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En 2025, 779.000 personas dejaron de pasar hambre en Colombia y la seguridad alimentaria ganó terreno. Las cifras muestran que el país ha avanzado en garantizar el derecho humano a la alimentación, aunque se mantienen las brechas de acceso para los sectores más vulnerables de la población.
Todavía 12 millones de personas estaban en inseguridad alimentaria durante 2025, lo que representa el 21,1 % de los hogares y 22,8 % de la población. El caso más grave de esto es el hambre, que se vivió en el 3,4 % de los hogares.
Los expertos coinciden en que la reducción es positiva, especialmente en lo relacionado con el hambre, ya que era un indicador que había permanecido cerca del 5 % a nivel nacional desde 2022. En ese año comenzaron las mediciones articuladas del Departamento Administrativo de Estadística (DANE) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).
Desde entonces, la reducción de la inseguridad alimentaria había sido leve. “En 2025 sí se da un salto significativo. No solo por la magnitud de la caída, sino porque por primera vez se reduce de manera clara la inseguridad alimentaria grave. Eso permite inferir que finalmente se está llegando a las personas más vulnerables”, le dijo el representante de FAO en Colombia, Agustín Zimmermann, a este medio.
Y es que la caída fue relevante frente a 2024, de 4,7 puntos porcentuales en la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave y de 1,5 puntos porcentuales respecto al hambre.
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Son varios los factores que ayudan a entender el avance en el acceso a los alimentos en el país y si algo está claro es que los resultados no se dan por casualidad. Uno de ellos es la reducción de la pobreza multidimensional y que ahora hay “más plata en el bolsillo de los hogares más vulnerables, impulsado por del incremento en el salario mínimo. Además de políticas territoriales en los departamentos más afectados”, añade Zimmermann.
Por ejemplo, San Andrés se destacó por su mejora en la medición. Pasó de tener una inseguridad alimentaria de 31,8 % en 2024 a un 5,2 % en 2025, una caída del 26,6 %. Las explicaciones del DANE están relacionadas con una mejor situación económica de los habitantes del centro poblado, impulsada por el aumento del turismo y el fortalecimiento de programas de agricultura y pesca artesanal.
Además, departamentos del centro del país (Meta, Tolima, Santander) mejoraron en acceso a alimentos, asociadas a recuperación de cadenas productivas agrícolas, según Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali.
Otros elementos positivos que entran en la ecuación y que destaca Duarte son la reducción de la inflación alimentaria en 2025 y el mejor acceso a alimentos en hogares venezolanos que llevó a una reducción del 35,3 % al 29,5 % en inseguridad alimentaria, lo que refleja una mayor integración socioeconómica.
También ha sido relevante que la lucha contra el hambre y la malnutrición se mantenga prioridad en la agenda política, ya que las transferencias monetarias y programas del Gobierno y entidades territoriales contribuyen a ser un factor protector para la población en extrema pobreza.
Los focos de inseguridad
Pero no todas son buenas noticias. La brecha entre el campo y la ciudad permanece y se amplía año a año. En 2022 la diferencia entre ambos era de 5,7 puntos porcentuales, pero en 2025 se duplicó y va en 13,3 puntos porcentuales.
Y si bien todos los indicadores cayeron en el último año, no lo hacen en todas las zonas con la misma fuerza o velocidad.
Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, explica que esto se debe a que algunas mejoras no llegan a los habitantes rurales, como el aumento del salario mínimo y empleo.
“Las brechas y las dificultades estructurales en el campo siguen siendo grandes, aunque es evidente la reducción en el indicador. Esto muestra diferencias estructurales en el acceso a las mismas políticas públicas entre los dominios geográficos”, agrega Rendón.
Además, los hogares que se autoidentifican como campesinos registran niveles de inseguridad alimentaria muy superiores a quienes no se reconocen como tal (históricamente, esta brecha se ubica en casi 10 puntos porcentuales por encima).
Duarte apunta que el panorama es aún más crítico para los grupos étnicos. Las mediciones de la escala la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) indican que la probabilidad de padecer hambre es máxima en los hogares indígenas, seguidos estrechamente por la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP), como se evidencia en el gráfico.
Persiste, de igual modo, la brecha de género porque los hogares con jefatura femenina se ubican en 23,1 %, frente al 19,4 % de los masculinos.
En resumen, al cruzar estos enfoques étnico-campesinos con los datos de género, la estadística dibuja el perfil de mayor riesgo en Colombia: el núcleo demográfico más vulnerable al hambre es un hogar rural, de jefatura femenina, con autoidentificación étnica o campesina, resalta Duarte.
Otra brecha significativa es la departamental. Chocó (56,8 %), Sucre (50,1 %) y La Guajira (47,8 %) fueron los lugares con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. Mientras que San Andrés (5,2 %), Caldas (9,2 %) y Bogotá D.C. (9,6 %) presentaron los menores porcentajes.
El caso de Chocó llama la atención, pues representó el mayor incremento en la población que pasó hambre. En 2024 fue el 6,4 % de los hogares y para 2025 es el 17,9 %. En este territorio se evidencia el peso que tienen los problemas de orden público, conflictos o guerras en aumentar la dificultad para que las personas accedan a la comida, de acuerdo con la directora del DANE, Piedad Urdinola.
“El grueso de los problemas en este tema no es que la humanidad no tenga la capacidad de producir alimentos para todo el mundo, la tenemos. El problema es la distribución, ¿cómo hacemos para que les llegue eficientemente a todas las personas, es el gran problema”, añadió Urdinola.
Estos focos no son novedosos, son desigualdades profundas que se confirman. Así queda en evidencia, una vez más, cuáles son las poblaciones a las que el país deberá atender con urgencia si quiere alcanzar o al menos avanzar en el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible: el Hambre Cero a 2030. Aunque esta parezca una meta imposible de alcanzar, se trata de un derecho de los colombianos.
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