Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Asumí una postura arrogante, creyendo que esto era motivado por lo que denominábamos guerra jurídica con el fin de entorpecer el excelente desempeño que supuestamente tenía mi brigada”. Así reconoció el general (r) Henry William Torres Escalante ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su rol en los falsos positivos que cometieron hombres de la Brigada 16, con sede en Yopal (Casanare). Sin embargo, ahora que la JEP lo imputó por los hechos, Torres no es señalado de haberse hecho el de la vista gorda, sino de haber liderado una organización criminal con división de trabajo, que malversó dineros públicos y que operó bajo tres modalidades claras.
(En contexto: Por 303 falsos positivos en Casanare, JEP imputa a un general y 21 militares más)
Un entramado en el que, para mostrar resultados, miembros del Ejército asesinaron a al menos 303 personas entre 2005 y 2008. Solo tres años. Entre las víctimas hubo un hombre de sexualidad diversa, así como nueve mujeres que fueron presentadas como bajas en combate, y niños, niñas y adolescentes que fueron instrumentalizados para que reclutaran a potenciales víctimas. Los hechos comprometen, principalmente, a miembros del Gaula Casanare, que tenía alrededor de 70 personas, y del Batallón de Infantería No. 44 Ramón Nonato Pérez (Birno), conformado por más de 1.000 hombres. La JEP encontró que operaron bajo tres patrones.
Operaciones legales con muertes ilegales
En al menos 40 ocasiones, principalmente miembros del Gaula Casanare (responsables del 81 % de los eventos en este patrón) asesinaron a personas que podrían estar inmersas en la comisión de delitos y que debieron haber sido presentadas ante jueces. Por ejemplo, cuando al Gaula llegaban denuncias de una extorsión, se montaba una operación de “entrega controlada”, en la que un grupo de militares acordaba un encuentro con el extorsionista para entregarle el dinero. De esas operaciones se esperaba que el resultado fuera una captura que terminara en la judicialización de los responsables, pero en su lugar las personas eran asesinadas y se fingía un combate.
(En contexto: Estos son los militares imputados por la JEP por falsos positivos en Casanare)
La JEP aseguró en la imputación: “De esta manera, los integrantes de las unidades de la Brigada XVI que participaron en estos hechos les negaron a las víctimas su derecho constitucional a que les fuera adelantado un juicio por la autoridad competente y con la observancia de todas las garantías legales si es que su conducta podía considerarse violatoria de la ley”. Bajo esta modalidad fueron asesinados al menos 52 hombres y tres mujeres, según ha determinado la justicia especial. Los militares le han contado a la Sala de Reconocimiento que siguieron órdenes del mayor en retiro Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el comandante del Gaula Casanare para la época.
Inteligencia y el DAS
En marzo de 2007, miembros del grupo especial Delta 6 de la Brigada 16 detuvieron en su casa, en zona rural de Aguazul (Casanare), a Roque Julio Torres, de 18 años, y a su padre, Daniel Torres. Posteriormente los asesinaron y los presentaron como bajas en combate. Pero el joven Torres no era un desconocido para la justicia: en los dos años anteriores ya había declarado ante jueces por dos casos en los que había sido testigo directo de cómo miembros de esa unidad militar cometían falsos positivos. Sin embargo, con base en información de inteligencia fabricada por el DAS de Casanare, lo señalaron de guerrillero y lo mataron junto a su padre.
(Le puede interesar: Trabajadoras sexuales, punks y LGBT fueron víctimas de falsos positivos en Casanare)
Los Torres eran campesinos que nada tenían que ver con la guerra. Su muerte ilustra cómo militares de la Brigada 16 se inventaban información de inteligencia para asesinar a 85 hombres y tres mujeres civiles, no combatientes, muchas veces en alianza con la seccional Casanare del DAS, al mando del primer miembro de esa entidad imputado por la JEP: Orlando Rivas. La imputación sostiene que esa extinta agencia “tuvo un rol fundamental en el señalamiento de las víctimas, en el encubrimiento de los hechos, a través de la elaboración de informes de inteligencia con información que no correspondía con la realidad y en la creación de un ‘perfil criminal’ de las víctimas”.
Guías y víctimas vulnerables
Para cometer muchos de estos crímenes, los militares acudieron a guías o reclutadores: personas que se encargaban de engañar a una víctima, en muchas ocasiones aprovechándose de su situación de vulnerabilidad -por ejemplo, alicoramiento o discapacidad-. Esta fue la modalidad más masiva: la JEP registra 102 hombres, uno de ellos de sexualidad diversa, y dos mujeres, una de ellas trabajadora sexual, que fueron asesinadas así. La mitad de estos falsos positivos fueron cometidos por miembros del Birno y durante la comandancia del general (r) Torres Escalante. Además, se malversaron dineros de gastos reservados del Ejército.
(Lea también: JEP: militares reconocieron alianzas con Auc para cometer falsos positivos en Cesar)
Según le contaron varios reclutadores y militares a la JEP, les pagaban de las cuentas previstas para pagar por información de inteligencia. Además, no les pagaban completo. Por ejemplo, si se registraba en libros que al informante le pagaban $2 millones, realmente al reclutador solo le daban $1 millón y el resto del dinero se utilizaba para pagar el fusil que era implantado en la persona asesinada. Aunque la mayoría de reclutadores eran paramilitares reinsertados, la justicia especial documentó una serie de hechos en los que militares se valieron de menores de edad para engañar a víctimas, asesinarlas y presentarlas como bajas en combate.
Por esta razón, la JEP por primera vez imputó el crimen de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes. También fue una novedad la imputación de persecución por razones de género, por haber asesinado a un hombre con base en su orientación sexual. Los 22 militares, el exdirectivo del DAS y los dos reclutadores imputados tienen un mes para decidir si asumen todos estos hechos, así como su gravedad y los daños que significaron para las víctimas. Una vez lo hagan, la JEP citará a una audiencia en la que reconozcan públicamente su responsabilidad y pidan perdón a uno de los departamentos más afectados en el país por los falsos positivos.
Conoce más