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La disputa por un predio rural en el municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, terminó convertida en una de las confrontaciones más graves entre comunidades indígenas en los últimos años en Colombia. El choque entre integrantes de los pueblos nasa y misak deja, hasta ahora, al menos siete personas muertas y más de 100 heridas, según cifras entregadas por el Ministerio de Defensa.
(En contexto: Ejército despliega más de 250 soldados por enfrentamientos entre nasa y misak en Cauca)
La gravedad de los enfrentamientos llevó al despliegue de más de 250 soldados del Ejército, mientras otros 500 uniformados avanzan hacia el territorio con apoyo aéreo. El presidente Gustavo Petro convocó a las autoridades indígenas para intentar mediar una salida pacífica al conflicto. Detrás de la violencia hay décadas de tensiones, decisiones jurídicas ambiguas y acusaciones cruzadas contra el Estado. Estas son las claves para entender qué está ocurriendo.
¿Dónde comenzó el conflicto?
La disputa gira alrededor de un terreno ubicado en el sector de La Ensillada, en zona rural de Silvia (Cauca). Se trata de un predio de aproximadamente 800 hectáreas cuya ocupación y control reclaman tanto el resguardo de Guambía, del pueblo misak, como el resguardo de Pitayó, del pueblo nasa. Aunque la tensión es histórica, las confrontaciones se dispararon desde el pasado 21 de mayo, cuando miembros de ambas comunidades terminaron enfrentándose con machetes, armas artesanales y a mano limpia.
La resolución de la ANT que desató la controversia
El centro de la disputa está en una resolución expedida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en diciembre de 2023. Ese documento reconoció la vigencia de un título colonial reclamado por la comunidad nasa de Pitayó. Para ellos, esa decisión confirmó que históricamente esas tierras les pertenecen. Pero para la comunidad misak de Guambía, la resolución nunca otorgó propiedad sobre el territorio y solo aclaró la existencia de un título histórico.
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Ahí nació buena parte del choque jurídico y político actual. La propia Agencia ha insistido en que la clarificación del título colonial no suspende ni elimina los derechos previamente reconocidos al resguardo de Guambía. “De forma clara y concreta, la ANT reconoció un título histórico, que no supedita ni suspende un título que es un resguardo, como lo es el resguardo de Guambía. Eso tiene que quedar absolutamente claro”, indicó Felipe Harman, director de la entidad.
¿Por qué ambas comunidades interpretan distinto la decisión?
La génesis de esta situación está en cómo cada comunidad entendió una resolución expedida por la Agencia Nacional de Tierras en diciembre de 2023. Ese documento hizo una “clarificación” sobre la vigencia de un título colonial reclamado por el resguardo nasa de Pitayó. Para ellos, la decisión significó que el Estado reconoció oficialmente que esas tierras les pertenecen históricamente desde la época colonial.
Bajo esa interpretación, el documento reforzó su derecho sobre el territorio ubicado entre Silvia y Jambaló, incluyendo sectores actualmente ocupados por familias misak. Pero la comunidad de Guambía entendió algo completamente distinto. Para ellos, la resolución no otorgaba propiedad ni autorizaba ocupaciones sobre el terreno. Su lectura es que la ANT únicamente verificó que existía un título histórico antiguo, sin definir quién tenía hoy la posesión jurídica del predio.
De hecho, el propio texto de la resolución advierte que el procedimiento “no constituye por sí solo derechos sobre la tierra” y que tampoco podía afectar las ocupaciones o relaciones existentes sobre el territorio. Según la ANT, la clarificación histórica era apenas un paso previo para eventuales procesos posteriores de ampliación o reestructuración territorial. Ahí apareció el choque.
Mientras los nasa interpretaron que el reconocimiento del título colonial validaba su presencia sobre la zona, los misak sostuvieron que esa lectura desconocía acuerdos firmados entre ambos pueblos en 1981 y 2005, así como décadas de ocupación efectiva por parte del resguardo de Guambía. Incluso, desde Pitayó también cuestionan esos acuerdos históricos. Algunos líderes nasa aseguran que fueron firmados por autoridades indígenas de la época sin autorización de las asambleas comunitarias, por lo que consideran que carecen de legitimidad plena.
La situación terminó agravándose porque la resolución dejó un margen amplio de interpretación jurídica y política. La ANT insiste hoy en que nunca pretendió despojar a Guambía ni modificar los límites ya reconocidos de otros resguardos. Sin embargo, en el territorio la decisión fue entendida por sectores nasa como una validación definitiva de propiedad. Esa diferencia entre lo que jurídicamente quiso decir el Estado y lo que las comunidades entendieron terminó alimentando una tensión histórica que esta semana derivó en violencia.
Los señalamientos contra el Estado
Tanto los misak como los nasa coinciden en algo: consideran que el Estado dejó crecer el conflicto. Las autoridades del resguardo de Guambía aseguran que durante meses denunciaron bloqueos, tensiones y ocupaciones sin recibir respuestas efectivas. En un comunicado público acusaron a las instituciones de actuar con pasividad frente al deterioro de la situación. Por su parte, distintos líderes indígenas sostienen que la ANT, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura no lograron construir mecanismos claros para resolver la controversia.
¿Qué dice el Gobierno?
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el despliegue militar busca evitar nuevos enfrentamientos y proteger a la población civil. Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó una reunión convocada por el presidente Gustavo Petro con autoridades indígenas de ambos pueblos para intentar desescalar los enfrentamientos y aclarar la situación. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez también ofreció acompañamiento para facilitar espacios de diálogo y llamó a detener la violencia.
Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda e integrante del pueblo nasa, también pidió abrir el camino de las conversaciones y le hizo un llamado a la Iglesia, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para acompañar el proceso. Esta última entidad ya se pronunció y dijo estar lista para mediar y acompañar una salida pacífica a las confrontaciones. Mientras tanto, la ANT prepara medidas para aclarar los alcances jurídicos de las resoluciones que detonaron la controversia. Pero en el territorio la tensión sigue viva y las comunidades todavía esperan una solución definitiva sobre quién tiene derecho a ocupar esas tierras.
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