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Desde este martes se discutirá en la Comisión Séptima la reforma laboral del gobierno Petro, que busca dignificar el trabajo en Colombia y solucionar problemas del mercado laboral, como la informalidad, el desempleo y la brecha de género.
Sin embargo, los sectores empresariales han cuestionado algunos puntos del documento, entre estos, los cambios en la jornada nocturna, los recargos de domingos y festivos y los contratos de trabajadores de plataformas como Rappi.
El Banco de la República publicó un análisis sobre los posibles riesgos que implicaría la aprobación de la reforma laboral que presentó el Ministerio de Trabajo. Los resultados indican que la implementación de la reforma aumentaría entre un 3,2 % y un 10,7 % el costo laboral para las empresas, mientras que las indemnizaciones representarían un incremento de entre el 1,2 % y el 1,9 %.
El aumento del costo salarial
Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, dijo que el encarecimiento de los costos laborales, “en un análisis económico sencillo, se traduce en desincentivos a la contratación laboral; entonces puede haber una afectación del empleo, especialmente en los más vulnerables, porque son los que generarían un mayor costo”.
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Según el análisis del Banco de la República, el incremento de los costos salariales causaría el recorte de cerca de 454.000 empleos formales. Sobre este punto, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, ha reiterado que la reforma laboral debe tener como prioridad la generación de empleo. “El proyecto de reforma laboral que se está discutiendo no resuelve las preocupaciones sobre desempleo e informalidad del país y, al contrario, impactará negativamente al mercado laboral. En ese sentido, proponemos que exista una clase de proceso transicional que estimule la formalización, pues es en la informalidad donde los trabajadores no tienen garantías”.
Una encuesta de Fenalco, publicada en marzo, asegura que el 55 % de los empresarios haría ajustes relacionados con la reducción de nóminas y disminución de personal; un 27 % evitaría al máximo la contratación de nuevo personal y un 71 % reduciría sus inversiones.
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Según Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el texto actual mantiene los artículos que generan altos costos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 97 % del tejido empresarial colombiano. “El texto de la ponencia, debe poner a pensar a los colombianos, y en especial a los congresistas, sobre el futuro de la sostenibilidad de las empresas, que para mantenerse a flote deberán optar por reducir sus nóminas o aumentar los precios de los bienes y servicios que ofrecen al público”.
¿Y la informalidad?
De acuerdo con el último reporte del DANE, la proporción de informales en el territorio nacional alcanzó un 58,2 % en el primer trimestre de 2023. “Este es un indicador que también debe ser visto como prioridad en la agenda nacional”, afirmó Mac Master.
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Según María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombia Americana (Amcham), la ponencia del proyecto de reforma laboral tal como está generaría un impacto mayor y directo sobre un aumento en la informalidad. “Como los costos laborales se incrementarían de forma importante, los empresarios tendrían serias dificultades para generar el empleo en las mismas dimensiones que se está dando en la actualidad, lo que ocasionaría que la población opte por el rebusque o trabajo informal”.
Para Cabal, poco se tuvieron en cuenta las recomendaciones de gremios y organizaciones a la hora de redactar la ponencia. “Sigue siendo una reforma que profundizará los privilegios de unas minorías, creará múltiples cargos sindicales protegidos por fuero, aumentará sustancialmente los costos para los empresarios y emprendedores y conducirá a la pérdida de empleos formales, sin dar solución al desempleo y la informalidad”.
La ponencia también dice que las grandes y medianas empresas deben enviar al Ministerio de Trabajo el listado de sus empleados con datos como cargos, salarios, edad e identidad de género, para Fenalco esto convertiría a esa cartera en “depositario de una gran base de datos con información sensible de los colombianos”.
Sin embargo, la ponencia especifica que en los listados podrán tacharse por efectos de protección de datos personales los nombres de los trabajadores y trabajadoras.
Los gremios empresariales reiteran que el Gobierno debe tener en cuenta las consecuencias que puede tener la reforma laboral en términos de empleo y formalidad. Agregan que una de las prioridades debe ser promover la productividad y el emprendimiento. “Es vital que se den las condiciones correctas que motiven la creación de pequeñas, medianas y grandes empresas y que se propicie que estas puedan crecer y tener continuidad en el tiempo”, concluyó Mac Master.
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