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Este jueves, Leticia será, en pleno Amazonas, la locación de la celebración por la independencia de Colombia en un nuevo 7 de agosto. Festivo como cada año en el país, será escenario de una batalla simbólica que el gobierno de Gustavo Petro decidió avivar en la disputa por la soberanía de la isla de Santa Rosa, en pleno río Amazonas, en pleito con Perú.
Allí, probablemente, Petro amplíe su discurso sobre soberanía, continuando lo que expresó días atrás en su cuenta de X: “Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia. Esa acción unilateral y violatoria del tratado de Río de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico, quitándole su vida comercial”.
No es la primera vez en este gobierno que se reaviva la polémica. Hace más de un año hubo declaraciones cruzadas entre el director de Soberanía Territorial de la Cancillería colombiana, Felipe Cadena, y funcionarios peruanos. El episodio entonces quedó inconcluso con una nota diplomática por parte de la Cancillería colombiana, pero ahora vuelve al ruedo con las declaraciones del presidente y, por supuesto, con lo que pueda venir después de las celebraciones del jueves.
Más de dos años después de resuelto por la Corte Internacional de Justicia el pleito con Nicaragua —que terminó ratificando la soberanía colombiana sobre San Andrés y Providencia, pero redefiniendo la delimitación marítima y la distribución de recursos en el área—, el país vuelve a estar en un pleito por territorio. Sin embargo, no es el único pendiente.
Otro conflicto limítrofe permanece congelado desde hace décadas y enfrenta a Bogotá con el régimen de Nicolás Maduro: el del Golfo de Coquivacoa —o Golfo de Venezuela, dependiendo de a qué despacho presidencial se le pregunte—. A diferencia del Esequibo o Nicaragua, ni Colombia ni Venezuela parecen querer llevarlo a una corte. ¿Por qué?
Status quo venezolano
La lógica del régimen madurista es, cuando menos, particular. En el caso de su disputa con Guyana por el Esequibo, se convirtió en toda una causa nacional. Hubo referendos y, hasta en las últimas elecciones regionales, se escogió un gobernador para la zona. Sin embargo, según Felipe Cárdenas, especialista y docente de derecho internacional de la Universidad Javeriana, esto se debe al status quo que les interesa mantener. “Venezuela lo hace porque cree que tiene las de ganar, porque históricamente esos conflictos que ha habido en la frontera marítima del golfo, de algún modo, han prevalecido en beneficio de los venezolanos. Entonces, yo creo que no le conviene. Es lo que le pasaba a Colombia con Nicaragua. Cuando Colombia y Nicaragua iniciaron la disputa, al que no le interesaba dialogar era a Colombia, porque tenía la posesión de la mayor parte del espacio marítimo. Acá pasa exactamente lo mismo con el golfo de Venezuela, o también llamado golfo de Coquivacoa”, explica.
¿En qué consiste la disputa?
El territorio en disputa es una porción marítima ubicada en el extremo norte de la península de La Guajira. Es una zona clave por varias razones: primero, porque marca la salida al mar Caribe de ambos países en una región donde las fronteras terrestres ya son tensas; segundo, porque bajo esas aguas se estima que hay yacimientos de petróleo y gas natural, además de ser un corredor estratégico para la pesca y el comercio marítimo. Aunque no se trata de una extensión gigantesca, sí tiene un valor simbólico y económico que explica por qué ninguna de las dos partes ha cedido del todo. Desde los años 80 hay intentos de negociar, pero el desacuerdo sobre dónde trazar la línea limítrofe —si sobre el meridiano 66° o con otro criterio— ha hecho que el tema quede congelado.
¿Colombia debe reavivar la disputa?
Para el profesor Cárdenas, sí. En especial, critica una falla sostenida de los gobiernos colombianos por no mantener cierta visibilidad sobre esta disputa y la de Perú: “Tradicionalmente, estos temas no se apagan cuando se mantienen de manera reiterada, armónica y consistente; en todas las relaciones exteriores se enfatiza el desacuerdo que existe frente al límite marítimo con Venezuela, o con cualquier otro país donde haya una disputa abierta. Eso, por ejemplo, en el caso de Perú, habría evitado muchos pleitos si desde que apareció la isla en los años 70 los gobiernos colombianos hubieran mantenido el tema visible en la agenda política. Pero lo más grave es invisibilizar los temas, hacer como si no existieran”.
En concreto, el analista lo critica como una falta de política jurídica exterior clara y sostenida. También sostiene que el conflicto puede moverse usando otros marcos jurídicos: tratados multilaterales, ambientales, de biodiversidad o migratorios donde ambos sean parte.
Vale la pena plantear el problema en clave de la zona bilateral acordada entre Caracas y Bogotá. ¿Puede ser una ventana? Ambos países podrían tener beneficios, teniendo en cuenta el potencial gasífero y los yacimientos que se presumen en el territorio. Sin embargo, para Cárdenas esto se vuelve, a todas luces, complicado por la falta de voluntad del régimen de Maduro.
“La zona binacional no implica una renuncia territorial. Es un espacio con una duración limitada, aunque indefinida, y su propósito principal es fomentar la cooperación, sobre todo en temas como pesca, navegación, protección ambiental y, por supuesto, la explotación de hidrocarburos. Pero hay que dejar claro que el alcance de lo que se logre en estos contextos siempre va a depender del gobierno de turno, tanto en Venezuela como en Colombia. Al final, estos espacios de cooperación solo funcionan si ambas partes sienten que están recibiendo un beneficio real”, explica.
“Para pedir hay que ofrecer”, continúa el docente, añadiendo que las posibilidades de esto son difusas ante un panorama poco claro en la Cancillería, de la que señala que necesitaría una “política alineada, y esa política actualmente no existe, porque en Cancillería no hay liderazgo”.
La diferencia entre Santa Rosa y el Golfo de Coquivacoa
Ahora la agenda está en el Amazonas, en el límite con Perú, pero vale la pena analizar las diferencias de ambos casos. En el caso del Golfo, brilla por su ausencia un tratado marítimo. Es un conflicto ignorado, mientras que el de la isla de Santa Rosa tiene un antecedente, como lo es el tratado Salomón-Lozano, constituido entre 1922 y 1928, que le dio a Colombia el acceso al Amazonas a través del Trapecio Amazónico, incluyendo Leticia, y a Perú le dejó el territorio entre San Miguel y Sucumbíos. “No dejó un punto medio en el río Amazonas, sino que, de manera muy taxativa, estableció que el límite sería el thalweg del río Amazonas. Y el tratado lo dice, y lo firmaron ambas partes. El thalweg es la zona más profunda o caudalosa del río, y cuando se firmó el tratado, esa línea quedaba muy cerca de Leticia”, explica Cárdenas. Sin embargo, a la hora de ese tratado no existía la isla, que, como ya se mencionó, emergió del caudal del río con el pasar del siglo pasado.
Todos estos conflictos datan de más de un siglo y reviven por diferentes motivos. En el caso de Santa Rosa fue por un trino del presidente Petro. En el caso del Esequibo, en Venezuela, fue por voluntad política y un sentimiento nacionalista que capitalizó el régimen de Maduro.
Aún no llega el momento de tratar el Golfo, pero Cárdenas anticipa la forma en la que Colombia debería prepararse: “Antes de que surjan los conflictos, debe existir una política jurídica de largo plazo. Esa política debería estar incluida en una ley de la República, en un proyecto enviado por la Cancillería o por la Presidencia. Lo importante es que sea una política estable, que no dependa de la voluntad o el impulso del mandatario de turno, ni de lo que publique en Twitter. Eso es justamente lo que ha pasado acá. Celebro que Petro defienda la soberanía del Estado, por supuesto. ¿Pero qué es lo que no celebro? Que lo haga casi como una reacción impulsiva, de un día para otro, a través de un mensaje en redes. Eso, a mi parecer, es una falta de respeto a la soberanía del Estado”.
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Por Hugo Santiago Caro
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