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El Espectador conoció que la Fiscalía ya tiene lista una solicitud al gobierno de los Estados Unidos para que extradite a uno de los más temidos exjefes de la mafia colombiana durante los años noventa e inicios de los 2000. Se trata de Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido en el bajo mundo como alias Rogelio y por ser la mano derecha de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, el sucesor de Pablo Escobar al mando de la Oficina de Envigado. Esa solicitud al gobierno estadounidense está relacionada con la reciente decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a Rogelio por su presunta participación en uno de los crímenes más emblemáticos del narcoparamilitarismo en Antioquia.
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Este diario conoció el documento de 40 páginas con el que la Fiscalía pretende sustentar ante la justicia que Rogelio y la cúpula paramilitar coordinaron los asesinatos de 10 investigadores del CTI que intentaban identificar qué empresarios en Antioquia estaban financiando a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el proyecto criminal de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. El ente investigador recolectó los testimonios de tres exparamilitares de la entraña de esa familia, quienes señalan a Rogelio como una pieza clave de la organización criminal que ordenó los asesinatos de los funcionarios de la Fiscalía, los cuales fueron perpetrados en Medellín entre 1997 y 2005.
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Ellos son: Manuel Guillermo López Umaña, Jhon Jairo Ruiz, Luis Fernando González Jaramillo, Augusto Botero Restrepo, Sergio Humberto Parra Ossa, Tomás Eduardo Santacruz Calvache, Jorge Armando Fernández Osorio, Diego Arcila Gómez, Yirman Giraldo Valderrama y Norman Gómez Soto. Esta masacre de funcionarios judiciales se perpetró en un complejo y convulso escenario del crimen organizado en el Valle de Aburrá. Tras la muerte de Pablo Escobar, en diciembre de 1993, Don Berna y los hermanos Castaño se apoderaron del bajo mundo en Antioquia, logrando cooptar varias de las estructuras criminales que estaban al servicio del líder del cartel de Medellín.
Entre ellas, la banda La Terraza, una violenta célula de 40 sicarios que seguían órdenes de Escobar, pero que tras su muerte fueron contratados por los hermanos Castaño, Don Berna y Gustavo Upegui (antiguo dueño del Envigado F.C), para perpetrar crímenes “especiales”. A La Terraza, por ejemplo, se le atribuyen los asesinatos de Jaime Garzón (agosto de 1999), del abogado Jesús María Valle (febrero de 1998), los de los investigadores del CINEP Elsa Alvarado y Mario Calderón (mayo de 1997), el del abogado Eduardo Umaña Mendoza (abril de 1998) y el atentado contra el congresista Wilson Borja (diciembre de 2000). Todos estos crímenes en aparente coordinación con miembros de la fuerza pública y de inteligencia.
La acusación contra Rogelio
El Espectador conoció el documento de 40 páginas con el que, en agosto de 2024, la Fiscalía llamó a juicio al antiguo líder de la Oficina de Envigado, quien se entregó en septiembre de 2008 a las autoridades de Estados Unidos, las cuales lo señalaban de ser una de las piezas claves en el tráfico de decenas de toneladas de cocaína que llegaban a ese país desde Colombia. Los reflectores cayeron sobre Rogelio luego de que, cuatro meses antes (mayo de 2008), Don Berna fuera extraditado a Estados Unidos por el entonces presidente Álvaro Uribe junto con otros 12 jefes paramilitares, todos acusados de inundar las calles estadounidenses con cocaína, entre otros delitos.
En el escrito de acusación de la Fiscalía conocido por este diario aparecen los testimonios de Ever Veloza, alias HH; Rodrigo Zapata Sierra, alias Ricardo y el propio Don Berna, quienes estuvieron en el primer anillo de confianza de Vicente y Carlos Castaño a finales de los años noventa e inicios de los 2000. El primero de ellos, que ha sido testigo de plena credibilidad para la Fiscalía en otros procesos judiciales, señaló que fue encargado por los hermanos Castaño para consolidar —junto a la Oficina de Envigado de Don Berna— una estructura paramilitar en Medellín y el Valle de Aburrá. Para esa labor criminal, dice alias HH, Don Berna encargó a su hombre de entera confianza: alias Rogelio.
“Rogelio utilizaba a la banda La Terraza para hacer ‘trabajos’ a nivel nacional para las autodefensas. Los gastos de esas ‘vueltas’ se pagaban directamente por Don Berna o Carlos Castaño. Con respecto a las muertes de los investigadores del CTI entre 1995 y 1998, HH tuvo conocimiento que fueron ordenadas por Carlos Castaño, por unas investigaciones sobre las finanzas de las autodefensas. Los crímenes fueron coordinados por la Oficina de Envigado bajo el mando de Don Berna y ejecutadas por La Terraza, a quienes se les pagaba de los dineros aportados por la gente que les colaboraba a las autodefensas”, dice la acusación contra Rogelio.
Por ejemplo, los asesinatos de los investigadores Jhon Jairo Ruiz y Manuel López Umaña tendrían que ver con la elaboración de un informe, en 1997, en el que por primera vez aparecía Rogelio como integrante de la Oficina de Envigado y determinador de crímenes en el bajo mundo de Medellín. Entre ellos, el de alias el Zarco y Elkin, antiguos líderes de La Terraza. Los asesinatos de los otros ocho investigadores, dice la acusación, tienen que ver con su participación en el denominado caso el Parqueadero Padilla. Se trata de un allanamiento hecho por los funcionarios judiciales en el centro de Medellín, en donde lograron encontrar la oficina que manejaba las finanzas de la casa Castaño.
Los investigadores, señala la acusación, fueron declarados “objetivo militar por la cúpula de las autodefensas, pues vieron amenazado su proyecto paramilitar a nivel nacional, si sus financiadores hubieran sido identificados. Pero la corrupción al interior del mismo CTI logró sustraer la información sensible (nombres de aportantes) que había sido incautada, todo lo anterior en palabras del mismo alias Don Berna (…) Los recursos económicos para la ejecución de asesinatos por parte de La Terraza eran financiados desde el Parqueadero Padilla”. Un asunto al que también se refirió en ese mismo sentido alias Ricardo, quien se autodenominó como secretario de Carlos Castaño.
Esto significa, asegura la Fiscalía, que con “respecto a lo informado por Don Berna (quien hace más de una década confesó estos crímenes), alias HH y Ricardo, resultan verosímiles sus dichos, en el sentido que alias Rogelio era la persona encargada por el mismo Don Berna para ser el enlace con la banda La Terraza, quienes ejecutaban algunos ‘trabajos especiales’. Los hechos atribuidos a Rogelio son en calidad de coautor de los homicidios y concierto para delinquir agravado, por haber hecho parte de la línea de mando de la estructura delincuencial Oficina de Envigado, siendo a su vez el enlace con la banda La Terraza, ejecutora material de las muertes que se investigan”.
La pruebas documentales y testimoniales, dice el ente investigador, apuntan a que Rogelio, entre 1992 y 2008, estuvo vinculado a la cúpula criminal en Antioquia. La Fiscalía señaló que también hizo parte del Bloque Héroes de Granada, una estructura paramilitar que operó en Medellín entre 2002 y 2005 y que hizo parte de una de las acciones más cuestionadas por organizaciones sociales en el conflicto armado: la Operación Orión. En octubre de 2002, 1.500 hombres del Ejército —con ayuda de este bloque paramilitar— desarticularon varias células guerrilleras que operaban en La Comuna 13. La operación dejó 38 personas heridas y un número indeterminado de desaparecidos.
La ruta judicial del caso Rogelio
Luego de que Rogelio se entregara en 2008 a las autoridades estadounidenses, este cumplió una condena de siete años de cárcel. Fuentes cercanas a ese proceso judicial cuentan que el confeso capo mafioso negoció con la justicia de ese país para bajar su pena y otros asuntos que hoy están bajo reserva legal. Lo que sí está claro es que en 2015, tras quedar en libertad, Aguilar Echeverry inició una vida como ciudadano de los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Boca Ratón, al sur del estado de La Florida. En 2022, una investigación del Miami Herald, Verdad Abierta, OCCRP y otros medios de Latinoamérica reveló varios aspectos de la nueva vida de alias Rogelio tras salir de prisión.
Por ejemplo, encontraron que “trabaja como asistente de servicio en una empresa de transporte terrestre de carga, donde gana menos de $50.000 dólares al año. Tiene una tarjeta de crédito con una importante institución financiera, una licencia de conducir de Florida y, después de que salió de prisión, vivió en la lujosa residencia de Boca Ratón por varios años”. Aunque las víctimas del paramilitarismo y de los carteles del narcotráfico han señalado en los últimos años que Rogelio quedó impune sobre decenas de delitos que cometieron esas estructuras criminales, en noviembre de 2023, la Fiscalía lo vinculó al expediente por los asesinatos de los 10 investigadores del CTI.
Esa decisión judicial quedó consignada en un documento en el que también se ordena su captura. Posteriormente, en mayo de 2024, ante la ausencia de Rogelio y de sus abogados ante la Fiscalía, fue declarado como persona ausente. Así las cosas, en agosto de 2024 la Fiscalía lo llamó a juicio y, desde entonces, venía construyendo un documento para pedir su regreso a Colombia para que responda por estos hechos que se le endilgan. El Espectador conoció que la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía presentará la solicitud a la Dirección de Asuntos Internacionales del ente investigador, para que esta a su vez la envíe al Ministerio de Justicia, que será en últimas el que tramitará el asunto ante Estados Unidos.
Exfuncionarios de la Fiscalía General y abogados que han representado a narcotraficantes extraditados, que fueron consultados por este diario, coinciden que el retorno de Rogelio a Colombia es improbable por un asunto. Es “muy probable” que uno de los aspectos que negoció Rogelio con la justicia de los Estados Unidos es que a cambio de información se le garantizara que bajo ningún mecanismo fuera devuelto a Colombia. “Pudo poner como condición no volver a Colombia por motivos de seguridad a cambio de información sobre miembros de la Oficina de Envigado que también eran objetivos de la DEA”, dice un exalto funcionario de la Fiscalía.
Así las cosas, aún es incierto qué rumbo tomará este crucial expediente en el que la Fiscalía tardó casi una década en determinar quiénes ordenaron los asesinatos de los 10 funcionarios del CTI que arriesgaron su vida para evitar que el narcoparamilitarismo se expandiera en Antioquia y Colombia.
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Por David Escobar Moreno
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