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En una ladera de pendiente media, en el suroriente de Bogotá, se cocina una bomba de tiempo. Se trata de un sector popularmente denominado Tocaimita, en la localidad de Usme, donde hay 480 viviendas irregulares, en las que viven desplazados, migrantes y afros, que llegaron a la capital para salvar sus vidas y buscar nuevas oportunidades. Los líos de seguridad y el hecho de ser un terreno incluido entre las 2.776 hectáreas de la ciudad clasificadas como de alto riesgo de derrumbe han llevado a la comunidad y las autoridades locales a advertir que allí se está la semilla de una posible tragedia.
La alerta no es nueva, pero se ha recrudecido en los últimos meses. No solo por la creciente violencia que azota a la ciudad, sino por las largas temporadas invernales que ha soportado el centro del país, con las emergencias que esto genera. “Desde 2023, cuando me uní al Cuerpo de Bomberos de Bogotá, en la estación de Usme, el tema de la deforestación y el deslizamiento han estado presentes. Estamos preparados porque es un riesgo latente”, precisó un bombero de la zona.
Pese a esto, los habitantes de Tocaimita aseguran que prefieren vivir en medio del riesgo que dejar sus casas y verse sometidos a sufrir sin un techo en la fría capital. Sin una solución en el horizonte, es claro que allí se cocina una crisis, la cual evidencia los retos que enfrentan las autoridades al atender a familias vulnerables, amenazadas por la violencia y un eventual desastre natural.
Entre Nubes
En Usme hay cerca de 57 polígonos con diferentes usos del suelo (expansión, consolidación, conservación, etc.) y la urbanización irregular Tocaimita abarca tres polígonos, que colindan con el Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre Nubes y el sector de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar; una zona principalmente montañosa.
Y fue allí, en límites con la Usme rural, donde se levantaron las viviendas irregulares, refugio para familias con extrema vulnerabilidad, lo que se aprecia en los materiales reutilizados para edificar sus ranchos, que se ha convertido en una constante del lugar. Aunque todos están en riesgo, el sector Tocaimita Oriental es el punto más crítico. La alta amenaza por remoción en masa (derrumbes) en la parte alta del Parque Entre Nubes es lo que mantiene en alerta a las autoridades, pues cada vez que llueve podría ocurrir una tragedia.
Como ocurrió el 17 de junio del año pasado, cuando se presentó un deslizamiento que arrasó 50 viviendas y dejó a 70 familias damnificadas. La emergencia se extendió por poco más de un mes, tiempo en el que 20 familias salieron del sector, tras recibir subsidios de la administración; pero poco cambió. Aunque algunas familias atendieron el llamado de desalojo, las autoridades aseguran que la situación vuelve a ser crítica.
Ante la alerta de que estaban vendiendo algunas casas abandonadas desde la época del derrumbe, el pasado 30 de marzo las autoridades programaron un operativo para desmantelar los inmuebles desocupados. Sin embargo, pese al acompañamiento de la Policía y el Ejército, a los funcionarios los expulsaron a piedra y varios resultaron heridos. “Era un operativo para recuperar los inmuebles desocupados. Íbamos con casi 300 uniformados de la Policía y el Ejército, y nos atacaron. Eran niños y ancianos, lo que hizo imposible la situación. Esto muestra lo crítico de la situación social”, relató una vocera de la Alcaldía local de Usme.
De esta manera, aunque la Policía asegura que no hay un territorio vedado a las autoridades, la situación generó un ambiente inseguro en la localidad. Allí permanece constantemente una Unidad Móvil de la Policía junto con una patrulla, que cuenta con apoyo de equipos de Carabineros.
Entre las acciones reportadas en la zona está la captura del presunto responsable del homicidio, al parecer en un hecho de intolerancia, de un líder indígena. Además, la Secretaría de Seguridad reportó el sellamiento de una discoteca clandestina, con cerca de 300 personas. Aun así, la topografía de la zona dificulta la atención de cualquier problema de orden público.
De esta manera, aunque las cifras de homicidios en la localidad, en particular en la zona de Tocaimita, han disminuido (-14 %), las comunidades denuncian que son constantes las amenazas, así como demoras en los estudios que han solicitado algunos líderes a la Unidad Nacional de Protección.
Los orígenes de Tocaimita
Aunque no es claro el inicio de esta urbanización irregular, ubicada en suelo de protección, su origen parece remontarse 30 años atrás, con la expansión de la capital. “Gente nativa de Usme señala que en 1989, tras la recuperación del parque Tercer Milenio, una de las soluciones para reubicar a la gente que sacaron de allí fue traerla en volquetas hasta este punto. Si esto se pudiese comprobar, tendríamos una causa de este problema”, indica Iván Calderón, personero local de Usme. Desde ese momento, aseguran, empezaron a llegar comunidades desplazadas y vulnerables, que se asentaron en búsqueda de mejores opciones, sin importar las condiciones del terreno.
Más allá de la posible responsabilidad de la administración de esa época, los años de abandono estatal son evidentes. Según informes del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, que ha emitido al menos 17 informes sobre la situación en Tocaimita desde 2006, a la fecha se han expedido 170 recomendaciones de reacomodación y 30 órdenes de restricción; la mayoría sin cumplirse.
Al tratarse de una urbanización irregular y con poco control al comienzo, la población ha crecido excluida de los servicios sociales, públicos y de control policivo. Esto último ha dado espacio para el arribo de economías ilegales, como la que promueven, por ejemplo, los denominados “tierreros”, que se han dedicado a vender lotes en zonas de protección o sin licencia por sumas de $7 millones a $20 millones, dependiendo del predio. Y detrás de ellos, los grupos armados ilegales, que se han dedicado a ocupar terrenos para sus rentas ilegales.
Actualmente, como lo referenció la alerta temprana 010-21 de la Defensoría del Pueblo, “en el sector del parque ecológico Entre Nubes se registra presencia de presuntos integrantes de grupos sucesores del paramilitarismo, como las autodenominadas AGC y las Águilas Negras, y otras estructuras ilegales como el Frente de Guerra Urbano del ELN y milicias que se separaron o no firmaron los acuerdos con las FARC. Además, se identifica el traslado y la reestructuración de miembros de grupos armados de crimen organizado como: Los Paisas, Los Orientales (herederos de los Diablos del Cielo) y Los Obispos”.
Esto, sin duda incrementó los factores de riesgo en el que están las comunidades que, a pesar de ver cómo su vida también la amenazan los grupos ilegales, se ven obligadas a permanecer allí, al no tener más a dónde ir. “Lamentablemente, las personas desplazadas migran y llegan a áreas dominadas por grupos armados. Además, muchas veces sienten temor de las autoridades, particularmente por Migración Colombia y la Policía. Esto lo que hace es que esa relación y el acceso a la justicia y a la seguridad quede en manos de estas organizaciones delincuenciales”, indica Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario, quien agrega que estos grupos llegan a controlar la seguridad y las dinámicas, y establecen incluso mediación de conflictos entre los miembros de la comunidad.
Ante la creciente situación de vulneración, en los últimos años las autoridades han intentado hacer más presencia. En audiencia pública, la Secretaría de Integración Social reportó que en marzo fueron atendidas 196 personas, a quienes se les dieron bonos para poblaciones vulnerables y se les hizo la oferta de servicios en comedores comunitarios y jardines infantiles. “Hay que avanzar, pero entender también que hay heridas en la población que persisten, lo que ha generado estos hechos de violencia entre ellos y con el Distrito. Y es un problema que a nivel local se están agotando las herramientas para enfrentarlo”, indicó Iván Calderón.
Sin responsabilidades claras
A pesar de los líos que enfrentan las autoridades para atender este punto de la ciudad, por ser una zona irregular, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá abrió una puerta, al clasificar la zona de Tocaimita como suelo de “Mejora Integral”. Si bien podría servir para mejorar la situación de la población e, incluso legalizar una parte del barrio, no será tan fácil de manejar. La administración indica que, al estar en aérea de influencia del parque Entre Nubes, se debe tener consideración especiales, que debe definir una curaduría urbana.
Aún así, esta nueva normatividad implicaría que los estudios de riesgo y caracterización se deben repetir y adaptar a las nuevas reglas de juego determinadas por el POT, para saber hasta qué punto se puede avanzar. En eso se debe tener en cuenta que, al tratarse de comunidades vulnerables, se necesita un tratamiento diferencial en cada caso, para asegurar el debido proceso en la evacuación de estas personas que deban dejar este punto.
Según la Secretaría de Ambiente, solo cuatro predios en la zona son propiedad del Distrito y la mayoría son propiedad de privados, lo que complicará cualquier plan, pues se requiere una evaluación catastral de la zona. Por su parte, la Alcaldía local asegura que se están adelantando acciones policivas para contener un fenómeno que ha aumentado en los últimos años.
Por ahora, las autoridades locales reportan que no se ha registrado un aumento de las viviendas del sector. Pese a esto, es clara la necesidad de que el Distrito se encargue de la situación y busque cuanto antes una salida a la problemática que se vive en este sector de la ciudad. Por el momento, está por verse si las acciones distritales y nacionales avanzan con mayor celeridad, para evitar una tragedia en Tocaimita.
Por Fernán Fortich
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