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Avanza el proceso contra un mayor y dos patrulleros de la Policía de Bogotá, acusados de secuestrar y robarle casi $800 millones a un comerciante, el 19 de enero de 2021. No solo todo está listo para el juicio, sino que la víctima impulsa una demanda contra la Policía Nacional, pidiendo una reparación por casi $1.400 millones, ya que los uniformados al parecer cometieron el delito estando en servicio activo.
Los acusados son Andrés Salazar, quien para la época era comandante del Grupo de Operaciones Especiales en Bogotá, y los patrulleros Erwin Quintero y Fabián Castillo, quienes estaban asignados al esquema de seguridad de Juan Carlos Granados, excontralor de Bogotá y hoy magistrado de la Comisión de Disciplina.
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El caso se moverá este viernes cuando se instale la audiencia preparatoria, en la que la defensa enunciará las pruebas con las que pretende en juicio convencer al juez 35 penal del Circuito de Bogotá de la inocencia de sus clientes. Una vez se surta este trámite, solo resta fijar fecha para el debate probatorio, en el que se definirá si los procesados son culpables o inocentes. Sin embargo, el defensor no la tendrá fácil.
El ente acusador tiene, además del relato de la víctima, videos de seguridad, de los que extrajeron datos para identificar vehículos y descubrir que hay más personas involucradas. En las imágenes se ven policías, una moto y un vehículo de la institución; el taxi y la camioneta, en el que trasladaron al comerciante, así como dos vehículos más: un carro Mazda y otro Toyota, en el que iba una mujer. Así identificaron por dónde pasearon al comerciante.
Los informes cuentan que el 19 de enero la víctima recibió en el centro comercial Puerto Príncipe $800 millones que serían producto de la venta de dos vehículos, dos lotes en Dosquebradas, Risaralda, y la hipoteca de cuatro apartamentos en Villavicencio. Segundos después, siendo las 3:20 p.m., lo abordaron dos patrulleros y lo intimidaron, diciéndole que ese dinero era producto del narcotráfico.
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Lo obligaron a desplazarse hasta una cafetería del sector, a donde llegó un sujeto de civil, quien dijo ser capitán de la Sijín, y le advirtió que se lo llevaría preso. Gracias a los videos vieron que el capitán llegó mucho antes en un Mazda azul y que estuvo vigilando el procedimiento desde el comienzo.
Tras la segunda intimidación, los uniformados pararon un taxi, al que se subió la víctima, vehículo que tomó rumbo al occidente, escoltado por dos patrulleros en moto. A medio camino lo cambiaron de taxi y lo llevaron hasta una estación de gasolina. Allí llegó una camioneta Toyota gris, de la que se bajó otro hombre que, por su indumentaria, era oficial de la Policía.
Luego arribó otra camioneta Toyota, con luces azules y parpadeantes en el frontal, a la que subieron la víctima, el oficial y un patrullero. Llegaron a la diagonal 25G con carrera 95. Los videos muestran cómo la víctima se bajó y la camioneta y los motorizados huyeron con el dinero. “Se le violó su libertad de locomoción, se retuvo a una persona. Lo acompañaron, lo doblegaron, lo privaron de un derecho de locomoción, y estas personas uniformadas lo que hicieron fue coartar esa libertad”, manifestó la fiscal Polanía en la audiencia de acusación.
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Desde el día de los hechos han pasado casi dos años y medio. Aunque la Fiscalía acusó a los sospechosos y estuvieron en prisión por más de un año, quedaron en libertad a mediados del año pasado por vencimiento de términos. Ahora, cuando está todo listo para el debate probatorio, Juan Manuel Sáenz De Brigard, abogado del estudio jurídico @Tudoclegal y representante del comerciante, sumó un elemento al caso: una demanda de reparación directa contra la Policía Nacional.
Según el abogado, la víctima es un comerciante de bienes raíces, y para esa época había firmado las compraventas de dos inmuebles en Villavicencio. El 19 de enero de 2021 recibió el dinero para cerrar un negocio, pero lo perdió por la actuación de los acusados, quienes para el día de los hechos estaban en servicio activo, portando prendas y armamento de la institución.
Una de las pruebas que aportó sobre el hecho fue la entrevista a la mayor Paola Serna, quien para la fecha era la jefa de esquema de la Policía. Ella dijo que el 19 de enero de 2021 los patrulleros se encontraban laborando en el esquema del Juan Carlos Granados. Castillo, quien era el jefe de esquema y superior de Quintero, reportó el inicio del servicio a las 7:47 a.m.; realizó un nuevo reporte a las 12:54 p.m., y el último a las 9:12 p.m.
Por esta razón, considera que la Policía es responsable de “falla en el servicio” y debe pagar los daños materiales e inmateriales que sufrió la víctima, “por la acción negligente, culposa e irregular desplegada por los policías, que estando en servicio activo se valieron de su autoridad y usando elementos de la institución para hurtar el dinero”, dice la demanda. Para Sáenz , el daño suma a la fecha $1.392 millones. La demanda está en el Tribunal Administrativo de Cundiamarca, que estudia si la admite o no.
“Ya la Fiscalía anunció las pruebas que practicará en el juicio y ahora es la oportunidad de la defensa. Si bien es cierto que estamos en juicio, no tenemos mayor avance. Los acusados están en libertad y considero que el Inpec fue uno de los principales actores para que se presentara esa situación, pues se aplazaron todas las audiencias por falta de internet en La Picota. Por ahora, radicamos la demanda de reparación directa contra la Policía, que analiza el Tribunal ”, puntualizó el abogado.
Por ahora el caso avanza. Resta esperar a que en juicio las pruebas sean contundentes. A pesar de que los videos muestran una historia creíble, el reto para la Fiscalía será probar que los personajes que aparecen en las grabaciones sí son los que están en el banquillo y dar con sus cómplices. De esta manera podrá poner punto final a uno de los hechos criminales que tiene en tela de juicio a la Policía Nacional.
Por Alexánder Marín Correa
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