinador de una red de manipulación de testigos con un personaje clave: Diego Cadena Ramírez, su exabogado.
La togada resumió su relación con la siguiente frase: “Entre Cadena Ramírez y Uribe Vélez hubo una relación de subordinación, aunque ella no sea aceptada por la defensa”. Un vínculo, además, del cual dio cuenta Juan Guillermo Monsalve, testigo clave para la Fiscalía, y blanco de gran parte de las presiones para que declarara a favor del expresidente y negara que la familia Uribe había tenido algún nexo con grupos paramilitares.
La Fiscalía condensó su investigación en seis hechos puntuales. El primero de ellos y, tal vez, el más importante del expediente, fueron las presiones a Monsalve para que, desde la cárcel La Picota, hablara en favor del expresidente y en contra del senador Iván Cepeda. El abogado Cadena, buscando tener un mejor lugar dentro de los círculos de juristas, se acercó al expresidente para ayudarle a conseguir los testimonios suficientes para limpiar su nombre.
Una oportunidad perfecta, a concepto de la jueza, para que Uribe dejara por fuera de la ecuación delictiva a sus dos abogados de cabecera, Jaime Granados y Jaime Lombana, para que Cadena ofreciera, a su nombre, dádivas en cárceles de Colombia y Estados Unidos.
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Desde el principio, Uribe argumentó ante la justicia que todo se trataba de un complot político en su contra. Incluso, durante la audiencia en la que se comunicó la sentencia en la tarde del viernes primero de agosto, durante la sustentación oral de su apelación a la decisión, el expresidente hizo mención de ello.
Además, el líder del Centro Democrático dijo durante todo el proceso que él solo pedía que se dijera la verdad y que nunca tuvo conocimiento de que el abogado Cadena estuviera ofreciendo dinero y beneficios jurídicos a reclusos. Argumentó que todo se había hecho a sus espaldas. Sin embargo, según lo determinó la jueza en primera instancia, la verdad es que el expresidente estaba informado de cada movida.
“Salta a la luz como, con el eslogan de verificar y decir siempre la verdad, se ha instrumentalizado la franqueza para legitimar lo falso, lo oscuro, lo que no es objeto de prueba, pero que se intranquilizaba al aquí acusado (Uribe), haciendo de ese discurso la carta de batalla en contra de todos sus adversarios partidistas, ideológicos, académicos, institucionales o cualquiera que representara antagonismo para su proyecto político”, señaló Heredia en el fallo.
La jueza fue contundente: “El señor Uribe sabía lo ilícito de su actuar. No obstante, y en su condición de máxima autoridad, que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, incurrió en estos comportamientos”.
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Agregó que no es del todo creíble que el soborno se diera a sus espaldas: “Resulta incompatible con la lógica del caso que una persona que se ha caracterizado por ejercer control férreo sobre cada órbita de su vida personal y judicial, que como ya se reiteró, recibía un reporte periódico sobre los asuntos que concernían, no solo a Diego Cadena, sino a todos con quienes se relacionaba, pretenda ahora ampararse en la figura la ignorancia deliberada, cuando sus características de personalidad excluyen la posibilidad de un desconocimiento real, robusteciendo así la hipótesis acusatoria de que no solo sabía, sino que toleró o promovió lo que convenientemente ahora intenta disimular bajo la sombra de la omisión consciente”.
Otro de los hechos investigados está relacionado con las cartas falsas de los presos de la cárcel de Cómbita y de Juan Carlos el “Tuso” Sierra, dirigidas a altas instancias judiciales, como parte del plan ejecutado por Cadena.
Ante ese acto, la jueza argumentó: “Queda claro también que (Uribe) afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia, el bien protegido tanto por el delito de soborno en la actuación penal como por fraude procesal y, como ya se ha resaltado, el mismo no se ejerció contra cualquier juez, sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia”. En otras palabras, que el expresidente trató de engañar a la cúpula de la justicia ordinaria.
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La jueza agregó otra frase contundente dirigida a describir a Uribe Vélez como el “arquitecto” de la estrategia de manipulación de testigos: “Se ha evidenciado que aquel que se presentó como víctima (Uribe) de un elaborado complot, presuntamente orquestado por Iván Cepeda Castro, Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra, Carlos Enrique Vélez, Iván Velázquez, Eduardo Montealegre, Jorge Perdomo, José Luis Barceló, César Augusto Reyes y Piedad Córdoba, a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos, en un giro probatorio, terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció. Una maniobra que, a la inversa, atribuyó a sus contradictores cuando él mismo la ejecutaba desde las sombras, en una suerte de espejo distorsionado, donde el victimario se disfrazaba de víctima”.
La discusión de las pruebas
De todo el material probatorio que hizo parte del expediente, dos elementos fueron centro de discusión entre las partes. Por un lado, las grabaciones del reloj espía con el que Monsalve grabó a Cadena ofreciéndole beneficios judiciales. Según la Fiscalía, se trató de evidencias irrefutables de las dádivas que ofreció Uribe, como determinador de Cadena.
Sin embargo, la defensa del expresidente siempre ha dicho que esas grabaciones fueron editadas y nunca apareció el archivo original. Para la jueza Heredia, el expresidente nunca demostró la manipulación de las evidencias y, en consecuencias, las consideró como evidencia clave para entender el entramado criminal.
La segunda prueba controvertida durante la investigación, y que más debate ha suscitado, son las interceptaciones telefónicas hechas por error a la línea del expresidente en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó rastrear las comunicaciones del excongresista Nilton Córdoba.
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Esa alta instancia y el Tribunal Superior de Bogotá revisaron la validez de las grabaciones y determinaron que el procedimiento para avalar las escuchas había sido legal y, al tener indicios de movidas ilegales en las conversaciones captadas, la justicia estaba en todo su deber de investigar. La jueza Heredia avaló de esas grabaciones y lo reiteró durante la lectura del sentido del fallo.
No obstante, la defensa del expresidente ha insistido en todas las diligencias del caso que nadie puede escuchar las conversaciones entre un abogado y su cliente, pues están protegidas por la confidencialidad del secreto profesional. Aunque es claro ese derecho, todas las instancias judiciales que han estudiado el tema han dicho que ese principio tiene sus excepciones.
Para la jueza, las conversaciones telefónicas entre Uribe y Cadena dejaban precedente de la construcción de su plan para torcer testigos a través de sobornos. Eso no solo es un delito, sino que, en concepto de Heredia, mostraba que en realidad lo que existía entre ambos era una relación instrumentalizada para delinquir.
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Los otros involucrados
En el fallo contra Uribe quedó claro que no actuó solo. La investigación que inició la Corte Suprema en 2018 y luego retomó la Fiscalía, siempre tuvo a un personaje como eje del entramado criminal: el abogado Diego Cadena. Según la sentencia, este hombre fue el emisario del expresidente en varias cárceles del país y quien, en últimas, ofreció dádivas y presionó a quienes podían cambiar sus versiones ante la justicia para favorecer al expresidente.
El abogado también fue procesado por la justicia y se espera que el próximo 15 de agosto, la justicia dé su veredicto sobre la responsabilidad en este entramado criminal. Otro personaje que también tiene cuentas pendientes con la justicia es el exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.
El hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral ya fue llamado a juicio por la Corte Suprema por presuntamente buscar a Juan Guillermo Monsalve, a través de un hombre conocido con el alias “Caliche”. Ese contacto que habría buscado Prada, dice la Corte, era para ejercer presiones contra Monsalve, con el fin de que se retractara de los señalamientos que había hecho en contra del expresidente.
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El excongresista siempre ha dicho que nada tuvo que ver en esta red criminal, pero el alto tribunal tiene pruebas de que no es así. A juicio de la Sala de Instrucción, “Prada habría instrumentalizado y aprovechado la condición de congresista para conservar su liderazgo político y también para abordar al testigo a través de un intermediario, por lo cual se desviaron o se usaron de forma abusiva sus funciones como representante a la Cámara”.
Además de Cadena y Prada, la Corte Suprema también tiene indicios de otros personajes involucrados en esta historia de manipulación de testigos y versiones falsas. En agosto de 2020, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que investigara a varias personas que fueron presentadas por el expresidente Uribe como testigos a su favor por el delito de falso testimonio.
Por ejemplo, a Enrique Pardo Hasche, Victoria Jaramillo, Mario Uribe Escobar, Samuel Sánchez Cañón, Eurídice Cortés Velasco, Máximo Cuesta Valencia, Carlos Eduardo López Callejas, alias “Caliche”, Elmo José Mármol Torregrosa y Giovanny Cadavid Zapata. Ninguna de estas líneas de investigación ha avanzado, como así quedó claro durante el juicio contra Uribe.
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¿Cómo llegamos hasta aquí?
La pelea judicial empezó hace más de dos décadas, cuando en 2012 el senador Iván Cepeda organizó un debate de control político en el que presentó declaraciones de reclusos que aseguraban que en la hacienda Guacharacas, en Antioquia, que fue propiedad de la familia Uribe, operó el Bloque Metro de las autodefensas. El expresidente no asistió al debate, pero ese mismo día denunció penalmente a Cepeda.
La Corte Suprema de Justicia, tras investigar al congresista, determinó en 2018 que no había razón para seguir adelante con el proceso. Por el contrario, encontró que sí había indicios de que Uribe habría manipulado a testigos, para que hablaran a su favor y en contra de Cepeda a cambio de dinero y beneficios jurídicos.
Para entonces, la Sala de Instrucción del alto tribunal era la llamada a investigar si Uribe había intentado manipular testigos, pues ya ejercía como senador del Centro Democrático. En agosto 2020, una decisión de la Corte le cambió el rumbo a la investigación: el alto tribunal ordenó el arresto preventivo, para que Uribe no interfiriera en las indagaciones.
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En ese momento, el expresidente renunció a su curul como congresista y perdió el fuero, por lo que de los escritorios de la Corte Suprema, el expediente fue enviado a los de la Fiscalía General de la Nación, dirigida en ese momento por Francisco Barbosa. En dos ocasiones, el búnker pidió que la investigación fuera archivada.
Argumentaban, que no había pruebas suficientes. En ambas oportunidades se negó la solicitud, pues para la justicia sí había indicios para seguir investigando. Con la llegada de Luz Adriana Camargo al búnker en 2024, el expediente se convirtió en una prioridad y la Fiscalía le puso acelerador a fondo.
Finalmente, el expresidente terminó yendo a un juicio del cual salió condenado por dos delitos: soborno en fraude procesal y soborno en actuación penal. Solo fue absuelto por duda razonable del delito de soborno simple. El expediente, como lo calificó la propia jueza Heredia, es “macondiano” porque incluye a paramilitares, coimas en cárceles, coincidencias divinas e intentos de engañar a la propia Corte Suprema de Justicia.
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Uribe se defiende
Desde que en la noche del 28 de julio la jueza Heredia dio a conocer el sentido del fallo en primera instancia, la defensa de Uribe dejó claro cuál sería su siguiente carta: la apelación. Luego, en medio de la acalorada diligencia del primero de agosto, en la que se conoció el monto de la condena, el expresidente se tomó la palabra y apeló de manera oral el fallo en su contra, bajo cuatro argumentos fundamentales.
El expresidente señaló que el fallo está permeado por intereses políticos, que las interceptaciones mencionadas violaron su intimidad, que la evaluación del expediente y de las pruebas por parte de Heredia fue sesgado y que, contrario a lo determinado por la jueza, hay pruebas de que no existió tal relación de determinador de Uribe sobre Cadena.
“No hay una sola prueba para inferir mi conocimiento previo o inmediato”, aseguró Uribe, en referencia a lo que estaba haciendo Cadena en las cárceles. Y agregó que el fallo está fundado sobre suposiciones.
“Nunca se pidió mentir o callar. Con esta afirmación, el fallo supone que el testigo Monsalve ya había dicho la verdad. Esto sí que es grave. Así lo supone el fallo. Suposición inaceptable porque también, óigase bien, en el fallo se declara que en el juicio no se estaban investigando los cargos que Monsalve hizo contra mi hermano (Santiago Uribe) y contra mí, sino los delitos de soborno y de fraude procesal. No hay una sola prueba que sustente la afirmación de que yo determiné al doctor Cadena para negociar con Monsalve”.
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Respondiendo además a las contundentes palabras del fallo con las que la jueza Heredia le dijo a Uribe que su actuación era “un mal ejemplo” y enviaba un mensaje negativo a la sociedad, Uribe insistió en que la sentencia tenía más amaño político que fundamentación real.
“El fallo me interpretó a su amaño. El fallo me maltrató sin conocer mis antecedentes en mi vida política. No repasó mi transparencia y mi verticalidad para enfrentar como minoría los debates en la Universidad de Antioquia. Ni tampoco los años de mi madurez, cuando en el gobierno fui vertical para asumir responsabilidades”, dijo. Y agregó: “Mintió la Fiscalía. Este fallo está soportado en el ánimo político de afectar a un dirigente de oposición”.
En medio de las reacciones que ha generado la decisión desde las distintas orillas y con una denuncia de Uribe en contra del presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por cuenta de pronunciamientos sobre esta decisión judicial, será la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá la que resuelva la apelación.
Tendrá que hacerlo en una carrera maratónica, pues el caso prescribe en octubre. Mientras esa instancia resuelve el recurso, por determinación de la jueza Heredia, Uribe debería estar privado de su libertad en prisión domiciliaria en su finca de Rionegro (Antioquia). Así comienza otra carrera en contra de la prescripción y los ojos están puestos en el Tribunal Superior de Bogotá.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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