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Un falso informe presentado por la Dijín de la Policía, el pasado 30 de enero, sostiene falsamente que la niñera Marelbys Meza era una cocinera del Clan del Golfo, del circuló más cercano al fallecido alias Siopas. Con esa información, a un fiscal que adelanta las investigaciones más delicadas contra esa organización criminal en el Chocó le fue solicitado interceptar las comunicaciones de Meza, quien fue referenciada por la Policía como alias la cocinera, pero quien solo era la niñera del hijo de Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Una mujer que fue sometida, sin abogado, a la prueba del polígrafo en un edifico al lado de la Casa de Nariño, señalada por Sarabia de robarse una alta suma de dinero de su apartamento.
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Se trata del escándalo más grande en la corta historia del gobierno de Gustavo Petro. El fiscal general Francisco Barbosa detalló que, el mismo día que Sarabia presentó la denuncia por la plata perdida, ese 30 de enero, policías de la Dijín presentaron el informe con fines de interceptación a la niñera. En rueda de prensa, Barbosa apuntó que “las ‘chuzadas’ volvieron a Colombia” y lo comparó con los episodios más oscuros de la inteligencia colombiana contra civiles inocentes. “Es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico y es la violación de derechos humanos, incluso previo a la Constitución de 1991. Prácticas como las del F2 e incluso del DAS, que generaron el cierre de esas instituciones, han vuelto a Colombia en el marco de estos procedimientos”, expresó.
Y siguió con su análisis sobre el caso: “Nos pone en las épocas más negras, más oscuras de la historia judicial colombiana. Hemos trabajado arduamente construyendo las instituciones. Esto ya lo vivió Colombia. Aquí hubo chuzadas, espionaje a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aquí hubo interceptaciones ilegales y prácticas de este nivel. (En el caso Laura Sarabia) se usó una de las salas de escucha de la Policía Nacional. Sala que es para perseguir a las estructuras criminales a través de la escucha de sus telecomunicaciones”, concluyó Barbosa, advirtiendo que pronto llegarán capturas e imputaciones. El análisis del fiscal general causó polémica entre quienes conocen lo sucedido hace años en los estamentos de inteligencia y calificaron de exagerada la posición del jefe del ente investigador.
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La maquinaria criminal del DAS a favor de un expresidente
Aunque el escándalo que sacó a la jefe de gabinete de Gustavo Petro de su puesto puede definirse como aberrante, tal cual lo definió Barbosa, pues se habría utilizado la Inteligencia del Estado para el beneficio particular de Sarabia, el expediente no es comparable con los anteriores capítulos de “chuzadas”. Sobre todo, porque, en casos como el del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la proporción de las líneas interceptadas fue mucho mayor. Y, como ha revelado la justicia, el propósito fue perseguir a opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia e, incluso, acechar al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien se le reconoce por sus investigaciones en la llamada parapolítica.
Por ahora, la Fiscalía sigue en la investigación para determinar los posibles autores de esas interceptaciones ilegales y si de alguna manera beneficiaron al gobierno de Gustavo Petro y a su círculo más cercano, empezando por su exjefe de gabinete, Laura Sarabia. En comparación con el caso del DAS, por ejemplo, se sabe que fue disuelto, en 2009, una vez empezaron a caer todos los funcionarios públicos quienes buscaron enlodar a los opositores de Uribe Vélez, por orden directa de las oficinas jurídicas y de prensa de la Presidencia. Se trató de todo un aparato criminal avalado, por las instituciones del Estado, que esculcó en la intimida de políticos, magistrados, periodistas y civiles, con el exclusivo objetivo de beneficiar al expresidente Uribe.
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Como prueba de la criminalidad del DAS está la sentencia condenatoria, del Tribunal Superior de Bogotá de 2021, contra César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño y exsecretario jurídico, respectivamente, de Uribe. Ambos fueron sentenciados por formar parte de un plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en 2007, la cual estaba en plena investigación de la parapolítica. Además, para enlodar el nombre de la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina, conocida por haber otorgado su voto decisivo a la reelección presidencial de Álvaro Uribe de 2006.
El caso de estas “chuzadas” se remonta a 2007, cuando varios altos funcionarios del gobierno del momento le dieron luz verde ilegalmente al “proyecto escalera”, para escrudiñar precisamente en la alta corte, que entonces indagaba sobre los políticos que se aliaron con paramilitares. En el Club Metropolitan, en Bogotá, se realizó un desayuno en el cual Bernardo Moreno (condenado), antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), le comunicó a María del Pilar Hurtado (condenada), exdirectora del DAS, que la mismísima Presidencia tenía un requerimiento para recopilar información de la Corte Suprema. Se asignó personal y recursos para llevar a cabo el “proyecto escalera”. Se ubicaron fuentes al interior de la Corte, se usaron grabadoras secretas y “se extraían copias de expediente que resultaban ser de interés para el gobierno de turno”, como lo dijo el Tribunal.
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Bajo la fachada de que la Corte Suprema estaba infiltrada por el narcotráfico, se activó inteligencia del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para averiguar por unos dineros con los cuales se había pagado un viaje de los togados a Neiva, en 2006. Sin embargo, solo era un homenaje al exmagistrado Yesid Ramírez Bastidas. Para socializar los avances de la investigación irregular, se realizaron tres reuniones en la Casa de Nariño, durante el gobierno Uribe Vélez, que contaron con la participación de Del Castillo, como secretario jurídico del presidente, y de Velásquez, como secretario de prensa.
Por otro lado, contra Yidis Medina, quien reveló haber entregado su voto para aprobar la reelección a cambio de ofrecimientos económicos, se inició una fuerte búsqueda de información con el objetivo de desprestigiarla y crear ante la opinión pública un discurso en el que ella, crucial en la continuación de Uribe en el poder, tenía vínculos con el ELN o las FARC. “Se puso ilegítimamente al servicio de intereses particulares al aparato de inteligencia y contrainteligencia del Estado, a efecto de desacreditar a una persona que estaba poniendo en conocimiento de la opinión pública, la realización del delito de cohecho en la votación del acto legislativo que permitió la reelección del primer mandatorio (Uribe Vélez)”, explicó el Tribunal.
Por otro lado, el capitán Fernando Tabares, exdirector de inteligencia del DAS, también tiene una condena en su contra por perseguir a magistrados, periodistas y opositores de Álvaro Uribe. Entre los “chuzados” estaban congresistas como Piedad Córdoba, Carlos Gaviria y Antonio Navarro Wolff, también los periodistas Daniel Coronell y Holman Morris. El escándalo de las “chuzadas”, dejó episodios como el de la detective del DAS, Alba Luz Flórez, la conocida Mata Hari, quien enamoró a un capitán de la Policía para reclutar fuentes al interior de la Corte Suprema. Tal fue la red de contactos que logró la Mata Hari que, incluso, reclutó a dos operarias de servicios generales, que servían los tintos en las salas plenas de la Corte Suprema, a quienes les entregó una pequeña grabadora que debían poner horas antes de las reuniones reservadas.
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Este viernes, Petro sacó de su gobierno a Sarabia en una ceremonia de ascenso en Bogotá. Y destacó la diferencia de este episodio con las chuzadas estatales del pasado, como las del DAS. “Este gobierno respeta los derechos humanos. No intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores. A los opositores los cuidamos y es un deber de la fuerza pública cuidarlos. No les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad. Contra ellos no habrá nada que choque con la Constitución Nacional o con la ley. Hubiese sido terrible el que, de mi gobierno, saliera una indicación que contradijese los objetivos por los mismos que hemos luchado durante décadas”, señaló el máximo mandatario.
El F2 y las graves violaciones de derechos humanos
El fiscal Barbosa también comparó el caso Laura Sarabia con la criminalidad desplegada por miembros de la Policía del F2, uno de los primeros nombres con los que fue conocida la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), hoy adscrita a la Policía. Entre los casos más representativos sobre el seguimiento del F2 a inocentes está el del Colectivo 82, un grupo de 13 jóvenes que, en 1982, fueron detenidos, torturados y desaparecidos en el marco de una investigación por el asesinato de los tres hijos de un reconocido narcotraficante. Eran nueve estudiantes de la Universidad Nacional y Distrital, así como un agricultor, un trabajador metalúrgico y dos habitantes de Gachalá (Cundinamarca).
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estudiante de ingeniería Edilbrando Joya fue desaparecido el 13 de septiembre de 1982, tras ser retenido por personal civil de F2, que era el servicio secreto de la Policía. Habitantes de Gachalá lo vieron, días después, esposado y bajo custodia de esos agentes. Sobre la víctima Francisco Antonio Medina, se sabe que apareció muerto en un supuesto operativo antisecuestro en la población de Anolaima. Ese mismo día, su hermano Arnulfo fue capturado por miembros del F2, quienes le exigieron confesar participación en el asesinato de los tres hijos del narcotraficante.
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“Ese afán por organizar una policía de Estado al mejor estilo francés prevaleció por años e hizo de la colombiana un instrumento de represión de los opositores de los gobiernos de turno hasta el Frente Nacional. Las oficinas de detectives y de inteligencia fueron desmanteladas varias veces, tras el estallido de escándalos, hasta cuando el tristemente célebre F2 fue reemplazado por la Dipol, a mediados de los años 90 (…) El aparato de inteligencia de Colombia se desarrolló y profesionalizó significativamente durante la era Uribe, gracias a un mayor presupuesto, una mejor coordinación y una mejor asesoría extranjera”, explicó el profesor Juan Carlos Ruiz, doctor en ciencia política, en una columna para el portal Razón Pública.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas reportó que, a corte de 1989, el grupo F2 de la Policía fue responsable de hasta 51 de esos crímenes. Asimismo, la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia registró que agentes del F2 participaron de la retoma al edificio. Por otro lado, la Coordinación Colombia, Europa Estados Unidos sostiene que la primera desaparición forzada por miembros del Estado se le atribuye al F2, en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Ocurrió el 9 de septiembre de 1977, en Barranquilla, y la víctima fue la bacterióloga y militante de la izquierda Omaira Montoya Henao.
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Así las cosas, aunque el expediente iniciado por la Fiscalía en el caso Laura Sarabia, por las interceptaciones a la exniñera de su hijo, son de la más gravedad y suponen el mayor escándalo en la era Petro, lo cierto es que la distancia en comparación con los casos del DAS y el F2 es larga. Son decenas de personas procesadas y condenadas las que hacen parte de esas investigaciones, quienes tenían objetivos de connotación nacional y un interés de caracter general de poner los recursos del Estado, por encima de los derechos humanos. De hecho, el propio ministro de Defensa, víctima del DAS, rechazó las ordenes de interceptación y solicitó una fuerte investigación dentro de la Policía. Fiscalía y Procuraduría ya tomaron cartas en el asunto. El presidente Petro sacó del cargo a Sarabia y también a Armando Benedetti, quien era embajador en Venezuela. Pero de ahí a que las “chuzadas” hayan vuelto, faltan pruebas y sentencias judiciales.
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