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María Anayme Barón Durán completa seis meses al frente de la Auditoría General de la Nación. La contadora pública fue elegida para este alto cargo por el Consejo de Estado en septiembre de 2023, tras una campaña que tuvo el respaldo de Juan Carlos Granados Becerra, exgobernador de Boyacá, excontralor de Bogotá y hoy magistrado del Concejo Nacional Electoral (CNE). Al tiempo que va cogiendo ritmo al frente de la entidad encargada de vigilar la gestión fiscal en Colombia, María Anayme Barón se juega su carrera política en un proceso disciplinario que avanza en su contra en la Procuraduría.
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Aunque durante su campaña y elección no fue secreto que el Ministerio Público la investiga por lo que calificó como una falta gravísima en su gestión como secretaria de Hacienda de Boyacá y directora del gasto público, lo que sí pasó inadvertido fueron detalles de sus presuntas irregularidades. Según un hallazgo administrativo de la Contraloría, las omisiones de Anayme Barón le habrían costado a la nación más de $1.500 millones que se embolataron en un contrato para la construcción de un parque científico, tecnológico y de innovación del sector minero energético en el municipio de Tópaga, al noreste de Tunja (Boyacá).
El proyecto comenzó hace 12 años, cuando la Gobernación del departamento ordenó hacer estudios de previos para analizar la viabilidad, el lugar donde se podía realizar la obra y su valor. Tres años después, en 2015, la Gobernación concretó la idea, contrató a una empresa para hacer el avalúo de un predio en Tópaga y consiguió el dinero para la obra, cuya fuente fueron regalías del departamento. Lo que encontró la Procuraduría es que esas tareas se hicieron a la carrera, pues la administración de Granados ya estaba en su ocaso. En cuestión de dos meses, la Gobernación compró la tierra con el precio que le dio el avalúo que hizo Tony Henry Fuentes: $1.518 millones.
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Según el pliego de cargos contra María Anayme Barón, fue ella quien autorizó el pago, como secretaria de Hacienda y delegada para la contratación de Boyacá. El 29 de enero de 2016, el inmueble pasó oficialmente a manos de la Gobernación, que acababa de cambiar de cabeza y solo un año después la administración pudo evidenciar el tamaño del problema. La gobernación de Granados no solo había comprado un predio atravesado por una vía pública, sino que también había riachuelos, otras fuentes hídricas y siembra de cebolla, y ni siquiera tenía servicios públicos; para rematar, tenía títulos mineros vigentes a nombre de terceros.
La Procuraduría confirmó esos hallazgos y, para rematar los problemas del negocio que firmó Barón, encontró pruebas de otras irregularidades. En concreto, que la hoy auditora aprobó la compra de un terreno que nunca visitó y ni siquiera existían las coordenadas para hacer un estudio justo y adaptado a la realidad. La falta de información se tradujo en que se hizo un avalúo de mucho más terreno del comprado, error que se tradujo en que la Gobernación pagara más de lo necesario. Con otro ingrediente adicional: al parecer, Asolonjas presentó un avalúo casi cuatro veces más costoso de lo que costaba el terreno.
En plata blanca: mientras que el avalúo indicó que el terreno costaba $1.518 millones, la Procuraduría aseguró que solo costaba $427 millones (casi cuatro veces menos). “En el presente caso, la investigada [Barón] estaba llamada de manera preponderante, en aplicación del principio de responsabilidad, a cumplir la normatividad vigente en todas y cada una de sus actuaciones, por lo que no es admisible que de manera alguna hubiese desconocido tal imperativo, como aparentemente lo hizo, desplegando la conducta materia de cargo”, explicó el Ministerio Público en el pliego de cargos.
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La entidad agregó que el comportamiento de María Anayme Barón “dista de ser decoroso, por aparentemente haber traicionado la confianza que la sociedad y el Estado depositaron en esta servidora, al adquirir un predio en el municipio de Tópaga (…) La producción de efectos prácticos de la acción administrativa impone a los servidores públicos garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, la ley y el reglamento; es decir, lo contrario a lo desplegado por María Anayme Barón Durán, con su aparente conducta, toda vez que la compra del predio no cumplió su objetivo”.
El Espectador se contactó con la auditora, pero prefirió no referirse al caso. No obstante, este diario supo que su defensa pidió archivar la investigación en su contra en 2022, pues aseguran que nada tiene que ver con los cargos formulados. Sin embargo, la entidad rechazó la petición, aunque, desde ese momento, el caso no ha avanzado y los términos para la prescripción se van acercando. En todo caso, la entidad insiste en que las acciones de la hoy auditora “contradicen el adecuado y cabal cumplimiento de sus deberes como funcionaria pública y rompe con toda noción ética inherente al debido ejercicio de su cargo”.
La decisión que tome la Procuraduría es clave para María Anayme Barón Durán y sus intereses políticos, pues el cargo de auditor ha sido un trampolín de muchos para llegar a instancias de más poder. Por ejemplo: Carlos Felipe Córdoba, auditor entre 2015 y 2017, fue más tarde contralor general. Lo mismo ocurrió con Carlos Hernán Rodríguez, aunque su posesión en la Contraloría fue anulada por el Consejo de Estado. La auditora, además de haber llegado al cargo, tiene el apoyo de Juan Carlos Granados, ahora magistrado del CNE, pese a que en su contra hay investigaciones fiscales y penales, al parecer, por supuestos vínculos con Odebrecht. Mientras tanto, Barón, en la Auditoría, espera la decisión de la Procuraduría.
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