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Hace dos semanas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró un capítulo en el proceso en contra del exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, por el homicidio del alcalde de El Roble, Edualdo Díaz. El confeso paramilitar cumple una pena de 40 años de prisión emitida por la Corte Suprema de Justicia y pidió pista en la justicia transicional porque, a su juicio, tenía verdad por contarle a las víctimas. El escenario, ahora, no está del todo claro. La JEP debe entrar a definir si excluye o no a Arana de su competencia. De esa decisión depende que recobre o no su libertad. Aunque no hay una solicitud formal sobre este punto, ya empezó a dar las primeras pistas de que su intención es abandonar la cárcel El Bosque en Barranquilla.
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Arana, quien contó su verdad y se la juega toda para continuar bajo la competencia de la jurisdicción, fue uno de los funcionarios públicos de más alto rango que se alió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Siendo gobernador de Sucre en los años 2000, tuvo alianzas con el Bloque Montes de María y fue el responsable del asesinato del exalcalde Díaz, como ya lo corroboró la Corte Suprema. Agotando todo tipo de recursos para tumbar su pena, pidió pista en la JEP y está sometido desde 2020. Aunque su solicitud formal por recobrar la libertad no está en firme ante el tribunal, Arana tiene claro para dónde va.
Si bien en febrero de 2021 tuvo una primera negativa de la JEP que le negó el beneficio de libertad, el exgobernador le solicitó al exministro de Justicia, Yesid Reyes, un concepto sobre si es viable o no que obtenga ese beneficio. El jurista, en un documento de 18 páginas, concluyó que “si Salvador Arana ya cumplió 20 años de la pena que le fue impuesta en la justicia ordinaria, no hay ninguna razón para que la Jurisdicción Especial para la Paz le niegue su libertad por haber cumplido el máximo de la sanción que ella puede imponer”. Es decir, a juicio del exministro, Arana ya cumplió con los ocho años de prisión que impone la JEP en sus sanciones por lo que, en caso de que se siga aceptando su comparecencia, la salida de la cárcel sería inminente.
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En caso de que se otorgue ese beneficio, Reyes fue enfático en aclarar que estos no lo relevan de sus obligaciones de colaboración con el componente de verdad. Hasta el momento, Arana culminó los 18 aportes de verdad en la justicia transicional. Rindió testimonio en 10 sesiones ante la Comisión de la Verdad y ocho ante la Jurisdicción Especial. En los aportes de verdad entregó información sobre alrededor de 40 actores claves en el conflicto que causó el paramilitarismo. Habló acerca de la reunión paramilitar que se llevó a cabo en la finca “Las Canarias” con ganaderos de Sucre. También mencionó la relación que había entre la clase política del departamento con el Bloque Héroes Montes de María de las AUC y reseñó la forma en la que se coordinaba la movilidad del grupo paramilitar y la fuerza pública.
Del mismo modo, entregó información sobre los vínculos paramilitares con empresas reconocidas del departamento y del país. Incluso, ante la Comisión de la Verdad mencionó a un exviceprocurador que se habría visto beneficiado con sus acciones, sin embargo, esa información no es vinculante judicialmente. Lo que Arana dijo ante la JEP, por el contrario, sí tiene consecuencias, no solo para las personas que pudo salpicar, sino para su propio expediente. El exgobernador, en ese orden, se juega mucho más que su libertad. Juan David Díaz, uno de los hijos del exalcalde asesinado Edualdo Díaz, recientemente le envió un documento a la JEP.
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La misiva de más de cinco páginas menciona que el exgobernador “ha demostrado con suficiencia no estar arrepentido de sus actos criminales” por lo que solicitó no darle beneficios porque aceptar, 20 años después, la muerte de su padre no es muestra de verdad. Contrario a lo que mencionó Juan David, David Díaz, el hijo menor de Edualdo, considera que es pertinente mantener a Arana Sus en la justicia transicional porque es garantía de contar la verdad. Dijo que los señalamientos de Juan David, su hermano, no son un pensamiento único de la familia víctima.
Por el contrario, considera pertinente que Arana, a cambio de verdad, obtenga beneficios siempre y cuando revele quiénes fueron los miembros de la familia Díaz que, al parecer, también estuvieron detrás de la muerte del exalcalde. Si bien existen disonancias en la familia, la última decisión en el caso lo tiene la magistratura. Se espera que durante los próximos días se conozca su situación jurídica. De momento, El Espectador buscó hablar con Arana Sus sobre su expediente. Este diario lo buscó a través de un cuestionario de 21 preguntas, de las cuales solo respondió ocho. Dijo que no se iría a la tumba con verdades.
Se ha denunciado que hay fosas comunes en sus predios ¿Es cierto?
No tengo ningún predio. La propia JEP me investigó hace dos años y lo verificó. Han mencionado la finca Las Flores, no tengo nada que ver con ese predio. Han dicho que ese predio es de la madre de mis hijos y eso también es falso. Ella, junto con sus hermanos, heredaron de su padre hace 30 años una finca que se llama Tierra Santa, que nada tiene que ver con Las Flores ni con fosas comunes. Esa fue una de las cosas que aclaramos en la última audiencia.
¿Estaría dispuesto a que se hagan inspecciones judiciales en sus propiedades?
No tengo ninguna propiedad y mucho menos arriesgaría una expulsión de la JEP por ocultar recursos. La investigación de la JEP, no sólo verificó que no tuviese bienes ocultos, sino que tal era mi situación, que me asignaron una abogada de oficio. Nunca me opondría a inspecciones judiciales que contribuyan a esclarecer la verdad.
¿Confía en la JEP?
Confío y confiaré. De hecho, fui el primer agente del Estado en someterme a la JEP, en mayo de 2017. En estos siete años, la JEP me ha oído en ocho audiencias, también la Comisión de la Verdad en 10 oportunidades. La JEP con todo este ejercicio ha honrado su mandato con la justicia, la verdad y sobre todo con las víctimas.
¿Qué pasa si la JEP decide expulsarlo?
Confío en que no porque hemos avanzado lo suficiente. Asumí de manera rotunda mi responsabilidad, he aportado verdad sobre hechos relacionados con más de 40 actores del conflicto, desistí de todos los litigios, incluyendo el caso admitido en mi favor por CIDH y ajusté mi programa de reparación conforme a las observaciones de las víctimas y la Procuraduría.
¿Considera que la verdad que entregó en la JEP y la Comisión es suficiente para reparar los daños de las víctimas?
La Comisión de la Verdad certificó que mi relato fue coherente y mi aporte a la verdad significativo para esclarecer la violencia en Sucre. A pesar de esto, el daño a las víctimas es irreparable y su perdón siempre será generoso.
Su condena en la justicia ordinaria es de 40 años ¿considera que con su aporte a la verdad puede encontrar la libertad, pero, además, disminuir los años de cárcel?
He cumplido más de 20 años de pena, la libertad ya no es mi causa principal, aspiro a que los procesos de restauración y el perdón me permitan reconciliarme al final de mis días. Esa es la virtud de este sistema transicional, en contraste con la justicia ordinaria donde la libertad es un ejercicio de sumas y restas, pero no hay sanación ni restauración.
¿Cuáles fueron los compromisos de reparación a los que se sometió y que ya cumplió?
De acuerdo con el programa de reparación aceptado por la JEP y ajustado según las observaciones de la Procuraduría y las víctimas, iniciaré el proceso de pedirles perdón desde el mismo lugar donde Eudaldo Díaz denunció que lo iban a matar. El programa incluye una cantidad importante de componentes sociales pedagógicos, e igualmente proyectos de acceso a tierras con gestión agrícola personal y directa de mi parte.
¿Ha recibido perdón directo de las víctimas? ¿Ha tenido contacto con ellos?
La justicia ordinaria me condenó hace 15 años y ahí terminó todo. En cambio, la JEP promovió que, con presencia de las víctimas, yo hiciera un reconocimiento pleno de mi responsabilidad, aportara verdad adicional y pidiera perdón. El perdón es un proceso, siento que he sido escuchado y hasta perdonado por algunas. Soy consciente de que son años que se les fueron a las víctimas buscando verdad y justicia. Pero ofrezco no llevarme a la tumba ningún secreto de ningún hecho que conozca y que contribuya a reconstruir una verdad más amplia. Yo estoy entregando verdad que pueda demostrar y sostener. En todo caso, no me voy a arriesgar a una expulsión de la JEP por faltar a la verdad. El perdón es un proceso que inicié de cara a las víctimas, en el que solo yo tengo cargas que estoy dispuesto a asumir por el resto de mi vida.
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