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Esta semana, en Ginebra, se celebra la edición número 79 de la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un espacio donde se discuten varios de los dolores de cabeza de la salud pública global, como las grietas de los sistemas sanitarios o la forma en que los países responden a las crisis humanitarias y emergencias.
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Pero entre las discusiones técnicas también han aparecido iniciativas que buscan poner sobre la mesa otras temáticas. Una de ellas es el Índice Out of the Shadows 2026, elaborado por Economist Impact, que mide qué tanto están haciendo los gobiernos para prevenir y responder a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
La edición de este año, que es la tercera, evaluó a 60 países de seis regiones del mundo, que en conjunto representan al 83 % de la población infantil global. Colombia hace parte de esa lista.
Este análisis, explica la organización en su página web, se construye a partir de 23 indicadores relacionados con leyes, políticas públicas, programas y servicios que un Estado debería tener para enfrentar este tipo de violencia. Es decir, el objetivo no se centra en calcular cuántos casos ocurren en cada país, sino en revisar qué tan preparados están para prevenirlos, atender a las víctimas y garantizar justicia.
Elly Vaughan, quien dirigió la investigación desde Economist Impact, explica que el análisis se dividió en cuatro grandes pilares: gobernanza y rendición de cuentas, centrado en la coordinación estatal; prevención y protección infantil; sanación, entendida como el acceso a atención integral y de calidad; y justicia, relacionada con la fortaleza de los sistemas judiciales. Sin embargo, hace una aclaración importante: no se mide la prevalencia de la violencia sexual contra niños y niñas.
Aun así, señala que el panorama que encontraron deja poco espacio para el optimismo y, por el contrario, es inquietante, pues “en los 60 países que evaluamos, nuestra investigación revela brechas críticas en los sistemas de protección infantil”. A su juicio, ningún país “está haciendo lo suficiente para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual”.
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¿Cómo está Colombia?
Lo primero que advierte Vaughan, magíster en Biblioteconomía y Documentación, es que Colombia muestra avances importantes en prevención, el componente en el que supera al resto de países evaluados por tres puntos. Pero agrega que esos resultados terminan debilitados por fallas en la gobernanza y la rendición de cuentas.
En total, el país obtuvo una calificación de 69,7 sobre 100, que está dividida así: gobernanza y rendición de cuentas, 44,6/100; prevención, 83,3/100; sanación, 75/100; y justicia, 74,5/100. Con esos resultados, Colombia quedó en el octavo lugar a nivel mundial y ocupó el primer puesto entre los países de ingresos medianos altos.
Aunque la cifra parece ser alta, Daniela Ligiero, directora ejecutiva y presidenta de Together for Girls, cree que el resultado apenas refleja lo mínimo que debería garantizar cualquier gobierno. “Una puntuación de 69.7/100 simplemente no es suficiente para los niños y niñas”, anota.
A juicio de Ligiero, el índice puede servirle a Colombia como una hoja de ruta para fortalecer su respuesta institucional y avanzar hacia la erradicación de la violencia sexual contra niños y niñas. “Solo cuando se tomen medidas consistentes en todos los indicadores, los niños y niñas estarán seguros”, asegura.
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Entre las recomendaciones que plantea la organización al gobierno de Colombia está crear un Consejo Nacional de Sobrevivientes, desarrollar un plan de acción nacional para poner fin a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y fijar la edad legal de consentimiento sexual en 18 años, con excepciones contempladas por cercanía de edad.
El informe también insiste en la necesidad de penalizar explícitamente la explotación sexual infantil y ampliar el alcance de las leyes que castigan el abuso cometido por familiares o personas en posiciones de autoridad. Además, propone fortalecer las herramientas de extradición y extraterritorialidad para perseguir delitos de explotación sexual que cruzan fronteras.
Sobre este último punto, la organización señala que la legislación debería dejar claramente definidos todos los elementos relacionados con la trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual, algo que todavía presenta algunos vacíos en varios países.
Los resultados, a los ojos de Ligiero, también desmontan una idea frecuente y es que el dinero garantiza mejores sistemas de protección. “Casi la mitad de los 20 países mejor clasificados son de ingresos medios”, comenta y sostiene que lo que realmente marca diferencias es la combinación entre voluntad política, coordinación institucional e inversión sostenida en el tiempo.
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Entre las conclusiones generales del índice aparece una advertencia que atraviesa a casi todos los países evaluados y es que la protección seguirá siendo insuficiente si no se garantizan sistemas de prevención más sólidos, recursos permanentes y políticas públicas construidas a partir de las experiencias de las personas sobrevivientes.
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