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Poco o nada se sabe de Daniel Rojas Medellín. Que es joven, economista y fue el jefe programático del plan de gobierno de Gustavo Petro. La certeza sobre él es que el presidente electo lo nombró líder de la coordinación de empalme con el gobierno saliente. A El Espectador le dijo que no hay una satisfacción total con relación a la información recibida por parte de la administración Duque y que, en términos generales, la relación fue cordial, pero hubo algunos desencuentros.
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¿Cuáles son las conclusiones tras un mes en el proceso de empalme?
Aún nos queda por sistematizar mucha información, pero podemos tener unas conclusiones preliminares. La más importante que puedo extraer del ejercicio es que existe una desarticulación enorme entre las instituciones y una visión de país. Pongo un ejemplo, sin entrar en detalles —porque queremos ser respetuosos de este proceso y que no haya un juicio político al gobierno saliente—: la desarticulación se ve en sectores cuya apuesta desde la cabeza del ministerio es una y la de las entidades adscritas como agencias, departamentos o unidades administrativas es otra. No hay una relación entre la cabeza del sector y la dirección de estas entidades y esa desarticulación de política de país tiene consecuencias en la misma ejecución de políticas.
¿Que han alertado en el aspecto económico?
Evidentemente, tenemos un reto inmenso porque encontramos un país fiscalmente crítico. Muchos recursos y vigencias futuras comprometidos. Contratación amarrada, si se quiere. Muy poco espacio fiscal para poder lograr grandes transformaciones; por lo tanto, la reforma tributaria se nos convierte en una de las medidas de inmediata ejecución.
Como economista y estando al tanto del empalme y la situación fiscal y financiera del país, ¿ve viable una reforma tributaria bajo los términos en que el gobierno saliente entregó la billetera del país?
Tenemos un reto grandísimo y es que, aparte de tener restricciones fiscales para ampliar el espacio y, por ende, aumentar el gasto público en los propósitos sociales que tenemos, nos encontramos ante una coyuntura internacional de encarecimiento, la deuda por depreciación del peso colombiano y unas decisiones de la reserva federal de aumentar tasas de interés. Eso tiene más consecuencias en nuestra economía. En ese entendido, la reforma tributaria se nos convierte en una prioridad, que evidentemente pasa por el diálogo con las otras fuerzas políticas que componen el Congreso. Lo que veo es un buen ambiente. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero hay algo en que creo hay un consenso y es que el país necesita aumentar el recaudo. No solamente porque está muy por debajo del promedio latinoamericano y de la OCDE, sino porque las necesidades de gasto son evidentes. Otro consenso es el entendimiento del contexto internacional que nos pone en un escenario de vulnerabilidad, especialmente a los más pobres, que no los podemos gravar, ni a la comida. Eso sería agravar la crisis.Nos queda una única opción y es buscar aumentar el recaudo en las altas capas y en las personas de los más altos ingresos.
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¿Qué recursos están amarrados? ¿Y qué ha raspado la olla el gobierno saliente?
Existen vías jurídicas para desamarrar, si se me permite el término. Cuando dejas amarrada la junta directiva de Ecopetrol es dejar amarrado un propósito de política que es contrario al nuestro, que es iniciar la descarbonización y la transición energética. Contratos de infraestructura como la adecuación del Canal del Dique, aun cuando las comunidades se nos han acercado con mucha preocupación por el desarrollo de esta obra, porque no se les ha tenido en cuenta ni se les ha consultado, aunque digan que sí. Ahí tendríamos que buscar información completa para tomar decisiones puntuales. Están muy comprometidas las vigencias futuras y tenemos cierta preocupación porque eso nos cierra el espacio fiscal. Y, por otro lado, están los altos niveles de deuda, adquiridos en los últimos gobiernos. Eso también nos cierra el espacio fiscal. Los contratos puntuales creo que hay que someterlos a una revisión jurídica.
¿Cómo fue la relación con el gobierno saliente en este proceso de empalme? ¿La información que les entregaron fue la esperada? ¿Les entregaron información parcial?
El empalme se ha hecho en varios niveles. Un primer nivel son cuatro funcionarios del gobierno saliente y cuatro de la comisión entrante. Y en esa dimensión el trato ha sido muy respetuoso. Reivindico mucho la forma en que nos hemos comunicado y en la que nos hemos tratado con el ministro Restrepo. Allí logramos unos acuerdos y una hoja de ruta que nos permitió tener unas reglas comunes. Sin embargo, en el ejercicio de los otros niveles, en el sectorial y el de por entidades, ha habido algunos desencuentros, principalmente por la información que requirieron nuestros equipos y que no encontraron en el gobierno saliente la mejor disposición para entregarla. Quizás esto ha pasado por la misma naturaleza de nuestros equipos, en los que hay indígenas, negros y representantes de comunidades históricamente excluidas. Entonces, la entrega de información no se dio entre los mismos o similares. En el empalme del DANE, por ejemplo, los indígenas confrontaron al director. Y aun cuando un ejercicio de empalme no es un ejercicio de confrontación se da porque el conflicto político está vigente. Esas situaciones hemos tenido que sortear.
El caso puntual del DANE y lo que dijo Juan Daniel Oviedo a medios, donde declinó su intención de participar en el gobierno Petro, ¿es sobre el caso que menciona o algo adicional?
En todo ejercicio de empalme, es natural que el gobierno entrante haga solicitudes al gobierno saliente. No son órdenes. Por ejemplo, el presidente Petro solicitó frenar la venta masiva de bienes de la nación que la Central de Inversiones (CISA) tenía planeado hacer antes del 7 de agosto. Nos dijeron que iban a frenar esa subasta, quiere decir que acogieron la solicitud. Y así ha sucedido en varias entidades en las que hay contrataciones o políticas que involucran con mayor envergadura al gobierno entrante. En algunos casos han respondido favorablemente a nuestras peticiones y en otros no. Es natural. Este es uno de esos casos. Le solicitamos al saliente director del DANE que pusiera en stand by una decisión que compromete vigencias futuras del próximo gobierno, que el presidente Petro quería estudiar la situación. Le escribí por WhatsApp y no me respondió, luego salió a los medios a decir que había sido una orden y que él no seguiría en el cargo. Entiendo que es una negativa a una solicitud que respetuosamente le hicimos y que entendemos que queda a discrecionalidad del gobierno saliente aceptarla o no. ¿Él ya estaba comprometido para quedarse en el DANE? Yo hablé con él y le transmití el mensaje del presidente Petro frente a la posibilidad de que él se quedara. Noté en él entusiasmo. Los enlacé. Empezaron a hablar directamente, no sé de qué, pero sí que dentro de nuestro programa de gobierno hay propuestas de desarrollar un catastro multipropósito y que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tenga en el desarrollo de esa política un papel activo. Eso es un mandato popular por el que votaron el 19 de junio. Entiendo que él no está muy de acuerdo con ese propósito. No podemos ceder en lo que el pueblo nos ordenó y eso detona en que él haya decidido no continuar.
¿Las demás solicitudes que le han hecho al gobierno saliente han sido por petición del presidente Petro o a través de los equipos de empalme?
Algunas por solicitud del presidente Petro y otras porque, en concordancia con el programa de gobierno, lo han hecho los equipos de empalme.
¿Cómo va el proceso de sistematización de toda la información recolectada?
Ha sido mucha información por la envergadura y la heterogeneidad de nuestros equipos de empalme. Se ha recolectado demasiada información. Infortunadamente no hemos obtenido otra que pudiera haber sido estratégica para tener un informe mucho más completo, y ahora en el proceso de sistematización se nos cruzan esos inconvenientes. Ha sido bastante dispendioso, porque son muchos formatos. Afortunadamente, nos están prestando un apoyo técnico para poder hacer esa sistematización y además de eso, a través de un software, convertirla en un semáforo de verdes, rojos y grises que nos permitan saber dónde podemos darle trascendencia, dónde tenemos que frenar y cuáles son las alertas rojas.
¿En qué consiste el método de semaforización? ¿Cómo son esas alertas rojas?
Los puntos rojos del semáforo pueden ser alertas frente al desarrollo de políticas que contravienen los propósitos de gobierno o políticas que consideramos no deberían continuar por la misma razón. Entonces nos exigirían acciones legislativas o del Ejecutivo.
Usted ha reiterado la diversidad del equipo de empalme. ¿Ha representado un problema que haya sido tan abierto a movimiento sociales y políticos?
Ha sido un problema más para el gobierno saliente que para nosotros; para nosotros ha sido una ventaja. Hemos hablado de que este va a ser el primer gobierno popular de la historia reciente del país. Y consecuentes con eso, hacer a las comunidades partícipes del empalme e, incluso, del ejercicio del gobierno, más que un problema, es un acto de coherencia. La dificultad que se nos presenta es transitar de un empalme tradicionalmente técnico hacia uno que pueda constituir una combinación de saberes técnico y popular, sin que entren en contradicción. Eso es una oportunidad de aprendizaje, porque así tendrán que ser los cuatro años de gobierno y el diseño del plan de desarrollo. El plan tendrá que ser el reflejo de un gran acuerdo nacional, y no uno entre élites, que vincule la sabiduría territorial, popular, sectorial con la sabiduría técnica y las instituciones del Estado. Democratizar o acercar el Estado a la gente tiene su dificultad, pero ese es el reto que asumimos.
¿Por eso cree que ha sido muy noticioso el tema del empalme?
Claro, eso lo hace distinto y más visible. Lo más hermoso es que hace visibles a quienes han sido históricamente invisibles. ¿Cuáles fueron los criterios para la conformación de equipos de empalme? Las cabezas por sector fueron una decisión del presidente bajo los criterios técnicos, políticos, de equidad y paridad de género. Los 18 sectores que implican 18 ministerios son nueve hombres y nueve mujeres cabezas de sector y para la conformación de sus respectivos equipos incidimos diversos sectores del Pacto Histórico, del gran acuerdo nacional y las cabezas por sector tenían cierta autonomía. En cada equipo de empalme hay mínimo una persona de los sectores indígenas y negritudes. Con relación a la paridad, Artemisas, según la información conocida, encontró que las mujeres apenas eran el 33 % de los integrantes de empalme… Hasta el último día de empalme siempre ingresó alguien más. Los equipos de empalme nunca se cerraron, siempre hubo una disposición a que los grupos fueran cada vez más amplios. De hecho, una de las quejas que tuvimos del gobierno saliente es que no había espacio para acomodar a nuestros miembros. A fecha del 13 de julio, había una participación de 1.299 personas. El 44 % eran mujeres y el 56 % eran hombres. Claramente, no estábamos cumpliendo con la paridad que siempre se les dijo a las cabezas de sector que era un propósito ineludible. Aún no tengo los datos al cierre del empalme para saber cómo estuvimos en esta ponderación de participación, que para nosotros es muy importante.
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¿Qué lectura hacer acerca de que el presidente Petro haya delegado equipos especiales para hacer empalme para Hidroituango, metro de Bogotá y Monómeros?
Que son apuestas fundamentales para el plan de gobierno del presidente. Hidroituango y el metro de Bogotá son dos obras de infraestructura donde la nación compromete una inmensa cantidad de recursos, pero además tienen una importancia enorme en nuestra visión de país. Desde el punto de vista de la transición energética, la soberanía energética y la garantía de derechos y la armonización del territorio con todas las formas de vida. Incluso en épocas de crisis climática. El metro de Bogotá igual. El presidente fue alcalde de Bogotá, conoce las necesidades en movilidad de la ciudad. En este empalme, lo que buscamos fue tener la mejor información posible para que el gobierno entrante tome las mejores decisiones respecto a esas obras que beneficien a la ciudadanía. No estamos pensando en torpedear las obras, porque eso generaría retrasos, ni mucho menos en llegar con un complejo de Adán, sí entendemos que son obras que han tenido y tienen incertidumbres. Ante tales incertidumbres y riesgos de desastres, lo más responsable es contar con toda la información técnica para tomar las mejores decisiones. Monómeros es porque estamos viviendo una crisis de hambre, y el encarecimiento de insumos y fertilizantes para la producción de alimentos es una de nuestras grandes preocupaciones.
Los ministros designados han hecho declaraciones que generaron zozobra en la gente. Igualmente, tenemos conocimiento de un tema puntual en el que usted medió y generó incomodidades, incluso, en el equipo de empalme, sobre retorno de venezolanos a su territorio. ¿Por qué no mejor esperar a que se posesionen y tengan su primer consejo de ministros?
Sí, por supuesto. Yo lo que he dicho es lo que está dentro del programa de gobierno. Si buscan ahí, no existe ningún plan de retorno a migrantes, eso jamás lo he dicho. Lo que he dicho es que el restablecimiento de relaciones con Venezuela debe propender a que cualquier ciudadano venezolano o colombiano que quiera voluntariamente retornar a su lugar de origen, a reencontrarse con su familia, pueda hacerlo porque está en todo su derecho. Eso no implica ningún plan de retorno a migrantes, sino el resultado natural de lo que podría ser el restablecimiento cordial de las relaciones entre ambos países.
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