El “lawfare” está de moda (en EE. UU.)

Durante las últimas dos décadas, las acusaciones de lawfare (guerra jurídica) han parecido ser monopolio de las izquierdas latinoamericanas. En efecto, han sido dirigentes como Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff y Lula da Silva quienes han descrito los procesos que se han adelantado en su contra como ejemplos de la guerra jurídico-mediática que utilizan determinados grupos sociales y económicos para detener la consolidación de procesos progresistas. Sin embargo, la decisión de imputar al expresidente Donald Trump ha trasladado dicho término a las antípodas del espectro político, a saber, la extrema derecha.

Ejemplos hay de sobra. Ron DeSantis, gobernador de Florida, reprobó la utilización del sistema legal para “apuntar a un oponente político”. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, ordenó que se investigue si se está “interfiriendo en las elecciones con enjuiciamientos por motivos políticos”. El propio expresidente señaló que los demócratas estaban utilizando el sistema judicial como arma para castigar a un oponente. En el mismo sentido se pronunció Marjorie Taylor Greene, representante conocida por apoyar múltiples teorías de la conspiración.

Estas afirmaciones han sido cuestionadas por varios sectores de la opinión pública que, como el editorial de El Espectador, consideran que el proceso “está siendo politizado de manera irresponsable” por Trump. Discrepo de dicha aproximación, por cuanto considero que quienes lo están politizando son aquellos que lo promueven. En mi criterio, existen elementos que permiten advertir que existe una intervención judicial en las elecciones que, con independencia de las opiniones que puedan existir con respecto a Trump, debe ser rechazada por todos aquellos que defendemos la democracia. Ejemplo de ello es la sincronización entre el calendario electoral y el proceso judicial, elemento clásico del lawfare. Esto, a pesar de que las acusaciones de Stormy Daniels se remontan al 2018. Al igual que con el caso Kirchner, el proceso contra Trump coincidirá con la campaña presidencial.

Innegablemente, el proceso judicial influirá en la candidatura. La imagen de un Trump arrestado, en todos los medios de comunicación, exacerbará los ánimos de sus más incondicionales seguidores, a la vez que, probablemente, aleje del Partido Republicano los votos de los indecisos, fundamentales en una elección tan reñida. Con esto no defiendo la impunidad. Trump, como cualquier ciudadano, debe responder por sus actuaciones, si hay mérito para ello. Mi discrepancia radica en la utilización del poder judicial para imponer una agenda política, cualquiera que ella sea.

En un Estado de derecho, las decisiones públicas se toman en las urnas y se ganan con votos. Cualquier intervención judicial orientada a fortalecer o debilitar un proyecto político carece de legitimidad democrática. En ese sentido, aciertan quienes, desde la política, reprochan las decisiones judiciales que no son asépticas y son tomadas por personas que también tienen lecturas políticas, como todos los ciudadanos. Por ello, deben ser objeto de valoración y crítica, sobre todo cuando la consecuencia de los procesos es la exclusión de determinados proyectos políticos de la vida pública. El lawfare debe ser proscrito de toda democracia, con independencia de que afecte a dirigentes de izquierda o de derecha.