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La administración de Carlos Fernando Galán radicó un proyecto en el Concejo de Bogotá con el que busca aumentar el recaudo tributario en la ciudad. Tras 10 meses de trabajo y en cumplimiento al Artículo 230 del Plan de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda, junto a una comisión de siete expertos, revisó los impuestos vigentes y elaboró una propuesta que el cabildo debe discutir. La idea apunta a tres principios: atraer inversión para crecer y generar empleo; aumentar la equidad y la simplicidad tributaria, y fortalecer la autonomía de las finanzas de Bogotá. Con esto esperan recibir en inversión directa $77 billones y generar 200.000 empleos en 10 años.
Entonces, ¿cómo se traducirá esta reforma? Para el primer principio hay un paquete de incentivos con tres ejes: atracción de grandes inversiones, Bogotá Ciudad Aeropuerto y Desarrollo Urbano. Según la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, Bogotá no ha logrado volver a los niveles de inversión extranjera directa que tenía antes de la pandemia. Si bien, entre 2023 y 2024 la inversión creció 44% (al pasar de US$481 millones a US$694 millones), al parecer el año pasado hubo más interés por invertir en 15 poblaciones aledañas, que pasaron de US$147 millones en 2023 a US$1.796 millones en 2024.
Para cambiar este contexto, la ciudad ofrecería unos incentivos tributarios con descuentos al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), hasta por 10 años, dependiendo del monto de inversión. Con esto, proyectan que en 2035 se llegue a nueva inversión de $4,1 billones atados a la generación de 92.000 empleos. “La Administración debe tener un efectivo control sobre quienes aplican a estos beneficios, dado que hay casos en los que las empresas se establecen en donde está vigente el beneficio, pero en la práctica operan por fuera del territorio”, instó Roberto Insignares, profesor de Derecho Tributario de la U. Externado.
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Lo anterior, se complementa con el proyecto de Bogotá Ciudad Aeropuerto, donde identificaron 70 actividades que tendrían descuentos en los impuestos del ICA, predial y delineación urbana. Aquí esperan atraer $1,7 billones de inversión y generar 51 mil empleos. Finalmente, frente a los incentivos de Desarrollo Urbano, habrá exención del predial hasta 100% para quienes vendan sus inmuebles a proyectos de vivienda en áreas de renovación urbana, siempre y cuando se queden a vivir allí. Estos beneficios también aplicaría para inversionistas que construyan al menos 50 unidades habitacionales con destino al arrendamiento especializado (adultos mayores, estudiantes, movilidad reducida) de largo plazo y una exención del impuesto de delineación urbana, para proyectos de reúso de edificaciones en las zonas de plan especial de manejo del Centro Histórico y Teusaquillo por 5 años.
Mayor ingreso, mayor impuesto
El impuesto del ICA representa casi la mitad de los ingresos tributarios de la ciudad. Hoy las que más pagan son las micro y pequeñas empresas, que deben tributar el 9,64 % de las utilidades antes de impuestos, seguidas por las medianas (5,22 %) y las grandes (2,82 %). El Distrito propone, no solo reducir hasta 69% la carga a las pequeñas empresas, sino simplificar las categorías de pago del ICA de 13 a 4, donde el máximo tope (21×1000) se aplicará al sector financiero, bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados. “Esto haría menos costosa la tributación y disminuiría la presión tributaria”, aseguró la secretaria de Hacienda.
Siguiendo el principio de equidad, también proponen una modificación al impuesto predial. De esta manera, aquellos predios residenciales con un avalúo entre 0 a $274 millones bajarían la tarifa. Es decir, el 55 % de los predios de estratos 1, 2 y 3 se verían beneficiados. Mientras tanto, la mayoría de predios en la ciudad (81,1%) que valen entre $274 a $2.900 millones, no verían ningún cambio. Solo el 0,01% de predios, con valores superiores a los $2.900 millones, sí aumentaría el pago a 13,1 ó 13,9 por mil de acuerdo con el valor de su avalúo.
Por su parte, para el impuesto predial comercial e industrial, plantean tarifas progresivas que permitirán que al 36% y 75% les reduzca el valor a pagar, y al 20% y 5%, el valor se incremente, respectivamente. Por último, se eliminaría el impuesto de publicidad exterior y la Secretaría de Ambiente tendría el control con facultad sancionatoria.
Un golpe al comercio
Como lo anticipó este diario, la Secretaría de Hacienda insistirá con el impuesto al alumbrado público para, argumentan, destinar lo recaudado a 14 mil subsidios de vivienda; atender a 50.000 personas en comedores comunitarios; construir y dotar cuatro colegios, y llevar conectividad a 200.000 familias. Cabe recordar que este impuesto lo rechazó el Concejo en la discusión del Plan de Desarrollo, donde el Distrito pretendía un cobro adicional, entre el 5 % y el 8 % de la factura de energía, solo para estratos 4, 5 y 6, así como los predios comerciales e industriales. Sin embargo, en esta nueva propuesta, la media del cobro mensual pasó entre el 7 % al 10 %. Con esto, esperan recaudar casi $26 mil millones, en el que solo a los comerciantes les toca $16.327 millones, seguido del sector industrial ($3.963 millones), el estrato 4 ($2.919 millones), el estrato 6 ($1.573 millones) y finalmente el estrato 5 (1.347 millones).
Para la concejal Quena Ribadeneira (Pacto Histórico), este proyecto tiene riesgos en cuánto a sobrecarga a los contribuyentes formales, especialmente a las pequeñas empresas; incentivos sin mecanismos de seguimiento ni control; desigualdad territorial con beneficios concentrados en zonas como Fontibón y Engativá, y simplificación del ICA que podría favorecer a grandes contribuyentes y debilitar el principio de progresividad tributaria. “Se debe revisar a fondo. Bogotá necesita una política tributaria que garantice inversión con justicia fiscal, no una reforma regresiva”, sentenció.
Por su parte, el director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, expresó su preocupación por “varios aspectos que podrían traducirse en incrementos significativos de la carga tributaria para el comercio formal y para las micro, pequeñas y medianas empresas”. Por esta razón, añadió que el gremio conformó un equipo jurídico y técnico para analizar el articulado y así presentar las observaciones correspondientes.
Dentro de las dudas a este proyecto también está sobre ¿cómo la ciudad compensará esta reducción fiscal? La secretaria Cadena, argumentó que la clave está en esa nueva tarifa del 21×1000 del ICA y los $374 mil millones que esperan recoger del cobro al alumbrado público. “Los incentivos no están poniendo en riesgo nuestro recaudo actual, porque son para nuevas inversiones. No estamos afectando nuestra proyección de ingresos”, explicó.
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Para Roberto Insignares, profesor de derecho tributario de la U. Externado, una ciudad no puede sostenerse solo con una inversión extranjera. “Lo clave en la política tributaria pasa por integrar los tres tipos de principales ingresos fiscales: tributarios, deuda pública e ingresos patrimoniales. Solo una articulación eficiente puede arrojar los recursos necesarios para atender las diferentes necesidades que tiene la ciudad”, concluyó.
La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá será la encargada de discutir el Proyecto de Acuerdo 767. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, expresó que espera la aprobación a mediados de septiembre tanto en comisión como en plenaria durante sesiones ordinarias. De lograrlo, la modificación de tarifas y nuevos cobros en la ciudad empezarían el próximo año.
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Por María Angélica García Puerto
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