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El hoy alcalde Víctor Vidal fue uno de los líderes del paro cívico de 2017, que paralizó la ciudad durante 20 días. El principal logro de esa movilización fue la estructuración de unos acuerdos que se convirtieron en el plan de gobierno que llevó a Vidal a ganar las elecciones en 2019. En una ciudad con una historia marcada por las carencias de su población y los constantes escándalos de corrupción, las expectativas sobre el primer gobierno nacido de la movilización popular eran muy altas.
Los nuevos proyectos prometidos por este Gobierno tenían que competir con la agenda de inversiones pendientes, como el acueducto, por un presupuesto limitado y embargado en múltiples ocasiones. Por eso cada peso importa. (Lea también: “El cartel de los embargos que dejó a Buenaventura al borde de la quiebra”)
El primer compromiso que adquirió Vidal fue “cero corrupción”, pues cuatro exalcaldes han sido condenados por delitos contra la administración pública. Sin embargo, esa promesa se olvidó pronto, como lo señalaron Leonard Rentería, reconocido líder social de la ciudad, y el senador Alexánder López, quien acompañó la candidatura de Vidal, pero luego se apartó de él.
El primer secretario de Educación de Vidal, Hámington Valencia, fue capturado en septiembre de 2022 en medio de una investigación por varios delitos contra la administración pública. Según el fiscal del caso, la evidencia prueba que el exsecretario Valencia firmó un contrato con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), por más de $1.300 millones, para llevar conexión de internet a través de sim cards a 88 colegios del municipio en octubre de 2020. En esa época, en medio de la pandemia de covid-19, los colegios estaban cerrados y los estudiantes se quedaron en sus casas.
Casi al mismo tiempo de esa captura, el alcalde tuvo que ser trasladado de urgencias al Hospital Municipal Luis Ablanque de La Plata, donde le diagnosticaron “cifras tensionales altas y decaimiento”, según el comunicado emitido por la Alcaldía “para hacer frente a las especulaciones”.
La administración se refería a las versiones que circularon entre periodistas y políticos que señalaban que Vidal presentó quebrantos de salud cuando supo que la Fiscalía estaba en camino hacia la sede de la Alcaldía a efectuar unas capturas, entre esas la del secretario de Educación.
El Espectador pudo confirmar que el alcalde Vidal también está siendo investigado por esa contratación. El ente acusador tiene dos indagaciones más contra el alcalde por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y otra por prevaricato por omisión, que castiga al funcionario público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones.
Además, un fiscal de Cali también lo investiga por presunto fraude a resolución judicial. Todos estos procesos están en etapa preliminar. Sin embargo, el fiscal 37 de Buga, que lleva la investigación por el caso de las sim cards y que ordenó la captura del secretario Valencia, le aseguró a este diario que no ha encontrado méritos para imputar al alcalde Vidal y tampoco ha ordenado su arresto.
El alcalde salió hacia el hospital municipal, cuyo gerente, Julio Harrison Gómez, estuvo en el cargo hasta que la Superintendencia de Salud intervino la entidad en diciembre pasado. Los médicos especialistas renunciaron en enero de este año por falta de pago de sus salarios. Dos meses después de la intervención del hospital, la Secretaría de Salud también presentó su dimisión.
Ante la falta de capacidad del centro de salud municipal de atender al alcalde Vidal, este fue trasladado a una clínica de Cali, en donde estuvo internado por varias semanas. A pesar de tener una incapacidad médica que lo tuvo fuera del cargo por meses, fue visto en un centro comercial de esa ciudad. El alcalde no atendió las múltiples solicitudes de entrevista enviadas a su teléfono personal y a través de sus funcionarios.
En octubre de 2022, el presidente Gustavo Petro les encargó a la vicepresidenta y al senador Alexánder López el acompañamiento para asegurar el cumplimiento de los acuerdos del paro cívico. Fuentes del Ministerio del Interior, que pidieron no ser nombradas, le aseguraron a este diario que los avances de la administración de Vidal respecto a los 176 acuerdos que fueron priorizados eran del 6,3 % en marzo de este año y que casi todos los proyectos están en estudios y diseños.
El senador Alexánder López aseguró que la Alcaldía no ha comentado la situación de su insolvencia a la hora de hacer nuevos compromisos, aunque le preocupa que adquiera obligaciones que no tiene cómo respaldar. No está claro cómo se cumplirían los nuevos acuerdos que se pacten si la ciudad entra en “ley de quiebras”, como pretende.
En el Congreso de la República tampoco se está discutiendo la situación financiera de la ciudad, según confirmó el senador López, porque la situación humanitaria es quizás más apremiante. Mientras todos los ojos están puestos sobre las mesas de negociación del comisionado de paz con los grupos armados, poco se habla de las gestiones del Gobierno Nacional para devolverle la viabilidad fiscal a Buenaventura. Sin respaldo presupuestal, todos los acuerdos que se hagan serán más acuerdos incumplidos. (Lea también: “No hay quién pague el impuesto predial del puerto de Buenaventura”)
Por David Riaño Valencia
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