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La denuncia de Marelbys Meza, niñera y exempleada de Laura Sarabia, jefa de gabinete de Petro, tiene al Gobierno en una nueva crisis política y un escándalo judicial, en el que ya se habla de interceptaciones ilegales; un caso que al mismo presidente le interesa resolver con celeridad pues atenta directamente contra su gobernabilidad y favorabilidad (Petro ya tiene 53 % de imagen desfavorable según la reciente encuesta Invamer). Aunque es trabajo de la Fiscalía de Francisco Barbosa saber quién está detrás de las “chuzadas” a la niñera y otra exempleada, diversos sectores políticos pidieron desde el jueves la renuncia de Sarabia y del embajador de Colombia en Venezuela, el exsenador Armando Benedetti, quien también terminó envuelto en el escandalo. Le contamos cuál es la relación de ambos funcionarios con el presidente Petro y la tormenta política que desataron.
El 15 de octubre de 2020, Armando Benedetti renunció al Partido de la U, a través del cual obtuvo una curul como senador en la que estuvo desde el 2006 hasta el 2022. Fue en el Congreso en donde se acercó al actual presidente de Colombia y entonces senador, Gustavo Petro, con quien empezó a tener en su agenda legislativa y a quien decidió apoyar en la campaña presidencial de la coalición de izquierda del Pacto Histórico. El 19 de junio de 2022, cuando fue la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Petro obtuvo el 50,44% de los votos y con eso llegó a la Casa de Nariño.
Armando Benedetti fue uno de los alfiles de Gustavo Petro en campaña. Le ayudó a convencer a los sectores de la política tradicional, especialmente en la región Caribe, en donde lideró la campaña junto al hijo del primer mandatario, Nicolás Petro. Así pues, cuando Petro ganó, Benedetti se convirtió en parte esencial del Gobierno, liderando una de las propuestas centrales del presidente: el restablecimiento de las relaciones con Venezuela como embajador de Colombia en ese país. No obstante, no llegó solo al Gobierno, sino que se trajo a una de sus fichas más importantes: Laura Camila Sarabia Torres, quien fue asesora del Partido de la U desde 2018 y asesora legislativa y de comunicaciones de Benedetti hasta el 2022.
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Sarabia también fue parte central de la campaña presidencial de Petro; se convirtió en su mano derecha y era quien le organizaba la agenda, los recorridos por las regiones de país, sus discursos en plaza pública, entre otros. Su orden, método y planificación llamaron la atención del ahora primer mandatario, quien creyó que esas aptitudes podrían ser muy útiles en la Casa de Nariño y desde el 7 de agosto de 2022, a sus 28 años de edad, Sarabia se convirtió en jefa de gabinete de la Presidencia de la República. Su figura más o menos visible, por siempre aparecer al lado de Gustavo Petro, empezó a llamar la atención de los medios de comunicación, que la llegaron a llamar “la mujer más poderosa del gobierno”.
La jefa de gabinete dijo recientemente en una entrevista que le gustaba más estar en la sombra y que no era su intención ser protagonista. No obstante, es uno de los personajes centrales de esta historia, en la que ella, Benedetti y el supuesto robo por parte de una niñera, ocasionaron una nueva crisis política en el gobierno de Gustavo Petro, en un inoportuno momento en el que el presidente se pelea con la justicia, con la prensa y sus reformas no avanzan en el Congreso. El viernes al mediodía, el país esperaba el anuncio de la salida de Sarabia y de Benedetti de sus cargos, en medio de una ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército Nacional, luego de que ayer se hubiesen reunido los tres sobre las 11 de la noche en un lugar privado.
Fue la historia de la niñera la que puso contra las cuerdas al gobierno de Gustavo Petro. Marelbys Meza, quien trabajó para Laura Sarabia en el cuidado de su hijo, fue señalada de la pérdida de un dinero que pertenecía a la familia de la jefe de gabinete. Según narró la niñera, habría sido llevada a un sótano cerca de la Casa de Nariño, donde le hicieron pruebas de polígrafo. Sarabia afirmó: “sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los USD 7.000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales”, aseguró.
La denuncia de la niñera terminó con señalamientos a Sarabia por posible abuso de poder, cuestionamientos sobre la procedencia del dinero en efectivo y de la injerencia de Armando Benedetti, quien habría sacado a la niñera de Colombia hacia Venezuela en un vuelo chárter pagado por el exsenador. La niñera contó toda la historia a la revista Semana, que reveló el escándalo; la gota que derramó el vaso fue la evidencia que apuntaba a que Sarabia y Bedenetti tenían conocimiento de que la historia saldría en los medios de comunicación antes de que fuera publicada. El fiscal Francisco Barbosa aseguró que el teléfono de Marelbys Meza fue interceptado ilegalmente por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), colocando en boca de la opinión, de la prensa y de la política colombiana un nuevo episodio de “chuzadas”.
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Si bien Petro aseguró a través de su cuenta de Twitter que “acusar al Gobierno de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad”, pues, según él, ningún funcionario “ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”; se desató una tormenta política y desde su propio partido exigieron la salida de quien fuese el que en el Gobierno está detrás de las “chuzadas” a la niñera y a otra exempleada de Laura Sarabia. “Rechazamos de manera vehemente el uso de altos cargos para llevar a cabo actuaciones presuntamente ilícitas, de abuso de poder y de confianza, de intereses personales que afectan directa o indirectamente el ejercicio de Gobierno (…) Que remueva a todas las y los que en función de sus labores han mancillado su confianza”, fue el comunicado que compartió este viernes el Pacto Histórico.
“Los funcionarios públicos de nuestro gobierno que hayan participado en interceptaciones ilegales deben ser judicializados y retirados de sus cargos”, dijo el senador Alexánder López Maya (Pacto Histórico). Mientras tanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asegura que “el Gobierno no ha ordenado y mucho menos el presidente Gustavo Petro unas escuchas ilegales, y nosotros con la misma vehemencia que denunciamos hace años las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pedimos que se investiguen recientes denuncias y se sancione a responsables si se comprueba, de las mismas”, dijo.
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“Este es un hecho realmente lamentable”, aseguró el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien solicitó al director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, que “tiene que descubrirse quién dio la orden. Este no es un asunto de un investigador de la Dijin (…) quien tenga que responder, va a responder, aquí no vamos a ocultar a nadie ni a proteger a nadie, cualquiera que sea su calidad”. Hay sectores del Gobierno, analistas y simpatizantes al presidente Petro que hablan de un montaje desde la Fiscalía: “Si Laura Sarabia ordenó las chuzadas, el presidente Petro debe retirarla de su cargo y la policía despedir a los agentes que lo hicieron; si es otra jugada del Fiscal, es Barbosa quien debe considerar su renuncia”, opina León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
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Por Laura Duarte Sandoval
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