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La Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), la entidad que defiende a Colombia de demandas internacionales, ajustó sus políticas con la llegada del director César Palomino. Ahora, incentiva a las firmas de abogados que el país contrata en el extranjero a que, a su vez, subcontraten a bufetes colombianos para hacer frente a las demandas. El objetivo es que el trabajo conjunto permita dejar conocimiento instalado en el país. A principio de año, las sospechas del exsenador Jorge Robledo a este ajuste llevaron a que la Procuraduría tomara cartas en el asunto. Ahora, El Espectador revela otro proceso de contratación que está bajo sospecha.
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En marzo pasado, este diario detalló el proceso de contratación para una demanda por US$430 millones contra el país. Entonces, un bufete recién creado, Astrea SAS, se montó al caso como parte del equipo de trabajo de la firma estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR). Robledo cuestionó que Astrea SAS mentía en su página web, que tenía nula experiencia en demandas internacionales y que sus miembros eran de la misma región que el director internacional de la Andje, Yebrail Haddad. Las revelaciones hicieron que el acuerdo entre Astrea SAS y HHR se cayera, y a la renuncia de todo el equipo de alto nivel que atendía estos casos en la entidad. Al final, a mediados del mes pasado, la Andje firmó con HHR el contrato, sin aliado estratégico.
El Espectador hizo seguimiento a los procesos de contratación de la Andje y, tras enviar solicitudes de información y estudiar datos públicos, encontró un segundo caso, igual de llamativo y que está en la mesa de la controversia en el mundo de las demandas internacionales. Se trata del proceso de contratación, ya firmado por $3.481 millones, a favor de la firma internacional Linklaters LLP. Ese bufete fue elegido a principio de este año para defender al país en la demanda por US$ 100 millones, alrededor de $400.000 millones de pesos colombianos, que el grupo inversionista británico español InfraRed tiene radicado contra Colombia, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
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InfraRed, el demandante, es el inversionista que en 2015 fue contratado para cumplir parte de la promesa de las vías 4G del gobierno de Juan Manuel Santos, en lo que concierne a la denominada Ruta al Mar: la vía de 504 kilómetros que atraviesa los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Un proyecto que está a punto de ser concluido, pero del que los inversionistas reclaman pérdidas millonarias atribuidas al país. Ahora, Colombia se defenderá contratando a la firma LinkLaters LLP, que ya subcontrató a la firma local Indemo SAS como aliado estratégico. El mismo contratista por cuyo trabajo, en asesoría legal, tiene en un pleito jurídico al municipio de La Mesa y a la gobernación de Cundinamarca.
La llegada de Indemo SAS al expediente
La firma LinkLaters fue contratada dada su experiencia en derecho internacional público, por su constancia defendiendo Estados latinoamericanos y porque ya ha tenido de adversario judicial a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Según los estudios previos de contratación para el caso InfraRed, “los ambiciosos objetivos del presente contrato exigen un enfoque colaborativo y estratégico para garantizar su exitosa ejecución. La creación de una alianza entre Linklaters e Indemo SAS se presenta como una decisión fundamental”, porque “la alianza propuesta no solo optimiza la ejecución del presente contrato, sino que también establece un marco de colaboración a largo plazo (…) y contribuye al logro de objetivos comunes”.
En el mismo documento, la Andje dejó claro que “este arbitraje es particularmente importante porque los arbitrajes de inversión tienen implicaciones tanto para los inversionistas extranjeros como para los Estados, ya que sus fallos pueden resultar en compensaciones económicas significativas y pueden influir en la percepción global sobre la seguridad jurídica de las inversiones en un país determinado”. Y que “un fallo a favor de los demandantes podría generar una compensación económica significativa para ellos y podría dar pie a que otros inversionistas extranjeros tengan mayor cautela al hacer negocios en Colombia”. La Andje permitió, sin profundizar en pros y contras, la inclusión de Indemo SAS en un pleito de esta sensibilidad.
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Indemo, un contratista que provocó una discordia jurídica en Colombia
Indemo SAS fue contratada por Linklaters para defender a Colombia, en su condición de experto en las leyes colombianas. El nombre largo de este contratista es “Ingeniería y derecho para la movilidad”, y son expertos en formulación de proyectos relacionados con movilidad desde 2016. Indemo fue, como lo verificó El Espectador, el contratista que confeccionó los aspectos legales del actual Plan Maestro de Movilidad del municipio de La Mesa (Cundinamarca), que terminó con la creación del sistema de estacionamiento regulado. Una estrategia a través de la cual la Gobernación de Cundinamarca está en total desacuerdo y que ya pidió tumbar ante el tribunal administrativo de ese departamento.
La representante legal de Indemo SAS es la abogada Lina Pilar Giraldo, especializada en Derecho Privado, de transporte e infraestructura. A cuenta propia se ganó un contrato de prestación de servicios con La Mesa en julio de 2021, en la alcaldía de Humberto Segura, del Centro Democrático. Su trabajo fue asesorar al municipio para la revisión, socialización y adopción del nuevo plan de movilidad, incluyendo la tarea de “asesorar la modificación de los decretos existentes, en materia de tránsito”. Dos meses después, La Mesa expidió el decreto 083 de 2021, con el cual se crearon las zonas de estacionamiento regulado: estacionamientos en vía pública, administrados por el municipio, que son de cobro por horas.
El documento de ese decreto fue proyectado por Lina Pilar Giraldo, actuando como contratista asesora de movilidad. Un día antes, ella misma envió el concepto técnico jurídico en el que se basó el decreto. Allí argumentó que el nuevo plan de movilidad cumple con los requisitos exigidos en la ley nacional sobre planeación urbana. En noviembre de 2021, Giraldo se ganó otro contrato para realizar servicios de asesoría técnica, legal y financiera de la operación y administración de las zonas. Entre los objetivos, Indemo debía “asesorar el marco legal aplicable e identificación de la modalidad de contratación para la administración y operación y proyección de actos administrativos para la creación y reglamentación de las zonas”.
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Al final, en 2022, la Alcaldía de La Mesa terminó contratando con la Sociedad Terminales de Transporte de Medellín para la administración y operación del servicio de estacionamiento en vía pública. Se proyectó la creación, desde entonces, de 60 zonas de estacionamiento regulado, con una tarifa promedio de $2.900 la hora para los vehículos. La decisión no solo levantó ampollas en la comunidad local, sino también en ciudadanos que buscaron al senador Ariel Ávila para que transmitiera que, además, habría presuntas irregularidades. Entre ellas, que la sociedad Terminales iba a obtener el 80% de los ingresos, por hasta 11 años, a pesar de que la alcaldía iba a poner la mano de obra y los elementos para el cobro.
A pesar de toda la tormenta regional, la Alcaldía de La Mesa reglamentó las zonas de estacionamiento regulado en mayo de 2022, a través de un decreto que fue proyectado y revisado por la contratista Giraldo. Sin embargo, como lo demandó la Gobernación de Cundinamarca ante la justicia, las autoridades regionales recién se enteraron de lo ocurrido en abril de 2024, cuando les llegó por primera vez el decreto vía correo electrónico. Es decir, habían pasado dos años de ejecución del nuevo plan de movilidad, sin la respectiva revisión jurídica de la gobernación. Una vez realizado este paso, explicó la gobernación, encontró que los documentos proyectados por Indemo están en “contravención de disposiciones de orden Constitucional y legal”. Es decir, serían ilegítimas.
Para empezar, la Gobernación de Cundinamarca descubrió que el decreto de reglamentación de las zonas no hace referencia, ni presenta los estudios técnicos, legales y financieros que requiere de forma previa y necesaria. “La ausencia de estos estudios técnicos y financieros implica la contravención de los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, en el cual se exige que las decisiones administrativas se desarrollen con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad”, explicó la gobernación en su petición al Tribunal Superior de Cundinamarca, la cual está pendiente de resolver.
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Y así concluyó la gobernación: “Resulta relevante tener en cuenta, que los efectos derivados del Acuerdo y del Decreto tantas veces citado, ha conllevado a múltiples movilizaciones y manifestaciones ciudadanas por parte de significativa parte de la comunidad, al haberse generado en sentir de la sociedad, afectaciones a su derecho al uso y goce de los espacios de manera libre, dejando réditos económicos a específicos particulares contratistas y sin atender las capacidades ciudadanas al tener que erogar sumas de dinero sin sustento”. Es decir, para la gobernación, el aliado estratégico de Linklaters en el expediente por las vías 4G, Indemo SAS, es un contratista con antecedentes por afectar negativamente a la ciudadanía.
El caso Ruta al Mar
InfraRed demandó a Colombia en enero de 2024, argumentando violaciones a los tratados de comercio con España y Reino Unido. Explicó que, mientras adelantaban la construcción y el mantenimiento de la Ruta al Mar, el país tomó decisiones que afectaron la viabilidad del proyecto y las finanzas del inversionista. Entre ellas, la expedición del decreto 50 de 2023 por parte del presidente Gustavo Petro, en compañía de los ministerios de Hacienda y Transporte, con el que se “congelaron” las tarifas aplicables en los siete peajes manejados por la concesión. El gobierno explicó que era un momento en el que el costo de vida había incrementado, por lo que había disminuido la capacidad de obtener servicios por parte de la población.
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Asimismo, InfraRed demandó “las sucesivas reubicaciones de las estaciones de peaje, y modificaciones de las tarifas aplicables”, como se lee en uno de los documentos a los que accedió este diario. InfraRed, que a finales del año pasado reportó un avance de hasta el 95% en la obra, demandó que Colombia además ha permitido que las comunidades locales se tomen por la fuerza la carretera, impidiendo el paso de ciudadanos y trabajadores, y entorpeciendo la realización de las obras y el acceso a la retribución del inversionista por medio de peajes. Por tanto, demandó a Colombia por expropiación indirecta, violación de la seguridad de las inversiones y trato injusto y no equitativo.
Respuestas
Cuando El Espectador le preguntó al director de la Andje, César Palomino, sobre la nueva estrategia de alianzas entre firmas internacionales con firmas nacionales, como en el caso de Linklaters con Indemo, respondió que los bufetes “pueden hacer con su plata lo que quieran”. Y que “en una alianza estratégica lo más importante es que quede la experiencia del arbitraje internacional de inversión en la firma de abogados nacionales”. Será esa empresa, entonces, la que asesore a Linklaters, con la bendición de la Andje, y a pesar de cargar a cuestas el pleito jurídico entre un municipio y una gobernación en Colombia. En la actualidad, las partes discuten quienes serán los árbitros que definirán el pleito, que podría costarle a Colombia $400.000 millones y un quiebre en su reputación internacional.
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