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La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene lista la primera acusación de su historia. Y no es de cualquier tema o personaje. Su director, Giovanni Álvarez Santoyo, anunció que el excongresista Luis Fernando Almario será llevado a juicio por más de 30 hechos de lesa humanidad, ocurridos en alianza con las Farc. Según la decisión, hay pruebas para asegurar que el excongresista participó en el exterminio del clan político Turbay Cote, el movimiento liberal más importante de Caquetá a comienzos de siglo.
“El señor Luis Fernando Almario es acusado en calidad de coautor porque con exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse del poder político en el departamento del Caquetá. Para ello ejecutaron una serie de conductas entre 1993 y 2002 que afectó a más de 30 personas del grupo político liberal Turbayista”, señaló Álvarez.
El director de la Unidad agregó: “A lo largo de la investigación identificamos dos patrones de violencia. El primero contra lideres, simpatizantes y personal de seguridad del Turbayismo y el segundo es un patrón de captura del Estado para el ejercicio del poder público”.
Luis Fernando Almario Rojas compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por dos procesos. El primero es por concierto para delinquir por sus nexos con grupos paramilitares. El segundo, por su presunta participación en los homicidios de Diego Turbay Cote (presidente de la Comisión de Paz cuando ocurrieron los hechos); su madre, Inés Cote de Turbay, y de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos, el 29 de diciembre del 2000.
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El sometimiento de Almario a la JEP comenzó en 2020, dentro del caso 01, que reconoce los secuestros dentro del conflicto armado. Su vinculación se dio por su presunta participación en el secuestro de Rodrigo Turbay Cote, perpetrado por los frentes 14 y 15 de las Farc en 1995; y por los homicidios de la misma familia en el 2000. Sin embargo, durante su proceso en la justicia transicional, no aceptó responsabilidad por el crimen, por lo que la Sala de Reconocimiento envió su expediente, en 2021, a la UIA para que iniciara el proceso que hoy tiene un avance crucial: la acusación en contra del excongresista.
Se trata del primer presunto máximo responsable que fue remitido a la UIA de la JEP. “De ser encontrado responsable, habría sido determinador no solo del exterminio de la familia política liberal más importante de Caquetá a manos de las Farc (…). Un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que debe ser esclarecido por esta jurisdicción, sea para exonerar a quien ha sido falsamente implicado como determinador de estos hechos graves y representativos del conflicto armado o para declarar, más de veinte años después de sucedidos los hechos, su responsabilidad”, advirtió la JEP en el auto en el que le solicitó a la UIA investigar los hechos.
El excongresista es procesado en la justicia ordinaria por sus presuntos vínculos con las Farc-EP y por su presunta participación en el asesinato de los Turbay Cote. Además, tuvo un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, desde la cual fue condenado en 2016 a 10 años de prisión por nexos con el paramilitarismo; respondiendo a los delitos de concierto para delinquir, por promover al Bloque Central Bolívar.
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Almario Rojas, de 67 años, después del proceso por el que fue condenado, solicitó que su sentencia fuera revisada nuevamente. Con ese recurso de por medio, en mayo de 2022, presentó una solicitud parcial para desistir de su sometimiento ante la JEP. El político consideró que su proceso por concierto para delinquir agravado no estaba siendo priorizado por la Sala de Reconocimiento. Por su parte, la JEP no le dio la razón, porque el sometimiento al tribunal es irreversible.
Ahora, la Fiscalía de la JEP lo llevará a juicio ante la Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz. Almario se convierte en la primera persona en ser acusada y llegar a esta instancia de la jurisdicción especial, con un caso emblemático de la persecución política a sangre y fuego que tiene un grueso capítulo en la historia del conflicto armado en Colombia.
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