Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Apoyo muchas de las reformas buscadas por Petro, pero estoy en contra de su propuesta de constituyente, que me parece innecesaria, improvisada, inoportuna, contradictoria, ambigua y riesgosa.
Es innecesaria, pues el problema para que el gobierno no logre sus cambios no está en la Constitución que, aunque requiere ajustes, es un marco normativo que Colombia apoya y es apropiado para lograr las transformaciones que necesitamos. Es más, la mayor parte de los ocho puntos que Petro señaló en un trino como propósitos de su constituyente, como la implementación del acuerdo de paz, la reforma agraria o el mejoramiento de la calidad de vida de los grupos desfavorecidos, no requieren reforma constitucional. Incluso ya están desarrollado con fuerza en su Plan de Desarrollo, aprobado como ley. Esto muestra la improvisación de su propuesta constituyente.
Este llamado a la constituyente es inoportuno porque incrementa la polarización corrosiva que vivimos. Sectores de la derecha lo ven como el asalto petrista a la democracia y sectores de la izquierda como el inicio de la revolución. En ese ambiente crispado es muy difícil lograr los acuerdos necesarios para impulsar las transformaciones que Colombia requiere
Es una idea contradictoria pues si Petro considera que no tiene la capacidad para lograr que el Congreso apruebe sus proyectos de ley ¿por qué va a lograr una constituyente, cuyo trámite es más exigente? Una constituyente no solo debe ser aprobada por el Congreso por una mayoría superior a la de una ley ordinaria, sino que, además, debe ser votada por el pueblo y los votos afirmativos deben superar un tercio del censo electoral, esto es, unos 13 millones y medio, bastantes más que los que obtuvo Petro en segunda vuelta. Y luego vendría la elección de los constituyentes y la deliberación de la asamblea. Esto toma unos buenos dos años.
El trámite previsto en la Constitución no parece servirle a Petro y por eso, en algunos discursos, parece hablar de mecanismos extrajurídicos para convocar su constituyente. Son sus referencias a activar el poder constituyente a través de cabildos o de movilizaciones populares. Y que todos los poderes constituidos tendrían que respetar los mandatos de ese poder constituyente, que es soberano y puede expresarse por fuera de los cauces formales, como ocurrió en 1991.
Ese planteamiento es muy peligroso pues se trata de coyunturas muy distintas. En 1990, Colombia estaba bloqueada políticamente y la legitimidad de la Constitución de 1886 estaba en entredicho, pero la polarización era menor, lo cual permitió un acuerdo entre élites, movimientos sociales y guerrillas desmovilizadas para que hubiera un pronunciamiento sobre una constituyente en la elección presidencial de mayo 1990. El apoyo fue abrumador: 5′236.863 votos a favor de la constituyente y 230.080 en contra. Gaviria llegó entonces a la presidencia con el mandato popular de materializar una constituyente y por ello el proceso fue posible y legítimo. El contexto actual es muy distinto: no estamos bloqueados, la Constitución de 1991 es aceptada y Petro no fue electo para convocar una constituyente. Cualquier tentativa de invocar un etéreo poder constituyente para una asamblea por fuera de los procedimientos constitucionales sería simplemente una ruptura antidemocrática.
En vez de enredarse en fetichismos constitucionales y discusiones sobre poder constituyente, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan deberían concentrar sus esfuerzos en concretar las reformas que puedan ser implementadas por la vía ejecutiva, como la agraria, llevar a cabo el Plan de Desarrollo y lograr el mayor acuerdo nacional posible para aprobar las reformas que requieren leyes, como la pensional.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
Conoce más