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Se cumplen 39 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la entonces guerrilla del M-19. Desde entonces, las víctimas han clamado por justicia por el trágico hecho en el que murieron 94 personas, entre ellos once magistrados, y desaparecieron, por lo menos, doce personas más, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esos casos, que en la actualidad los investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), están en un limbo, entre el trabajo de una jurisdicción limitada y unas víctimas que, cansadas de esperar, sienten que no se hace nada para que haya justicia. El Espectador habló con representantes de víctimas y con magistrados de la JEP para conocer el panorama del emblemático caso.
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Germán Romero es una de las personas que en Colombia más conoce sobre el expediente de los hechos ocurridos hace ya casi cuatro décadas. Él es el defensor de cabecera de la familia de Carlos Rodríguez y Marina Ferrer, dos de los desaparecidos en el holocausto de 1985. Ha visto de primera mano el paso del proceso entre la jurisdicción ordinaria y la JEP, así como las actuaciones que la justicia transicional ha hecho y el dolor de las familias al ver que el tiempo pasa y ninguna jurisdicción satisface lo que buscan: verdad y justicia. En diálogo con este diario, el abogado Romero aseguró que muchas de las familias que están hoy en día reclamándole a la JEP que le meta acelerador a sus expedientes, no llegaron allí voluntariamente.
En palabras de Romero, aunque muchas de las víctimas se oponían a que la JEP le abriera la puerta a los militares implicados en la desaparición y muerte de sus familiares, cuando la jurisdicción ordinaria ya llevaba un camino adelantado, los miles de folios del caso llegaron a la JEP y allí se volvió el caso un tire y afloje. Hasta el momento, han sido ocho las personas relacionadas con la toma y retoma del Palacio de Justicia las que han buscado someterse a la justicia transicional. Sin embargo, este diario conoció que de todas ellas, cinco ya han sido expulsadas y las otras tres hasta ahora empezarán a tener los primeros llamados para que presenten un plan de aporte a la verdad que definirá su ingreso y permanencia en esa jurisdicción.
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La magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP y quien ha adelantado gran parte de las acciones que se han tomado en el expediente hasta el momento en esa jurisdicción habló con El Espectador sobre los pormenores que han sorteado con los comparecientes y las pruebas dentro del caso. Aunque la togada defendió el trabajo que han hecho junto con otros magistrados hasta el momento, reconoce que el dolor de las víctimas es lo primordial y valida el sentir de las familias que, casi 40 años después del trágico hecho, siguen sin saber toda la verdad y esperan que, ahora, sea la JEP la que les permita obtener justicia de alguna manera.
Saldaña conoce de primera mano que muchas de las víctimas no eran partidarias de que el caso del Palacio de Justicia llegara a la jurisdicción transicional. Sin embargo, sostiene que su trabajo y el de sus colegas en la JEP es cumplir con el Acuerdo de Paz de 2016 y bajo esa brújula han guiado su labor. “El trabajo de la JEP es satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad, a la no repetición, con el logro de una paz estable y duradera”, señala la togada, quien agrega que esa jurisdicción tiene “la competencia prevalente y preferente para conocer de las conductas que fueron cometidas por varios agentes del Estado, exintegrantes de la Fuerza Pública, que estuvieron involucrados en los hechos que se conocen como la toma y retoma del Palacio de Justicia”.
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Aun así, la óptica que tiene las víctimas es completamente diferente en algunos casos. Según ha dicho en reiteradas ocasiones el abogado Romero, la JEP ha sido demasiado benevolente con los militares implicados en la tragedia, y, según sus palabras, ha parecido que las víctimas les incomodan. El defensor de algunas de las familias resalta que algunos militares que pidieron pista en esa jurisdicción no ofrecieron desde el inicio un plan de aporte a la verdad que fuera lo suficientemente fuerte ni que satisfacía a las víctimas, pero que aun así, la JEP les abrió las puertas y después, por esa misma debilidad de los aportes, fueron expulsados de la jurisdicción transitoria.
Por ejemplo, el 16 de marzo de 2023, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP expulsó al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien fue el jefe militar de la operación para la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Según la Sala, durante la audiencia única de aporte a la verdad que se realizó con el alto oficia en retiro, no realizó aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia. Para ese organismo “el general (r) Arias desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP”. Por eso, fue regresado a la justicia ordinaria, donde enfrenta una pena de 35 años de prisión como responsable del delito de desaparición forzada.
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Un caso similar fue el del también general en retiro Iván Ramírez Quintero, quien en agosto de 2022 fue rechazado por la JEP. Para la época de la toma del Palacio de Justicia, Ramírez Quintero era jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX. Es señalado de una docena de desapariciones forzadas en esa operación, así como del exterminio del partido Unión Patriótica. A pesar de haber buscado un cupo en la jurisdicción transitoria, Ramírez Quintero guardó silencio hasta agosto de 2022, cuando la JEP le puso punto final a su historia y lo expulsó. En la justicia ordinaria fue condenado a 31 años y 10 meses de prisión.
La misma suerte corrieron el mayor (R) Oscar William Vásquez Rodríguez, el sargento (R) Gustavo Arévalo Moreno y el sargento Bernardo Alfonso Garzón Garzón. Estos militares en retiro, que eran considerados eslabones claves en el caso, no hicieron los aportes suficientes a la verdad para ser aceptados y fueron expulsados de la JEP en julio de 2023. En esa ocasión, la jurisdicción encontró que en las audiencias de aporte a la verdad el sargento (r) Garzón y el sargento (r) Arévalo Moreno, aunque aportaron, no fue suficiente lo que dijeron. En el caso del mayor (r) Vásquez, fue expulsado, pues no entregó ninguna contribución y se abstuvo de participar en las audiencias, asegurando no tener “ninguna contribución que hacer más allá de lo ya preceptuado por la justicia ordinaria”.
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Este diario conoció que de los ocho militares que han pedido pista en la JEP, solo se mantiene con posibilidades tres: el mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez, el sargento viceprimero Luis Fernando Nieto Velandia y el sargento mayor retirado Ferney Ulmardín Causayá Peña. Fuentes de la JEP consultadas por este diario aseguraron que este 5 de noviembre, un día antes del 39° aniversario del trágico hecho, se les remitirán escritos a los exuniformados y a sus apoderados, para que hagan un plan de aporte a la verdad. Aunque esperan que los planes lleguen por escrito es menos de una semana, al mayor Peña se le darán 20 días para entregar el documento, pues ha manifestado en reiteradas oportunidades que su hijo presenta graves inconvenientes de salud y ha tenido que estar atendiéndolo.
Aunque nuevos movimientos en el caso se aproximan, el abogado Germán Romero dijo en diálogo con este diario que las demoras son demasiadas. El defensor de víctimas aseguró que en el caso de los tres militares que se mantienen con un pie dentro de la JEP, esa jurisdicción “lleva más de un año sin hacer nada, lo que fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una reciente audiencia privada”. Por su parte, la magistrada Saldaña dijo: “yo entiendo que para las víctimas en este momento y en medio de su dolor consideren que las audiencias de verdad no son nada; sin embargo, la JEP le garantizó a las víctimas un espacio en el que dentro de un proceso dialógico tuvieron la oportunidad histórica de preguntar directamente”, dijo la togada.
Por ahora, las víctimas serán citadas por la JEP cuando los planes de aporte a la verdad de los tres militares lleguen, para que tanto la jurisdicción como las familias y los abogados las valoren y vean si son lo suficientemente sólidos para convocar a una audiencia de verdad. De la misma manera, dentro de la justicia transicional, la magistrada Saldaña se mantienen en que al caso del Palacio de Justicia “se le ha dado prelación por ser un caso emblemático, porque, en solo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se están manejando más de 1.300 comparecientes, incluidos estos tres militares. Hay muchas víctimas, pero las de este caso han tenido prelación”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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