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Los líos entre la Corporación Autónoma Regional (CAR), el Acueducto de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canoas, de $4,5 billones, se convirtieron en un dolor de cabeza para las últimas administraciones de Bogotá, y por supuesto, la del alcalde Carlos Fernando Galán, no sería la excepción.
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A 31 días del inicio de su administración, Galán y la empresa de alcantarillado, ya recibieron un ultimátum por parte del Tribunal, que indica que el Acueducto de Bogotá, empresa a cargo de la obra, tiene seis meses de plazo para reestructurar el proyecto y volver al diseño original de la obra, el cual contemplaba construirla en dos fases.
Esto, después de que el pasado 25 de julio de 2023, el Tribunal frenara la licitación de la obra con el argumento de que el Acueducto habría modificado la estructuración del proyecto a una fase y estaría incumpliendo con el convenio 1832 que firmó en 2019 con la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Gobernación de Cundinamarca con la intención de darle luz verde a la obra.
Aunque esta decisión podría retrasar la obra hasta 10 años más, se hace con la intención de que la estructura de la PTAR Canoas obedezca a los diseños originales y al cumplimiento de la sentencia del 2014 para descontaminar el río Bogotá.
De acuerdo con Pablo Carrizosa, representante legal de la ONG ASURÍO (Asociación de usuarios de los recursos naturales renovables y defensa ambiental de la cuenca del Río Bogotá) y verificador de la sentencia del río Bogotá, después de que la magistrada a cargo del caso, Nelly Villamizar, frenara dicha licitación, se le concedió al Acueducto la opción de presentar una apelación que se hizo, la empresa llevó al Consejo de Estado una apelación, pero esta decisión podría tardar hasta 10 años.
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“La sentencia del río Bogotá tuvo un fallo en el 2004 entrando al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y 10 años después el Consejo de Estado falló, vamos para 10 años desde eso, a pesar de que el cumplimiento de la orden era inmediato; sin embargo, se han adelantado acciones para sacar adelante el proyecto”, mencionó Carrizosa.
El desacuerdo entre la CAR y el Acueducto de Bogotá
De acuerdo con el representante de la ONG ASURÍO, a finales de 2022 es cuando inicia este problema del incumplimiento firmado en 2019, ya que es cuando el Acueducto da a conocer “lo que tenía de la estructuración y presenta un proyecto que se puede hacer en una sola fase, eso a la CAR no le gustó porque para firmar dicho convenio, esta entidad tuvo que haber pedido permiso al consejo directivo e indicarles cuáles eran las condiciones con las cuales la CAR se podía comprometer”, y lo que presentó el Acueducto no obedecía a dichas condiciones.
Por su parte, Pablo Carrizosa fue designado por la magistrada Villamizar para reunirse con CAR y el Acueducto para conciliar dicha situación, “pero el Acueducto insistió en que es mejor construir una planta de una fase. Sin embargo, la CAR alegó que con una planta de dos fases se lograría un saneamiento más completo del río Bogotá y que desde el punto de vista ambiental convenía hacerla en dos partes. Si la CAR autoriza solo una fase, se estaría incumpliendo la sentencia”, afirmó Carrizosa.
Para él, otro punto de este debate tendría que ver con la idoneidad de los contratistas que se vayan a elegir para la obra. “Tienen que entender que esta PTAR sería la tercera de Latinoamérica y una de las más grandes, es dos veces y media más grande que la de Salitre, y no cualquier contratista se le puede medir a eso. Entonces se reduce la oferta de contratistas que se postulan a hacer la planta en dos fases”.
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La orden para el Ministerio de Hacienda
Por su parte, el Ministerio de Hacienda también juega un papel fundamental en la obra. Ya que esta entidad debe entregar una contragarantía al Banco Mundial (el cual ya le dio el aval técnico al proyecto) para que este preste alrededor de 600 millones de dólares, que sería el dinero restante para iniciar con la construcción.
Sin embargo, la entidad no ha entregado ese documento. Razón por la que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al presidente Gustavo Petro, en agosto de 2023, financiar la planta.
En ese momento, López habría dicho en Caracol Radio, que el Ministerio de Hacienda “tiene una posición incomprensible, que no tiene sustento financiero, poniendo en vilo el proyecto de saneamiento más grande de Colombia. Exige como contragarantía el 130% del total del crédito, es decir, USD 780 millones anuales”, compartió Claudia López en esa emisora.
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Y agregó que en el caso de que Hacienda “considere que las fuentes de recursos del Distrito no son confiables, se asuma entonces con recursos nacionales la financiación del proyecto que tratará las aguas residuales de Bogotá y Soacha”.
Sin embargo, según menciona Pablo Carrizosa, el Ministerio también podría estar entre la espada y la pared. Ya que, la magistrada Villamizar, a través de un segundo auto, le habría pedido a esa entidad “que de la autorización al crédito y que de la contragarantía siempre y cuando la PTAR se haga en dos fases, si no hace no se puede”.
¿Qué sigue?
A pesar de la orden que dio la magistrada, el Acueducto habría manifestado, el pasado al 24 de enero, en medio de una reunión, que no iba a hacer ninguna reestructuración, “y que simplemente esperan a que el Tribunal dé el fallo”, afirmó Carrizosa, verificador de la sentencia del río Bogotá.
Todo esto deja en alerta al alcalde Galán, en desacato al Acueducto de Bogotá y con una petición al Consejo de Estado “para que por favor decida rápidamente la situación en relación con la apelación que puso la empresa de alcantarillado al auto de la magistrada del año pasado”, dijo Carrizosa.
Para él, en ese punto, la Estación elevadora de aguas residuales de Canoas, también entrarían a jugar un papel fundamental.
“Los ríos Fucha, Tunjuelo y Soacha están atravesados con unos interceptores que llevan el agua al interceptor de Tunjuelo Canoas, hoy esos interceptores quedaron dentro de unos túneles los cuales están listos, pero para entrar a funcionar se necesita la estación elevadora, entonces cuando la estación se entregue, las alcantarillas de Fucha, Tunjuelo y Soacha van a ser tapadas y no le van a entrar aguas residuales, por eso, esos ríos van a quedar descontaminados”, dijo Carrizosa.
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De acuerdo con él, la estación debe estar funcionando en abril de 2025, “y cabe recordar que todas las aguas de los interceptores llegarían a la PTAR Canoas y pasarían a 40 metros profundidad, y en el sitio donde están haciendo la estación elevadora hay pozos que llegan a donde está el primer interceptor, que es donde se separaría del agua los colchones, llantas y otros elementos como muebles. Después, el agua pasaría por el segundo interceptor, el cual va a bombear el agua hasta la superficie y la llevaría a la PTAR Canoas, pero como no hay PTAR Canoas, el agua se devolvería al río Bogotá”.
Razón la que Carrizosa destaca la importancia de la obra, y la compara con la PTAR Salitre, planta que entrega seis metros cúbicos por segundo de agua descontaminada, lo que representa apenas el 30% del agua residual de Bogotá.
“Canoas trataría 12 metros cúbicos por segundo, dos veces lo de la PTAR Salitre. Bogotá produce nueve veces toda el agua residual de los municipios de Cundinamarca ubicados en la cuenca del río Bogotá, por eso se dice que cuando entre a funcionar Canoas el río va a descontaminarse”.
Si entra funcionar la estación elevadora y la PTAR Canoas, según Carrizosa, se lograría un río de 68 kilómetros limpio. Sin embargo, para el representante legal de ASURÍO, “el problema es que al Acueducto le fascina pelear, ¿cuántos proyectos tiene a cargo el Acueducto y en cuántos está fallando? No hacen más que pelear con la plata de nosotros”, afirma.
El papel que podría cumplir Galán
Cabe recordar que desde que Carlos Fernando Galán fue electo como alcalde de Bogotá, solo se ha pronunciado frente a esta obra una sola vez, y fue durante el foro El Poder de las Regiones, a cargo de Prisa Media, el pasado 27 de noviembre.
Allí, Galán mencionó que “el río Bogotá es un tema de Bogotá y Cundinamarca, y a Barranquilla le debe preocupar tanto o más, inclusive que a Bogotá, y estoy listo a sentarme con Alejandro Char y con todos los municipios de la cuenca del río Magdalena para que prioricemos la necesidad de que ese proyecto de la PTAR Canoas avance”.
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De acuerdo con el mandatario, con estas conversaciones espera avanzar en la realización de este proyecto, que, según él, es el “más importante a nivel internacional, en términos ambientales, que hay seguramente en Latinoamérica”. Asimismo, mencionó que además de la PTAR, también podría encontrar junto al futuro alcalde de Barranquilla temas en común y apoyarse mutuamente.
Desde ese entonces, el mandatario no se ha pronunciado, ni siquiera este 31 de enero, que fue cuando la magistrada Villamizar le dio el ultimátum de seis meses a la Alcaldía y el Acueducto.
De acuerdo con Pablo Carrizosa, el mandatario debería iniciar su labor poniéndole la lupa a los contratistas de la Estación Elevadora Canoas, a través de una visita judicial, para que la obra pueda entrar en funcionamiento en abril de 2025 y se pueda comenzar a ver una parte del río Bogotá descontaminada.
Seguido de esto, Carrizosa le propone a Galán que revise cómo están funcionando los permisos de vertimiento de los constructores de la ciudad, y trabajar para que estos puedan verter el agua residual de sus proyectos a través de plantas de tratamiento portátiles y no por medio de terceros que sí tienen licencias para vertir aguas residuales en cuerpos de agua como el río Bogotá.
Finalmente, para el representante legal de ASURÍO, otro de los trabajos en los que debería enfocarse el alcalde es en acabar con las conexiones erradas y separación de redes, “hoy en un solo tubo hay aguas lluvias y residuales, y las conexiones erradas se llevan a cabo por construcciones ilegales, en donde rompen la calle y se pegan al tubo que se encuentran, y ahí es cuando meten las aguas residuales en los tubos de aguas lluvia, en eso hay que trabajar”.
Por su parte, Galán deberá poner en su lista de prioridades este tipo de megaobras, que no solo prometen sanear el río Bogotá, sino que su construcción significaría destrabar una obra que se le prometió a los ciudadanos desde 2012. Las intenciones del mandatario son positivas, sin embargo, deberá trabajar de la mano del Acueducto, empresa que viene con varios líos por esta y otras obras planeadas en administraciones pasadas.
Al cierre de este artículo, ni Acueducto Bogotá ni la Alcaldía, le respondieron a El Espectador.
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Por Sara Caicedo
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