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En el Tribunal Administrativo de Montería marcha a paso lento, y desde 2017, un proceso judicial contra uno de los empresarios más ricos del país. Se trata de William Vélez Sierra, un industrial y ganadero antioqueño, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien desde hace décadas invirtió en todo tipo de negocios y que ganó decenas de contratos con el Estado colombiano. Un éxito empresarial que le terminó dando el apodo del zar de las basuras, ya que se quedó con millonarios negocios para manejar los residuos en varias ciudades de la región Caribe. Su poder fue tal en esta zona del país, que la Fiscalía lo investigó por ser un supuesto aliado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el criminal proyecto paramilitar de los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
Aunque judicialmente jamás se comprobó ese vínculo, un exjefe paramilitar lo mencionó recientemente como un posible beneficiado de esa estructura criminal que dejó más de 63.000 víctimas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. En mayo de 2023, Salvatore Mancuso, recientemente deportado a Colombia desde Estados Unidos, dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que Vélez compró miles de hectáreas en el Urabá a precios “irrisorios”, aprovechando la incursión de las autodefensas en esas zonas que quedaron despobladas. Esa acusación tampoco ha sido constatada por la justicia. Sin embargo, El Espectador conoció que existe una acción popular contra Vélez por otra grave acusación: acumular tierras ilegalmente en Canalete, Córdoba, municipio que sufrió la sevicia de las AUC.
No es un señalamiento cualquiera contra el octogenario empresario Vélez. Académicos y entidades como el propio CNMH han mencionado que la acumulación indebida de tierras fue uno de los detonantes y motores del conflicto armado colombiano. Lo que dice la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que demandó a William Vélez, es que el ganadero y su familia acumularon 180 hectáreas de terrenos baldíos, de propiedad de la nación, y que solo pueden ser adjudicados a campesinos que no tienen tierra. Una área que, aproximadamente, equivale a unas 170 canchas de fútbol. Para la ANT, en este municipio colindante de la subregión del Urabá, y que sufrió la sevicia paramilitar, la familia Vélez y sus empresas solo podían acumular 23 hectáreas del territorio municipal. Es decir, se habrían excedido acumulando 157 de más.
En la demanda, la Agencia señala que “a través de compras o aportes de predios a sociedades se ha consolidado la acumulación de baldíos en grandes extensiones de tierras en cabeza de William Vélez, sus familiares y su grupo empresarial, quienes evidentemente no ostentan la condición de agricultores ni mucho menos sujetos de reforma agraria, y no son los llamados a ejercer la propiedad de estos baldíos. Que adicionalmente la acumulación de la propiedad rural por parte del grupo de familiares y empresas de Vélez ha tenido como resultado que la propiedad agraria se ha destinado al desarrollo de proyectos de naturaleza distinta a los proyectos agrícolas, amenazando con ello el desarrollo agrícola en esa zona del país que ha sido históricamente objeto de desplazamiento y destierro de los campesinos”.
La penetración del paramilitarismo fue tal en esta zona de Córdoba y el Urabá antioqueño, que investigaciones judiciales comprobaron la existencia de un pacto entre la clase política de esta región y los paramilitares. La Fiscalía documentó que a finales de los años 90 y 2000, más de una veintena de alcaldes, entre ellos el de Canalete, tuvieron un pacto con alias el Alemán, líder del bloque Élmer Cárdenas de las AUC. En 2016, el Tribunal Superior de Montería condenó a seis años de cárcel al alcalde de Canalete, Armando José Lambertínez Bolaños por haber promovido, entre 2001 y 2003, a estos escuadrones de la muerte que despojaron a miles de campesinos para luego ponerlas a nombres de sus testaferros o aliados del paramilitarismo.
El expediente contra Vélez, financiador de varias campañas políticas y presidenciales, señala que esas 180 hectáreas, adquiridas entre 2001 y 2005, están distribuidas en ocho predios y que han quedado en manos de sus empresas y familiares. En el primer caso aparecen compañías del ganadero, como Inversiones La Cumbre, Promotora Metrosur, Inversiones Casagrande S.A. Así lo acreditó la Superintendencia de Sociedades en una prueba anexada en 2021 al expediente. En el segundo caso hay predios que aparecen a nombre de sus hijas, Lina María Vélez Gaviria y Sandra María Vélez Mesa, quienes ahora se hacen cargo de los negocios de su padre. Por ejemplo, Vélez Mesa encabeza el Grupo Ethuss, la principal empresa del conglomerado Vélez y que opera en el sector de infraestructura, energía eléctrica, TIC, petrolero, gas y minería.
La defensa de William Vélez
El abogado de Vélez y su familia presentaron el pasado 2 de febrero de 2024 un documento de 33 páginas durante la recta final del proceso ante el Tribunal de Montería, en el que reiteran los argumentos que ha presentado durante los últimos siete años. Por ejemplo, señalaron que las acciones populares, de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional, no podría anular las escrituras públicas, consideradas como actos administrativos. Aunque la ANT hace referencia a esas escrituras públicas, también pide que se anulen actuaciones privadas, como los contratos de compraventa hechos por Vélez y sus empresas con los campesinos de Canalete. Un asunto que parece técnico, pero que en estas discusiones entre abogados resulta clave.
El otro argumento, que también pone sobre la mesa la defensa de la familia Vélez y sus empresas, es que no existe una acumulación de tierras por parte de un “grupo empresarial”, como lo denomina la ANT. “Tienen que existir dos elementos para configurarse esta situación: subordinación entre las empresas y unidad en el propósito comercial de las mismas. (…) Además deben estar inscritas las compañías en el registro mercantil como un grupo empresarial; así las cosas, no se puede afirmar que exista un grupo empresarial que haya acumulado tierras como lo indica la ANT”, señaló el defensor de la familia Vélez.
Tanto el empresario como la ANT ya entregaron sus alegatos finales, que representan la antesala al fallo de primera instancia. El turno ahora lo tiene la magistrada Nadia Patricia Benítez Vega, quien es la ponente del caso y encargada de proyectar una decisión a sus compañeros de Sala del Tribunal Administrativo de Montería. En sus manos está determinar si el poderoso empresario y amigo personal del expresidente Uribe adquirió estas tierras legalmente o, por el contrario, se saltó las leyes colombianas y acumuló terrenos de la nación que deberían estar en manos de campesinos víctimas del interminable conflicto armado colombiano.
Por David Escobar Moreno
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