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Al director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, le quedan días a cargo de la entidad de gobierno que defiende los intereses de Colombia a nivel nacional e internacional. En estos cuatro años, el excomisionado de Paz se dio la pelea con multinacionales que le reclaman billones al Estado, pero también se plantó contra víctimas de graves violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana. Asegura que hizo todo lo posible por llegar a soluciones amistosas, antes de que el nombre del país quedara manchado en sentencias internacionales. Defiende la JEP, pero le pide avances contra los exFarc.
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La rendición de cuentas de la Agencia viene pronto ¿Qué destaca?
Se ha ahorrado mucha plata, eso se refleja en nuestro informe semestral de litigiosidad. Le hago un par de adelantos: Estamos llegando a los $68 billones de ahorro en los últimos cuatro años. En casos ante el sistema interamericano de derechos humanos cambiamos la tendencia del país. Por ejemplo, el volumen de casos inadmitidos o archivados era bajísimo. 132 archivos desde 2018, antes eran dos o cinco por año. Ese es un cambio muy importante para el país.
¿Por qué es un cambio para usted?
Porque eso quiere decir que Colombia dejó de perder todos los casos ante la Comisión Interamericana. Aquí hay un trabajo conjunto con ellos. Nos sentamos, vimos los problemas que existían como las megapensiones o los relacionados con temas estructurales como extinción de dominio. Logramos que nos trasmitieran más casos, porque había un rezago muy fuerte.
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Pero también en esos casos que se inadmiten hay denuncias por graves violaciones de derechos humanos, de víctimas que ven que sus expedientes no avanzan en el país ¿Qué opina de eso la Agencia?
Muchas veces lo que llaman graves violaciones de derechos humanos se han resuelto internamente, entonces no tienen porque llegar a la Comisión. Aquí ha habido todo un desarrollo con ellos y la Corte Penal Internacional, donde se ha dado la pelea por la confianza en la justicia colombiana, que sí funciona. La Corte Penal Internacional le cierra a Colombia la investigación como un voto de confianza a la justicia. El Informe Colombia que presentamos el año pasado (a la CPI) demuestra que la justicia colombiana, con dificultades, funciona y funciona bien.
¿Qué tal ha sido el empalme con la administración Petro?
Tuvimos una reunión. Fue muy tranquila, muy cordial. Toda la información estaba lista, organizada y se las entregamos. No ha habido más temas. Nos queda un punto de preocupación y es que, por una ley, sin consultarnos, nos pusieron como cobradores de las multas que le imponen a los condenados en los procesos penales. Eso lo hacía el Consejo Superior de la Judicatura, al que tampoco le preguntaron. Nos sorprendieron por completo, no aparece la paternidad de la norma.
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En casos donde la defensa del Estado pudiese ser un poco más flexible, como el proceso de Jineth Bedoya, ¿cómo creen que se podrían abordar estos casos a futuro? Pensemos, por otro lado, en los expedientes por falsos positivos, en los cuales el Ministerio de Defensa alega culpa exclusiva de la víctima.
No se trata de un tema de flexibilidad la defensa. En el caso de Jineth Bedoya, los gobiernos anteriores no quisieron reconocer la responsabilidad del Estado. Nuestro gobierno la reconoció parcialmente, sin ningún problema. El Estado tampoco podía acogerse a lo que la abogada de Jineth Bedoya pretendía. Que era decirle a todo que sí. Defender del Estado implica a veces decir que no, cuando hay razones que se pueden debatir.
Sí, se recusaron unos jueces de la Corte IDH. Y es porque también al Estado le tienen que dar garantías de debido proceso. La Corte IDH no puede ser una corte de tasación de perjuiciosos. Juzga. Y juzgar implica un debate procesal. Colombia, no solo en el caso de Jineth Bedoya, ante el sistema interamericano ha reconocido responsabilidad. Muchas veces se llega en casos en los que yo preferiría haber reconocido responsabilidad mucho antes, porque nosotros hemos pensado en las víctimas.
Las estrategias de defensa del Ministerio de Defensa u otras entidades se han ido mejorando. Fíjese los resultados se ven en los casos que no llegan a la Corte IDH, no en los que llegan. Todas las soluciones amistosas que logramos es reconocer responsabilidad (15 entre 2018 y 2021). En un caso reciente firmamos una solución amistosa de una víctima que reclamaba que no se había revisado una tutela. No es de flexibilidad, sino de criterio de cuando el Estado ha lastimado un derecho o cuando el Estado realmente no.
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Se dan abusos. Yo tengo un caso memorable que lo archivaron hace poco en la Comisión Interamericana. Una señora, por una humedad en la pared causada por un edificio público vecino llevó su caso al sistema interamericano. El Estado también es parte en el proceso y tiene derecho a un debido proceso.
En su administración vimos solicitudes de perdón, como al nuevo ministro de Defensa Iván Velásquez, por persecución estatal ¿Cómo mejoramos el trabajo de la Agencia para la memoria y la no repetición?
Lo hice con compromiso y con el dolor por las víctimas, el Estado sí se ha equivocado, pero no tanto como algunos sectores opinan. Hacer el reconocimiento cuando una víctima tiene razón es importantísimo. La Comisión Interamericana cada vez más nos felicita por el número de soluciones amistosas. Ojalá se sigan haciendo. Eso no es maltratar al Estado, porque el Estado se ha equivocado. Pero no se puede llegar al punto de que todo es culpa de este. Cuando Colombia ve que cometió un error, el Estado lo reconoce y llega a una solución en la que se paga y se realiza un acto de reconocimiento a las víctimas.
¿Cuál fue una de las peores equivocaciones del Estado de la que conoció en su administración?
Yo solo pudo irme al campo de lo jurídico. Todos los gobiernos tienen aciertos y tienen errores. Aquí se avanzó en una etapa de pandemia, con mucho efecto social y salimos bien. El plan de vacunación, que todo el mundo lo criticaba, ha funcionado. Desde la Agencia, posiblemente hemos cometido errores como todos los seres humanos, pero hemos defendido a los colombianos en su patrimonio económico, ambiental y cultural.
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No voy a ser juez del Estado, cuando soy defensor del Estado. Pero hay temas que posiblemente se hubieren podido hacer mejor. Yo hubiera avanzado más rápido en digitalizar la justicia. Hay un tema carcelario que es muy difícil de resolver. Los esfuerzos han sido mucho y son poco notorios. Pero miremos el campo energías limpias e infraestructura. No hemos hecho una defensa de mala fe en muchos casos.
El año pasado, en el auge del paro nacional, usted mandó una insistencia a la Corte Constitucional pidiendo limitar la protesta, porque con ella se deslegitimaba la Fuerza Pública. Después de un año en el que se han esclarecido algunos de los homicidios, abusos y hasta torturas ¿Sigue pensando lo mismo?
La evaluación de esa etapa en materia jurídica yo la resumiría en lo siguiente: la Fiscalía ha actuado, ha juzgado, la Policía en sus instancias internas ha actuado contra quienes se le fue la mano y abusaron del poder. Pero la Fiscalía también ha actuado contra quienes abusaron del derecho a la protesta. Aquí se abusaron los derechos de las personas que tiene derecho a la libre movilidad, ¿Calles cerradas por semanas? ¿Ambulancias donde murieron personas? ¿cables atravesados que asesinaron personas? La CIDH no tiene un solo caso del paro nacional. La protesta sí, pero pacífica.
¿Cómo queda Colombia de cara al 2026 en cuanto a pleitos con multinacionales?
Quedan varios casos. Las multinacionales son muy respetuosas de la institucionalidad y esperan que la institucionalidad sea respetuosa de los tratados internacionales. Quedan casos como el de Cerrejón, donde la multinacional suiza Glencore tiene unos procesos andados. Hay tres casos relacionados con el páramo de Santurbán, en los cuales ya nos dijeron que Colombia no expropió y que el Estado debe proteger el ecosistema.
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El pleito con Telefónica, en el cual nos reclaman US$ 627 millones, está ya para laudo, es decir, en la fase final. Son alrededor de US$ 900 millones mal contados. Tenemos un pleito con Foster Wheeler, relacionados con Reficar, que yo creo que van por buen camino. Ahí no creo que haya un riesgo grande. Me parece que Colombia está sólida en la defensa.
La JEP este año ha sido incisiva en los procesos de verdad y reconocimiento de responsabilidad, como lo han hecho con la excúpula de las Farc y militares del Batallón La Popa y la Brigada 30 del Ejército ¿Cómo ve esos ejercicios de memoria?
Colombia tiene un sistema de justicia transicional debatido internamente, con críticas y con defensas. Lo hemos defendido internacionalmente. Hemos planteado que Colombia como Estado diseñó un sistema de justicia transicional como un instrumento sobreviniente, nuevo, efectivo. Los crímenes abominables como los falsos positivos no tienen otra definición que abominables, pero también hay que avanzar en el secuestro, la destrucción de poblados, la explosión de los cilindros, el secuestro de los soldados, el desplazamiento, las voladuras de los oleoductos del Eln y las Farc
Los victimarios tienen la obligación de contar la verdad, pero la están menudeando. Sobre todo, las Farc. ¿Por qué ellos y los paramilitares no han contado todo alrededor del narcotráfico? La Comisión de la Verdad lo dijo en su informe, ahí está el motor. Ahí nos está haciendo falta un pedazo. Los actos que está haciendo la JEP los valoro.
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