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De poco sirvió la insistencia del magistrado Alejandro Linares a la Corte Constitucional, para que revisara una tutela, relacionada con el pleito que libran los operadores de aseo de Bogotá por los recursos de la tarifa del barrido de calles, que sale del bolsillo de los bogotanos. La tutela buscaba revivir la decisión de un tribunal de arbitramento (justicia alterna a la que acuden algunas entidades para dirimir conflictos), que ordenaba pagar a Promoambiental una multimillonaria suma por barrer más kilómetros que otros operadores, la cual anuló el Tribunal de Bogotá.
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La solicitud que hizo Linares apuntaba a que los magistrados analizaran el caso y dictaran jurisprudencia frente a la acción de tutela contra sentencias judiciales; los límites de los jueces para anular laudos arbitrales, y la facultad de los tribunales de arbitramento para decidir si son o no competentes para resolver ciertos asuntos. No obstante, la Corte priorizó otros asuntos y descartó el caso. Al desestimarlo, el capítulo relacionado con el laudo ya es cosa juzgada. Sin embargo, aún queda un frente de batalla abierto, el cual será largo.
Este pleito comenzó en 2019, después de la licitación que adjudicó a cinco operadores de aseo sendas áreas de servicio exclusivo (ASE), donde debían recoger la basura, podar parques y barrer calles. Según el contrato, el pago dependía de la cantidad de usuarios, pero Promoambiental alegó luego que la norma decía que el barrido se pagaba por kilómetro. En julio de 2019 presentó una demanda arbitral, en la que pedía reajustar la forma de pago; que los operadores devolvieran el dinero que recibieron de más, por barrer menos, y que le reintegraran lo que dejó de percibir
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Inicialmente, los árbitros le dieron la razón en noviembre de 2021, pero la decisión la anuló la sala civil del Tribunal de Bogotá, al considerar que los árbitros no eran competentes para decidir ese asunto de tarifas. Ante la decisión, Promoambiental radicó una tutela ante la Corte Suprema de Justicia, pero esta la rechazó y terminó ratificando la anulación del laudo. Sus abogados optaron no apelar y se jugaron una última carta: esperar que la Corte Constitucional eligiera su caso para revisión. Esta semana, esa esperanza se esfumó.
¿Qué sigue?
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Aunque la determinación de la Corte Constitucional dejó el debate alrededor de la anulación del laudo arbitral como cosa juzgada, la pelea por la forma cómo se paga el servicio de barrido no ha terminado. Actualmente, el caso se encuentra en un juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá, que estudia el reclamo alrededor de la distribución de la remuneración del barrido.
“Frente a lo que decidió la Corte Constitucional no nos queda más que acatar la decisión, el tema quedó ahí. Por ahora está lo del juzgado civil, que es un asunto entre particulares, y queda pendiente la acción popular, que estudia la justicia administrativa, la cual definirá si como se viene prestando el servicio de barrido en la ciudad está bien o no. Por ahora, nosotros hace rato estamos barriendo como exige la alcaldía. Si se está haciendo bien o mal, eso lo definirá dicha acción popular”, indicó Humberto Sierra Porto, abogado de Promoambiental.
Según Promoambiental, en la acción popular está la discusión de fondo, que si afectaría a la ciudad e influiría en la tarifa, pues estudia si se debe barrer toda la ciudad o solo lo que dice el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Pgirs), que excluye ciertas zonas del servicio y, por ende, no garantiza el correcto y total aseo de la ciudad.
Sin embargo, Alejandro Carranza, gerente de Proceraseo (entidad que autoriza los pagos a los operadores a cargo de la tarifa de aseo), señala que existe una posibilidad de que el caso civil también llegue a la justicia administrativa, pero para ello, se debe vincular al Distrito en el pleito. “Intentarán que llegue al Concejo de Estado, donde su abogado Humberto Sierra Porto es conjuez y tiene buena aceptación. No obstante, para lograrlo, el despacho tendría que vincular al Distrito o a la Uaesp. En ese caso perdería competencia y se remitiría el expediente. Si no se da esa vinculación, el proceso civil se tramitará hasta el fallo y habrá segunda instancia, casación y tutelas”.
De manera paralela, en la Superintendencia de Servicios Públicos hay quejas relacionadas con este caso; otras acciones populares contra Promoambiental e, incluso, un proceso en Fiscalía contra sus directivos, “por los presuntos delitos de peculado, pues la junta directiva de PromoAmbiental , al parecer, determinó cobrar un servicio público por fuera de lo contratado y establecido y, además, recaudaron dinero de subsidios de estratos altos que bebería a estratos bajos”, explicó Carranza.
Por ahora, el caso sigue su curso ante las autoridades. Lo único claro en este momento es que el frente de batalla que se libró alrededor del laudo arbitral que inicialmente favoreció a Promoambiental es cosa juzgada.
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Por Alexánder Marín Correa
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