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El fallo en primera instancia en contra de Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, es un hito en las investigaciones judiciales del país. Es la primera vez que una jueza penal condena a un expresidente por considerarlo el determinador de una red de manipulación de testigos que trató de torcer para que hablaran en su favor. La jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, lo encontró culpable de tratar de engañar a la Corte Suprema de Justicia en varios expedientes que adelantaba el alto tribunal por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares. Más allá de la histórica sentencia, y del camino que todavía le queda a ese proceso, la decisión que se conoció esta semana puso sobre la mesa un delicado asunto sobre la guerra en Colombia.
Lo que la jueza Heredia sostuvo en su fallo es que Uribe Vélez trató de manipular la verdad sobre las declaraciones que varios paramilitares han rendido ante la justicia sobre su supuesta participación en la creación de grupos armados ilegales y en su posterior apoyo. La Fiscalía tiene en sus manos tres voluminosos expedientes en su contra que la Corte Suprema le envió en septiembre de 2020, justamente cuando el expresidente renunció al Senado y perdió la investidura que le permitía al alto tribunal investigarlo. El 14 de septiembre de ese año, las carpetas llegaron al ente investigador, cuando Francisco Barbosa todavía estaba a la cabeza de la administración de la entidad. La estrategia que le impuso al caso, de la mano del fiscal Gabriel Jaimes Durán, fue tratar de cerrar el expediente por manipulación de testigos.
En las dos ocasiones en las que pidió archivar el caso, dos juezas diferentes lo negaron bajo un argumento en común: sí había pruebas para llevar a juicio a Uribe por la manipulación de testigos. Cinco años después, en primera instancia, la justicia encontró que sí hubo un intento criminal del expresidente. Mientras ese proceso iba y venía entre despachos de la Fiscalía, los otros tres casos quedaron en suspenso, entre tanto no se resolviera el caso por fraude procesal y soborno en actuación penal. Este diario pudo establecer que el ente investigador no ha movido una hoja de los expedientes que buscan resolver un tema mucho más profundo y de fibras más sensibles: el papel que habría tenido Álvaro Uribe en cuatro hechos de violencia paramilitar que marcaron a Antioquia.
Se trata de tres expedientes que estaban bajo el mismo radicado en la Corte Suprema y que venía adelantando el magistrado César Reyes, el mismo que llamó a indagatoria a Uribe Vélez y ordenó capturarlo en agosto de 2020. Primero, la masacre de San Roque, municipio del nordeste antioqueño, perpetrada en 1996 por un grupo al margen de la ley que, según la Corte, “al parecer utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”. Segundo, las masacres de Ituango, ocurridas en los corregimientos de La Granja, en junio de 1996, y El Aro, en octubre de 1997. Allí, paramilitares atacaron a la población civil de manera indiscriminada, cuando Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia.
Tercero, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998, luego de haber alertado una y otra vez de cómo la violencia se cernía sobre el municipio de Ituango. No solo puso el dedo en la llaga, con sus denuncias sobre la connivencia de grupos de autodefensa con militares de la IV Brigada del Ejército, sino que denunció públicamente una supuesta omisión de Uribe Vélez frente a la escalada de terror que terminó en masacres como la de Ran Roque, El Aro y La Granja. En ningún caso la justicia ha logrado responder el reclamo de las víctimas sobre hasta qué punto funcionarios públicos pudieron voltear la mirada hacia otra parte para no acatar los llamados de quienes denunciaron la complicidad entre paramilitares y el Estado
Pero antes de que la Corte Suprema le entregara los expedientes a la Fiscalía, tomó una decisión que blinda a quienes han exigido verdad y justicia durante casi 30 años. En junio de 2020 no solo admitió que el sobrino del abogado Valle Jaramillo pueda ser aceptado como parte civil del proceso reabierto desde 2011, sino que declaró que no prescriben las acciones civiles que se puedan plantear con efectos de reparación, lo que abre la posibilidad de que sean los familiares de las víctimas quienes ahora impulsen directamente estos expedientes. Mientras la defensa del expresidente Uribe prepara su apelación por la condena que recibió su cliente esta semana, ahora los ojos están puestos en lo que pueda hacer la Fiscalía con estos procesos que siguen acumulando polvo en algún anaquel del búnker.
El asesinato de quien denunció las masacres
El abogado Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998. Dos sicarios fueron hasta su oficina en Medellín, donde justo ese día un campesino de Ituango lo esperaba para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en el corregimiento de El Aro. Según Valle, estas masacres fueron perpetradas en colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló en 1997, durante una entrevista.
A mediados de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y la de San Roque, en 1996, Valle Jaramillo siguió con las denuncias durante un acto de conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos señaló: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.
Esas denuncias fueron retomadas en 2017, cuando el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que, por esas masacres, fuera investigado el entonces exgobernador Álvaro Uribe Vélez. Esta última decisión, liderada por el magistrado Rubén Darío Pinilla, también se refiere al proceso que cursaba en la Fiscalía por presunta conformación de grupos paramilitares, un expediente que intentó torcer el expresidente, según el fallo de primera instancia conocido la semana que pasó. Tanto el caso de Valle como el de las masacres fueron declarados como hechos de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Uribe Vélez siempre ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver en estos casos y ha pedido celeridad en las investigaciones.
La masacre de La Granja
El asesinato de cuatro campesinos en ese corregimiento del municipio de Ituango fue el inicio de esta estela de violencia paramilitar en 1996. El 11 de junio de ese año, más de 20 paramilitares de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, fuertemente armados y liderados por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”, asesinaron a cuatro campesinos: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias. Una incursión armada que habría sido financiada desde el Parqueadero Padilla, la denominada oficina de finanzas de ese grupo armado en pleno centro de Medellín. Por estos hechos, en 2023, la Fiscalía llamó a juicio a quien administraba ese despacho criminal: Jacinto Soto Toro, alias “Lucas”.
El caso de la masacre de San Roque
Tres meses después, entre el 13 y 17 de septiembre de 1996, ocurrió una masacre en el municipio de San Roque (Antioquia). Un hecho violento del que no se tiene mucha información, pero que fue la génesis del proceso que tiene hoy condenado en primera instancia a Álvaro Uribe. La mención de esta masacre aparece en una investigación previa que adelantaba la Fiscalía contra el expresidente, relacionada por la presunta conformación de grupos paramilitares en los años 90 en la hacienda Guacharacas, de propiedad de su familia. Ese proceso, que estuvo en la Corte Suprema mientras Uribe fue senador, inició por las declaraciones que hicieron al respecto los paramilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, este último testigo estrella del caso Uribe por manipulación de testigos.
Masacre de El Aro
Entre el 22 y 31 de octubre de 1997 el horror paramilitar se ensañó con el corregimiento. Unos 200 integrantes de las autodefensas que comandaba Carlos Castaño hicieron una incursión que había sido planeada, según palabras de Salvatore Mancuso, varios meses atrás y dejó 15 personas asesinadas y 40 casas quemadas durante las dos semanas. Arrasaron con ese pequeño asentamiento, que fue señalado —sin prueba alguna— de que sus habitantes eran colaboradores de la guerrilla. Los testimonios de los sobrevivientes y de exparamilitares recopilados por la justicia insisten que durante esos aciagos días un helicóptero fue observado durante la masacre. Un asunto que ha despertado interés para determinar quién sobrevolaba la zona mientras se perpetraba este crimen de lesa humanidad.
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