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El 24 de julio de 2025, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó el Decreto Ejecutivo 60, con el que estableció una reestructuración profunda del gabinete ministerial. La medida que más conmocionó al sector cultural fue la fusión del Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, una decisión que puso en jaque dos décadas de construcción institucional y un proyecto de política pública cultural que insistía en consolidarse.
El decreto no fue un acto aislado: existe una agenda política y económica marcada por la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha exigido “ajustes importantes al gasto del sector público”, según explicó Pablo Cardoso, docente e investigador de la Universidad de las Artes en Guayaquil y director del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura. Para Cardoso, la decisión respondió a un “ajuste estructural” que buscaba reducir el tamaño del Estado, sobre todo en áreas consideradas “no productivas” dentro de la lógica neoliberal. En ese esquema, la cultura era vista como un gasto prescindible.
La creación del Ministerio de Cultura y Patrimonio en 2007 representó un avance clave para el reconocimiento del sector cultural como actor estratégico dentro del Estado ecuatoriano. No solo fue una conquista política, sino también la base para un entramado institucional que permitió articular diferentes niveles de gobierno y espacios culturales territoriales. Como lo señaló Cardoso, con su desaparición, la función cultural se degradó a una oficina dentro de una institución mucho más grande y burocrática, con riesgos evidentes para la especialización y la rectoría en la materia.
Para Fanny Zamudio, gestora cultural y exviceministra de esa cartera, la pérdida del ministerio implica “perder un espacio de incidencia directa dentro del Estado para la cultura”. Esta medida, advirtió, afecta la capacidad del país para diseñar y sostener políticas culturales inclusivas y que respondan a la diversidad territorial.
Uno de esos proyectos afectados y que están en riesgo de desaparecer es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cultura, un instrumento clave que ha buscado mantener la coordinación entre instancias nacionales, regionales y locales. Cardoso señaló que, aunque imperfecto, este sistema fue fundamental para sostener políticas culturales descentralizadas, y ahora las prefecturas y gobiernos locales “ya no contarán con esa rectoría que debía venir del ministerio”.
Desde 2017, la política cultural en Ecuador ha transitado hacia el modelo de economía naranja, que postula que la cultura debe sostenerse principalmente a través del emprendimiento privado y la iniciativa empresarial, relegando al Estado a un rol subsidiario.
Cardoso explicó que este modelo “ha generado precarización, competencia interna y abandono”, por lo que el Estado se ha reducido a un facilitador que brinda exenciones fiscales, préstamos e incentivos, pero no asume la responsabilidad plena de garantizar derechos culturales. La desaparición del ministerio fue, en su visión, la consecuencia más clara de esta agenda neoliberal que minimiza la función estatal en la cultura.
Ni él ni Zamudio están convencidos de la justificación oficial: una supuesta afinidad entre educación y cultura. “Si bien ambas deben articularse, no se mejora ni garantiza esa coordinación simplemente poniéndolas bajo un mismo ministerio gigantesco. Esto solo diluye el peso político de la cultura y su visibilidad”, dijo la exviceministra.
Falta de diálogo y precariedad institucional
La medida tomada por el mandatario ecuatoriano evidenció la falta de diálogo entre el gobierno y el sector cultural. La propia ministra de Cultura, Romina Muñoz Procel, se enteró de la fusión a través de los medios, un hecho que, según Cardoso, reveló “el desprecio por la institucionalidad pública y la incapacidad para mantener equilibrios políticos que sostengan el campo cultural”.
Durante sus casi dos décadas, el Ministerio de Cultura enfrentó múltiples dificultades, entre ellas una alta rotación en sus direcciones y tensiones internas con el sector, marcado por demandas urgentes y condiciones de precariedad estructural. Y a pesar de que ambos entrevistados reconocieron el trabajo de algunos funcionarios que buscaron mediar entre la burocracia estatal y la diversidad del campo cultural, existía un problema de fondo: la “escasez provocada deliberadamente” por sucesivos recortes presupuestarios que limitaron la capacidad del ministerio para responder a las necesidades del sector, generando competencia interna y frustración. Esto dejó al sector cultural “desorientado y vulnerable”, en palabras de Cardoso.
La desaparición del ministerio también impactó a la cultura desde su base territorial. Actualmente, muchos espacios culturales y movimientos comunitarios dependen cada vez más de gobiernos locales y estructuras como las Casas de la Cultura, presentes en casi todas las provincias.
Zamudio destacó la importancia de estos espacios como escenarios de resistencia y diversidad cultural, y advirtió que “sin un ministerio que ejerza rectoría, la cultura comunitaria pierde respaldo estatal fundamental”. La articulación y planificación institucional se diluirán dentro del enorme Ministerio de Educación, complicando la sostenibilidad de estas iniciativas.
No obstante, la exviceministra dijo con claridad que la vida cultural en Ecuador no desaparecerá ni se rendirá. Que sus intereses van más allá de la institucionalidad. “La cultura está viva en los territorios, en las comunidades, en las expresiones cotidianas; no depende exclusivamente de la institucionalidad para existir”, dijo.
Una lección para América Latina
Para ambos entrevistados, la crisis del Ministerio de Cultura en Ecuador pone de relieve una problemática regional: la fragilidad institucional de la cultura en América Latina frente a ciclos de austeridad, crisis económicas y cambios políticos abruptos. La dependencia de ingresos volátiles como el petróleo y la falta de consolidación política hacen que las instituciones culturales sean las primeras en sufrir recortes y las últimas en recuperarse. Ecuador lo está viviendo, y Argentina también lo vivió el año pasado, cuando el presidente Javier Milei firmó un decreto con el que eliminó once ministerios, entre ellos el de Cultura. Ahora los compromisos y obligaciones de la extinta cartera forman parte del Ministerio de Capital Humano.
Ante este panorama, Cardoso subrayó la necesidad de que el sector cultural “capitalice mejor sus conquistas” y fortalezca sus espacios y herramientas públicas para evitar que decisiones unilaterales puedan borrar años de trabajo y avances. Los fondos de fomento y los concursos públicos son ejemplos de estas herramientas que deben protegerse y fortalecerse.
Además, añadió que, aunque la estructura estatal se debilite, el sector cultural tiene la capacidad histórica de adaptarse, reinventarse y mantenerse vigente, cueste lo que cueste.
Por su parte, Zamudio insistió en que “la cultura es un acto de resistencia y supervivencia. Esta crisis, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para repensar la relación entre cultura, sociedad y Estado, y para articular nuevas formas de defensa y construcción institucional”.
Por Samuel Sosa Velandia
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