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El presidente de Gustavo Petro llegó con la promesa de transformar radicalmente el sistema de salud colombiano. Tres años después, prácticamente toda la energía del Ministerio de Salud se ha concentrado en la consolidación de la narrativa sobre la necesidad de su reforma, a costa del deterioro de un sistema que así no le guste como está diseñado hoy, es su responsabilidad como jefe de Estado. A un año de que termine el mandato del presidente, el sector salud enfrenta la situación financiera y de satisfacción de usuarios más crítica de su historia.
Según la Contraloría General de la República, las deudas de las EPS a los actores del sistema de salud ya supera los 30 billones de pesos. Aunque esa cifra debe discutirse con más detalle, lo cierto es que estamos en el peor momento de una crisis que si bien no inició en este gobierno, sí se ha acelerado desde que el presidente Petro llegó a la Casa de Nariño.
El gobierno le ha apostado todas sus fichas a cuatro caballos de batalla que seguirán siendo las banderas de salud hasta el 7 de agosto de 2026: el primero, una reforma radical al sistema de salud que fue archivada una vez y que hoy no ha logrado pasar del tercer debate en el Senado de la República. El segundo, un Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo, en donde los Equipos Básicos de Salud se han convertido en el programa insignia y a los que a la fecha se les han asignado más de 3.5 billones de pesos (cinco veces el presupuesto anual del Instituto Nacional de Cancerología). El tercero, una inversión histórica en el fortalecimiento de la red pública en cientos de municipios del país, aunque las asignaciones presupuestales aún tienen que materializarse en obras efectivas; y el cuarto, la búsqueda por avanzar hacia una soberanía sanitaria, un objetivo que, hasta el momento, únicamente tiene como resultado el otorgamiento de una licencia obligatoria de un medicamento para el VIH y su compra centralizada.
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Desafortunadamente, esa agenda no está muy alineada a los cuatro retos monumentales que definirán el futuro del sistema de salud en el próximo año:
1. Mitigar la crisis financiera del sector salud. El gobierno insiste en que la única solución viable a la situación financiera del sistema es su reforma y no tiene interés en tomar ninguna acción distinta para inyectar más recursos, incluso a pesar de que más del 50% de la población del país está afiliada a una EPS intervenida por el mismo Estado. La renuencia de ajustar la Unidad de Pago por Capitación, el presupuesto que se asigna para el aseguramiento en salud por cada colombiano, parece indicar que en 2026 el ajuste volverá a ser el mínimo políticamente viable para liberar caja a los equipos de salud y e inyecciones a hospitales públicos, una estrategia con alto impacto territorial justo en un año electoral. Pero con nueve EPS intervenidas, un déficit creciente y un incremento insuficiente, existe el riesgo de más cierres de servicios y mayores problemas de acceso, lo que también afectará la percepción de una gran proporción del electorado.
2. Responder por las intervenciones de las EPS. De mantenerse el rechazo a la reforma en el Senado, el presidente ha dicho que tendrá que seguir realizando intervenciones y tomando decisiones por decreto. Las intervenciones tan repentinas no serán ajenas a enfrentamientos legales. El caso más controversial fue la intervención de Sanitas EPS en abril 2024, que fue posteriormente anulada por la Corte Constitucional este año 2025, forzando su devolución al Grupo Keralty. Esta decisión judicial evidenció problemas de legalidad en el proceso de intervención y generó tensiones adicionales entre el gobierno y el sector privado de salud. El gobierno podrá utilizar otras opciones. De hecho, hace solo unos días el gobierno emitió el Decreto 0858 de 2025, que entre varios cambios permitirá modificar los requisitos de autorización de funcionamiento de las EPS, definiendo en qué zonas del país pueden operar y redistribuyendo sus afiliados sin necesidad de intervenir o liquidar.
3. Gestionar los problemas operativos del sistema. Aunque la comunicación oficial ha estado saturada de anuncios de asignaciones presupuestarias en equipos de salud y hospitales, se ignora notablemente métricas que antes de llegar al gobierno utilizaba la anterior oposición como indicador de fracaso del sistema: demoras en la entrega de medicamentos y asignaciones de citas con especialistas, quejas ante la Supersalud y acciones de tutela por problemas de atención, todos en niveles críticos históricos. Los tiempos de espera para medicamentos alcanzan hasta 250 días en casos extremos, con un promedio de 135 días según la Fundación Retorno Vital. Las tutelas en salud llegaron a 237.210 en 2024, aumentando 69.9% desde 2022. El 64.7% de las acciones judiciales estuvo relacionado con demoras en servicios incluidos en el Plan de Beneficios.
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Además, hoy, después de un año de la implementación de un nuevo modelo que el presidente y el ministro Jaramillo afirmaron que sería una muestra de la reforma presentada ante el Congreso, el sistema de salud de los maestros está peor que antes. El sindicato de educadores sigue haciendo plantones exigiendo una mejor atención, aunque sin retirar su apoyo irrestricto al proyecto político del presidente Petro. Este último año servirá para evaluar si la gestión del gobierno en las EPS intervenidas y en el sistema de salud del magisterio siguen siendo un espectáculo mediático o si logran traducirse en una transformación real en la atención de los casi 30 millones de personas que hoy están en sus manos.
4. Demostrar que los billones de pesos invertidos en Equipos Básicos de Salud y en infraestructura no son elefantes blancos. Hasta ahora, no hay mayor evidencia de la gestión de los equipos básicos o de su impacto. El presidente y el gobierno insisten en la existencia de más de 10 mil equipos que diariamente recorren el país, cuando los mismos datos del ministerio hasta hace unas semanas mostraban que únicamente estaba en operación una décima parte, omitiendo también que solo se contratan por algunos meses. Grandes inversiones como los barcos-hospitales prometen transformaciones sustanciales, pero no hay certeza sobre la viabilidad financiera de su operación. Así lo denunció la exinterventora del Hospital San Rafael de Leticia, retirada de su cargo por negarse a las presiones de la Superintendencia para firmar el contrato por el que el hospital adquiriría el barco.
El presiente está decidido a utilizar la salud como eje electoral. Ya le ha dedicado al tema varias alocuciones y consejos de ministros y el probable rechazo de su reforma en el Senado será otro punto en la campaña de reelección del proyecto progresista. Desafortunadamente, millones de pacientes tendremos que esperar que el sistema siga resistiendo la difícil situación por la que atraviesa.
*García es MPH, MBA. director y cofundador de Decilion —firma de consultoría en salud global—, asociado del Departamento de Salud Global de la Escuela T. H. Chan de Salud Pública, de la Universidad de Harvard, y profesor de cátedra de la Universidad de los Andes y de la Universidad del Rosario.
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