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El número de policías que han muerto en medio de la confrontación con el Clan del Golfo, el Eln, las disidencias de las Farc, y otras organizaciones ilegales, ha aumentado de manera exponencial durante las últimas semanas. Después de la segunda vuelta presidencial, el pasado 19 de junio, el plan pistola, anunciado por el grupo que por años comandó el extraditado Otoniel, ha causado la muerte de al menos 11 uniformados y cuatro más han perdido la vida por ataques de otros grupos. El director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, explicó que en esta arremetida hay características similares a la estrategia que hace más de tres décadas desplegó Pablo Escobar Gaviria en contra de esa institución.
(En contexto: Plan pistola: los rostros de la violenta persecución a la Policía)
“De manera similar, Pablo Escobar, a través de un plan criminal parecido, buscaba evitar su captura”, sostuvo el alto oficial. En este mismo sentido, otras autoridades explicaron que hoy en día, el Clan del Golfo y otras organizaciones están ofreciendo entre $5 y 20 millones por cada uniformado muerto en Córdoba, Antioquia, Chocó, Norte de Santander y Sucre. Exactamente lo mismo hizo Pablo Escobar en Medellín durante los años 80. En ese momento, el capo ofreció $2 millones por policía (lo que hoy serían aproximadamente $35 millones), y $20 millones si era oficial de la Fuerza Élite de la Policía (unos $351 millones en la moneda de 2022).
Para entender el contexto de lo que sucedió en la época más oscura de la Policía en la lucha contra el narcotráfico, El Espectador reproduce este texto de 2020:
Cuando en Medellín pagaban $2 millones por cabeza de policía
Nunca sufrió tanto Medellín como hace 30 años en tiempos de Pablo Escobar Gaviria y su círculo de sicarios, en el cierre de la más violenta campaña política en la historia de Colombia. Por los mismos días en los que fueron asesinados Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, 22 de marzo y 26 de abril de 1990, en las calles de la capital antioqueña se libró una guerra aparte que el capo enfrentó con una fórmula sangrienta: $2 millones de pesos por cabeza de policía muerto y $20 millones si era oficial de la Fuerza Élite de la Policía.
En los municipios del Valle de Aburrá, en la primera semana de abril de 1990, cuando se regó la noticia de que Escobar pagaba por policía muerto, se hizo rutina diaria levantar cadáveres de agentes baleados. La segunda estrategia del capo correspondió a su talante terrorista. A la 1:18 de la tarde del miércoles 11 de abril, en el sitio conocido como el Puente de Pan de Queso, a la entrada de Itagüí, detonó un carro bomba al paso de un camión de la Policía que movilizaba a un grupo de uniformados que regresaba de hacer un retén en La Estrella.
Ocho agentes de la institución perdieron la vida, al igual que doce personas más. La explosión dejó heridos a más de 100 civiles. Al día siguiente, Los Extraditables se atribuyeron el hecho y anunciaron que no iban a dejar un solo policía vivo en Antioquia. Esa misma semana, el presidente Barco ordenó multiplicar el pie de fuerza para Medellín. Era la recta final de su gobierno y ya no era momento de amedrentarse. La reacción de Escobar se consumó el 25 de abril, con una volqueta bomba detonada al paso de un camión de la Policía.
Esta vez murieron nueve personas, la mayoría agentes de la Policía. La Fuerza Élite estrechaba el cerco, pero el cartel de Medellín se defendía a punta de carros bombas y asesinato de policías. El 26 de abril fue el magnicidio de Carlos Pizarro abordo de un avión que viajaba hacia Barranquilla y el foco de la información se trasladó a Bogotá, donde además estaba en su fase definitiva la opción de la Constituyente, y el capo aprovechó para saldar cuentas pendientes con el cartel de Cali con el que libraba otra guerra desde 1988.
Casi a diario, en diversas ciudades, comenzaron los ataques con explosivos contra sedes de la cadena farmacéutica Drogas La Rebaja, de propiedad de los hermanos Rodríguez Orejuela, capos de Cali. A esas mismas horas, el río Cauca se llenaba de muertos por la mano asesina del cartel del Norte del Valle, con capítulo de escándalo en Trujillo, donde hasta el sacerdote del pueblo, Tiberio Fernández Mafla, fue decapitado. Ese era el entorno cotidiano de malas noticias, la mayoría provocadas por el narcotráfico en la agonía de un gobierno.
El jueves 2 de mayo fueron capturados el abogado Guido Parra y el arquitecto y exgerente del Tren Metropolitano de Medellín, Diego Londoño White. Los dos habían intentado cabildear ante el gobierno una propuesta política de Los Extraditables para frenar la guerra. La réplica del cartel de Medellín fue una secuencia de tres atentados terroristas en Bogotá y Cali, con saldo de 30 muertos. Era el sábado 12 de mayo, día de antesala a la celebración del Día de la Madre, y esta vez las víctimas no fueron políticos o jueces, sino ciudadanos inermes.
En una concurrida calle del populoso barrio Quirigua, al occidente de Bogotá, hacia las 4:15 de la tarde y en medio de la algarabía en un sector repleto de transeúntes comprando regalos, estalló un carro bomba cargado con 100 kilos de dinamita. Diecisiete personas perdieron la vida, entre ellos una mujer embarazada de seis meses y cinco niños entre los 3 y los 12 años. Dos minutos después, en la calle 127 con avenida Suba, frente al Centro Comercial Bulevar Niza, detonó otro carro bomba que dejó cuatro personas muertas.
A las 8:50 de la noche, la racha terrorista del sábado 12 de mayo terminó en una popular zona de diversión nocturna en Cali, donde estalló otro carro bomba que causó millonarios destrozos, dejó decenas de heridos y le costó la vida a nueve ciudadanos. Desde el magnicidio de Luis Carlos Galán —18 de agosto de 1989— era el carro bomba número 18 atribuido al cartel de Medellín. El lunes 21 de mayo de 1990, a seis días de las elecciones presidenciales, fue asesinado en Medellín el senador liberal Federico Estrada Vélez.
El domingo siguiente 27 de mayo fue electo presidente de Colombia el exministro de Hacienda y Gobierno de la administración saliente, César Gaviria Trujillo. La otra noticia del día fue el triunfo rotundo de la Constituyente. Los dos sucesos acapararon la atención nacional y a la semana siguiente fue el debut de la Selección Colombia en el mundial de Italia 1990. Entre tanto alboroto mediático, el drama de Medellín pasó a ser realidad de segundo plano, mientras persistía la cacería de policías y la arremetida de la Fuerza Élite.
El jueves 14 de junio, en el barrio El Poblado, en límites entre Envigado y Medellín, fue abatido John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, jefe de sicarios de Pablo Escobar. Un peligro individuo que, junto a Mario Alberto Castaño Molina, alias el Chopo, había tejido en el Valle de Aburrá una red de sicarios al servicio de los extraditables. El martes siguiente, día 19, fue el empate de Colombia con Alemania en el Mundial de Italia con agónico gol de Freddy Rincón. Pero ni siquiera las alegrías del pueblo supo respetarlas la mafia del narcotráfico.
Al sábado siguiente, día 23, horas después de que la Colombia fuera eliminada por Camerún en la justa mundialista, cuando la tarde noche se llenaba de aficionados en los estaderos de Medellín y Envigado, los sicarios volvieron para perpetrar una masacre que marcó a toda una generación paisa. La matanza en la taberna Oporto, situada en la loma de Los Benedictinos, donde fueron ajusticiados 16 jóvenes que estaban en el lugar equivocado. “Los ricos también lloran”, testificaron los asesinos en un grafiti su desprecio por la vida.
Ese final del Gobierno Barco en Medellín dejó evidencia de cómo la misma ciudad que protegía a Escobar, terminó siendo el blanco favorito de sus ataques. Ese verano de 1990 terminó con otro carro bomba contra la estación de Policía de El Poblado que mató a cuatro personas; y otro más contra la estación de Policía Los Libertadores, donde pernoctaba la Fuerza Élite, con saldo final de catorce personas fallecidas. En ese momento, las estadísticas hablaban de casi un centenar de uniformados caídos.
Y también de decenas de civiles inocentes. Como la periodista Miriam Naza de Sampayo que, como muchos reporteros de la capital antioqueña, tuvo que dejar sus ocupaciones como analista económica para cubrir la guerra, y una de ellas le quitó la vida. Fue una de las víctimas del ataque a la estación de Policía Los Libertadores. Apenas horas antes, en un parqueadero de Medellín, se había logrado desactivar un vehículo cargado con 450 kilos de dinamita que iba a causar una tragedia en la convulsionada ciudad.
Nunca se supo en cifras exactas cuántos uniformados perdieron la vida en Medellín entre marzo y agosto de 1990, como tampoco el número de civiles tiroteados en operaciones de limpieza social, ajusticiados por las oficinas de cobro, o caídos simplemente por estar en un sitio donde explotó un carro bomba. La Fuerza Élite de la Policía resistió la embestida de Escobar y sus secuaces y, hasta cuatro días después de la posesión de César Gaviria como mandatario de Colombia, le respondió al capo sin declinar su deber.
En concreto, el sábado 11 de agosto en el barrio La Alameda del sector de Laureles, en la capital antioqueña, en desarrollo de la operación Apocalipsis, fue abatido por la Policía el segundo hombre al mando del cartel de Medellín. Gustavo Gaviria Rivero, primo hermano de Pablo Escobar. Entre autoridades y la sociedad, se impuso el temor de que la represalia de los extraditables iba a ser peor que todo lo antes visto. Pero los planes del capo de capos eran otros y antes del primer mes de Gobierno Gaviria, ya estaban en desarrollo.
En una estrategia de apaciguamiento de Escobar y los suyos, el 5 de septiembre de 1990, bajo el amparo del estado de sitio, el Gobierno Gaviria expidió el decreto 2047, que abrió el camino a lo que se conoció como la política de sometimiento a la justicia. Un atajo jurídico para buscar la rendición de los capos a cambio de la no extradición a Estados Unidos y la concesión de rebajas procesales en sus sentencias. A esa misma hora, el capo ya tenía un as bajo su manga para garantizar que esa laxitud judicial quedara a la medida de sus intereses.
Primero secuestró a un equipo periodístico del noticiero de televisión Criptón, encabezado por su directora Diana Turbay, los periodistas Azucena Liévano, Juan Vitta, Hero Buss y los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo. El 19 de septiembre, en episodios alternos, corrieron la misma suerte el jefe de redacción de El Tiempo, Francisco Santos, y Marina Montoya, hermana del exsecretario general de la Presidencia, Germán Montoya. El 7 de noviembre fueron plagiadas Maruja Pachón de Villamizar y su cuñada Beatriz Villamizar.
Con este botín para negociar, el resto de 1990 se desenvolvió en el tira y afloje entre el Estado y los narcos hasta llegar al 17 de diciembre, cuando después de algunas liberaciones a cuenta gotas del equipo de noticiero Criptón, el gobierno Gaviria cambió el decreto 2047 por el 3030, con nuevos beneficios. En este outlet jurídico, hubo desfile de narcos saldando sus cuentas. Entre ellos, los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez. La ganga jurídica siguió, pero eso es parte de otro capítulo historia.
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